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Tag Archives: inseguridad

Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

En los tiempos que corren la inseguridad no es un asunto menor. Habiendo trascendido el marco de la historia negra marginal que se ventila en barandilla, ha pasado al escenario político y social en el que la percepción ciudadana cuenta y cuenta mucho en tanto le vincula con corrupción e impunidad generalizada, en un Estado-Nación en el que el Estado incumple con su propósito sustantivo y la Nación en un proceso ascendente de deterioro y pérdida de identidad y de valores se nos escapa entre los dedos.

El problema no es encontrar culpables, pretendiendo que tal o cual funcionario cumplan o dejen de cumplir con aquellas responsabilidades y obligaciones que la sociedad mandata, como observo en el manejo de cierta prensa en Veracruz que encuentra en la denuncia y el morbo acogida entre los sectores más atrasados de la población, a la par que abona al conflicto político electoral llevando agua al molino del mejor postor.

En todo caso, los responsables y con un alto grado de culpabilidad somos todos. La inseguridad pública deviene del rechazo de la población a involucrarse en la conducción de los destinos de la sociedad. La ausencia de ciudadanía deja espacios que la delincuencia, común, organizada, de cuello blanco, o gubernamental, paulatinamente ocupa hasta dominar el escenario; envolviéndonos y dando lugar a un doble poder en el que el Estado cede, deja hacer, deja pasar, terminando por encubrirse bajo la máscara del aquí no pasa nada.

De ahí que a mi juicio la denuncia periodística sea irrelevante; son más los lectores que optan por desentenderse que los pocos que podrían interesarse u obligarse a tomar cartas en el asunto. El servidor público lo sabe, y la crítica le resbala, fortaleciéndole en tanto que quejas y denuncias en su contra contribuyen a darle presencia, protagonismo e importancia en el seno de la sociedad. Y, cuando la voz de la prensa es escuchada, si la autoridad actúa positivamente en consecuencia, algo hay detrás, intereses a los que conviene hacer como que se hace poniendo en la picota al presunto o infractor. Retornándose al principio, corrupción e impunidad por encima del interés legítimo de la sociedad.

Cuando se no quiere ver más allá de nuestro propio ombligo, violencia e inseguridad se descontextualizan. Se ignora su carácter de fenómeno social generalizado, y se politiza y partidiza con criterios aldeanos de buscar responsables entre aquellos adversarios que interesa descalificar. Consecuencias y no causas entonces se privilegian y el problema toma el cauce de lo insoluble; si tiene solución que bueno y si no, también.

El afán enfermizo de una minoría por acumular bienes materiales, como sea y sin importar el costo social que ello implique, crea las condiciones sistémicas de acumulación y concentración de la riqueza, desigualdad, pobreza, corrupción e impunidad, caldo de cultivo estructural de violencia e inseguridad en una sociedad en la que el fin justificando los medios, le tiene atrapada en el capitalismo salvaje de nuestro tiempo. Este es el adversario a vencer y no las individualidades que le ejemplifican.

En este marco el caldo económico, social y político de cultivo de delincuencia e inseguridad, queda no sólo incólume, sino que se extiende y profundiza. En este nauseabundo pantano, queja, lamento, crítica o denuncia, siembran en terreno esteril, hasta disolverse en el ácido corrosivo de la indiferencia social.

Quiza esta sea la razón por la que evado concientemente en mis maquinazos el tema de policías y ladrones. La solución a la problemática no se encuentra litigando a periodicazos ni se abona al terreno de la seguridad ciudadana individualizando el fenómeno y ejemplificándolo con la denuncia al calce. Antes al contrario, como suelen decir algunos políticos dados a los lugares comunes, lo que resiste apoya; impunidad y miedo van de la mano fortaleciendo la ilegalidad y disminuyendo capacidad de indignación y de respuesta social. La población se esconde tras la puerta y la participación ciudadana brilla por su ausencia, cediendo espacios a las conductas antisociales.

Habida cuenta de que lo mismo delinque el malandrín que se ostenta y actúa como tal, que el servidor público que en el mejor de los casos tolera la conducta del primero sin que pase nada, la erosión del estado de derecho no tiene freno, contribuyendo a la disolución del Estado y a separar a éste de lo que entendemos por Nación.

