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Más de 8 mil millones de pesos para que los 78 millones de ciudadanos, si asisten todos a las urnas (lo que no va a ocurrir), elijan a sus diputados.


Aquí no pasa nada, parecen decir las autoridades del Instituto Federal Electoral (IFE) y los dirigentes de los partidos. Éstos, en conjunto, recibirán para gastos de campaña, gastos ordinarios y otras “actividades específicas” la cantidad de 3.6 mil millones de pesos, aproximadamente, más lo que cuesta mantener el IFE, cuyo presupuesto de operación es de alrededor de 5.2 mil millones más. La suma de gastos presupuestados, según la nota de Alonso Urrutia en La Jornada (27/1/09), rebasa la que se estimó en el acuerdo del Consejo General del Instituto para el ejercicio fiscal de 2008, en el que se presumía de ajustes por austeridad, para luego pedir a Hacienda una ampliación de casi mil 500 millones más por necesidades derivadas de la reforma electoral. Como sea, estamos hablando de más de 8 mil millones de pesos para que los 78 millones de ciudadanos, si asisten todos a las urnas (lo que no va a ocurrir), elijan a sus diputados.


A ojo de buen cubero cada diputado costará 16 millones de pesos, más lo que ganen mensualmente durante los tres años que ocuparán sus curules. Por otro lado, pero dentro de las mismas cifras mencionadas, partidos que nunca debieron tener registro, como Nueva Alianza (de Elba Esther Gordillo), recibirán (en este caso) 254 millones de pesos. El Socialdemócrata un poco menos: 190 millones.


Agréguese a lo anterior el costo de las campañas locales para gobernadores, presidentes municipales y diputados locales que también se llevarán a cabo este año. Estas cantidades millonarias se antojan todavía más extravagantes cuando uno se asoma a los métodos por los cuales se está designando a los candidatos a diputados.


En todos los partidos (sí, en todos) las candidaturas se están decidiendo por cuotas de poder de grupos internos, de gobernadores en turno y hasta por nepotismo de líderes bien colocados, nada que ver con asambleas de delegados democráticamente electos o por votación directa de las bases de los partidos.


Es cierto es que así ha sido antes y más cuando el PRI era el partido “casi único”. Pero uno esperaba (quizá con ingenuidad) que la transición democrática iniciada hace 30 años siguiera en curso y que los partidos se hubieran puesto a tono con esa esperanza de millones de mexicanos.


Nada. Las cosas siguen iguales que antes, pese a que el corporativismo sindical ha disminuido su peso sustancialmente.


Los partidos insisten en arreglos de cúpulas y los miembros de éstas continúan el palomeo que antes dominaba en el priísmo como modus operandi de los de mero arriba, comenzando por el presidente de la República. Éste influye poco ahora, pero los gobernadores, los dirigentes partidarios, los líderes “indispensables” y otros que por ahí andan son los que deciden y los que, a la vez, se oponen a toda suerte de democratización en el interior de sus organizaciones políticas. Las bases de los partidos, que no han sabido exigir sus derechos (incluso estatutarios), no cuentan; el 5 de julio se convertirán en bases de la sociedad, comunes y corrientes, y votarán o no según su amor por la camiseta partidaria (que en realidad es prestada), casi de la misma manera que los ciudadanos sin partido que no resuelvan abstenerse.


Si no hay democracia en el interior de los partidos, ¿por qué la habría en el ejercicio de la representación política? Aunque sea criticable (que no debiera serlo) que en las cámaras los diputados y los senadores respondan a los partidos que los llevaron ahí, razón por la cual a cada partido se le reconoce una bancada y un líder, uno esperaría que las lealtades de los legisladores fueran con su partido (y con sus electores) y no, como ocurre y ocurrirá, con quienes les dieron el visto bueno para ser candidatos, tanto uninominales como plurinominales. (Dije entre paréntesis que no debiera ser criticable que los legisladores respondan en primer lugar a sus partidos y luego a sus electores, porque en una sociedad con partidos políticos se supone que los ciudadanos votan por éstos, por sus propuestas y planteamientos, y no por quienes individual o grupalmente los hicieron candidatos mediante arreglos en la cúspide ajenos a la democracia más elemental y a las bases de esos mismos partidos.)


Las próximas elecciones entrañan ya (y nadie podrá cambiarlas) vicios de origen: por un lado un IFE que, al igual que los candidatos a diputados y que los anteriores consejeros electorales (Ugalde y compañía), es producto de negociaciones partidarias entre los “peor es nada” que escogieron para dirigirlo y, por otro lado, partidos divididos e incapaces de escoger a sus candidatos mediante reglas democráticas y transparentes para todo mundo.


No deberá sorprender a nadie, así las cosas, que la abstención el próximo julio sea mayúscula. Si esto ocurre el costo de cada diputado será muy superior al señalado al principio, por el escaso beneficio que obtendrá la República.


Mientras tanto, miles de personas pierden sus trabajos y otras miles (millones) no los consiguen, los costos de los productos básicos e indispensables para más o menos vivir aumentan, la inseguridad persiste, cierran empresas, disminuyen las remesas de nuestros paisanos en Estados Unidos y, en fin, se ve un horizonte negro que los panistas no quieren que se explote en las campañas de la oposición (porque la crisis no la provocó -dijo Germán Martínez- Felipe Calderón).


Sin embargo, hay una pequeña luz de esperanza: que el PAN y sus aliados (reales y formales) sean derrotados en todos los frentes y no sólo en la Cámara de Diputados federal.


Tomado de: La Jornada 29/01/09

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