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Malos augurios para el proceso electoral en puerta. El Instituto Electoral de Veracruz, legalmente destinado a arbitrar las elecciones del 2010 no sólo ha perdido credibilidad y confianza entre las distintas fuerzas políticas en contienda, ya también son del dominio público sus reiterados conflictos internos y la pifia en que incurriera al haber contratado los servicios de una cuestionada empresa para que esta se hiciera cargo del monitoreo de medios  mandatada por el Código Electoral vigente para la entidad,  deslegitimándose ante los electores potenciales que habrán de sufragar el próximo cuatro de julio.

Si ya de sí los procesos electorales no cuentan con la simpatía de los electores, como quedara comprobado en la última elección federal, situaciones anómalas como las que acusa actualmente el IEV agudizan desconfianza y descrédito, poniendo en riesgo las ambiciosas expectativas de participación ciudadana y, por ende, la legitimidad del proceso y de quienes resulten triunfadores en la justa.

El tiempo se ha echado encima y los plazos para corregir se agotan sin que se vea una solución razonablemente aceptada por todas las fuerzas políticas. Antes al contrario, todo parece indicar que lejos de atemperarse el conflicto al interior del IEV este se agudiza en tanto que el cuestionado monitoreo de medios ya es motivo de dimes y diretes entre los diversos partidos contendientes, encuadrándose dentro de la “guerra sucia” que habrá de caracterizar al actual proceso electoral. A ello habría que agregar la ausencia de voluntad política del Instituto Electoral local para encausar adecuadamente el conflicto, adecentando su actuación.

De persistir el clima de desconfianza en el árbitro, éste se hará extensivo a los contendientes y de ahí a la reticencia del elector a sufragar, sólo hay un paso; retornando el fantasma del abstencionismo al que se pretende derrotar. Mal augurio en un escenario en el que la sociedad lastimada por el encadenamiento de nuevos impuestos, incremento de las tasas impositivas en otros, y el alza desmedida en el precio de bienes y servicios públicos y privados, está ávida de castigar a la clase política que, sin distingo partidista, se le percibe como responsable de la pérdida de bienestar de la mayoría de la población. Lo anterior obliga a los diversos candidatos a la gubernatura, diputaciones locales y alcaldes a irse con tiento, evitando incurrir en viejos y nuevos vicios para no tener que dar cuenta de sus actos en el Tribunal Electoral, puesto que seguramente nadie confiará en la imparcialidad del árbitro caso de tenerse que dirimir en esa instancia las quejas, reclamos e impugnaciones a que haya lugar a lo largo del proceso.

pulsocritico@gmail.com

http://pulsocritico.com

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