Lo cual da a la problemática de la creciente criminalidad e inseguridad el carácter de asunto de Estado y de seguridad nacional. Algo muy ajeno al amarillismo y escándalo que suele acompañar a la denuncia periodística poniendo en la picota a ciudadanos o servidores públicos de medio pelo.

Por su trascendencia e impacto en la vida presente y futura de la sociedad, entonces el tema de la violencia criminal e inseguridad pública, debería tipificarse como un fenómeno estructural de primer orden, lo que no se hace, dejando su solución al garete y en manos de autoridades administrativas que la mayor de las veces no cumplen con su encomienda.

Más cuando se es juez y parte, sirviendo a los intereses del poder fáctico y no a la mayoría de la población. La criminalidad de cuello blanco que no se ve pero se siente, es intocable. Razón por la que privilegiar atención y respuesta a la ilegalidad creciente, no tiene cabida en el reformismo presidencial de moda. Combatir con honestidad, eficiencia y eficacia a la corrupción, delincuencia e inseguridad, equivale a escupir para arriba, mala costumbre que no figura en la conducta de nuestra clase política, siempre al cuidado de que no le pisen la cola.

Hojas que se lleva el viento

Curioso caso el del anuncio y amplia difusión del proyecto de construcción de un nuevo aeropuerto para la capital del país. Atiende a las necesidades del gran capital y no resuelve en nada el rezago económico y social de la gran mayoría de los mexicanos. Y, por si fuera poco, para el secretario de comunicaciones y transportes, la panacea aeroportuaria será costeada con recursos públicos, en terrenos propiedad del gobierno y será propiedad de este y no privada, “por ahora”. Curioso, sí, porque de acuerdo con el funcionario peñanietista, los bienes públicos a partir de este régimen son propiedad del gobierno y no del Estado nacional.

-ooo-

No hay peor ciego que el que no quiere ver (o reconocer) El senador Héctor Yunes Landa cual llanero solitario habla y habla, dice y dice, que el Segundo Informe de Gobierno del mexiquense Peña Nieto muestra fehacientemente objetivos cumplidos a favor de los mexicanos. Tanto habla y tanto dice, que más que convencer de su valía como aspirante a gobernar a Veracruz obtiene lo contrario en una entidad en la que el PRI va de bajada arrastrado por el reformismo peñanietista.

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De Interés Público 

Emilio Cárdenas Escobosa

La psicosis está instalada entre nosotros. Y no es para menos: la sucesión de hechos violentos, sobre todo en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, con un saldo notable de muertos y heridos entre sicarios, elementos de seguridad y ciudadanos inocentes, así como la puesta en marcha de aparatosos operativos de vigilancia de las fuerzas castrenses, tienen a la gente con el  Jesús en la boca. Por eso la rumorología desatada este jueves en aquella zona de la entidad encontró campo fértil y causo estragos en el ánimo colectivo.

Padres de familia aterrorizados que corrían a recoger a sus hijos a la escuela; directivos y maestros cancelando actividades y dejando salir a los educandos, incluso de las universidades; usuarios de redes sociales haciendo eco de un sinfín de versiones disparatadas, no hacían sino dar forma al fantasma que roba el sueño a los veracruzanos. Y ese fantasma, construido con retazos de las escasas notas de prensa que abordan la violencia criminal, con rumores y comentarios de boca a boca de ciudadanos que en un afán de autoprotección intentan alertar a otros de los peligros que se ciernen en las calles y terminan por alimentar una espiral de desinformación, con el zigzagueante discurso oficial que un día dice que el crimen organizado está entre nosotros y se le combatirá con toda la fuerza del estado y al otro señala que vivimos en paz y que aquí no pasa nada, se nos apareció, o más bien se le manifestó con crudeza al gobierno de Veracruz.

La combinación del sentimiento de vulnerabilidad de la gente y la notable crisis de credibilidad gubernamental en el tema de la inseguridad dieron por resultado el caos vivido este jueves que llevó a la Procuraduría de Justicia del Estado a echar mano del delito de terrorismo para iniciar indagatorias contra los usuarios de las redes sociales que difundían versiones de atentados en escuelas, coches bomba o balaceras.

