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Tag Archives: Crisis de los partidos políticos

Marcelo Ramírez Ramírez

Agradezco a Enrique Olivera Arce que se haya ocupado, en su espacio de la revista Análisis Político de un artículo de mi autoría, donde se exponen algunas reflexiones sobre la crisis por la que atraviesan los partidos políticos en nuestro país. La crítica de Enrique Olivera, seria y animada por el afán de exponer su verdad, me merece respeto y me estimula a precisar conceptos que analizó fuera de su contexto, cometiendo la falacia de incompletud; lo hizo, no me cabe la menor duda, sin asomo de mala fe, razón por la cual hago las siguientes observaciones en beneficio de la clarificación de tesis e ideas.


En efecto, mi texto no se presenta como un análisis exhaustivo, ni mucho menos, de las causas que han determinado la crisis de los partidos políticos en México. Desde luego, dicha crisis es “un pálido reflejo de una profunda crisis económica y política nacional”. Se necesitaría un estudio acucioso para mostrar la compleja trabazón existente entre los partidos y la evolución de nuestra sociedad. Es claro, pues, que incurriría en una simplificación imperdonable si enfocara a los partidos políticos como entidades autosuficientes y cerradas.

Enrique Olivera me califica de “idealista irredento”. Es una cualidad que sin duda compartimos, pues toda crítica al mundo tal como es, tiene su referente en un deber ser ideal que se quisiera ver realizado. Quien sostiene que el mundo puede ser mejor cae en esta categoría, tomando distancia de los conformistas y los cínicos que prefieren sacar provecho de las circunstancias. En lo relativo a “priista de cepa”, lo prefiero a “oportunista de cepa”; el PRI me dio la oportunidad de participar en la vida política de mi estado y prefiero hacer la crítica desde dentro, con la solvencia que da ser congruentes. No puedo negar mi íntimo desprecio por los tránsfugas que, sin el menor escrúpulo, cambian de partido porque así conviene a sus intereses personales.

Ahora consideremos el asunto de los orígenes. En mi artículo afirmo explícitamente que ningún retorno es posible, porque el pasado lo es justamente porque ya quedó ahí, en un tiempo irrecuperable. No puedo, por tanto, querer “volver a un México que ya no existe”. ¡Obviamente no! En cambio hay una forma de retorno cuando se replantean, en un nuevo contexto histórico las aspiraciones, propósitos y objetivos que dieron forma a una determinada institución; en este caso, a los partidos políticos. Coincido con Enrique Olivera en que los partidos, todos sin excepción, dejaron de cumplir su responsabilidad política al perder su identidad ideológica, en que necesariamente se encuadran diversos proyectos de nación; implícito en mi escrito, lo manifiesto ahora con toda claridad. Por otra parte, no presento mis ideas como una propuesta, sino como una invitación a un ejercicio de reflexión, al cual Enrique Olivera ya ha aportado interesantes puntos de vista.

En lo concerniente a mi crítica al gobierno del presidente Felipe Calderón lamento haber sido mal interpretado. Yo no atribuyo a la actual administración federal la responsabilidad de haber supeditado al país a las políticas neoliberales. Estas se impusieron en México a través de y con la complacencia de la tecnocracia formada en universidades extranjeras, aproximadamente desde los inicios de la década de los 80`s del siglo pasado; no obstante, a partir del año 2000 la responsabilidad de la conducción política del Estado mexicano ha sido de los panista o, más específicamente, de los neopanistas y éstos han ampliado y profundizado la dependencia, porque su óptica empresarial (iba a decir conservadora pero el termino tiene otras connotaciones más ricas políticamente hablando), los identifica con las recetas neoliberales, que han llevado a los Estados nacionales a renunciar a su papel de promotores de un orden con justicia.

