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El Comité Asesor del FAP para la reforma de Pemex manifestó su respaldo a los siete dictámenes que se aprobaron en comisiones del Senado, ya que “fortalece a Pemex e imposibilita los contratos de riesgo, desnudos y con disfraz”.

Ciudad de México. Mar, 21/10/2008 – 18:21. Notimex – El Comité Asesor del FAP para la reforma de Pemex manifestó su respaldo a los siete dictámenes que se aprobaron en comisiones del Senado, pues de esa manera se “conjura el peligro privatizar, fortalece a Pemex e imposibilita los contratos de riesgo, desnudos y con disfraz”. En rueda de prensa los integrantes del Comité Asesor del Frente Amplio Progresista indicaron sin embargo que el Movimiento en Defensa del Petróleo se mantiene alerta y en pie de lucha, ante alguna intención privatizadora en las etapas siguientes del proceso legislativo de la reforma petrolera. Al hablar a nombre de dicho comité, Rolando Cordera consideró que el proyecto de reforma energética “registró un vuelco” a partir de la presentación de la iniciativa que en la materia presentó el FAP.

Eso desembocó “en un resultado que conjura el peligro privatizador y elimina la mayor parte de las características más lesivas de la propuesta que presentó el Ejecutivo federal”. En la reunión con la prensa celebrada en el patio central del Senado también participaron Ifigenia Martínez, Carlos Tello y Jorge Eduardo Navarrete, entre otros


Kikka Roja

La impugnada Alianza por la Calidad de la Educación, el insólito acuerdo con Televisa para organizar un torneo escolar de futbol, las movilizaciones de los maestros en varios estados y la represión, así como su estrecha relación con Felipe Calderón, colocan de nuevo a Elba Esther Gordillo en el corazón de las pugnas políticas, en camino a las elecciones del año próximo. Eso y el cobro de facturas obliga a la Secretaría de Educación Pública a firmar la mencionada alianza con quien, en dos décadas de cacicazgo, ha sido la responsable fundamental del desastre educativo.

El éxito de Elba Esther Gordillo como socia política de Felipe Calderón es directamente proporcional al desastre de la educación pública nacional.

Protagonista de pactos con los presidentes, conjuras con gobernadores, dirigentes sindicales y funcionarios públicos, y traiciones a todos ellos cuando aparecieron otros prospectos con mayores cuotas de poder, la dirigente llegó a la cima de su poder y de su riqueza mediante alianzas abiertas durante las presidencias de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón.

Ella misma admite que su ascenso a la dirigencia del poderoso sindicato de millón y medio de afiliados fue fruto de “una razón de Estado, conocía al magisterio y a la disidencia, y el país atravesaba por una grave crisis política” (Proceso 1347).

Las mismas razones de Estado argumentó durante el sexenio de Vicente Fox para justificar que, como secretaria general del PRI, fuera la principal interlocutora del gobierno ante los legisladores priistas, por encima del presidente de ese partido, Roberto Madrazo.

Y no sólo eran sus regalos, como las computadoras lap top que les obsequió a todos los diputados que coordinaba. Su operación ambivalente fue eficaz: por un lado les procuró impunidad a los senadores priistas Ricardo Aldana y Carlos Romero Deschamps por el Pemexgate y por el otro le allanó el camino a Fox y a Marta Sahagún para que ésta proyectara su imagen con el programa Escuela para Padres, con la colaboración de Televisa.

En septiembre de 2005, cuando renunció a la secretaría general del PRI, ya había asimilado el arte de ejercer presión corporativa, de utilizar el presupuesto para sus fines personales y, sobre todo, la magia de las alianzas de conveniencia. Meses antes, el Instituto Federal Electoral le había dado el registro al Partido Nueva Alianza, creado con estructura y fondos del SNTE.

Desde entonces la palabra “alianza” se ha convertido en el talismán de la segunda etapa de su carrera, la de operadora electoral decisiva en una democracia todavía plagada de lagunas jurídicas y en la que prevalecen los intereses del poder “real”, como la propia Gordillo se refiere a los poderes informales. Esa palabra aparece también en el acuerdo que originó la actual revuelta magisterial: la Alianza por la Calidad de la Educación.


Recientemente Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del IFE, admitió en su libro Así lo viví. Testimonio de la elección presidencial de 2006, que la lideresa lo presionó para influir en sus decisiones (Proceso 1667). En esas elecciones federales, Nueva Alianza obtuvo alrededor de 2 millones 500 mil votos, lo que implicó nueve diputaciones federales y una senaduría.

