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Monthly Archives: diciembre 2007

Pulso critico

J. Enrique Olivera Arce

Los viajes ilustran. El sólo hecho de tomar vacaciones en sitios allende las fronteras veracruzanas, nos da oportunidad de observar el comportamiento de nuestra entidad bajo otra óptica. La política, la mala política o politiquería deja de figurar en primer plano y los aciertos y desaciertos de la administración pública y su contraparte, la llamada sociedad civil, en relación a las tareas del desarrollo, combate a la pobreza y preservación de la seguridad pública, cobran relevancia en la medida en que se contemplan desprovistas del teñido que les imprime el exceso político-propagandístico y los intereses electoreros, personales y de grupo.

Bajo esta óptica diferente, ya no son los personeros de la clase política los protagonistas, como tampoco lo son los servidores públicos estatales o municipales. El papel de estos es secundario frente a hechos concretos, tendencias, resultados y rezagos que configuran la realidad veracruzana, así como la inserción de esta en el contexto nacional, e incluso en el complejo escenario internacional.

El mejor referente lo son las políticas públicas, vistas en perspectiva a la luz de su intencionalidad, diseño, metodología de aplicación y resultados. Sin faltar la aceptación o rechazo por parte de la población. Los buenos o malos resultados la mayor de las veces hablan por sí mismos, calificando propósitos, objetivos, estrategias y recursos empleados.

Así, no pueden ser acertadas aquellas políticas cuyos resultados son mediocres o irrelevantes. Como tampoco pueden ser acertadas, si sus resultados cuantitativos no son congruentes con el impacto cualitativo que, en términos de eficacia, espera la población. El destinatario final de una política pública es el pueblo, que más que eficiencia administrativa y cantidad de obras y servicios, requiere de un mínimo de eficacia que incida positivamente en su bienestar y calidad de vida. A ello va aparejada la participación ciudadana. No podemos hablar de resultados cuando la población permanece ajena o indiferente como sujeto del desarrollo, asumiéndose como objeto dependiente del quehacer gubernamental.

Las comparecencias de los servidores públicos de primer nivel ante la diputación local, con el objetivo de ampliar la información contenida en el III Informe de Gobierno del Maestro Fidel Herrera Beltrán, pretendiendo dar elementos de juicio a la representación popular para juzgar lo realizado, refleja lo anterior. Más allá de lo anecdótico, de chascarrillos, y traspiés, el recuento, que no debate, se circunscribió a lo cuantitativo. Que se hizo, lo que no se hizo, y el tiradero que se quedó a medias. Se destacó el papel jugado por el funcionario en el banquillo, e incluso, el lugar común de atribuir resultados al singular esfuerzo del gobernante y no a la eficiencia y eficacia de la administración pública en su conjunto.

 

Lo sustantivo estuvo ausente, en tanto no se tocó el aspecto cualitativo. Se presupone que la acción de gobierno, per se, independientemente de si son acertadas o no las políticas aplicadas, bastan para acrecentar el bienestar de los veracruzanos.

Mucho menos se puso en el tapete de la discusión si lo realizado en el tercer año de gobierno, guarda congruencia con las políticas públicas derivadas del primer año de gestión del titular del ejecutivo federal, evaluando pertinencia y complementariedad. Así, descontextualizado el debate, este pierde el sentido de ubicación e intencionalidad de las políticas públicas, en el marco determinante de la realidad nacional.

La cantidad no suple a la calidad. Como tampoco los buenos deseos y una adornada retórica bastan para avanzar. El diálogo entre funcionarios y diputados, no substituye al estudio acucioso del Informe de Gobierno en el marco de la realidad estatal y nacional por quienes, en su carácter de representantes del pueblo, están obligados a ello. No se puede, o no se debe legislar, sin el conocimiento del estado que guarda la entidad. Los resultados del mayoriteo legislativo sin conocimiento de causa, están a la vista.

