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Tag Archives: Terrorismo

Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

Bueno. Ya llegamos al punto en que mentes aviesas de la ultraderecha querrían que llegáramos, colocándose ya México entre los países proclives a la anidación de terroristas que pondrían en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. La captura de un presunto terrorista iraní en tierras mexicanas ha desatado la paranoia de los sectores más conservadores del pueblo norteamericano, quedando México a merced de las estrategias electorales de los candidatos republicanos y demócratas a la presidencia de la república de nuestro país vecino.

La sola idea de una alianza entre el crimen organizado en México y terroristas venidos de ultramar, es suficiente pretexto para que electoralmente tanto Obama como Rick Perry, aspirantes uno a la reelección y el otro a la candidatura republicana, coloquen a nuestro país en el centro del discurso proselitista. Lo que a su vez es tema de interés en las prioridades de los halcones de la guerra. En este paranoico escenario podemos imaginar lo que sigue.

No estamos en un lejano país cuyo nombre ni siquiera alcanzamos a pronunciar o a ubicarlo en el mapa de la compleja y división política del mundo de nuestros días. Se trata de México, patio trasero del imperio, hoy  al borde de lo que los expertos califican como Estado fallido.

De ahí que al clima de violencia doméstica que diera lugar al llamado “Plan Mérida”, hoy con la revisión de éste instrumento de cooperación binacional adecuándolo a las necesidades impuestas en el combate al terrorismo que a nivel internacional lleva adelante el gobierno norteamericano, habríamos de agregar la amenaza de una escalada intervencionista que, más allá de la intencionalidad electoral de sus promotores, se vea materializada con indeseables acciones militares.

Por lo pronto y en tanto las diversas agencias internas y externas de seguridad en el gobierno norteamericano hablan de “violencia criminal sin precedente en México”; las primeras víctimas de esta escalada ya se observan entre los migrantes mexicanos al recrudecerse las leyes en su contra, así como con la exacerbación de las prácticas antimigrantes a lo largo de la frontera que divide a los dos países. Lo que se refleja en la disminución del flujo de remesas que en mucho contribuyen a paliar pobreza y pobreza extrema en territorio nacional.

De estas reacciones a la obstaculización de los flujos comerciales sólo hay un paso, pues si bien el nivel de mutua dependencia en lo económico  es una realidad insoslayable, también lo es el carácter asimétrico de una relación económico comercial favorable a nuestros vecinos; entonces no sería exagerado considerar que éstos bien podrían incrementar prácticas proteccionistas, acordes con el pretexto de la paranoia frente a una amenaza terrorista, como ha sido el caso de los acuerdos no cumplidos del autotransporte fronterizo.

Calderón Hinojosa de plácemes ante la felicitación de Obama por la acción “conjunta” que culminara con la detención del presunto terrorista iraní en México. Interpretándola explícitamente como un espaldarazo del gobierno norteamericano a su “guerra” personal contra la delincuencia organizada.

Lo que implícitamente representa el involucramiento de nuestro país en la estrategia antiterrorista norteamericana, ni inquieta ni despeina al presidente, ocupado como está en meter ruido en el proceso electoral ya en marcha rumbo al 2012. La ultraderecha nacional podría estar cumpliendo su parte mientras en México la espiral de violencia se agrava.

Murió uno de los auténticos grandes del periodismo en México. Descanse en paz Miguel Ángel Granados Chapa.

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E-consulta / Rodrigo Soberanes

Xalapa, Ver.- La Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad exigió al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, la liberación de María de la Luz Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, presos acusados de “terrorismo equiparado y sabotaje” por difundir mensajes a través de las redes sociales.

“La caravana del Movimiento por la Paz y la Justicia junto con los ciudadanos de Xalapa le pedimos, le exigimos en nombre de la proporción democrática a Javier Duarte la liberación de estos muchachos. No puede amenazar de esta manera las libertades del país”, dijo Sicilia al hacer uso de la voz.

El gobierno de Veracruz envió una iniciativa de ley al congreso de Veracruz para establecer el delito de “perturbación del orden público” y “atenuar” las acusaciones, según declaró Javier Duarte de Ochoa en días pasados.