Por último, hay un punto en el que advierto una discrepancia de fondo con Enrique Olivera y eso me permite fijar mi posición sustentándola en argumentos que estimo válidos, si bien en estas cuestiones es el hombre entero el que se compromete y no únicamente la razón abstracta. Concluye Enrique Olivera sus comentarios desacreditando los valores de la ética política, la solidaridad y la moral partidista, a la cual, por cierto, no me referí, sino a la ética política y en un sentido muy preciso que nada tiene que ver con la intención subjetiva de los individuos. A todo ello considera Olivera Arce simples “figuras retóricas en el manido discurso de una presunta renovación de la vida política nacional. Mientras la crisis sistémica global y sus nefastas consecuencias, sigue impertérrita orillando al país al desastre”.

Analicemos estos juicios que niegan por completo la posibilidad de un proceso democrático que sirva de contrapeso a los males de la globalización económica. Quienes en Europa han avanzado desde la posición de una izquierda dogmática a enfoques más abiertos y constructivos, apuestan precisamente a la solidaridad con los que menos tienen y a la ética política traducida en principios constitucionales para garantizar el derecho a una vida digna. La lucha por el Estado Social de Derecho ha sido y será todavía larga, más de lo que desearíamos, pero no parece haber otro camino para quienes estamos convencidos de que la autonomía y la dignidad humana, la mejor herencia del mundo moderno, deben preservarse a toda costa. Creo en estos valores, así como en la vía de la educación para transformar la conciencia de los seres humanos. No comparto la utopía de una sociedad tal donde éstos logran despojarse por completo de los impulsos atávicos de nuestra naturaleza, pero en el esfuerzo por conseguirlo, reconozco la dimensión ética de la existencia. La toma de conciencia de los pueblos puede movilizar, de hecho ya lo está haciendo, su resistencia organizada para buscar alternativas al pensamiento unilineal que trata de imponerse. Estos signos me llevan a rechazar la imagen de una impertérrita crisis sistémica global.

Revista Análisis Político

Es increíble, inusitado cuando menos, que alguien, en este caso el ex presidente Miguel de la Madrid, se haya declarado a sí mismo en estado de interdicción; que él, por voluntad propia, se haya puesto en la tesitura de incapacidad y, por tanto, en la hipótesis, según nuestras leyes civiles, de requerir de ahora en adelante, para sus actos de derecho, de su vida civil y familiar, de un tutor que lo represente y firme en su nombre, que le autorice a viajar y disponer de sus bienes, pues ése es el efecto de una declaración de interdicción.


En la vida cotidiana, la de los simples mortales, se dan casos en los que se solicita de un juez de lo familiar que alguien sea declarado en estado de interdicción; esto sucede cuando la persona ya no tiene capacidad para decidir con lucidez por sí misma y requiere, como lo requiere también un menor de edad, que sea otro quien la represente legalmente, en el caso de un adulto incapaz, un tutor, quien será el que tome las decisiones que normalmente le corresponderían.


En mi vida profesional he conocido más de un caso en el que familiares cercanos a un anciano, impacientes porque sigue viviendo más de la cuenta, y no ven cómo disfrutar de la herencia, solicitan en contra de la voluntad de éste su declaración de interdicción, pero el juez no la dictamina sin oír al anciano y sin antes tomar en cuenta dictámenes periciales obligatorios, ordenados por la ley, de sicólogos y siquiatras. En el mejor de los casos, el procedimiento ocupa varios meses, porque no es poca cosa declarar incapaz a alguien; la sentencia es muy delicada y cuidadosa, la dicta el juez que es un experto en derecho, con el apoyo de los expertos en las ciencias de la conducta y la conciencia humana y, por supuesto, conociendo personalmente y escuchando a la persona sometida al penoso juicio, con el que prácticamente se pierde la personalidad jurídica, al menos la de ejercicio…


Miguel de la Madrid y su familia no se tomaron esas molestias y literalmente de la noche a la mañana, o más bien de la mañana a la noche, dictaminaron que el ex presidente es incapaz y que lo que dijo no le obliga. Diré como aquellos carteles, denominados espectaculares, que pusieron hace unos años en contra de Roberto Madrazo: ¿Tú les crees? Yo tampoco.