Frente a oídos sordos, parloteo de necios. En cuatro horas de intercambio de preguntas y respuestas, ni el funcionario compareciente ni diputados, lograron convencer. Como tampoco el pueblo llano tomó debida nota de lo que a su interés compete. Ajeno al quehacer de la Legislatura, a su modo aplaude o rechaza las políticas públicas y sus resultados, en función de cómo le esté yendo en la feria cotidiana, y sin sentir necesidad alguna de ser representado y hacerse oír en el Congreso. Para los veracruzanos todos, las comparecencias no pasaron de ser un mero acto protocolario, una pérdida de tiempo que en nada contribuye ni a mejorar el desempeño de la administración pública ni mucho menos a las tareas legislativas.

Cuánto capital político funcionarios y diputados acumularon, es otro cantar que no interesa contemplar a la distancia. Ya los medios veracruzanos, de acuerdo a su línea editorial e intereses creados, se encargan de sumar o de restar.

Análisis político. En Perspectiva

Xalapa, Ver., 15/12/07.-En el imaginario social –virtual– que crean y recrean los medios masivos de comunicación, constituye ya un lugar común el atribuir la llamada crisis fundacional, división, y pugnas internas por el poder, como algo inherente al Partido de la Revolución Democrática (PRD). La realidad es otra. En el marco de un semivacío de poder, con un Presidente de la República que no logra legitimarse política y socialmente, un Congreso de la Unión que da un paso adelante para retroceder tres, un sistema de procuración e impartición de justicia cuestionado, y una economía estancada y amenazada por la recesión, la crisis de los partidos políticos en México se hace extensiva a todos por igual. Lo mismo los tres que en teoría representan a la mayoría ciudadana, que los pequeños o emergentes que igualmente, en teoría, representan a las minorías.

Manteniéndonos así, en el terreno de la teoría, el sistema de partidos en México estaría integrado por fuerzas homogéneas en su composición interna, cohesionadas en torno a principios y programas que permiten a la sociedad, plural y multiétnica, diferenciarles; optando la ciudadanía en el libre juego democrático, por unas u otras, atendiendo a intereses particulares, expectativas y visión de futuro. La realidad nos dice otra cosa. No hay un solo partido político en nuestro país que se salve de la falta de cohesión interna y confusión ideológica al interior de sus filas. No hay uno sólo que justifique su tan cacareada representatividad democrática, y en el que a su interior no se den confrontaciones irreconciliables entre grupos, corrientes e intereses de todo tipo.

Tomando como referente al Partido Revolucionario Institucional, eliminada la figura del gran elector en el 2000 y, por ende, la pérdida de su hegemonía, constituye el punto de quiebre del sistema político mexicano y el inicio de su debacle. El partido dejó de ser el eje conductor de la vida política, económica y social de la nación para pasar a ser una inconsistente suma de feudos regionales o estatales, bajo la conducción de los gobernadores. El PRI de Beatriz Paredes no es el de Manlio Fabio Beltrones. Como tampoco el PRI de Enrique Peña Nieto es el PRI de Fidel Herrera Beltrán, o el de Ulises Ruiz lo es tampoco del de González Parás en Nuevo León, por citar algunos ejemplos. Se perdieron las formas, la disciplina y el control, y con ello, también el sustento ideológico emanado de la Revolución Mexicana. El mito de la unidad nacional, se derrumbo arrastrando consigo a todo el sistema de partidos.

La hegemonía ideológica, programática e incluso las estrategias de mediano y largo plazo, son cosas del pasado. El pragmatismo coyuntural, respondiendo a los intereses en particular de los diversos feudos, se encarga de establecer, magnificar y profundizar las diferencias, entre las diversas corrientes y entre cada uno de los grupos amparados bajo las siglas del PRI. En la confusión, la ciudadanía no logra percibir el lugar que ocupa el partido tricolor en el espectro ideológico y político de la vida política nacional. Ni es de izquierda, ni de centro izquierda, ni de esa nebulosa derecha que dice combatir pero con la que en los hechos suele identificarse de manera reiterada.

