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29/Noviembre/2008

Que no hay plazo que no se cumpla lo demuestra el finiquito del tramo de cien días durante el cual debieron haberse realizado por parte del sector público algunos de los 75 puntos contenidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad signado en agosto pasado por representantes ciudadanos y autoridades gubernamentales de los órdenes de gobierno federal y estatal. Para evaluar los resultados, parte de la República se reunió este viernes en torno de una mesa en la que estuvieron presente la porción de la ciudadanía que ha levantado la voz, que ha dicho basta hasta el grado de exigir que renuncien los funcionarios que no cumplan o no puedan con el desempeño de su responsabilidad.


Al indignado reclamo de “Si no pueden renuncien” se incorpora el desesperado “Ya pedí, ya supliqué, ya imploré, ya lloré, ahora exijo” que exclamó Nelson Vargas ante los infructuosos esfuerzos para encontrar a su hija secuestrada. La lista de reclamos a la autoridad es extensa y los motivos son variados; es una protesta ciudadana que se está generalizando. Son focos rojos que cualquier autoridad no daltónica debiera saber interpretar y empezar a preocuparse porque los síntomas sociales no auguran nada bueno.

La de este viernes fue una reunión de evaluación y seguimiento en la que la representación ciudadana tuvo una participación de primer orden, no para denostar a la autoridad sino para empujarla a cumplir, para ir acomodando fehacientemente el discurso oficial a las acciones, para que se transite de la retórica a los hechos. De lo informado por las autoridades, en un esfuerzo por dar crédito a su dicho, valdría la pena establecer otro periodo de cien días y otros sucesivos porque al ritmo en que disminuyeron los delitos en estos cien días pronto, muy pronto, se terminaría con el problema de la inseguridad en México. Lo anterior, por supuesto, en la lógica de que lo informado por las autoridades federales y estatales se apegara estrictamente a la realidad.


Vale la pena reflexionar en torno a lo que ahora sucede porque los actos de gobierno han devenido en reactivos ante la airada protesta de una ciudadanía que ya no es tan obsecuente con las autoridades como antaño se acostumbraba. En nuestro país, durante muchísimos años las relaciones del gobierno con las organizaciones del crimen eran de “mírame y no me toques” en una sutil red de complicidades en las que el sector oficial prefería transcurrir sus días cerrando los ojos ante una realidad cada vez más complicada. Como solía acontecer, frente a las insistentes e inobjetables constancias de corrupción en las áreas de procuración e impartición de justicia, ante innumerables denuncias contra los cuerpos de seguridad pública, los incontables crímenes impunes, el sustancial incremento de los secuestros, robos y asaltos a mano armada, para la autoridad nada ocurría, todo estaba en calma.


Pero en México pasó, como sucede con las graves enfermedades del hombre, que todo va bien hasta que los síntomas avisan que una enfermedad se ha esparcido por todo el organismo haciendo estragos en la salud y que es necesaria una cirugía mayor. Tal ha ocurrido con el deterioro que la sociedad mexicana viene padeciendo hace ya muchos años. Tan grave que al presidente Calderón no le quedó más remedio que atacar frontalmente el grave cáncer de la delincuencia organizada.

Ahora, ya en plena confrontación entre gobierno y delincuencia, reiteradamente se escucha decir que el gobierno federal no está capacitado para arrostrar el problema; curiosamente muchas de las criticas provienen principalmente de quienes cuando estuvieron en el gobierno no fueron capaces (por las razones que fueran: complicidades, corrupción temor, etc.), de testerear siquiera con el pétalo de una rosa esa patología social. Con la decisión de enfrentar las fuerzas del Estado contra las del crimen organizado se descubrió el grado de penetración que éste ha logrado en las filas oficialistas, pero cruzado el rubicón es difícil dar marcha atrás.


Principalmente porque la ciudadanía, muy a su pesar, ha sido forzada a participar en esta querella porque infinidad de sus integrantes han sufrido en carne propia las consecuencias del quebrantamiento social que vivimos y han levantado la voz exigiendo a las autoridades que cumplan con su obligación sobre todo porque observan lenidad en la ejecución de sus funciones.


En el ineficiente e inoperante gobierno de Vicente Fox en 2004 la ciudadanía protestó con pañuelos blancos anhelando paz y armonía social, ya lo había hecho diez años antes en el gobierno de Ernesto Zedillo, quien por cierto reformó el artículo 21 constitucional para darle categoría de función de Estado a la Seguridad Pública y no como simple servicio público municipal, como se establecía en el 115 de la propia Constitución. Por esa reforma se creó el Consejo Nacional de Seguridad Pública y colateralmente sus similares en los Estados de la Federación. Con aquella reforma también se fijaron las bases para la participación ciudadana en materia de Seguridad Pública, pero como siempre sucede, el síndrome “de flor de un día” le dio poco impulso o éste fue meramente temporal.


El detonante de la mas reciente reacción ciudadana fue el secuestro del joven Marti, cuyo padre con su dolor a cuestas y holgada posición económica ha logrado convocar nuevamente a la ciudadanía articulando su protesta frente a las autoridades con la de los grupos previamente integrados. Ignoramos qué grado de resistencia tenga la cuerda que mantiene sostenida la tolerancia ciudadana frente a las autoridades a las que ha mandado señales de que la paciencia se acaba y no es para menos.

Pero la actitud de protesta ciudadana se debe no solo a razones de inseguridad pública, también es por un relicario de promesas incumplidas que se han venido acumulando en un contexto social en el que la corrupción en el servicio público ha generado harta desconfianza social hacia las autoridades.


En el caso concreto de Veracruz, para solo citar lo más reciente pero que de ninguna manera es lo único en señalamientos ciudadanos contra “servidores públicos”, lo advertimos con la inmolación de Ramiro Guillen Tapia y lo acabamos de observar con la zarandeada que los diputados dieron en su comparecencia al Secretario de Comunicaciones del gobierno estatal, a quien por cierto el pasado 25 del mes en curso decenas de ciudadanos de Pajapan calificaron públicamente de “mentiroso” por el reiterado incumplimiento de promesas -asentadas en minutas- que no ha atendido aduciendo argumentos baladíes.


Otro caso de reacción ciudadana es el acontecido con la protesta de la Cámara de Comercio en el Puerto de Veracruz en contra de disposiciones sospechosamente corruptas del edil del ramo de protección civil, de antología. Pero el pesimismo es grande, a grado tal que se pudiera asegurar que todo quedará en la suspensión de las irritables medidas que había implementado el regidor quien, aparte de la terrible balconeada pública que ha sufrido, bien merecería ser investigado seriamente por el órgano de control y, en su caso, sometido a la disposición disciplinaria correspondiente. Lamentablemente, este acto que en otras culturas admitiría por lo menos la renuncia, en la relajada cultura nuestra nada ocurrirá.


Alienta sin embargo la reacción ciudadana frente a personeros del sector público que no se comportan a la altura de una sociedad que busca, así sea tímidamente el cambio, sin distingo de colores. Por algo se empieza.

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