Lo cierto es que la entrevista reveladora que llevó a cabo la cada vez más respetada periodista Carmen Aristegui, inteligente, con un valor civil a toda prueba, nos muestra a un hombre, ciertamente de edad, con alguna torpeza leve en el hablar, pero evidentemente congruente y hasta cuidadoso en alguna de sus respuestas; se le ve y escucha contestar con pleno conocimiento de causa las preguntas que se le hacen y no parece que se trate de un hombre que no sabe lo que dice.


Ciertamente, con la edad hay algunas fallas en la memoria, que no es tan veloz como en la juventud, y algunas limitaciones, que sólo en casos extremos y previa determinación de peritos y la intervención imparcial de un juez experimentado ameritan que alguien sea declarado incapaz. Por supuesto, el caso del ex presidente no es de ésos.


El incidente muestra hasta qué bajeza ha caído nuestra clase política, que está integrada no sólo por políticos profesionales, sino también por los dueños de las televisoras, quienes, a pesar de la importancia de la noticia no hicieron un solo comentario en sus programas normalmente nutridos de chismes y escándalos, y vaya si éste es un gran escándalo.


Causa pena ajena que un hombre se desdiga de su palabra y la anule o trate de anularla afirmando que ésta no es válida porque él se encontraba enfermo. En un juicio ante los tribunales, esa retractación no tendría ningún valor; sin embargo, parece que para los noticiarios de televisión fue suficiente para cerrar el caso. Así también han de pensarlo quienes forzaron al ex presidente a esa vergonzosa retractación, pero por supuesto, están equivocados; el testimonio tiene toda al fuerza política por quien lo dijo y porque simplemente corrobora lo que la opinión pública ya conocía.


Otro punto que no puede pasarse por alto es el cinismo de quienes obligaron al declarante a desdecirse; quedará siempre la duda de cuál fue el nivel de los argumentos para que lo hiciera. Como no sabemos con certeza qué pasó, aunque alguna vez se sabrá, podemos sospechar que las amenazas fueron pesadas, pudieron haber sido sobre la integridad y la vida del mismo declarante o de sus familiares, a pesar de que está permanentemente protegido por una escolta del Ejército; pero también pudieron haber sido amenazas de revelaciones de actos cometidos por él o por personas cercanas a él, tan graves o más que las que reveló de su sucesor en la Presidencia de la República. Parece, en este caso, que habló quizá en un acto de descarga moral que seguramente le pesaba, pero se olvidó de que él o personas cercanas a él también pudieran ser exhibidos o denunciados públicamente en la misma forma que lo fue el ex presidente Salinas.


Las lecciones de este triste y vergonzoso sainete deben ser que quede más claro cada vez ante los ojos de la gente que hemos tenido y seguimos tendiendo dirigentes sociales de muy poca valía y de una falta de ética a tal grado, que bastaría para que la gente encuentre la razón de sacudirse a este tipo de gobernantes y dirigentes sociales, así como de los manipuladores a través de los medios, y reasumir la soberanía que le corresponde y que se encuentra por lo pronto secuestrada. No hay mal que por bien no venga.


jusbbv@hotmail.com


Tomado de: La Jornada 25/05/09

Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

México, en vez de consolidar su democracia va en camino de convertirse en un Estado fallido caracterizado por “la descentralización del autoritarismo y la metástasis de la corrupción”. El resultado es un país donde “el Estado se vacía de poder y la sociedad de confianza”.