Si eso pasa en el PRI, el de mayor prosapia y estructura, en el PAN las cosas no son diferentes. El ex presidente Fox, la errática política exterior de la actual administración federal, y los intereses encontrados de diversos grupos de presión al interior del partido, se han encargado de sacar a la luz pública las enormes diferencias existentes entre el panismo histórico, corriente que encabeza Calderón Hinojosa, y la ultraderecha identificada lo mismo con la Internacional Demócrata Cristiana que con las poderosas empresas trasnacionales agroalimentarias, energéticas y financieras. El PAN de los estados del norte del país no es el mismo que el que campea en el Distrito Federal o en el bajío, ni mucho menos el del sur sureste. Las diferencias están marcadas por los intereses políticos y económicos derivados de los diversos grados de integración y desarrollo regional.

Reflejo de lo anterior, las crisis fundacionales, ideológicas, políticas y programáticas en el seno de los partidos emergentes o minoritarios, son más que evidentes. No hay día que los medios de comunicación de masas no magnifiquen las pugnas internas, intereses contrapuestos y debilidad estructural, de estos partidos mejor conocidos peyorativamente como “la chiquillada”, o “la morralla”, en su afán por hacerse de las migajas del poder en los cotos regionales.

Luego la crisis no es potestativa del PRD y sus llamadas tribus. Cuando menos, en este instituto político, en un escenario cada vez más polarizado entre las corrientes conservadoras y los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, las diferencias existentes lo mismo a nivel nacional que en las entidades federativas, con mayor o menor claridad se identifican, se hacen públicas, se debate frente a la militancia y de cara a los medios; zanjándose o profundizándose los desacuerdos, reencontrándose o alejándose de los principios y suma de voluntades que dieran lugar al nacimiento del partido. Lo que no se observa en ningún otro de los institutos que conforman el sistema de partidos políticos en México.

Luego es notorio que el escenario virtual, mediático, no se corresponde con la realidad. Siendo por ello particularmente grave el que sea a partir de este escenario que se cocine una Reforma de Estado. El resultante de este ejercicio, ajeno a la realidad nacional, sería expresión de la voluntad de quién o de qué intereses, regionales, o de grupo, cabe la pregunta.

 

Apunte para Newsver

J. Enrique Olivera Arce

En colaboración anterior destacamos la contradicción  en que suele incurrirse magnificando, por un lado, los resultados de la administración pública de Veracruz y, por el otro, descalificando a la mayoría de los integrantes del gabinete, bajo cuya responsabilidad recae la operación de las políticas de gobierno. No hubo que esperar mucho para que tal percepción fuera confirmada.

 

Correspondiendo en esta ocasión ponerlo sobre relieve a Reynaldo Escobar Pérez, Secretario general de Gobierno, quién con pleno conocimiento de causa y descubriendo el hilo negro, hablara ante la diputación local de la existencia de preocupantes niveles de corrupción en la procuración e impartición de justicia en el estado, precisamente cuando su comparecencia ante los legisladores tuviera por objeto destacar los éxitos y fortalezas  de la administración, plasmados en el Tercer Informe de Gobierno del Maestro Fidel Herrera Beltrán, y no sus flaquezas.

 

Reynaldo Escobar Pérez, incurrió así en la misma contradicción que ya hemos señalado. Dando pie a una nueva andanada de especulaciones y descalificaciones. Si el funcionario en cuestión sabe a ciencia cierta de la existencia de actos de corrupción e impunidad en la procuración e impartición de justicia en Veracruz, su obligación era y es denunciar tales ilícitos, informando previamente al titular del Poder Ejecutivo.