Esa nueva ley será votada el martes próximo y de aprobarse, los “tuiteros” alcanzarían fianza para obtener su libertad bajo este hipotético nuevo marco legal, según declaró ente los medios de comunicación el secretario de gobierno, Gerardo Buganza Salmerón.

Esa iniciativa de ley fue duramente criticada por Javier Sicilia y la comparó al “crimen de sedición” que -afirmó- derivó en la represión de los estudiantes universitarios en 1968 en la Ciudad de México.

“La ley del perturbación del orden público es un abuso del control autoritario, es un eufemismo. Le pedimos a la cámara de diputados que no aprueben esa ley, hay que discutir las leyes con la ciudadanía, es una ley desde nuestro punto de vista absurda”, declaró el activista.

Proceso

JALAPA, Ver. (apro).- El Juzgado Segundo de Distrito dio entrada hoy a un recurso de amparo promovido por la defensa legal de los “tuiteros” María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, acusados por el gobierno estatal de los presuntos delitos de terrorismo y sabotaje por difundir mensajes en las redes sociales sobre presuntos atentados del crimen organizado en escuelas de la entidad.

El acuerdo fue publicado en estrados el pasado miércoles 7, bajo el expediente 1231/2011, informó el abogado Fidel Ordóñez Solana, quien agregó que el Poder Judicial citó a las partes involucradas -el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Reynaldo Escobar Pérez, y a los acusados-, a la audiencia constitucional que se llevará a cabo a las 14:00 horas del 23 de septiembre próximo.

Asimismo, emplazó a las autoridades señaladas como responsables de violar las garantías constitucionales de los acusados, a entregar “informes justificados” en un término de tres días, que acrediten la existencia del acto reclamado y aquellas que sirvieron de base para emitirlo.

En caso de no cumplir o hacerlo de manera extemporánea, subrayó, “al resolver el fondo del asunto, les será impuesta multa por el equivalente a 30 días de salario mínimo general vigente en la zona geográfica”, con fundamento en diversos artículos de la Ley de Amparo.

El pasado lunes 5, la defensa jurídica interpuso el recurso de amparo a favor de los acusados de haber difundido el 25 de agosto, a través de Twitter y Facebook, textos que alertaban sobre supuestos atentados en centros escolares. Luego de esa acción, fueron detenidos y consignados por la PGJE, días después una juez del fuero común dictó auto de formal prisión en su contra.

El amparo fue interpuesto por la defensa de los cibernautas contra el auto de formal prisión, por considerar que fue violado el derecho a la libertad de expresión por haber expresado algunas ideas en sus cuentas de Twitter y Facebook, explicó Ordóñez Solana, que calificó la detención de sus defendidos como un “exceso de autoritarismo” de parte del gobierno de Javier Duarte.

En este sentido, la defensa jurídica reclama la violación “flagrante e inminente”  a la libertad de expresión que protege la Constitución mexicana, así como los artículos 7 y 19, y demás relativos al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscritos por el gobierno mexicano en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Lo que hizo el gobierno del estado con esta medida, dijo el abogado, fue lanzar un mensaje con la detención de estas personas para que los ciudadanos dejen de expresar sus puntos de vista e informen, a través de las redes sociales, lo que realmente está pasando en el tema de la violencia ante la presencia del crimen organizado en Veracruz.

Etcetera

 Mexique; Deux utilisateurs de réseaux sociaux détenus et poursuivis pour “terrorisme” et “sabotage”

Por haber difundido mensajes vía Twitter y Facebook sobre posibles ataques del crimen organizado, dos usuarios de estas redes sociales se encuentran detenidos desde el 25 de agosto de 2011 en Jalapa, en el estado de Veracruz (este). Acusados formalmente de “terrorismo” y “sabotaje”, Gilberto Martínez Vera, de 35 años de edad, y María de Jesús Bravo Pagola, de 34 años, corren el riesgo de purgar una pena de 30 años de prisión, pagar una multa de 750 días de salario, así como de la suspensión de sus derechos políticos durante cinco años.