Lorenzo Meyer: Muñoz Ledo, ideas y política

Si la magnificada crisis de salud pública puso a prueba al pueblo de México, exhibiendo al mismo tiempo las onerosas carencias resultantes de  un desmantelado deliberado de los  servicios de salud pública a cargo del  Estado, el “Derecho de Réplica” , libro de la autoría del controvertido y corrupto empresario Carlos Ahumada, cimbró a toda la Nación al poner en evidencia el estrecho vínculo de la cúpula del PRI y el PAN con el poder fáctico  en el diseño y puesta en escena de un auténtico complot en contra de la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, bajo el considerando de que el político tabasqueño constituía “un peligro para México”.

La amenaza epidémica y todas sus consecuencias económicas y sociales,  pasó a segundo plano. El tema a debate es el contenido y alcances del libro en cuestión, en tanto que confirma la percepción generalizada de que gracias al presunto complot que derivara en un grosero fraude electoral, Calderón Hinojosa, aprendiz de brujo, está hundiendo al país; careciendo en lo absoluto no sólo de  legitimidad para desempeñar el cargo que ostenta, también de visión de Estado, sensibilidad política y capacidad para enfrentar los grandes retos de un Estado Nación que no logra trascender los terrenos del subdesarrollo.  Así como en el caso de la influenza los cerdos no tienen la culpa, puesto que los marranos han sido otros, el peligro real para el presente y futuro del país, reside en el contubernio evidente entre un empresariado contrario a los intereses de la Nación y la oportunista y desclasada partidocracia bajo el control del PRI y del PAN.

Revolviéndose, lo más emblemático de la clase gobernante dice dudar de la autenticidad de los señalamientos anotados por Ahumada. “no es creíble en tanto que el libro aparece dentro del escenario del proceso electoral en puerta”, manifiestan los protagonistas de “Derecho de Réplica” pretendiendo evitar el cisma político. Gritos y sombrerazos serán inútiles, las condiciones en que vive México son propicias para que los ciudadanos, tras la presunción del fraude electoral del 2006, den por confirmada la ofensa. Andrés Manuel López Obrador ha sido el primero en afirmar que el contenido del libro de Ahumada confirma que la mafia que gobierna a este país, le robó la presidencia.

Ya habíamos comentado que destacados analistas políticos europeos manejaban la tesis de que la crisis sistémica global arrastraría, a su paso, a las anquilosadas estructuras políticas de una democracia simulada, previendo un ascenso organizativo y programático de movimientos contestatarios en la mayoría de los países del orbe, dispuestos a recuperar la representatividad secuestrada. Lo que es dable observar en México es la creciente crisis de credibilidad del sistema político y su falta de capacidad de maniobra para contener el también creciente malestar social. La crisis económica, ya calificada oficialmente como en recesión, así como sus manifestaciones recurrentes en materia de seguridad, educación, salud, alimentación y carestía, entre otras, hace de la vida política ente vulnerable, acercándonos a la peligrosa encrucijada de la ingobernabilidad.

En este contexto, no estaría de más releer a Porfirio Muñoz Ledo. Si “La Ruptura que viene” pone al desnudo al PAN y al régimen calderonista, hoy se hace imprescindible para entender medianamente un escenario en el que a la debacle de Acción Nacional se suma la del PRI, aliado en lo sustantivo de las fuerzas políticas y económicas retardatarias, internas y externas, que el primero representa. Si las confesiones de Carlos Ahumada, delincuente confeso,  son o no creibles y aceptadas por la sociedad, lo que no se puede echar en saco roto es la profundidad de la crisis de los partidos políticos en México, así como la urgente necesidad de reconstruir al país a partir de una auténtica Reforma del Estado,  desde abajo y con la participación consecuente de las mayorías.

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Pulso crítico


J. Enrique Olivera Arce


En algunos países europeos en los que el sistema electoral merece a los ciudadanos mayor grado de confianza y credibilidad, el voto en blanco constituye una opción válida para el electorado, habida cuenta de que con ello se manifiesta el rechazo a los partidos políticos o a candidatos que no responden al bien común. La suma de votos en blanco, para la clase política y para el gobierno, es así un claro mensaje de la tendencia de la opinión pública a tomarse en cuenta en la mayoría de los casos.