 

Más, cuando es del dominio público que no se puede ser un abogado litigante exitoso,  si  este no se pliega a los “usos y costumbres” de la burocracia encargada de la procuración e impartición de justicia. Escobar Pérez, lo ha vivido en carne propia  y tiene los pelos de la burra en la mano, por lo que no es aceptable que pudiera evadir el conocimiento de causa, apoyando su dicho simplemente en habladurías. Dos connotados abogados, el Procurador y el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia,  salen a la palestra, aceptando en principio  que la procuración e impartición de justicia en la entidad padece de corrupción y propicia la impunidad, quedando mal parado el gobierno fidelista.

 

Correspondiendo al propio titular del ejecutivo, cuidarse de aclarar que el fenómeno de la corrupción no es nuevo, que se viene arrastrando como rezago de viejos tiempos. Sin embargo, el mal ya estaba hecho.  No se puede calificar con 10 a un gobierno en el que un funcionario de primer nivel, como es el Secretario General de Gobierno, descalifica al Procurador, que depende del Poder Ejecutivo y, de paso, descalifica al Poder Judicial en su conjunto. La contradicción percibida se confirma. Los medios de comunicación se encargan de poner en la picota a quién aún es Procurador y al ahora ex Presidente del Tribunal Superior de Justicia, por no frenar el endémico mal en su oportunidad.

 

Tras el niño ahogado, ahora se trata de tapar el pozo, anunciando medidas emergentes de combate a la corrupción en la Procuraduría General de Justicia, y exhortando al Poder Judicial a que investigue y erradique la corrupción e impunidad en su área de competencia. Hasta este momento no se ha sabido que el Sr. Secretario de Gobierno contribuya a la limpia, ratificando sus aseveraciones ante la fiscalía correspondiente.

A la pregunta “¿En el caso de la periodista Lydia Cacho, desahogado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 29 de noviembre, existieron violaciones graves y confabulación de autoridades?”, los ministros respondieron – www.scjn.gob.mx – :

 

A FAVOR

Juan Silva Meza

“Repito, sí queda probada la violación grave de garantías individuales de la señora Lydia Cacho Ribeiro, sí existió concierto de autoridades para llevar a cabo esa violación, y sí es posible determinar a las autoridades involucradas en esa violación. Mi respuesta es obvia. Un sí monosilábico pero que encierra todo el contenido de una investigación seria y profesional, realizada por mandato de este tribunal pleno. Tengo la convicción plena de que en un estado constitucional y democrático de derecho, la impunidad no tiene cabida”

 

José Ramón Cossío

“Por su puesto que no vamos a encontrar, en una actividad realizada por autoridades públicas, pruebas o confesiones o elementos directos; me parece que sería realmente ingenuo suponer que esto va a acontecer, justamente cuando el concierto puede tener la presunción o la intención de lastimar a una persona. Si uno toma el registro de las llamadas telefónicas que aceptamos como prueba documental y al valorar, uno se da cuenta que existen ciertos patrones … que permiten comprobar una violación grave derivada de un concierto de autoridades. Allí es donde me parece que está, insisto, la nota de gravedad”

 

Genaro Góngora Pimentel

“Para mí sí quedó probada la violación grave. Para mí sí hubo concierto de autoridades, lo que se demuestra con ese flujo de llamadas y con las irregularidades en el expediente. Lo grave es que el gobernador hubiera utilizado al Poder Judicial local para esta violación de garantías y a mí me parece que el señor ministro instructor logró demostrarlo”

 

José de Jesús Gudiño Pelayo

“Yo creo que sí hubo violación grave de garantías individuales. Considero que sí hubo concierto de autoridades, está plenamente demostrado a través de la prueba circunstancial, debidamente, lógicamente, engarzadas”

 

