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Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

*El México que conocemos será otro a partir de enero

 

Los paliativos coyunturales con los que se ha pretendido taparle el ojo al macho en el campo mexicano, han dejado de ser políticamente eficaces. La apertura total para el sector agropecuario, a partir del próximo año – en la que se contempla la eliminación de los aranceles en las importaciones de maíz, frijol, azúcar y leche en polvo –, coloca a la economía rural nacional en una franca indefensión. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en la administración salinista, eran más que exigidos profundos cambios estructurales para reducir las desventajas de una asociación comercial asimétrica. Estos cambios no se dieron.

 

Las consecuencias, a unos días del fatídico primero de enero del 2008, ya están a la vista. El conflicto en la industria azucarera, que enfrenta a los propietarios de los 42 ingenios del país con sus abastecedores de la materia prima, y la firma del acuerdo entre los productores de maíz con la trasnacional GRUMA (Grupo MASECA), se ubican en este contexto.

 

Estos eventos son apenas un indicio del proceso de supeditación, con desventajas evidentes, a que estarán sujetos los productores nacionales en un mercado mundial dominado por la poderosa dupla internacional de las industrias agroalimentaria y agroquímica. La asimetría que objetivamente priva entre una economía agraria desvencijada, desorganizada, ajena a nuestra realidad geopolítica y neoeconómica, y la subsidiada y altamente tecnificada de los productores norteamericanos y canadienses, subordina a la soberanía alimentaria de México a decisiones externas del gran capital.

 

25 años de políticas neoliberales de desmantelamiento de la economía campesina, privatización y pulverización del ejido, restricción del crédito rural, supresión de los precios de garantía, y abandono de la investigación científico técnica, extencionismo y organización social para la producción, en prácticamente todo el territorio nacional, han dado como resultado la total indefensión de los pequeños y medianos productores del sector agropecuario –que constituyen mayoría-, frente al proceso de globalización dominado por las fuerzas del mercado. A decir de las principales organizaciones nacionales que representan al sector rural, las políticas oficiales han contribuido a la creación de una nueva burguesía rural y a la proletarización de ejidatarios y pequeños propietarios rurales, así como han propiciado la migración de la mano de obra excedente.

 

Si en su momento los programas asistenciales de combate a la pobreza políticamente fueron la válvula de escape, mitigando los efectos del desmantelamiento del sector productivo rural bajo el supuesto de búsqueda de mayores índices de eficiencia, productividad y competitividad, estos dejan de ser eficaces tanto en el orden económico como en el político, frente a una nueva realidad. La lucha de clases, que se daba como desaparecida con la globalización y el neoliberalismo, en el sector más desprotegido de la economía nacional vuelve por sus fueros como generadora de conflicto. El México que conocemos, antes de la apertura arancelaria pactada, será otro a partir del primero de enero de 2008.

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