El voto en blanco en un sistema electoral como el mexicano, carente de transparencia, confianza y credibilidad, a diferencia de Europa, resulta, al igual que el abstencionismo, contraproducente; favoreciendo, por un lado al fraude electoral y, por otro, a los partidos mayoritarios a los que se pretende castigar. De ahí que la propuesta de diversas corrientes que, a través del internet, llaman a sufragar en blanco en la elección de julio próximo, a mi juicio resulta improcedente. Ni sería tomado en cuenta como mensaje de rechazo ni contribuiría a sanear nuestra incipiente democracia. Tanto el gobierno como la clase política en México, cotidianamente hacen gala de insensibilidad y oídos sordos frente a una opinión pública mayoritariamente insatisfecha.


De los males el menor. A mi juicio lo procedente será sin duda votar por el candidato menos peor de entre la mediocridad que se nos ofrece como oferta electoral. Ejerciendo un derecho al que no podemos ni debemos renunciar, así como cumpliendo con la obligación cívica que emana de la Carta Magna cuya plena vigencia exigimos los ciudadanos. A mayor número de votos válidos menor será la oportunidad del agandalle y el fraude electoral. Y si este último se repite una vez más en contra de la voluntad ciudadana, como sociedad tendremos la calidad moral y política para impugnarlo, privando de legitimidad democrática a los triunfadores espurios y la justificación plena para cuestionarlos.


Lo anterior viene al caso considerando que las tempraneras encuestas nacionales sobre la intención del voto,  están ya indicando una clara tendencia del electorado a castigar a los partidos políticos, absteniéndose de sufragar o nulificando el voto;  estimándose que el sufragio efectivo no rebasaría el 40 por ciento del padrón electoral, en perjuicio de la legitimidad de la representación democrática en la Cámara Baja del Congreso de la Unión. Esto particularmente grave en tanto daría continuidad a la polarización social y política derivada de la elección del 2006, cunado el país exige la unidad de propósitos frente a la crisis.


La protesta o rechazo sin objetivos claros para avanzar no tiene sentido. Más que por el voto en blanco o la abstención, debe apostarse por la participación razonada y consecuente, generando condiciones para, desde abajo y de manera organizada, exigir a la representación popular cumpla con el cometido para el cual es electa.


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Por: Héctor Tajonar

Milenio.com 04/03/09

El PRI tiene un ADN autoritario, y eso no se quita. Como lo muestra su propia historia, en su estructura genética perviven los peores vicios de la política mexicana: la corrupción y la impunidad, la simulación y el cinismo, el camaleonismo y el gatopardismo, el chanchullo y la connivencia, el corporativismo y el clientelismo.

Hace 80 años, el 4 de marzo de 1929, nació el Partido Nacional Revolucionario (PNR), ancestro del PRI. Surgió del poder, con el principal fin de retenerlo. Hoy las encuestas lo sitúan como favorito para las elecciones intermedias de este año e incluso para recuperar la presidencia en 2012, lo cual no representa un signo alentador para la transición democrática.


Durante siete décadas, el PRI fungió como partido de Estado, no ideológico, y pudo mantener la cohesión dentro de la coalición revolucionaria. Fue el apéndice electoral del gobierno para la asignación de cargos de elección popular, así como para instrumentar la designación presidencial del sucesor en el cargo.


Su organización corporativa, le permitió controlar las demandas de la clase trabajadora, de los campesinos y del llamado sector popular, mediante una mezcla de negociación e imposición que produjo un desarrollo económico desigual que, salvo excepciones, hizo innecesaria la represión.


El partido hegemónico cumplió así su función primordial de control político, en su relación simbiótica con el gobierno. Ello se tradujo en un clima de estabilidad social que pareció resquebrajarse en 1968, cuando el gobierno reprimió la disidencia estudiantil. La estabilidad fue recuperada mediante un proceso de apertura y reforma política que permitió absorber las demandas democráticas e hizo posible la alternancia pacífica del poder presidencial en el año 2000.