EN CONTRA

Sergio Aguirre Anguiano

“Para mí no existe probado, con prueba idónea, en la especie, que la señora Cacho haya sufrido violación grave de sus garantías individuales. Reconozco ante todo su derecho de escribir lo que le plazca, de publicar lo que le plazca, reconozco que no podrá haber acciones penales hoy por hoy en contra de ella si calumnia, en el caso de que lo haga, pero lo que no reconozco es su derecho a cambiar las versiones de lo que le pasó. Fue aprehendida en Quintana Roo, eso es cierto; fue trasladada a Puebla con agentes judiciales varones, esto es cierto, cuando menos está debidamente probado; fue, se dice, con posterioridad seguida por una intimidante camioneta blanca marca Liberty; bueno, depende del ánimo de la persona, hay quien se puede intimidar con una bicicleta, una camioneta, o con un tráiler, para mí esto carece de significación”

Mariano Azuela Güitrón

“Muy brevemente, coincido con el ministro Sergio Aguirre… no está probada la violación gravísima de garantías individuales”

 

Margarita Luna Ramos

“Durante el proceso de la señora Cacho, pudo o de hecho, hubo violaciones a sus garantías individuales, me queda clarísimo; nada más bastó ver el expediente para en un momento dado advertir que sí pudo haber muchas violaciones a sus garantías individuales, pero violaciones posiblemente resarcibles. ¿A través de qué? A través de los medios jurídicos que establece nuestro propio sistema jurídico; no aquellos determinados y establecidos para que esta Corte realice una investigación y además emita una recomendación, en términos del artículo 97 constitucional”

 

Olga Sánchez Cordero

“Yo estimo que los traslados en general no son agradables ni mucho menos. Ni siquiera, a veces muestran los oficios de colaboración, son traslados que se hacen entre las procuradurías, con policías judiciales, no necesariamente agradables, y éste es el caso, y el caso es que ella cuando menos sintió tortura sicológica. Pero es inexacto lo que se afirma en el sentido de que existen elementos suficientes para tener por demostrada la injerencia del funcionario, en este caso del gobernador o de otras autoridades, para que existiera un concierto para violar sus garantías individuales”

 

Guillermo Ortiz Mayagoitia

“Esa grabación demuestra, a lo más, una relación de lo que hablaron el señor gobernador y Kamel Nacif. Demuestra quizá, sí, de llegarla a aceptar como tal, una intervención aislada para que se llevara adelante un proceso penal, cuyas irregularidades nos las ha puesto de manifiesto el señor ministro titular de esta Comisión de Investigación. Y yo diría (que) son irregularidades m e n o r es … en todo caso una señal mal interpretada por parte de quienes ejecutaron los restantes actos”

 

Sergio Valls Hernández

“Considero que de las quinientas treinta y tres fojas que forman este expediente 2/2006, no se acredita de manera fehaciente violaciones graves a las garantías individuales de la señora Lydia Cacho Ribeiro; es decir, no tenemos elementos que nos permitan afirmar con plena certeza y no en base a suposiciones, que se produjeron violaciones leves o graves a las garantías individuales de la señora Cacho Ribeiro”

 

Corresponde a la opinión pública juzgar la actuación de los ministros, pero más allá de la indignación, no debemos olvidar que aunque todos comen en el mismo pesebre, no todos patean del mismo lado.

Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

*El México que conocemos será otro a partir de enero

 

Los paliativos coyunturales con los que se ha pretendido taparle el ojo al macho en el campo mexicano, han dejado de ser políticamente eficaces. La apertura total para el sector agropecuario, a partir del próximo año – en la que se contempla la eliminación de los aranceles en las importaciones de maíz, frijol, azúcar y leche en polvo –, coloca a la economía rural nacional en una franca indefensión. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en la administración salinista, eran más que exigidos profundos cambios estructurales para reducir las desventajas de una asociación comercial asimétrica. Estos cambios no se dieron.

 

Las consecuencias, a unos días del fatídico primero de enero del 2008, ya están a la vista. El conflicto en la industria azucarera, que enfrenta a los propietarios de los 42 ingenios del país con sus abastecedores de la materia prima, y la firma del acuerdo entre los productores de maíz con la trasnacional GRUMA (Grupo MASECA), se ubican en este contexto.