Con todo y los comunicados de prensa y declaraciones, lo mismo del Secretario de Educación Adolfo Mota que del propio gobernador Javier Duarte, enfatizando que está garantizada la seguridad de los alumnos en las escuelas del estado, en las redes sociales el pánico se alimentó y se sigue atizando con versiones diversas. Incluso el anuncio del inicio de acciones legales en contra de los twitteros que iniciaron la bola de nieve desinformativa, ha sido tomado con ironía, como una manera de salir al paso de la crisis, o disuadir a los cibernautas más críticos, dejando intocados a los verdaderos causantes de la situación de inseguridad, tal y como puede uno leer en comentarios de muchos, muchísimos usuarios, que bajo la lógica conspirativa también tendrían que ser investigados.

El problema central de todo esto es la falta de credibilidad de la población al discurso oficial. El desaparecer la información de los enfrentamientos y demás hechos violentos en los medios de comunicación, sea por censura o autocensura, ha convertido a las redes sociales como Facebook y Twitter en los vehículos de información de la mayoría de la gente, que -asustada, y con razón por la ola de criminalidad- cree a pie juntillas lo que ahí, responsable o irresponsablemente, se difunde.

El problema de comunicación gubernamental en este caso es muy serio. No debe perderse de vista que en tiempos de incertidumbre lo común es que los rumores se extiendan como reguero de pólvora y más cuando en la sociedad moderna las redes sociales juegan un papel fundamental en la comunicación al instante, en tiempo real, de lo que ocurre.  Por lo que ante la carencia casi absoluta de credibilidad de lo que informan los medios convencionales de comunicación, un comentario o muchos reportes de los cibernautas pueden adquirir proporciones enormes y dañinas, independientemente de su veracidad.

Sabemos que el ciudadano es desinformado por tradición y que la confirmación de los sucesos era tomada por buena siempre que la diera la prensa escrita o el famoso conductor los noticiarios televisivos o radiofónicos, pero ante el quiebre de la confiabilidad de éstos queda un vacío informativo que es llenado justamente por los “reporteros” de las redes sociales.

Ante una realidad de violencia que ahí está por más que se le quiera ocultar, y la falta de información de la gente derivada del hartazgo ante el idílico panorama que pintan los diarios locales, con sus loas al gobernante y a todo lo que diga o haga, o las intrascendentes notas de los noticiarios televisivos locales, lo que digan en las redes sociales hay que creerlo, “porque ahí está la verdad que nos ocultan”. Si la crisis de credibilidad en el gobierno es notable, la de los medios de comunicación veracruzanos ya toca fondo.

En materia de comunicación, al igual que en política, los vacíos se llenan. Con versiones disparatadas, malintencionadas o producto del miedo de la gente, pero se llenan.

La ausencia de una eficaz política de información en tiempos de crisis está dejando espacio a otras voces, a múltiples versiones de lo que los medios no pueden o no quieren ya decir. Es el precio de una errática comunicación gubernamental y no únicamente de “terroristas” informáticos.

Tan fácil que sería  monitorear las redes sociales, reaccionar a tiempo, liberar a los medios de comunicación cautivos y alentar la libertad de expresión. Sin eso, por más comunicados de prensa o declaraciones que se emitan y aparezcan en primera plana, ya pocos les creen.

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Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

Parafraseando a Gramsci, en Veracruz el régimen de la fidelidad no acaba de morir y el nuevo no acaba de nacer. La obligada transición permanece estancada y, conforme pasan los días y se acerca el relevo del poder ejecutivo estatal, sin estar resuelto el tema de la sucesión, la incertidumbre se apodera de una sociedad que, en la contingencia, y con un gran alarde de solidaridad ciudadana que estamos obligados a reconocer, se debate entre buscar alivio a las necesidades más ingentes tras los embates de la naturaleza y las expectativas que ofrece un futuro incierto para el mediano y largo plazo en lo económico y en lo social.

Pasada la emergencia, ¿qué? Muchos se preguntan. Parece no existir respuesta. Veracruz y el país entero marchan sin rumbo claro, perdidos en una pugna esteril partidista, se atiende lo que para la clase política es urgente y necesario en función de sus intereses y, lo importante, duerme en la congeladora legislativa o es objeto de respuestas parciales, reactivas frente a la coyuntura e irrelevantes en términos de futuro en los tres órdenes de gobierno.