No todo ha sido negativo en la historia del PRI: durante su hegemonía se crearon instituciones e industrias (la mayoría de ellas ineficientes), en alguna época hubo crecimiento económico y, sobre todo, se mantuvo la estabilidad. Pero todo eso se logró a costa de la construcción de una cultura política democrática.


El PRI tiene un ADN autoritario, y eso no se quita. Como lo muestra su propia historia, en su estructura genética perviven los peores vicios de la política mexicana: la corrupción y la impunidad, la simulación y el cinismo, el camaleonismo y el gatopardismo, el chanchullo y la connivencia, el corporativismo y el clientelismo.


El código de ética del PRI está sintetizado en el apotegma de uno de sus representantes ilustres, Gonzalo N. Santos: “La moral es un árbol que da moras y sirve para una pura chingada”. De acuerdo con Carlos Monsiváis, las Memorias del Alazán Tostado son el “documento más valioso para entender la idiosincrasia de los revolucionarios institucionalizados”. (Letras libres, diciembre 2000). Imposible olvidar el segundo dogma del decálogo priísta: “Un político pobre es un pobre político”, de la autoría de Carlos Hank González, quien supo aplicarlo a cabalidad.


Otro de los preceptos inamovibles del PRI es: la impunidad hasta la muerte. Si algo hay que reconocerle a ese partido es su inquebrantable compromiso con la defensa de los intereses aviesos de sus miembros, como los de los gobernadores Mario Marín o Ulises Ruiz, por mencionar sólo dos destacados ejemplos.


El pragmatismo del PRI, el partido de la mil máscaras, lo ha hecho experto en el arte de las apariencias y los virajes: se ha puesto siempre la casaca del presidente en turno, llámese Cárdenas o Alemán, Echeverría o Salinas. Ya sin la égida presidencial, pretende ahora adoptar la vestimenta socialdemócrata. Cambiar, para seguir igual. Esa es la norma.


El PRI es el partido Dorian Gray. Al ver y oír al gobernador del Estado de México en la televisión, todos los días, haciendo campaña para el 2012 sin que el IFE se inmute; bien peinado, vestido y entrenado en el histrionismo de la vieja demagogia priísta, no puedo dejar de recordar al personaje de la célebre novela de Oscar Wilde, en el que un rostro joven correspondía al de un individuo anciano con el alma maltrecha. Tal es el retrato del octogenario Partido Revolucionario Institucional.


El Latinobarómetro muestra el poco aprecio de los mexicanos por la democracia. La mayoría prefiere un gobierno eficaz a uno democrático, porque aun no tiene la experiencia de uno que reúna ambas características. Si el PRI llegase a recuperar la presidencia, acaso jamás lo conocería. Y algo peor: el PRI es un gran pedagogo. Sus pupilos rondan por todo el espectro político, aplicando sus bien aprendidas lecciones. Así como el PRI ha perdido la hegemonía del poder político, tampoco conserva ya el monopolio de la corrupción y de los otros vicios de la política que hoy invaden a todos los partidos.

htajonar@artemultimedia.com.mx

Hasta ahora, buena parte de las encuestas de intención de voto para el año que comienza prometen al PRI una mayoría legislativa; es probable que también retenga las gubernaturas de Campeche, Colima, Nuevo León y Sonora, e incluso que recupere Morelos.


Si estos resultados se confirmaran, estaríamos ante una prueba contundente de la desilusión mexicana con la democracia. El regreso del PRI no sería un episodio más de alternancia en el poder, sino la expresión del desencanto con una experiencia que los priístas esperan que quede reducida a la condición de mero paréntesis. Podrían interpretarlo de esa manera porque es muy poco lo que han hecho para cambiar. Su partido es el mismo de antes de 2000; las caras son las mismas, incluso entre los más jóvenes, que en lugar de abrir las ventanas, sacudir y barrer la casa, se han limitado a asumir los usos y costumbres de sus mayores, y ahora se les parecen tanto que son viejos prematuros. Enrique Peña se parece cada vez más a Joaquín Gamboa Pascoe, y Humberto Moreira a Carlos Jonguitud.


