La resolución de la Corte confirma por enésima ocasión que en este país las instituciones están al servicio de los poderes fácticos y los intereses político-económicos. Lo que algunas voces ya habían advertido, por desgracia se cumplió ayer.
En una resolución ruin e injusta la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieron exclupar de cualquier responsabilidad en los sucesos de Atenco, del 3 y 4 de Mayo de 2006, al gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto y al Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, quien en ese entonces era titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
La resolución de la Corte confirma por enésima ocasión que en este país las instituciones están al servicio de los poderes fácticos y los intereses político-económicos, y que en los hechos el tan taído y llevado Estado de Derecho sigue siendo en México una utopía o aspiración inalcanzable para el común de los mortales.
Sin embargo, en el fondo la resolución de los Ministros no puede sorprender a nadie, pues lo extraño hubiese sido que señalaran al menos por su nombre a los responsables del atropello brutal a los derechos humanos y constitucionales de centenares de personas inocentes, cuyo mayor crimen fue exigir a las autoridades estatales y federales diálogo y voluntad política para resolver los problemas de la comunidad atenquense.
De los 11 ministros que integran el máximo tribunal, únicamente el ministro Genaro Góngora Pimentel solicitó que al gobernador y al procurador se les declarara responsables de la violencia registrada en Atenco «por la omisión de vigilar» lo que hicieron las fuerzas públicas.
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