En nuestra entidad la situación guarda mayor complejidad frente a otras entidades federativas. Si para el norte del país la inseguridad radica en el creciente poder de la delincuencia organizada y la incapacidad manifiesta del gobierno para hacer exitosa la absurda guerra contra el narcotráfico iniciada unilateralmente por Calderón Hinojosa, en Veracruz la inseguridad y zozobra entre las mayorías de la población, tiene como denominador común la pobreza, la desigualdad, y la indefensión  frente a fenómenos naturales que de manera recurrente, año con año, colocan a la entidad en condiciones de desastre. Cuando no es la sequía o el frío intenso,  es el exceso de lluvias, que se traduce en grandes avenidas fluviales e inundaciones, impactando sobremanera a los sectores más débiles y vulnerables de la población.

Ya alguien señalaba que los mayores índices de afectaciones por fenómenos naturales, coinciden con el mapa mundial de la pobreza. Ello es aplicable a Veracruz. Año con año el gobierno recurre a medidas asistencialistas, de buena fe o con intencionalidad electoral, y los más favorecidos se vuelcan solidariamente en apoyo a los habitantes de misérrimas comunidades en desgracia. Los pobres son siempre las víctimas propiciatorias de la improvisación, la corrupción y la imprevisión.

Lustro tras lustro es lo mismo, las pulgas se cargan sobre el perro más flaco, valga con todo respeto la expresión, sin que se apliquen políticas de estado acordes con la problemática de una entidad federativa con condiciones orográficas e hidrológicas adversas. Pues así como es rico nuestro potencial en recursos naturales, así, en la misma medida, es pobre nuestra capacidad de aprovechamiento racional de las fortalezas que ello ofrece y aún más pobre nuestra capacidad, eficiencia y eficacia, para hacer frente a nuestras debilidades ante la amenaza que la misma naturaleza nos advierte.

Pero si bien corresponde a las autoridades, en sus tres órdenes de gobierno, el diseñar, proponer, autorizar y poner en práctica políticas públicas idoneas y congruentes con nuestra realidad, la sociedad en su conjunto tiene un alto grado de corresponsabilidad frente a la inacción gubernamental, imprevisión, improvisación y simulación con la que se enfrentan desastre como el que hoy padecemos.

Entre los muchos problemas que hoy nos aquejan y lastiman, en su origen, seguimiento y presunta solución, la corrupción e impunidad tiene mucho que ver. Una mano lava a la otra y todos, por comisión u omisión, nos hacemos coparticipes de tal lacra social. El dejar hacer, dejar pasar, ante la ausencia de organización, participación informada, responsable, honesta y democrática de la ciudadanía, más allá de partidos políticos u organizaciones de la llamada “sociedad civil”, que para el caso son lo mismo,  da patente de corzo a la ineficiencia y saqueo de que tradicionalmente se nos hace víctimas de las autoridades y políticos cuya ambición por hacer fortuna en un santiamén, no tiene llenadera.

Muchos de lo quienes hoy se quejan y lamentan de la situación en desgracia en que se encuentran, habiendo perdido lo mucho o poco de su patrimonio familiar, e incluso la vida de seres queridos, son los mismos que a cambio de un saco de cemento, una lámina, una despensa, entregaron sin más su voto a los que hoy califican como sus verdugos. Políticos y servidores públicos que pasada la emergencia, no volverán a las comunidades afectadas hasta el momento en que hayan de requerir nuevamente el apoyo de los electores.

La pobreza de unos y la corruptela de otros, cocinan el caldo de cultivo para futuras desgracias, recreándose el escenario de siempre, en la que la obra en escena a la  que estamos obligados a asistir año con año, solo sirve para encumbrar a nuestros falsos héroes cuya “generosidad”, “cercanía con la gente”, y “apasionada entrega” es motivo de aplauso y alabanza mediática.

Las cosas no pueden ni deben seguir así en Veracruz. El régimen no nato está obligado a no heredar los viejos vicios del que ya está próximo a morir, so pena del fracaso y repudio popular. Así como la sociedad veracruzana en su conjunto, obligada también al cambio de conductas y actitudes nocivas, debe asumir su corresponsabilidad, exigiendo sí a sus autoridades, pero fundamentalmente participando y aportando lo mejor de cada quien para que la suma de cada granito de arena contribuya a la construcción del Veracruz que deseamos merecer.