“Esta inculpación es delirante, pese a la imprudencia de algunos mensajes difundidos por los acusados. Pedimos que Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola sean puestos en libertad de forma inmediata. Según el Código Penal del Estado de Veracruz, la prisión preventiva es una medida excepcional, factible sólo en caso de que exista información sobre la presunta responsabilidad de los inculpados en tales actos. Ante la ausencia de pruebas sobre su intención de ‘perturbar la paz pública’, ‘menoscabar la autoridad del Estado’ o ‘trastornar gravemente la vida económica o cultural del Estado’, los dos twitteros no tienen nada qué hacer en prisión. Asimismo, la censura va acompañada de un abuso de autoridad”, declaró Reporteros sin Fronteras.

“Incluso si la información difundida por estas dos personas pudiera parecer dudosa o exagerada, procesar a los usuarios de redes sociales por actos de terrorismo constituye un exceso procesal”, agregó la organización. Por otra parte, el estado de la libertad de informar en Veracruz es cada vez más alarmante. A los numerosos casos de intimidación y amenazas se suma el hecho de que desde el inicio del año han sido asesinatos tres periodistas en el territorio: Yolanda Ordaz de la Cruz, Miguel Ángel López Velasco y Noel López Olguín (http://es.rsf.org/mexico-con-el-asesinato-de-una-periodista-27-07-2011,40703.html).

El 25 de agosto de 2011 Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola difundieron alertas sobre posibles ataques contra una escuela de Veracruz. Ese mismo día fueron arrestados, después de que la policía identificara sus cuentas. El 27 de agosto pasado el Ministerio Público del Estado de Veracruz señaló en un comunicado oficial que los detenidos “tenían la intención de provocar perturbaciones en la vida social, económica y educativa del estado”, así como “reacciones de angustia y temor entre los padres”. Acusación confirmada con la decisión tomada el 1 de septiembre. Otros quince usuarios de redes sociales también fueron objeto de una investigación.

Según información del Grupo Fórmula, durante el interrogatorio los dos detenidos habrían padecido presión psicológica para obligarlos a que se declararan culpables (http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=194190). No habrían tenido acceso a un abogado durante más de sesenta horas. Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola se declararon inocentes y denunciaron haber recibido malos tratos por parte de las autoridades.

Este episodio ilustra un poco más la fisura del Estado de Derecho a medida que se infla el balance humano de la ofensiva federal contra el narcotráfico, que ha dejado mas de 45.000 muertes desde diciembre de 2006 (http://es.rsf.org/mexique-campana-basta-de-sangre-no-sangre-11-02-2011,39527.html).

Mexique

Deux utilisateurs de réseaux sociaux détenus et poursuivis pour “terrorisme” et “sabotage”

Pour avoir diffusé des messages sur de possibles attaques du crime organisé via Twitter et Facebook, deux utilisateurs de ces réseaux sociaux sont détenus depuis le 25 août 2011, à Xalapa, dans l’Etat de Veracruz (Est). Formellement accusés de “terrorisme” et de “sabotage”, Gilberto Martínez Vera, 35 ans, et María de Jesús Bravo Pagola, 34 ans, risquent de trois à trente ans de prison assortis d’une amende de 750 jours de salaire et la suspension de leurs droits politiques pendant cinq ans.

“Cette inculpation est délirante malgré l’imprudence de certains messages postés par les accusés. Nous demandons la libération immédiate de Gilberto Martínez Vera et María de Jesús Bravo Pagola. Selon le code pénal de l’État de Veracruz, la détention préventive est une mesure exceptionnelle, envisageable seulement s’il existe une information quant à la responsabilité présumé des inculpés dans de tels actes. En l’absence de preuve de leur intention de ‘perturber la paix publique’, ‘affaiblir l’autorité de l’État’ ou ‘troubler gravement la vie économique ou culturelle de l’État’, les deux usagers de twitters n’ont rien à faire  en prison. La censure se conjugue ici à l’abus d’autorité”, a déclaré Reporters sans frontières.