Tampoco han variado las prácticas de los priístas; peor que eso, el clientelismo y el patrimonialismo que en el pasado representaban la imagen de marca del PRI hoy en día son recursos generales a los que acuden todos los partidos, al igual que el pandillerismo con que pretenden resolver conflictos internos, como ocurría en los años 50, y como hicieron los adversarios de Patricia Mercado que ahora administran el Partido Socialdemócrata. Y si de ideas hablamos, las posturas de los priístas obedecen más a cálculos estratégicos que a objetivos precisos de gobierno y de administración.


No son pocos los ejemplos de encuestas cuyas predicciones resultan equivocadas, pero si el PRI regresa no traerá consigo ninguna certidumbre, a pesar de que su triunfo sería en buena medida producto de la desesperación ciudadana ante las intolerables incertidumbres que nos aquejan. Muchos de los que defienden este regreso aspiran a la predictibilidad del autoritarismo; se han olvidado del hartazgo con las incompetencias y la corrupción, de las crisis económicas que la destruyeron o de las complicidades criminales que sustentaban el orden público; aceptan, sin pensarlo mucho, la cantinela de que los priístas sí sabían hacer las cosas. Es decir, los hoy simpatizantes del PRI promueven la restauración no sólo de un partido, sino de todo un arreglo político, una de cuyas piezas centrales era el partido. Sin embargo, no se les ocurre exigirle que haga las reformas a que lo obligaban, primero, los escándalos de los 80 y de los 90, luego, la derrota, la competencia partidista y la emergencia de votantes activos.


Quienes ahora apoyan al PRI como un mal menor y sin mayores condiciones están favoreciendo a las corrientes más conservadoras de ese partido -que son también las más oscuras e inquietantes- y pierden de vista que, contrariamente a lo que esperan, la restauración sería desestabilizadora porque el antiguo partido hegemónico regresaría al poder en un entorno político muy distinto al del México de la segunda mitad del siglo XX.

Los dos soportes centrales del predominio priísta eran el Estado y el presidencialismo, y ambos han experimentado transformaciones profundas que difícilmente podrían ser revertidas. El fortalecimiento de los intereses privados y el ascenso de los gobernadores son dos de los factores que limitan el poder del gobierno federal y de las comisiones reguladoras y, por otro lado, el presidencialismo ya no es lo que era. Desafortunadamente, el accidentado paso del enamorado Vicente Fox por Los Pinos le causó más cambios que la democracia, al menos en términos de las percepciones públicas, porque demostró que para ser presidente no se necesita siquiera un certificado de sanidad mental. No en balde uno de los primeros cometidos del presidente Caderón ha sido la reconstrucción de la dignidad de la institución presidencial que despedazó la frivolidad del foxismo.


Si el PRI regresa e intenta restablecer una estructura centralizada del poder, como es previsible, en vista de que no hay señales de que haya aprendido otra cosa, habrá conflictos con los demás partidos, con los gobernadores, entre los gobernadores, con los legisladores, entre los legisladores, por mencionar sólo algunos. La ambicionada certidumbre estaría todavía más lejos de nuestro alcance.

El regreso del PRI no sería una restauración, sino el estrepitoso final de ese partido que hemos estado esquivando durante casi una década.