Insistir en el dejar hacer, dejar pasar, sin aprender de lo que nos deja la experiencia presente y actuar en consecuencia, es un llamado a repetir la misma historia, tropezándonos siempre con la misma piedra. ¡Ya basta!

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Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

Cuando la población carece de información oportuna, suficiente, transparente y creíble, el rumor y la especulación se encargan de la construcción de percepciones diversas, contradictorias, hasta absurdas, en la opinión pública. Así que no debe extrañarnos el que, nos guste o no,  el tema de la seguridad pública ya esté en el ánimo de segmentos importantes de la sociedad veracruzana, no obstante que objetivamente la situación que se vive en Veracruz no se aproxima ni con mucho a la que priva en otras entidades del país, asoladas por un constante sobresalto resultante del clima de violencia que en estas se vive.

El crimen perpetrado en contra de un conocido matrimonio en Xalapa es motivo de comentarios, especulaciones y descabelladas teorías sobre su motivación lo mismo en tertulias de café que en los centros de trabajo o en el hogar de no pocas familias que relacionan el hecho casi de manera automática con el escenario de violencia que coloca a México entre los países más inseguros del orbe; magnificándose con el desgarre de vestiduras que se promueve en la entidad veracruzana con claro tinte y fines político electorales.

Generándose en la población una falsa percepción de inseguridad y temor fácilmente capitalizable políticamente en el marco de un proceso electoral atípico, ríspido y propicio para dar por sentado, sin el mayor análisis, que la elección del cuatro de julio habría de darse en medio de un clima de violencia e inseguridad para los potenciales votantes. Imponiéndose por sobre la razón un desagradable e inconsecuente “sospechosismo” en torno a intereses oscuros que con ello pretenden llevar agua a su molino,  o bien, “subvertir” el orden público como recientemente afirmara  el gobernador Herrera Beltrán.

Vale la pena entonces considerar que esto de las percepciones en el imaginario popular es bastante subjetivo y, aún más, relativo como para estimarse como algo absoluto.  Para hablar de inseguridad tendríamos que definir cual es la amenaza a la seguridad que se cierne sobre personas, sus bienes materiales, ó su status social y económico. Baste señalar que para la mayoría de los veracruzanos la principal amenaza social a su seguridad, no lo es aún la violencia delincuencial, organizada o común; por sobre esta se impone el desempleo y la pobreza, atentando de manera paulatina pero constante en contra de la seguridad personal y familiar.  Matan lentamente, casi sin sentir, esperanzas, expectativas de progreso y la propia vida, afectando de manera impactante a la presente y subsiguientes generaciones.

Los candidatos no lo ven así. Capitalizan el temor coyuntural infundado, diagnostican, denuncian, proponen, y la manipulación de las conciencias termina por imponerse.

Coincidiendo con quienes consideran que el asunto del incruento crimen debe manejarse con tiento, evitando su politización y partidización para no enrarecer aún más un proceso electoral en el que ya se dan manifestaciones de odio y encono, no puedo sino reconocer que el asunto ya se dirime en la arena política. No obstante considero que el tema  de la inseguridad, a partir del crimen en cuestión, no tendría la mayor relevancia en términos político electorales, si el tema de la inseguridad en Veracruz no estuviera inscrito en el falso escenario que, de manera reiterada tanto el Maestro Fidel Herrera Beltrán, el presidente estatal de su partido y el candidato a la gubernatura, Sr. Javier Duarte de Ochoa, mediáticamente han construido a partir de la idea de que en nuestra entidad “no pasa nada”.

Tanto se ha insistido en este idílico escenario, ocultando a la opinión pública información sobre hechos sintomáticos de un proceso de descomposición social al que no le es ajena la violencia criminal, que cuando hoy, dominados por la percepción de lo inmediato, nos vemos en la tesitura de tener que aceptar que la versión oficial sobre seguridad pública no se corresponde con la realidad; el rumor y la especulación cobran presencia política revertiéndose en contra de la idea que pretendieran vendernos desde la cúpula del poder estatal. Generándose un caldo de cultivo propicio para que los partidos políticos que se oponen a la alianza electoral que encabeza el PRI, capitalicen electoralmente indignación, descontento y rechazo ciudadano.

