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En Perspectiva

J. Enrique Olivera Arce

Enero 15 de 2011

Programa Oportunidades

A nivel macro las autoridades federales se mantienen en su dicho: En México la crisis global no afecta la estabilidad económica, financiera y social. A nivel micro la realidad indica lo contrario. La pequeña y mediana empresa resiente la contracción de un mercado interno resultante de la disminución de la masa salarial y de la carga fiscal, directa e indirecta, que se hace descansar sobre las espaldas de los sectores más vulnerables de la población. La capacidad real de compra del salario, aunada al impuesto al valor agregado, que empleados o desempleados pagamos por igual, castigan tanto a la demanda agregada de bienes y servicios como a la oferta de los mismos en detrimento de producción y empleo.

La inflación está controlada, nos dicen los expertos de la Secretaría de Hacienda y Banco de México. La realidad los desmiente. A menor capacidad real de compra, la demanda agregada se contrae y, desde los grandes distribuidores y cadenas comerciales, hasta el tendero de la esquina, lo compensan elevando los precios para mantener incólume su tasa de ganancia. Para este fenómeno los expertos cuentan con las herramientas para calificarle con tecnicismos fuera del alcance y comprensión del hombre de a píe pero, para este último, el calificativo escatológico aplicado es impublicable.

El año que inicia, es propicio para un repunte de la economía, afirman autoridades y banqueros, en tanto que el Secretario de Hacienda afirma, sin el menor rubor, que el incremento mensual de los combustibles no repercutirá en la economía familiar, quizá ignorando que los bienes de consumo se producen, se almacenan y transportan, utilizando energéticos a un costo mensualmente más elevado, repercutiendo el alza en el precio de mercancías y servicios, a la par que la mano de obra empleada, mayoría de la población económicamente activa, formal o informal, los absorbe, en detrimento de su ya de sí menguada economía familiar. El gran capital no pierde, los platos rotos los paga el pequeño y mediano empresario y el consumidor final.

El hilo se revienta por lo más delgado, estiman no sin cierta lógica las autoridades, previendo desborde de descontento popular De ahí que, para paliar la situación de un mercado interno a la baja, propiciado por el mismo gobierno, subsidian a los sectores de la población más desprotegidos y vulnerables con programas asistencialistas destinados a  un consumo mínimo, sin que se resuelvan los problemas estructurales de fondo y sí, generando como subproducto, el que cada día sea mayor el número de aquellos que viven del erario público y no del trabajo productivo, sin que ello contribuya al abatimiento de desigualdad, desempleo y pobreza.

En tal sentido, llama la atención la declaración del responsable del seguro popular en la entidad, aseverando que se incrementa la demanda aún insatisfecha de tal prestación asistencialista en Veracruz, al mismo tiempo que se abate el número de veracruzanos sin acceso al IMSS y al ISSSTE. Reflejándose una ya grave distorsión de la economía. La demanda de subsidios es mayor que la aportación a los organismos oficiales de seguridad social por parte de empleadores y trabajadores subordinados. O el desempleo y economía informal se incrementan ó, en su caso, aumenta el número de empleadores que ocupan mano de obra al margen de la seguridad social para evadir el pago del impuesto sobre nómina y/o  aportación patronal al seguro social, al ISSSTE, al Infonavit o al Fovisste, y abatir así sus costos de operación.

Pero lo que más llama la atención es el hecho de que sea la propia autoridad, la que promueva un mayor número de afiliados al mecanismo de subsidios asistencialistas, inmediatistas y no el apoyo a la inversión, ahorro, producción y empleo con salarios remunerativos que contribuyan al crecimiento económico, desarrollo humano y finanzas públicas sanas. Como si el objetivo implícito sea el construir un México de holgazanes, en aras de mantener a su mínima expresión tanto el descontento popular como el deprimido mercado interno, así como la tasa de ganancia de un sector privado ineficiente, beneficiario final de las políticas públicas asistencialistas.

Elizabeth Morales

Diversas personas que generosamente se tomaran tiempo y disposición para leer mi colaboración anterior, en la que afirmara que en Xalapa no existe ciudadanía, me comentaron que fui condescendiente en exceso con la alcaldesa pretendiendo que sea ésta coadyuvante en el proceso de construcción de una ciudadanía consciente y responsable, cuando su carrera política ha estado vinculada a las obras de caridad, pero también me hicieron ver que no es viable tal proceso, cuando un número significativo de familias del municipio están más interesadas en ser receptoras de subsidios asistencialistas que en preocuparse u ocuparse solidariamente en la búsqueda de soluciones a la  problemática de nuestra ciudad capital.

“Si se pierde dignidad aceptando caridad y no existe interés por conocer y exigir derechos individuales y sociales, o por aportar obligaciones para con la misma familia y la comunidad, no hay nada que hacer en materia de ciudadanización de la población”, me dicen, agregando que lo que menos le interesa y conviene a las autoridades es contar con ciudadanos conscientes y responsables.

Tienen y no tienen razón, a mi parecer, pues nos enfrentamos a un círculo vicioso en el que no identificamos con claridad principio y fin, causa y efecto de un complejo fenómeno social y económico. Sin embargo, los ciudadanos conscientes en nuestro municipio, que los hay, tampoco hacen, o hacemos nada, por involucrarnos propositivamente desde nuestras respectivas trincheras en la búsqueda de soluciones más racionales para la reactivación y crecimiento de la economía local, del empleo y los beneficios que de ello se deriven, dejando hacer, dejando pasar políticas públicas que en el mediano y largo plazo habremos de lamentar.

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