“Même si l’information diffusée par ces deux personnes a pu sembler douteuse voire exagéré, poursuivre des utilisateurs des réseaux sociaux pour des actes de terrorisme constitue un excès procédurier”, a ajouté l’organisation. L’état de la liberté d’informer dans l’État de Veracruz est d’ailleurs de plus en plus alarmant. Outre de nombreux cas d’intimidation et menaces, le territoire compte à lui seul trois journalistes assassinés depuis le début de l’année : Yolanda Ordaz de la Cruz, Miguel Ángel López Velasco et Noel López Olguín (http://fr.rsf.org/mexique-avec-l-assassinat-d-une-27-07-2011,40702.html).

Gilberto Martínez Vera et María de Jesús Bravo Pagola ont diffusé, le 25 août 2011, des alertes sur de possibles attaques contre une école de Veracruz. Ils ont été arrêtés le jour même, après identification de leurs comptes par la police. Le ministère public de l’État a déclaré, le 27 août dernier, dans un communiqué officiel, que les détenus “avaient l’intention de provoquer des troubles à la vie sociale, économique et éducative de l’État” ainsi que des “réactions d’angoisse et la crainte chez les parents”. Accusation confirmée avec la décision du 1er septembre. Quinze autres utilisateurs de réseaux sociaux font également l’objet d’une enquête.

D’après une information de l’agence de presse Grupo Formula, les deux détenus auraient suivi des pressions psychologiques pendant l’interrogatoire pour les obliger à plaider coupable (http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=194190). Ils n’auraient pas eu accès à un avocat pendant plus de soixante heures. Gilberto Martínez Vera et María de Jesús Bravo Pagola se sont déclarés innocents et auraient dénoncé des mauvaises traitements de la part des autorités. 

Cet épisode illustre un peu plus la faillite de tout état de droit à mesure qu’enfle le bilan humain de l’offensive fédérale contre le narcotrafic, qui a fait plus de 45 000 morts depuis décembre 2006 (http://fr.rsf.org/mexique-campagne-basta-de-sangre-no-sangre-11-02-2011,39536.html).

 

Amnistía Internacional señaló que a la periodista María de Jesús Bravo Pagola y al maestro Gilberto Martínez Vera se les ha negado acceso a un proceso judicial justo.

 Milenio

 Ciudad de México • Amnistía Internacional consideró injusto y violatorio de la libre expresión la detención de María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera en Veracruz, por cargos de terrorismo, relacionados con publicaciones en redes sociales.

Luego de que un juez consideró este miércoles que sí hay elementos para iniciarles proceso, el capítulo mexicano de AI señaló que es preocupante que se detenga a dos personas, por lo publicado en Twitter y Facebook.

En un posicionamiento sobre el tema, el organismo internacional de derechos humanos también señaló que a ambas personas se les ha negado acceso a un proceso judicial justo.

Recordó que la periodista Bravo Pagola y el maestro Martínez Vera, fueron detenidos el viernes en el Puerto de Veracruz, acusados de circular (el día anterior) rumores de que delincuentes atacarían escuelas, lo que desencadenó reacciones de pánico por parte de padres de familia.

Conforme al Código Penal del estado, se les acusó de terrorismo y sabotaje, para después ser trasladadas a Xalapa, donde se les mantuvo incomunicados por 60 horas, además de que se les presionó para admitir delitos que ellos dicen no haber cometido.

“No existe aparentemente evidencia de que ambos estuvieran involucrados o fueran cómplices en actos de terrorismo o sabotaje”, señala Amnistía.

El organismo internacional justificó que, ante la creciente violencia en Veracruz, los rumores que circulan por las redes sociales, “son parte del intento de las personas por protegerse a sí mismas, ya que existe muy poca información fidedigna”.

Además, señaló que es responsabilidad de las autoridades difundir información correcta y confiable sobre las medidas que están tomando para proteger a la población.

 

Sin juicio de por medio, Secretario de gobierno señala como delincuentes a “tuiteros” presos 

 Ante el escándalo suscitado por el auto de formal prisión dictado por un juez contra dos twitteros que propagaron mensajes sobre posibles atentados en centros escolares de la entidad, el gobierno del estado argumentó que no se está limitando la libertad de expresión, “sino juzgando a dos delincuentes”. A través del secretario de gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, el gobierno de Javier Duarte aseguró que con el fallo dictado por la juez Beatriz Rivera Hernández contra María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, “no se está juzgando a twitteros sino actos delictivos que atentan contra el orden social”. E-Consulta


Pulso crítico

 J. Enrique Olivera Arce

 En memoria de Carlota Ángela Botey Estape, incansable luchadora social agraria hasta el día de su muerte. Descanse en paz.