Fuentes dignas de todo crédito nos comentan que la tendencia a favor de Duarte de Ochoa en los círculos empresariales y  universitarios se está modificando, inclinándose a favor tanto de Miguel Ángel Yunes Linares, candidato del PAN y el PANAL a la gubernatura de Veracruz, como de Dante Delgado Rannauro, gracias a que estos reconocen la existencia de un clima de inseguridad en diversas regiones y sectores de la geografía veracruzana, manifestándose dispuestos a combatirla si son favorecidos en las urnas por la voluntad popular.

Pero esto no se queda aquí, la voluntad popular es veleidosa. El rumor y la especulación trasciende el ámbito electoral, cobrando fuerza la percepción entre círculos políticos, empresariales y de intelectuales, de que con el desgarre de vestiduras y partidización del hecho criminal que conmocionara a Xalapa, se prepara un “veracruzanazo” por parte del gobierno federal, en contra de la administración pública estatal que preside el Maestro Fidel Herrera Beltrán. Percepción que se apoya tanto en la reiterada intervención presidencial en la vida política interna de las entidades federativas, como en la declaración del gobernador en la que afirmara que los próximos 23 días serían los más delicados y difíciles de su carrera política.  “Si la primera autoridad en el estado escucha pasos en la azotea, es por algo”, se comenta.

Como si lo que aconteciera en Michoacán pudiera sin más repetirse en nuestra entidad, pero que deja entrever cierto grado de desconfianza y pérdida de credibilidad en un gobernador que próximo a su salida, se da aún el lujo de reiterar que cuenta con el 92 % de aceptación entre los veracruzanos, cuando el comportamiento de la ciudadanía en su inclinación político electoral a favor de partidos diferentes al del gobernante, indica lo contrario.

La sola idea de un presunto “veracruzanazo” es grave. Estaríamos hablando de una confrontación a fondo entre el gobierno de Calderón Hinojosa y el de Veracruz que, en términos electorales, confirmaría la idea de que los veracruzanos enfrentamos una elección de Estado. Si para la ciudadanía el IEV, árbitro de la contienda electoral en curso, carece de autoridad y credibilidad, el hacer extensiva tal percepción para con el gobierno responsable de la conducción social y política de Veracruz, sería el acabose, terminando por incidir y afectar la marcha del estado e indudablemente en el resultado de una elección que está ya a la vuelta de la esquina.

Luego un hecho lamentable, como el acaecido en nuestra ciudad capital y centro neurálgico de la política veracruzana, que no debería  juzgarse a priori más allá de un hecho aislado del fuero común, ni trascender más allá de su manejo por parte del ámbito de la procuración de justicia, adquiere una connotación política que no se puede minimizar ni desdeñar. Frente a una percepción ciudadana sustentada en el “sospechosismo” y que da lugar a tanto rumor y especulación, es de exigirse cuanto antes resultados eficaces, transparentes y creíbles, por parte de la Procuraduría General de Justicia del estado. Esperemos que así sea.

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Felipe Calderón Hinojosa asegura que México está pasando la prueba y demuestra solidez frente a dificultades como la crisis económica y la inseguridad, mientras entre los dedos se le desmorona el polvorón. “La fe mueve montañas, afirma.


Tormenta social, tormenta eléctrica

Adolfo Sánchez Rebolledo

Las tormentas sociales se gestan silenciosamente, a contracorriente del sentido común de los llamados formadores de opinión, y estallan cuando menos se les espera. No es que se ignoren las situaciones de riesgo, estudiadas y valoradas de muchos modos por los gobiernos y sus asesores cuya tarea consiste en conjurarlas. De hecho, bajo la apariencia de políticas públicas de corte desarrollista o modernizador a veces no hay más intención que transformar la animosidad de los potenciales inconformes en apoyos pasivos al que manda. Programas sociales van y vienen con efectos paliativos, pero desvinculados de una estrategia general para el crecimiento y el bienestar de la mayoría.