Y aunque paulatinamente se revelaron episodios de su operación política a favor del PAN, la lideresa cayó del lado conveniente una vez más. Felipe Calderón comenzó a darle puestos en su administración a la gente de Gordillo (incluido su yerno, subsecretario de Educación Básica), que aunados a los gobernadores priistas cercanos a ella le otorgaron una red de impunidad y le dieron una posición de fuerza para seguir acordando con el gobierno federal.

El 7 de julio de 2007, en un acto que desconcertó hasta a sus incondicionales, se hizo nombrar presidenta vitalicia del SNTE durante el 23 Consejo Político Nacional Extraordinario. Los delegados, estupefactos, se enteraron de que tal decisión fue aprobada “por unanimidad”.

Desde entonces todo ha sido ascenso para Elba Esther Gordillo. Incluso se le atribuye el desplazamiento de Josefina Vázquez Mota -otrora principal operadora política de Calderón- a un segundo plano después de disputarse con Gordillo los espacios de poder en el sector educativo, en jaloneos que ocuparon las primeras planas de la prensa durante los inicios del sexenio.

Ahora el binomio Calderón-Gordillo es parte innegable de cualquier análisis sobre la política nacional. Nunca tuvo Gordillo tanta cercanía con la Presidencia de la República, ni siquiera en el período de Vicente Fox, a quien proclamaba su amigo desde antes de que fuera candidato presidencial y por quien en 2002 declaró a este semanario que estaba comprometida con “la transición democrática” (Proceso 1347).

Sin embargo, la buena relación con Calderón también viene de antes. En esa misma edición, Gordillo reconoció: “Con Zedillo se vino una situación complicada… cuando firmé el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa. No se cumplió, alcé mi voz en el Senado… ¿Y qué sucedió? Nada, mis compañeros guardaron silencio y fue un panista, Felipe Calderón, quien me dio la mano”.

Ahora Calderón le ha dado la mano a Gordillo en diversos actos públicos, igual que al gobernador de Puebla, Mario Marín, y que al dirigente petrolero Carlos Romero Deschamps. Lo relevante es que ahora los proyectos más importantes del presidente dependen en buena medida de que los acuerde con la presidenta del SNTE.

No de balde los dirigentes del magisterio disidente califican la Alianza para la Calidad de la Educación como una maniobra de Felipe Calderón y de Gordillo con miras a la elección intermedia de 2009, dado que se entregarían plazas de trabajo a cambio del voto (Proceso 1667).

Es difícil no relacionar esta advertencia con el más reciente escándalo de la lideresa: el regalo de 59 camionetas Hummer a los dirigentes seccionales del SNTE (Reforma, 12 de octubre) en plena efervescencia del conflicto magisterial y tras una serie de manifestaciones multitudinarias y batallas campales de profesores con policías en varios estados y en la Ciudad de México.

Gordillo argumentó entonces que esos vehículos -que se cotizan en más de 400 mil pesos cada uno- serían rifados a fin de obtener dinero para las escuelas más necesitadas.

Además, el jueves 16, en medio del escándalo, el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, encabezado por Rafael Ochoa, emplazó a la titular de la SEP, Josefina Vázquez Mota, a cumplir los acuerdos que contiene la ACE, entre ellos la difusión de sus contenidos. Advirtió que de no haber una respuesta a más tardar el 15 de diciembre, podrían “iniciar acciones que nos conduzcan a las soluciones que exigimos y consideramos justas”.

La diputada y vocera del SNTE, Silvia Luna, que defendió la entrega de las Hummer alegando que son para una rifa, enumeró las demandas que no ha resuelto la SEP: rehabilitar 10 mil planteles este año, elegir 14 mil para equiparlos con computadoras; reformular el Programa de Carrera Magisterial; crear el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Básica; basificar a 25 mil maestros e intervenir en las negociaciones salariales en Baja California Sur, Guerrero, Michoacán, Morelos, Sinaloa, Tlaxcala y la región de La Laguna.

Sin embargo, las escuelas y todo el sistema educativo mexicano requieren más que rifas para mejorar, si se toman en cuenta las estadísticas con que diversos organismos internacionales han elaborado el diagnóstico del sistema educativo del país. Cifras que no obtuvieron de los detractores de Gordillo ni de Calderón, sino del propio gobierno federal.