 

Estos eventos son apenas un indicio del proceso de supeditación, con desventajas evidentes, a que estarán sujetos los productores nacionales en un mercado mundial dominado por la poderosa dupla internacional de las industrias agroalimentaria y agroquímica. La asimetría que objetivamente priva entre una economía agraria desvencijada, desorganizada, ajena a nuestra realidad geopolítica y neoeconómica, y la subsidiada y altamente tecnificada de los productores norteamericanos y canadienses, subordina a la soberanía alimentaria de México a decisiones externas del gran capital.

 

25 años de políticas neoliberales de desmantelamiento de la economía campesina, privatización y pulverización del ejido, restricción del crédito rural, supresión de los precios de garantía, y abandono de la investigación científico técnica, extencionismo y organización social para la producción, en prácticamente todo el territorio nacional, han dado como resultado la total indefensión de los pequeños y medianos productores del sector agropecuario –que constituyen mayoría-, frente al proceso de globalización dominado por las fuerzas del mercado. A decir de las principales organizaciones nacionales que representan al sector rural, las políticas oficiales han contribuido a la creación de una nueva burguesía rural y a la proletarización de ejidatarios y pequeños propietarios rurales, así como han propiciado la migración de la mano de obra excedente.

 

Si en su momento los programas asistenciales de combate a la pobreza políticamente fueron la válvula de escape, mitigando los efectos del desmantelamiento del sector productivo rural bajo el supuesto de búsqueda de mayores índices de eficiencia, productividad y competitividad, estos dejan de ser eficaces tanto en el orden económico como en el político, frente a una nueva realidad. La lucha de clases, que se daba como desaparecida con la globalización y el neoliberalismo, en el sector más desprotegido de la economía nacional vuelve por sus fueros como generadora de conflicto. El México que conocemos, antes de la apertura arancelaria pactada, será otro a partir del primero de enero de 2008.

A continuación transcribo el artículo del historiador Arnoldo Kraus, publicado el día de hoy en el diario “La Jornada“, que por su relevancia merece ser tomado en cuenta, difundirse y conservarse, como expresión paradigmática de la indignación que despertara en México la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a la investigación que esta realizara con motivo de la violación de los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho.

 

Injusticia en la Suprema Corte

Arnoldo Kraus

¿Qué queda entre las aguas que sepultaron buena parte de Tabasco y la exoneración del gobernador de Puebla, Mario Marín, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)? Queda el México atrapado por la injusticia, el México sin solución y con mínimas esperanzas sobre temas tan críticos como la ética de los funcionarios públicos. Queda también el incremento en el descrédito hacia el gobierno y el repudio hacia sus instituciones.

Mientras que las aguas desvelan mucho de lo que no hicieron los gobernadores y sus secuaces en Tabasco, el fallo, ya desde ahora histórico de la SCJN, al exculpar al gobernador Marín de las acusaciones por la violación de las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho muestra el desprecio de la Corte hacia el grueso de la población mexicana.

En el México contemporáneo, la naturaleza y algunos de los encargados de impartir justicia hermanan a la población; ambos actos exponen la brutal desprotección de la sociedad y, en el caso de la periodista, la inutilidad de la razón. El affaire Marín-Cacho-SCJN refleja también otras realidades execrables y temibles que pueden resumirse en las siguientes preguntas: si se exonera a un gobernador, a todas luces responsable ante la opinión pública nacional y mundial de vulnerar los derechos humanos de una periodista, cuyo nombre ha recorrido el planeta, ¿qué le espera a la población innominada y cuáles son las lecciones de esta lamentable decisión?

La enseñanza que deja la conclusión de la SCJN es que en México la justicia es endeble, acomodaticia y magra. Testigos de esa actitud son los millones y millones de innominados, sean las menores cuyos derechos humanos habían sido violentados por Kamel Nacif, el celebérrimo amigo de Mario Marín, los heroicos poblanos que han sido expulsados de sus tierras y desde los restaurantes de Nueva York mantienen a sus familiares ante la inoperancia y la corrupción de sus gobiernos o el resto de los mexicanos transparentes, como los tabasqueños, sepultados por la ineptitud y los hurtos de sus gobernadores.