Difícil cambiar de página como me lo propusiera. Lo que inicialmente se circunscribiera a un asunto policiaco –que no es mi línea el tratarlo-, se tornó político, prestándose a todo tipo de interpretaciones y especulaciones como suele suceder en Veracruz.

Sin pretender meter las manos al fuego por los twitteros consignados como presuntos “terroristas y saboteadores” -los que no conozco personalmente-, a mi juicio la actitud asumida por el gobierno me parece, además de exagerada, arma de doble filo, al poderse interpretar como advertencia o amenaza en contra de quienes disientan con el comportamiento de funcionarios públicos ó con las políticas públicas de la administración estatal.

Atendiendo al lenguaje coloquial, una cosa es Juan Domínguez y otra “no me chingues”. Está bien que la sociedad veracruzana aplauda el empeño de su gobierno por combatir a la delincuencia organizada cumpliendo con su función de proveer de seguridad a la población, mas no es aceptable a mi juicio que, con el pretexto de ello, se equipare a lo acontecido en Monterrey, acción criminal premeditada que Calderón Hinojosa calificara de “terrorismo”, con el caos vial y zozobra de atribulados padres de familia que, en la conurbación Veracruz-Boca del Río, se dejaran llevar por la histeria generada por un rumor en medio de un clima de desinformación propiciado por las mismas autoridades, como bien señala Emilio Cárdenas Escoboza en su columna “De interés público”.

Parangón a mi entender exagerado que, con su secuela de actos punibles en contra de dos o más twitteros y el juicio sumario en contra de estos en la prensa cooptada, habla por sí de paranoia gubernamental.

En el caso de la Sultana del Norte, independientemente de la intencionalidad de quienes sean los criminales responsables de la tragedia, hay pérdida de vidas humanas que lamentar y daños materiales. En Veracruz, el único daño real es la confirmación de una pésima política de comunicación social del gobierno duartista, al extrapolar un asunto local a toda la entidad, extendiéndose lo mismo zozobra que rumor.

“Terroristas y saboteadores” somos todos. Internet, celular y “radio bemba” no descansan; el miedo se apodera de las calles ante la incertidumbre. “Si aquí hoy no pasa nada, ya pasará, me lo dijo un pajarito”.

*****

En mis años mozos el gobierno priísta imponía a chaleco el pensamiento único, combatiendo a la disidencia. No había lugar para pensar diferente y, quien se atreviera a hacerlo, acusado de disolución social era encarcelado o desaparecido sin mayor trámite. Todavía está vivo el recuerdo de los varios cientos de jóvenes masacrados en  Tlatelolco  a manos del gobierno priísta en 1968. Para quienes vivieran enfrentando desde la clandestinidad al gobierno de Díaz Ordaz, está aún latente la zozobra propia y de sus familias ante la amenaza del terrorismo de Estado.

El gobierno de México,  haciéndose eco del macartismo norteamericano, a todo disidente le colgaba la etiqueta de “comunista y propalador de ideas exóticas y extralógicas”. Ello bastaba para que fuera reo del delito de disolución social y enemigo de la patria.

Hoy día en Veracruz, sin el mayor talante autocrítico y si mucho de ligereza, por decir lo menos, el gobierno priísta presuntamente sin  más intención aparente que poner las barbas en remojo ante el creciente malestar, inconformidad y protesta ciudadana,  saca del armario empolvado artículo del Código Penal y califica de “terrorismo y sabotaje” a un rumor que, fruto de la inconsciencia, dolo deliberado o venganza política, fuera propalado vía internet y teléfono celular, consignando la Procuraduría de Justicia ante un juez a sus presuntos autores.