En otras palabras, el tema es la gobernabilidad, la administración de los bienes públicos, no la lucha efectiva contra la desigualdad. El gran secreto de la estabilidad deriva, entonces, de aplicar una política económica excluyente aunada a los remedios compensatorios recetados por nuestra política al uso. Agravado hasta un punto inimaginable por la crisis, pero también por el dogmatismo y la falta de imaginación política de los empresarios y el gobierno, el resultado comprobable a través del tiempo es el deterioro de las condiciones de vida de millones de personas, la desesperanza, la corrupción galopante, la inseguridad como forma de existencia.

Sin embargo, en eso de precaver los riesgos de estallido social, los grupos que tienen la batuta de la economía, aunque disponen de estadísticas y encuestas al día, topan con un elemento esquivo de orden ideológico al que no se accede por las vías de la sabiduría sociológica convencional: el supuesto de que la capacidad de sufrimiento, el aguante de la gente (dígase el pueblo, la ciudadanía) es virtualmente infinito. No de otra manera podría explicarse el galima-tías discursivo en el que se ahogan las explicaciones del secretario de Hacienda o el optimismo anómalo del jefe de Ejecutivo ante la problemática nacional, la desestimación reiterada del malestar y sus causas,  inocultable para cualquier observador mínimamente objetivo de la actualidad.

En ese tono encajan las alegres, mas no angelicales palabras del señor de la OCDE, Ángel Gurría, quien anima al gobierno a revisar la política de mantener constantes los precios de la gasolina y los subsidios al gas natural y la electricidad para uso doméstico, respaldando así la que pronto se convertirá en una nueva ofensiva contra la economía ficción y otras zarandajas del pensamiento neoliberal.

En un país donde la pugna por los servicios públicos será cada día más dura, es increíble que los expertos aún crean que todas las soluciones pasan por la aplicación de las viejas fórmulas de costo-beneficio, sin reflexionar a fondo sobre el papel del Estado y la sociedad. No obstante, desde las alturas del poder, las señales no se comprenden, se minimizan o de plano se niegan. La captura de pipas de agua en Iztapalapa, las crecientes manifestaciones de inconformidad ante los abusos de las tarifas eléctricas y el pésimo servicio ofrecido a los usuarios no son manifestaciones tan aisladas como se pretende. La autoridad confunde la pasividad de muchos sectores ante las situaciones injustas donde se conculcan derechos básicos con una actitud obsecuente, al menos manipulable, aunque la historia no deje un día sin registrar actos de desesperación ciudadana que va desde el cierre de carreteras a confrontaciones cada vez más severas con los prestadores de servicios sociales, sean éstos empresas privadas o municipios.

Un caso, que puede ser sintomático, es el que se refiere a las protestas comunitarias por los pagos de la electricidad, cuyo ascenso repercute más que proporcionalmente sobre los declinantes ingresos familiares originados en el desempleo, la reducción de las divisas recibidas y, ahora, la sequía que pone en peligro la vida normal en amplias regiones del país. Basta revisar las informaciones publicadas en este diario en los meses recientes para advertir que algo importante se está cocinando, sin que la autoridad tome la debida nota y ante la indiferencia retórica de la izquierda que no se compromete con estas causas cuya reiteración debería llamarle la atención.

En Hidalgo, por ejemplo, cito a La Jornada, unos 120 campesinos de la comunidad de San Juanico, municipio de Ixmiquilpan, en el valle del Mezquital, cerraron la avenida principal y tomaron las oficinas regionales de la CFE, para exigir el restablecimiento del servicio de energía eléctrica, suspendido 24 horas ante un adeudo de la comunidad con la paraestatal. En Campeche se giraron órdenes de aprehensión y se detuvo a cinco integrantes del Movimiento de Resistencia Civil del No Pago a la Luz Eléctrica. Pero no se han detenido las movilizaciones. En Puebla actúan las Brigadas de la Defensa de la Economía Popular; en Guanajuato, el Comité Pro Mejoramiento del Agro Nacional; en Veracruz, la Coalición Regional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas Eléctricas. En Chihuahua la Organización Agrodinámica Nacional exige la revisión de las tarifas para bombeo. En fin, ya son innumerables las localidades donde los vecinos se organizan para exigir que el pago del servicio eléctrico no los hunda aún más en la precariedad.