Para quienes hemos seguido el caso de Lydia Cacho, la lamentable decisión de la SCJN transmite un mensaje muy claro: mientras nos gobiernen quienes nos han gobernado los derechos humanos en México nunca se respetarán. Lo mismo puede decirse de la justicia y de la ética, cuya prioridad es casi nula para las autoridades mexicanas. Es obvio que si a nuestro gobierno no le preocupa exponerse ante el mundo, a pesar de la reputación de Cacho, menos le intranquiliza la suerte de millones de innominados.

La resolución de los magistrados es lamentable por el desdén que implica contra el grueso de la opinión pública; aunque no cuento con estadísticas –no creo que existan–, comprometo mi opinión al afirmar que la mayoría de las personas enteradas del caso Marín-Cacho están convencidas de las terribles amenazas sufridas por la periodista. No sobra recordar que el meollo del asunto es el tráfico de menores con fines sexuales, tema nefando para el cual no existe perdón posible.

A los sinsabores anteriores deben agregarse la vindicación de la impunidad como sino de la “democracia a la mexicana”, la inseguridad de la población acentuada por la decisión de la SCJN y la creciente falta de confianza de la sociedad hacia las instituciones gubernamentales. Todo un ramillete marchito del panorama político y legal del México contemporáneo, cuya suma deviene desesperanza: los mexicanos no contamos con garantías individuales. No sobra recordar que el presidente Calderón condenó a Marín en 2006: “Mi repudio y mi más enérgico rechazo a la actuación del gobernador de Puebla… en el caso de la detención de la periodista Lydia Cacho”.

La decisión de la SCJN alarma. Si bien fue una votación “apretada”, seis contra cuatro, la mayoría de los magistrados consideraron que “no se puede afirmar… que Marín tuvo la participación que se le imputa”. Si bien las grabaciones telefónicas no son un método ético para obtener información, lo que escuchamos en los diálogos, no precisamente platónicos entre Marín y Nacif, aunados al resto de las evidencias demostradas por la periodista, son elementos suficientes para saber que la razón asiste a Cacho y que la resolución de la Corte no sólo es un agravio contra la nación, sino una infamia contra su propia imagen.

Descreer en estructuras supuestamente acreditadas y neutrales es signo ominoso. Con su fallo la Corte abre la puerta para que los Marín, los Nacif y los Succar sigan no sólo reproduciéndose ad nauseam, sino que avala sus acciones y las apoya.

 

Los ministros de la Corte están preocupados y piden que sobre el caso de la periodista Lydia Cacho se les juzgue por sus argumentos, que difunden en su página de internet (www.scjn.gob.mx). Pero eso sí, por separado. Carlos Avilés, El Universal

En Perspectiva

J. Enrique Olivera Arce

 

En aquellos lejanos días en los que el ser humano inició su aprendizaje como humano, la cultura giraba en torno a dos manifestaciones básicas: el conocimiento para sobrevivir conviviendo con una naturaleza hostil, y el correlativo conocimiento para hacer de esta, fuente sustantiva de su alimentación y abrigo. Satisfecha la necesidad básica de supervivencia,  la reproducción de la especie superior fue pecata minuta. Todo el conocimiento acumulado posteriormente ha resultado accesorio, simple y llanamente, pesado fardo cultural que hay que llevar a cuestas a lo largo del camino, en el afán nunca satisfecho de dejar de ser masa, parte, para convertirse en individuo.

Una cosa tan elemental, en la modernidad y lo que los profundos pensadores de nuestros días califican hoy como posmodernidad, parece haberse perdido al paso del tiempo en la memoria histórica de la humanidad. El fin último de la especie, la supervivencia, pasa a segundo plano en la jerarquización de necesidades y la manera de resolverlas. Lo accesorio se privilegia como manifestación sustantiva del quehacer cotidiano de la especie humana.

