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Daily Archives: octubre 7th, 2008

Marcelo Ramírez Ramírez

Miguel Ángel Granados Chapa

Xalapa, Ver.- La medalla Belizario Domínguez fue instituida en 1954 por el Senado de la República, para honrar a “los hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia o sus virtudes en grado eminente, como servidores de nuestra patria o de la humanidad”. Resulta simbólico que este año la distinción recaiga en el periodista Miguel Ángel Granados Chapa y el simbolismo se acentúa con el otorgamiento post mortem en Febrero de 2009, de la misma presea, a otro periodista, Jesús Blancornelas. En ambos casos, es indudable que la presea fue discernida en razón de las virtudes, cívicas, para ser más precisos, que inspiraron el trabajo periodístico de Jesús Blancornelas y, esperamos, continúe inspirando por muchos años más la labor de Miguel Ángel Granados Chapa, analista lúcido y bien informado de la problemática del país.

El Senado de la República ha entendido muy bien la urgencia de fortalecer en nuestra sociedad la conciencia de los valores cívicos y éticos, hoy en franca decadencia, misma que ha llevado a la casi desaparición de la diferencia entre el bien y el mal. El pillo teme ser descubierto y castigado, no teme el fallo de su conciencia, porque ésta ha perdido la sensibilidad del juicio moral. Hablemos esta vez de Granados Chapa. En él, el Senado reconoce el esfuerzo de más de cuarenta años de luchar, con la palabra escrita, veraz, incisiva a veces, lúcida siempre, por ir al fondo de los problemas, sacar a la luz los intereses en juego, mostrar las falacias del poder y de quienes lo sirven, sin pudor y sin escrúpulos, deformando su práctica profesional.

Con Granados Chapa, el periodismo se revela en su esencia de compromiso con la sociedad a través de la defensa de sus legítimos intereses. El ejercicio de un periodismo de tal naturaleza requiere talento, investigación seria, perseverancia, pero sobre todo, espíritu de veracidad, cumplir cabalmente con la responsabilidad de ser el mediador entre los acontecimientos y los lectores, a los cuales se busca orientar, guiar e incluso educar, en lugar de manipularlos para que acepten aquello que resulta más conveniente a quienes compran la pluma del periodista. En un medio donde paga más difundir mentiras y las aún más peligrosas verdades a medias, Granados Chapa ha dado prueba de congruencia en situaciones difíciles. Con todo, no lo imaginemos como lo que no es; no se ha propuesto una misión contestataria; su tarea es mucho más seria y delicada, en tanto quiere clarificar los hechos, dar criterios para evaluarlos, enseñar al público lector a ponderar, a hurgar en las causas reales de los problemas. Su crítica se funda en argumentos y enseña a argumentar; su afán de servicio no interfiere con la objetividad de juicio de sus lectores. Periodista serio, cuenta con más prestigio que bienes o dinero; y esto habla de su honradez intelectual. Los títulos de dos de sus columnas más conocidas: Plaza pública e Interés público, expresan con claridad el propósito del periodista de analizar y debatir los asuntos de la polis.

La democracia, dicen sus teóricos, es un estado de cultura en el cual los ciudadanos, además de estar debidamente informados, han desarrollado la capacidad del debate inteligente. Pero llegar a tal estado de cultura no es nada sencillo y menos ante el dominio de la imagen sobre la reflexión, propia de los medios modernos. Se nos ahorra el esfuerzo de pensar, con la siguiente atrofia de esta capacidad distintiva del hombre. Quedamos así atrapados en la inmediatez del suceso, sin perspectivas de mayor alcance. Vemos hasta y en la dirección que se desea que veamos; la imagen nos hace espectadores de una realidad que se manifiesta con independencia de nuestras necesidades y deseos. La idea encerrada en la palabra, en cambio, puede llevarnos, como el caso de la buena literatura o el buen periodismo, a recuperarnos como parte consciente y por tanto corresponsable de la realidad. De esta virtud pedagógica participan los escritos de Miguel Ángel Granados Chapa.