No medió un análisis serio, reflexión sobre las consecuencias políticas ó la autocrítica por parte del gobierno, juez y parte en el tema. A bote pronto se aplica la ley a raja tabla, bajo el supuesto de que la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) logró ubicar las cuentas y usuarios iniciales que generaron estas actividades y que propagaron los falsos mensajes. “Estableciendo que llevó a cabo diligencias periciales de química forense, perfil psicológico, informática forense, dactiloscopia y dictamen de información de teléfonos celulares y equipos de cómputo, los cuales se tienen como prueba plena de que los indiciados enviaron mensajes desde estas unidades”.

Mejor no lo pudo hacer la policía china, cuando es público y sabido que los presuntos “terroristas informáticos”, en sus cuentas en twitter y facebook, daban pelos y señales de su identidad, dirección IP, conexión al servicio de internet, y presumible proclividad al chisme y el rumor.

No se pensó que de haber existido premeditación en los indiciados, lo lógico hubiera sido el que estos actuaran al amparo del anonimato, lo que es posible y práctica común en todas las redes sociales.

*****

El rumor está en la carcel, los villanos andan sueltos. Todo al viejo estilo autoritario priísta, para beneplácito de los cortesanos, amanuenses, y texto servidores a disposición del gobierno duartista.

El rumor ya no más tiene cabida en Veracruz, quien lo inicie o lo propale será acusado de “terrorismo”. Luego o se tiene el valor civil para expresar libre y abiertamente lo que se piensa del gobierno priísta, ateniéndose a las consecuencias, o se guarda silencio cómplice. No habría de otra sopa.

El dinosaurio está de vuelta y la disidencia, en esta ocasión más amplia y con mejores medios a su alcance, de percibir advertencia o amenaza, optaría entre regresar a los sótanos de la clandestinidad y el anonimato o, con valentía y mejor juicio, dar la cara enfrentando al autoritarismo oficial negándose a aceptar el retorno al pensamiento único.

Si el PRI quiere ganarse a los jóvenes para que estos voten en el 2012  a favor de los candidatos de éste partido político, el tiro pudiera salirles por la culata. El no entender que la sociedad veracruzana ha evolucionado, resistiéndose a aceptar los retos de nuevas expresiones comunicacionales de una juventud inconforme y dolida, ello tiene un costo. Chile es el ejemplo.

Bien vale no provocar a la hidra, pretendiendo enjaularle. El caldo podría salir más caro que las albóndigas.

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Crónica del poder

Este sábado, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, informó que en seguimiento a la Investigación Ministerial 340E/2011, consignaron al juzgado en turno a los ciudadanos Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola como probables responsables de los delitos de Terrorismo y Sabotaje, previstos y sancionados en los numerales 311 y 314 del Código Penal vigente de la entidad.

Dos cibernautas fueron consignados ante un juez como probables responsables de los delitos de terrorismo y sabotaje, pues son señalados por el Gobierno de Veracruz de generar rumores falsos en las redes sociales que provocaron temor el pasado miércoles en las ciudades de Veracruz y Boca del Río.

El Ministerio Público consideró tener suficientes pruebas contras los dos cibernautas, entre ellos una ex funcionaria del anterior gobierno, por lo que decidió consignarlos ante un juez, quien decidirá si son culpables o inocentes.

Las dos personas son señalas de haber iniciado rumores el pasado miércoles sobre presuntos ataques del narcotráfico en contra de escuelas públicas de la zona turística de Veracruz y Boca del Río.

Los rumores generaron que miles de padres de familia acudieran a escuelas a recoger a sus padres y que decenas de estudiantes se refugiaran en escuelas ante supuestamente un inminente ataque.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia, se trata de Gilberto “N” y María de Jesús “N”, esta última ex directora de Actividades Artísticas y Culturales de la Secretaría de Educación de Veracruz, quienes se encuentran recluidos en el penal de Pacho Viejo, acusados de los delitos de terrorismo y sabotaje, previstos en el Código Penal del Estado.

La Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) logró ubicar las cuentas y usuarios iniciales que generaron estas actividades y que propagaron los falsos mensajes.

La dependencia establece que llevó a cabo diligencias periciales de química forense, perfil psicológico, informática forense, dactiloscopía y dictamen de información de teléfonos celulares y equipos de cómputo “los cuales se tienen como prueba plena de que los indiciados enviaron mensajes desde estas unidades”.