La Jornada. 08/01/09

http://soledadloaeza.com.mx

La Jornada. Editorial, Domingo 26 del 2008

La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó ayer, en menos de cinco horas y prácticamente sin discusión, los siete dictámenes que integran la llamada reforma petrolera, enviados a esa instancia legislativa tras su aprobación en el Senado. La votación y el aval de los siete documentos se realizó a contrapelo de un acuerdo previo, en la mesa directiva de dicha comisión, de someter a discusión sólo cinco de ellos y dejar para el próximo lunes los dos restantes: la Ley de Petróleos Mexicanos y la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, los componentes más polémicos del paquete de enmiendas en materia petrolera. Tal circunstancia provocó que los legisladores del Frente Amplio Progresista –a excepción de los pertenecientes a la corriente Nueva Izquierda– abandonaran la sesión.

Cabe señalar, por principio de cuentas, que la forma en que se consumó esa aprobación –fast-track, sin espacio para el debate– constituye un factor inadmisible en el ámbito de un país pretendidamente democrático: la insistencia de los diputados del PRI y el PAN por acelerar los procesos de votación, el rechazo sistemático de esa coalición legislativa de facto a las impugnaciones de los opositores y el mayoriteo aplicado a lo largo de la sesión son elementos que remiten inevitablemente a las prácticas empleadas en tiempos del priísmo gobernante, las cuales, a lo que puede verse, se mantienen a pesar del cambio de logotipos y siglas en la Presidencia de la República y de la conformación de un Legislativo pluripartidista.

La premura con que se intenta aprobar la reforma petrolera en la Cámara de Diputados pareciera obedecer a una táctica del grupo en el poder para eludir las manifestaciones de descontento ciudadano previstas a realizarse la semana entrante, lo que refuerza la idea de que las intenciones privatizadoras no han sido erradicadas del todo, sino acaso matizadas, y pudieran avanzar, así sea de manera furtiva, por las ambigüedades y las imprecisiones que persisten. Estas suspicacias podrían desactivarse si existiera voluntad política, por parte de los grupos parlamentarios, de incluir en las leyes discutidas una frase que cancele explícita y puntualmente la posibilidad de conceder a los particulares áreas exclusivas del territorio nacional en los contratos de exploración y perforación, pero la actitud observada ayer en San Lázaro no aporta elementos alentadores en ese sentido.

Por añadidura, el episodio que se comenta constituye un factor de desencanto con relación a la clase política en su conjunto y la forma en que se dirimen los asuntos públicos en este país. Si al interior de los órganos de representación popular no existe espacio para la reproducción de las demandas que se originan fuera de ellos, no es de extrañar que la ciudadanía busque formas de expresión alternas. En este marco se inserta, precisamente, el movimiento en defensa del petróleo que encabeza el ex aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador, cuya valía radica justamente en haber frenado, mediante acciones cívicas y pacíficas, el designio abiertamente privatizador que encerraba la iniciativa presidencial, e impedir, con ello, que se consumara un grave atropello a la soberanía nacional.

Al día de hoy debiera ser una obviedad decir que, en democracia, la obligación de los legisladores es atender, comprender y dar cauce a las necesidades y demandas de sus representados, porque en éstos se sostiene y justifica el cargo público que detentan. Tales consideraciones son, sin embargo, necesarias, porque lo observado ayer en San Lázaro no abona a la consolidación de un país democrático, en el que se respete la pluralidad y el disenso; evidencia, en cambio, una crisis de representatividad en el modelo vigente y un desgaste sostenido de la política nacional.

Para Porfirio Muñoz Ledo, el 88 “vuelve en todos sus sentidos”. En entrevista, con Jenaro Villamil publicada en Proceso, el coordinador del Frente Amplio Progresista asegura que en los últimos 20 años se agotó el régimen político y ahora el PAN está al borde de la ruptura debido a sus pugnas internas, tal como lo estuvo el PRI en 1988, cuando salieron de sus filas militantes como Cuauhtemoc Cárdenas y él mismo por la falta de interlocución en ese partido. Muñoz Ledo sostiene en su nuevo libro, “La ruptura que viene” que Calderón no está gobernando y es factible que no termine su gestión. El verdadero factótum, dice, es Carlos Salinas.


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