Pero no la tienen fácil, como recordó Israel Rodríguez J. al denunciar que Luz y Fuerza del Centro pretende cobrar a una jubilada 67 mil 690 pesos por el consumo de un bimestre, situación para nada excepcional como se advierte al revisar las quejas interpuestas por los usuarios ante la Procuraduría del Consumidor y las mismas empresas.

Es obvio que estamos ante un problema espinoso que viene arrastrándose a partir de las reformas y adecuaciones realizadas por el gobierno federal para ajustar sus mediocres finanzas y dar cumplimiento al designio privatizador que lo mueve. La recuperación de la industria eléctrica, como un conjunto de empresas de servicio público, exige un cambio profundo en su funcionamiento y operación, pero sobre todo requiere sustraerlas de la lógica exclusiva del mercado. En cierta forma, hay que nacionalizarlas de nuevo.  Mientras, hay vientos de tormenta.

La Jornada 27/08/09

Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

El fenómeno de violencia desbordada y deshumanización que ocupa nuestra atención hoy día, no es algo que surge por generación espontánea ni resultado de circunstancias coyunturales propias de un estado de cosas de un país que habiendo perdido el rumbo, tardíamente busca y no encuentra acomodo en la globalidad. Lo que hoy preocupa y tiene desconcertada a la sociedad mexicana viene de atrás; resultante de un proceso histórico de acumulación de frustración y descomposición social, en el que el dejar hacer, dejar pasar, es la constante. Hoy simplemente, conflictos históricamente no resueltos, hacen crisis saliéndose de cauce.

El fenómeno de la violencia no es nuevo en el país. Se remonta a la época colonial, con antecedentes en las sociedades prehispánicas y hoy día se expresa con mayor fuerza no en el ámbito de la seguridad pública como mediáticamente se construye una falsa percepción del fenómeno. El mayor grado de violencia se expresa, entre otras cosas, en la explotación y marginación de los pueblos indígenas, en el trabajo inhumano en las minas, en el trabajo infantil, en el congelamiento a lo largo de varias décadas de los salarios de los trabajadores, en el abandono del campo, en la relación asimétrica de genero, en la exclusión de los jóvenes de una vida digna y con esperanza, y en la expoliación de que es objeto el pueblo de México por parte de trasnacionales extranjeras, que controlan los principales renglones de la economía. La pobreza extrema, la desigualdad y la exclusión, son dialécticamente causa y efecto en el proceso de acumulación de frustración y descomposición de la sociedad mexicana.

La corrupción, la impunidad, la opacidad y el afán desmedido de acumulación de riqueza de una minoría rampante y el privilegio de la especulación por sobre la generación del valor real de la producción, impulsan y retroalimentan dicho proceso, pero de ninguna manera pueden considerarse causa última; en tanto que a su vez estas conductas antisociales son consecuencia estructural de raíces profundas en un México que no termina de construirse, que persiste siempre en arribar tardíamente a los eventos que jalonan el desarrollo de una humanidad en constante evolución. De un país que históricamente no ha encontrado rumbo y que persiste por marchar por camino equivocado entre conflictos no resueltos.

Pretender erradicar el mal de raíz, combatiendo los efectos sin atender las causas, es tanto o más criminal que aquello que se dice combatir. El número de niños que fallecen antes de cumplir cinco años, por hambre o por enfermedad, no se destaca ni en los discursos ni en las marchas de una clase media confundida y manipulada. Como tampoco figura en el mensaje mediático el número de indígenas víctimas del abandono o la represión, ni el número de trabajadores que mueren cotidianamente a consecuencia enfermedades propias de condiciones laborales inhumanas. Mucho menos es objeto de atención y preocupación el número cada vez mayor de mexicanos en condiciones de pobreza extrema, como eufemísticamente se califica a la miseria.

Así, la inseguridad pública, a la luz de la percepción mediática que se nos impone, en primera y última instancia, termina por ser simple pretexto para gobernantes y empresarios que con ello reproducen e incrementan corrupción e impunidad. Más vehículos, más armas, más equipo, más instalaciones, más publicidad, cierran el círculo de la demanda y la oferta de estos bienes materiales. Los mismos de siempre suman riqueza, en tanto avanza el proceso de acumulación de frustración y descomposición social, en un país que bien merece mejor destino.

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