“En la presentación correspondiente, los indiciados confesaron y aceptaron haber incurrido en el envío de información alarmista a través del twitter y facebook”, señala un boletín oficial.

La Procuraduría establece que de las constancias de la indagatoria, se acredita que los detenidos tenían la intención de trastornar la vida social, económica y educativa del Estado.

El problema no es que Israel sea un Estado judío, sino que es un Estado terrorista. Aunque hubiese sido fundado y habitado por otomíes, por pashtunes o por noruegos, sus prácticas genocidas merecerían algo más que la condena universal: la intervención inmediata y enérgica de la comunidad de naciones para defender a las víctimas de su barbarie y para llevar a sus gobernantes ante tribunales internacionales de justicia y procesarlos por crímenes de guerra.


Dos razones explican que ello no haya ocurrido aún y que, posiblemente, no ocurra jamás: el (justificado) sentimiento de culpa de las potencias occidentales por no haber impedido el exterminio de judíos que llevaron a cabo los nazis y, mucho más importante y decisiva, la condición de Tel Aviv como aliado estratégico de Europa y Estados Unidos en una región predominantemente árabe, islámica, y por mucho tiempo reacia a uncirse a los dictados colonialistas de las metrópolis. De no ser por esos factores, hace mucho tiempo que Israel habría sufrido un férreo bloqueo económico, habría sido hostigado en forma sistemática y, posiblemente, habría sido arrasado por los bombarderos de Occidente, como les ocurrió a Irak, a la extinta Yugoslavia y a Afganistán.

Y es que el régimen israelí no sólo es culpable de delitos de lesa humanidad, como éste al que asistimos en el fin de 2008, cuando los aviones de Tel Aviv ejecutan sanciones colectivas contra las mujeres, los hombres, los niños y los ancianos de Gaza, sino también de la fabricación de armas de destrucción masiva: las bombas atómicas de Israel, producidas ante las narices de Washington y de Bruselas son, para el mundo, una amenaza mucho más real que las supuestas armas iraquíes cuya existencia inventó George W. Bush para dar justificación a su guerra de negocios. Adicionalmente, el Estado fundado por Ben Gurión y Weismann (vinculados a Haganá e Irgún, organizaciones sionistas célebres por sus represalias sangrientas contra los árabes, y no menos terroristas que las islámicas Hamas y Hizbollá) ha aplicado en Cisjordania y en la porción palestina de Jerusalén una política sistemática de limpieza étnica semejante a la que el extinto régimen de Milosevic puso en práctica en Bosnia; ha saqueado y devastado los recursos naturales de los palestinos, ha reducido a las poblaciones de Cisjordania y Gaza a la explotación inmisericorde, a la miseria y a la humillación y ha implantado, en el territorio israelí, un régimen racista de discriminación y apartheid sobre los ciudadanos árabes.

A estas alturas, el Estado israelí no corre ningún peligro de ser arrasado ni destruido por sus vecinos árabes y musulmanes, y menos por los puñados de desesperados harapientos que de cuando en cuando realizan atentados terroristas contra el sur de Israel. Sus vastos recursos bélicos -obtenidos en buena medida gracias al respaldo incondicional de Washington- le aseguran una ventaja irreversible y aplastante sobre el resto de los países de la región.

Los principales enemigos del régimen de Israel son su propia arrogancia, su impunidad, hasta ahora absoluta, su desprecio hacia la legalidad internacional y la aplicación racista y facciosa de sus propias leyes. Por esa vía, el Estado hebreo (lo mismo daría si fuera mixteco, druso o armenio) se encamina hacia una bancarrota moral irreparable. Occidente debe intervenir, no para destruirlo, como hizo con Irak y con Afganistán, sino para contenerlo, para reformarlo, para rescatarlo de sí mismo y, desde luego, para impedir que siga rindiendo tributos a la barbarie y ofreciéndole al mundo regalos horrorosos como este año nuevo ensangrentado en Gaza. Pero no hay que mezclar las cosas: llegado el momento, cuando suene el shofar, muchos gentiles, con el mismo afecto de todos los años, diremos shaná tobá a nuestros amigos y conocidos judíos, sean israelíes o no.

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