La magnitud del desastre

Los resultados del reinado de casi 20 años de Elba Esther Gordillo en el sector educativo, que no sólo es estratégico sino que es determinante para definir el modelo de Estado, no se limitan a su incesante búsqueda del dinero y del poder mediante sus juegos de alianzas y traiciones.

La influencia de esta hábil política y los resultados de su política de alianzas con los presidentes de la República, a partir de Carlos Salinas de Gortari, pueden medirse en números.

De acuerdo con el estudio Education at a glance 2007 (La educación de un vistazo) realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2007, México ocupa el sexto lugar entre los 30 países que la integran por el monto de la inversión pública que le dedica a la educación. En este rubro sólo es superado por Islandia, Estados Unidos, Corea, Dinamarca, Nueva Zelanda y Suecia.

Pero ese esfuerzo no se refleja en la calidad integral de la educación: con un promedio de 8.8 de escolaridad, la población mexicana está en el lugar 29 entre sus “socios” ricos.

El millonario presupuesto tampoco incide en el salario de los profesores. Según el estudio, mientras en Luxemburgo, Suiza y Corea el salario anual de un maestro de primaria es de 48 mil 983 dólares y de secundaria o equivalente es de 51 mil 879, en México es de 27 mil 824 y 35 mil 286 dólares, respectivamente.

Investigaciones como la mencionada, además de otras realizadas por la propia OCDE, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Fundación para la Implementación, Diseño, Evaluación y Análisis de Políticas Públicas (IDEA), fueron retomadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para elaborar el Perfil de México a través de Indicadores Clave.

Uno de éstos es el Índice de Desarrollo Humano (IDH), establecido por el PNUD y que incluye mediciones como la esperanza de vida al nacer, tasa de alfabetización de adultos y tasa bruta combinada de matriculación en enseñanza primaria, secundaria y nivel medio superior, así como el PIB per cápita. En 2005, entre 175 países, México se colocó en el lugar 52, lo que no parece tan bajo. Sin embargo, tan sólo en América Latina, el IDH de México es inferior al de Cuba, Costa Rica, Uruguay y Argentina. Y, sobre todo, queda muy lejos de los otros países de la OCDE, los más desarrollados del mundo.

Los estudios de la OCDE realizados en 2003 y 2005 señalan que los alumnos de educación básica en México padecen un alto déficit en el uso de tecnología, así como la saturación de las aulas: en preprimaria había 15.3 alumnos por docente, 16.7 en primaria y 13.4 en secundaria. Otro pésimo lugar en el ranking.

A su vez, en el documento La educación básica en México: clasificación estatal y recomendaciones, de 2006, la Fundación IDEA señala que en México prevalece una educación de mala calidad, caracterizada por baja escolaridad, malos resultados en pruebas estandarizadas de aprovechamiento académico y escaso beneficio económico para los profesores y para las personas que se dedican a sus carreras.

Con base en datos recabados en 2005 por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el documento establece que casi 2 de cada 10 estudiantes de primaria no adquieren siquiera las competencias básicas en matemáticas y lectura; más de 50% sólo tienen los conocimientos mínimos de cada materia; y únicamente 3 de cada 10 tienen un conocimiento “adecuado” de nivel medio o avanzado.

En secundaria, la situación es peor: casi un tercio de los alumnos no tienen siquiera las capacidades básicas de lectura correspondientes a su grado. En matemáticas, más de la mitad carecen de esas habilidades.

Otra característica nociva que se marca en el documento de IDEA es la desigualdad en el sistema educativo nacional, ya sea entre regiones, de las escuelas públicas respecto de las privadas, entre población indígena y no indígena, y también por género: las mujeres asisten menos a las aulas que los hombres.

El estudio de IDEA precisa que a nivel de educación básica el aspecto determinante en la enseñanza es el hogar, no el centro escolar. Por lo tanto, los niveles socioeconómicos pesan en la desigualdad. Por ejemplo, mientras que en las escuelas del Valle de México (incluido el Distrito Federal) y de la frontera norte los índices de escolaridad son relativamente altos, en el sur prevalecen los rezagos.

De igual forma, en las zonas indígenas el 16.4% de los niños no asisten a la escuela, en el 20% de los planteles no se imparten los seis grados de primaria, y sólo el 28% tiene profesores para distintos grados.