Conocedor de las limitaciones del lenguaje coloquial, ha enseñado a sus lectores, como seguramente lo hace con sus alumnos de la UNAM, el manejo de los términos apropiados para alcanzar precisión y claridad en el análisis; y esto, sin caer en el otro extremo del especialista que escribe sólo para iniciados. De esta manera ha extendido su cátedra a la sociedad. El próximo ocho de Octubre, recibirá la medalla Belizario Domínguez un periodista que “es grande porque enseña lo que sabe” con humildad, constancia y generosidad.

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Patrimonialismo estatal, criminalización y negación de derechos indígenas

Una vez más en el estado de Chiapas los gobiernos federal y estatal utilizan fuerzas policíacas contra población civil en la supuesta lógica de aplicar la ley. Esta vez le tocó a de la comunidad Miguel Hidalgo, en el municipio de La Trinitaria. Sólo el saldo de muertos, heridos y detenidos ameritaría una real investigación y aplicación de justicia. Las víctimas eran habitantes de dicha comunidad, que decidió en asamblea el pasado 7 de septiembre administrar la zona arqueológica de Chinkultic, al considerar que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no le da el mantenimiento adecuado y de su usufructo no se generan beneficios para las comunidades de la zona.

Días antes, habitantes de Santa Rita, Ojo de Agua, Nuevo Porvenir, Venustiano Carranza, Antela, San Nicolás, Tierra Blanca y Nueva Rosita, del mismo municipio, se posesionaron del parque nacional Lagunas de Montebello. Planeaban administrar ambos lugares en forma comunitaria y los mantenían abiertos al público.

En respuesta, autoridades del INAH y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas demandaron penalmente a los campesinos, por el delito de despojo.

La averiguación previa que dio lugar a la orden de desalojo de los tojolabales acusados no consideró ni por asomo que éstos tienen derechos y con base en ello pueden sustentar la decisión que tomaron.

La Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 11, señala que “los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos”. Por su parte el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo señala en su artículo 4º:

“a) 1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.

“b) 2. Tales medidas no deberán ser contrarias a los deseos libremente expresados de los pueblos interesados.

“c) 3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberán sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales.”

En su artículo 5º señala que al aplicar las disposiciones del presente convenio:

“a) Deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto individual como colectivamente”.

En contraste, veamos que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972 establece el patrimonialismo de Estado sin consideración alguna a los pueblos originarios. Basta observar un testimonio de la visión predominante en la hegemonía jurídica e ideológica en el artículo 28 de la ley, cuando da cuenta de un pasado que no parece tener descendientes vivos, persistentes y resistentes, como han sido los pueblos indígenas: “Son monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional –nótese establecimiento en lugar de invasión–, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con esas culturas”.

Ya existía hacía 24 años un Instituto Nacional Indigenista destinado a promover la integración de los indígenas vivos, pero, ante todo, existían los pueblos, y lo habían hecho contra ésta y muchas más disposiciones que los ignoraban, como el resto de la legislación, donde el Estado mexicano daba cuenta una y otra vez de la desaparición oficial de los pueblos indígenas; sólo se les permitía ser parte de nuestros antepasados. De ese tamaño es la confrontación de los últimos años entre los pueblos vivos y luchando que simbólicamente se expresaron en la voz del movimiento zapatista. Se ha dicho que sería una locura y un enorme riesgo dar intervención directa a estos pueblos, porque no tienen condiciones ni conocimientos técnicos e infraestructura para conservar los bienes patrimoniales, pero jamás se ha planteado un proyecto específico para que los pueblos puedan acceder a la formación de sus cuadros de alto nivel.

Así tenemos que el caso de Chinkultic amerita un enfoque más allá de la mesa de negociación donde el gobierno del estado se lava las manos frente al resultado de la intervención policíaca y “generosamente” ofrece indemnizaciones y proyectos y se ufana de que todo volvió a la “normalidad”: el INAH puede seguir administrando “las ruinas”, como llaman a los que fueron lugares sagrados. Ya es hora de que se defina si, tratándose de derechos indígenas, se abren espacios de justiciabilidad más allá de la criminalización.

Tomado de La Jornada, 07/10/08

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