Ufff. Disquisición cercana a rollo filosófico sin sentido. Pero que bien puede ser modesta aproximación a lo que los sabios que profundizan en la entendedera del conocimiento enseñan como el pensar con la cabeza a partir de donde pisan los pies, cuando con la simple observación se constata que las hormigas, seres diminutos que menospreciamos por considerarles inferiores, de manera instintiva pactan con la naturaleza con el fin de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o algunos de los fines de su existencia.

Sabio actuar de estos pequeños seres vivientes, frente a la soberbia de lo humano. Ante la magnitud de la tarea a que cotidianamente enfrentan, la individualidad se diluye, la acción colectiva, fórmula de supervivencia, hace de la concertación y la cooperación instrumentos para la búsqueda del bien común; el miedo individual a confundirse con la masa, no existe para las hormigas. Lo superfluo para estas no tiene cabida al paso del tiempo. Todos a favor de todos, es la consigna, en tanto el hombre, ser superior, se inclina a favor del todos contra todos, ignorando el fin último de los primeros días.

Pero, ¿a que viene tanto rollo?  ¿Qué tienen que ver las hormigas y mucho menos el eslabón perdido, con el desastre que aqueja a nuestros vecinos tabasqueños? Posiblemente nada, pero a tal reflexión invita el Sr. Calderón Hinojosa, el mismo que en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara recibiera cara a cara de una fémina, el calificativo de “espurio”, cuando al margen de toda previsión resuelve individualizar la respuesta a la tragedia colectiva, otorgando a título gratuito y con cargo a fondo perdido, una compensación en vales de 10, 000 pesos a cada una de las familia que oficialmente son consideradas afectadas.

Paliativo que no resuelve ni resolverá nada sustantivo, como tampoco contribuirá a legitimar al Sr. Calderón en el cargo que ostenta, “de facto”, diría el escritor Fernando Del Paso. Antes al contrario, con la medida no sólo se enfrenta a los que menos tienen con los que tienen algo más o mucho más. A los que efectivamente perdieran su patrimonio vital con los que perdieran lo superfluo. Todos quieren y nadie desea quedar atrás. O todos coludos o todos rabones. También constituye un acto propiciatorio para que los grandes almacenes, como Elektra, por ejemplo, resulten ser los primeros beneficiarios de la tragedia.

Pero eso no es todo. Lo grave, lo verdaderamente grave, es que por falta de visión de Estado y desconocimiento del terreno que se pisa, se abre la Caja de Pandora y Calderón tendrá  por ello que asumir el costo político.

Con la medida adoptada, se reactiva en Tabasco no la vida económica de la entidad. Se abre la puerta a la llamada “industria de la reclamación”, que cobrara fama en la Chontalpa y región lagunar, ante las afectaciones derivadas de la ampliación de la Boca de Panteones por PEMEX. Todo tabasqueño, en lo individual y familiar, se sentirá con derecho a exigir del gobierno una justa compensación. El poco dinero disponible, 7 mil millones hasta ahora,  se canalizará a gasto corriente en la tarea de identificación, evaluación, pago de afectaciones y control contable de los egresos, así como a la adquisición de bienes de consumo por parte de la población beneficiaria, restándosele a las tareas sustantivas de beneficio colectivo y búsqueda del bien común, como la reconstrucción, el rescate agropecuario, y la dotación de infraestructura de previsión, control y reencauzamiento de los cuerpos de agua.

Pasado un tiempo razonable, apagados los reflectores mediáticos, las cosas seguirán igual que como estaban antes del desastre. La naturaleza, en su momento, presentará nueva factura. Las hormigas en una acción colectiva y concertada, pondrán nidos y alimentos a buen recaudo, asegurando su supervivencia, en tanto los seres superiores, los humanos, enfrentados y al grito de todos coludos o todos rabones, serán nuevamente  víctimas del desastre anunciado.

pulsocritico@gmail.com

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