En cuanto a la infraestructura disponible, el estudio de IDEA indica que el 12% de los centros escolares tienen “aulas habilitadas”, es decir, se trata de espacios que no fueron construidos originalmente como salones de clase sino que se improvisaron.

Únicamente el 9.6% de las escuelas del país cuentan con suficiente infraestructura, mobiliario y equipo básico; y menos de la mitad de los directores manifiestan que los centros escolares están en buenas o muy buenas condiciones.

Las cifras son aún peores en cuanto a la dotación de computadoras y el uso de internet. Únicamente 5.2% de las primarias y 11.3% de las secundarias tenían conexión.

La Fundación IDEA también señala en el mencionado estudio los factores que pueden inhibir o estimular el aprendizaje. Entre ellos, identifica el método pedagógico, la distancia a la que viven los profesores y directores de las escuelas, la inscripción de docentes y directivos en el Programa de Carrera Magisterial, su formación académica, las condiciones de los planteles escolares, así como el uso de materiales curriculares y didácticos.

Pero la Fundación IDEA destaca otro factor clave: si los directores han estado comisionados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Es decir, la manipulación política de los profesores por parte de la dirigente máxima del poderoso sindicato corporativo, Elba Esther Gordillo, se refleja directamente en las estadísticas que miden el desempeño del Estado mexicano.

Modelo fatal

Artemio Cruz, dirigente de la sección 18 del SNTE, con sede en Michoacán, sostiene que en casi 20 de años de estar al frente del sindicato magisterial Gordillo “ha seguido un modelo educativo que arranca con Miguel de la Madrid y se consolida con Carlos Salinas de Gortari, el cual se ubica dentro del modelo mundial de producción”.

Las consecuencias, sostiene, han sido catastróficas: por un lado, alta deserción escolar, mayor marginación, la desarticulación del sistema educativo y abandono de la construcción, equipamiento y mantenimiento de las escuelas; y por el otro, “el modelo de aprendizaje tiene un rezago tremendo en los términos de conocimiento, de integralidad, de ciencia y tecnología, y en los términos de memoria histórica”.

Además, señala que el inusitado poder político de Gordillo se le ha otorgado desde la Presidencia de la República, en distintos sexenios, a fin de que mantenga sometido al sistema educativo, primero a los modelos neoliberales, y después a los intereses electorales de los gobernantes en turno, “sobre todo desde 2006 a la fecha”.

En la primera etapa, Gordillo -quien fue impuesta como secretaria general del SNTE en abril de 1989 por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari- firmó en 1992 el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica con el propio presidente Salinas, con el secretario de Educación Pública Ernesto Zedillo y con todos los gobernadores.

Resume Artemio Cruz: “Ese modelo se aplicó con Zedillo ya como presidente, se ajustó con Fox en 2002 bajo el nombre de Pacto para la Calidad Educativa y hoy lo ajustaron nuevamente con la ACE para cerrar el círculo cancelando todos los derechos laborales de los trabajadores de la educación y ajustando la currícula. Por eso ya no hicieron reformas constitucionales, sino sólo el acuerdo entre Elba Esther y Felipe Calderón.”

-¿Por qué dice que la ACE esta encaminada a la privatización educativa?

-Porque hoy el modelo educativo ya no responde al modelo de educación pública de Estado sino al mercado, a la idea de que la escuela debe estar vinculada a las empresas, y que la educación tiene que responder a los grandes intereses de las empresas del país y del mundo. Por eso en México se quiere preparar a los alumnos para las grandes empresas para la mano de obra que es muy barata pero esta calificada.

Precisa que privatizar la educación no significa entonces que se vayan a vender los servicios educativos ni los edificios a la iniciativa privada, sino someter el sistema educativo al interés del mercado y no al interés de la nación.

Entrevistado aparte, el legendario dirigente magisterial Othón Salazar Ramírez considera que Gordillo gozará del poder durante varios años, pues cuenta con los recursos millonarios de las cuotas del SNTE, el apoyo de Felipe Calderón e incluso de una organización política: el Partido Nueva Alianza.

Nacido en la montaña guerrerense y formado como maestro en la escuela socialista durante la época del general Lázaro Cárdenas, Othón Salazar se indigna ante el cacicazgo de Gordillo. Pero lo que más le irrita a este viejo luchador social es la Alianza por la Calidad de la Educación que el SNTE firmó con el gobierno de Felipe Calderón.

“Nunca, ni en los peores momentos, conocí a una dirigente magisterial sindical con un estado de conciencia tan vendido a los intereses económicos y del gobierno”, sostiene.

Tomado de: Blog Revoluciones

Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

“Con 12 votos a favor, las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen de reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional -quinto en aprobarse de siete a debate-, que excluye la privatización de la industria petrolera.  El dictamen fue avalado con los votos del PRI, el PAN y el PVEM, mientras que los legisladores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia indicaron que sufragarán cuando estén listos los siete”.

Refrendándose que corresponde a la nación el dominio directo, inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos que estén en territorio nacional, incluidas la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente en mantos o yacimientos.

Lo anterior fue dado a conocer a los medios la tarde de hoy lunes 20 de Octubre, confirmándose que en principio se llegó al acuerdo en comisiones de eliminar la posibilidad de que capital privado participe en áreas estratégicas del sector, como en la refinación y la construcción de ductos y plantas de almacenamiento; quedando fuera la propuesta del Partido Revolucionario Institucional de crear organismos filiales de Pemex o las “empresas espejo”, que promoviera el gobernador veracruzano Fidel Herrera Beltrán postulando la llamada “tercera vía”.

Lo que a su vez confirma que hasta este momento no ha sido en vano el que Andrés Manuel López Obrador y el movimiento nacional que encabeza en defensa del petróleo, hayan promovido la consulta ciudadana y el debate con la participación de destacados expertos en el Senado de la República.

Pero si bien, hasta ahora, la estrategia del FAP en el Senado rinde resultados positivos, falta aún el que en su momento los legisladores del PRD, PT y Convergencia avalen el conjunto de las siete iniciativas de reforma y que el pleno las discuta para, en su caso, aprobarlas o rechazarlas. Lo que aún implica un riesgo en tanto el PAN o el PRI, por mayoriteo, puedan recular modificando lo que ahora es fruto del consenso alcanzado en comisiones tras varios meses de un estira y afloja, que mantiene en ascuas a una ciudadanía crispada y polarizada.

En este nuevo escenario, al que no son ajenos la crisis económico financiera global y un mayor debilitamiento del gobierno calderonista como consecuencia de esta, podemos afirmar que algunos acelerados, como quien esto escribe, nos equivocamos al pensar que tras el cochinero de la elección interna del PRD, y las constantes descalificaciones de que fuera objeto Andrés Manuel López Obrador por parte de la corriente de los “chuchos”, favorable a transar con Felipe Calderón, ello daría lugar a la fractura de la estrategia unitaria del FAP. Incluso, llegamos a afirmar que el PRD, tras la derrota en Guerrero y las acusaciones de Acosta Naranjo en contra de perredistas lopezobradoristas que apoyaran al candidato de Convergencia a la alcaldía de Acapulco, se deslindaría del FAP.

No se dieron así las cosas. Por encima de las diferencias al interior del FAP, se ha impuesto la fuerza del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo y la estrategia más general trazada por AMLO y sus colaboradores más cercanos, para la pelea en el Congreso de la Unión. El arreglo de cuentas con los “chuchos”, de persistir estos en minimizar el peso específico en la base del PRD y en la vida política de México del tabasqueño, se difiere para un mejor momento.

Pero también, considero erraron quienes afirmaran que el PRI saldría ganando, capitalizando a su favor las diferencias entre las propuestas de Felipe Calderón Hinojosa y las postuladas por el FAP, aprovechando en la coyuntura la crisis interna del PRD para colar su propia propuesta; diferente en la forma pero similar en sus alcances privatizadores a la del panismo en el gobierno. El priísmo, con Beltrones a la cabeza, no logró su propósito, debiéndose enfrentar en comisiones, paradójicamente, a las coincidencias sustantivas entre un PAN que reculó y el FAP que unitariamente nunca aflojó.

Así las cosas, sólo resta esperar que en los próximos días el Congreso de la Unión diga la última palabra y que no haya necesidad del despliegue y movilización de la fuerza social del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, que si bien no ganará de todas todas en el tema petrolero, como en justicia debe esperarse en toda acción política, si está aportando algo más que un grano de arena a la democratización del país; lo que en sí ya constituye un triunfo indiscutible en la búsqueda de la unidad de la izquierda y el proceso de construcción de la democracia participativa en México.

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