Es la honestidad estúpido

Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

Por si no fuera suficiente el que a los mexicanos nos tengan nadando de a muertito en un mar de porquería, un nuevo escándalo inserto en el marco de una interminable guerra sucia entre grupos de poder político y económico, agita la mierda elevando el nivel de las olas y  acelerando el proceso de descomposición de la sociedad mexicana. Todo en un escenario mundial de desastre y uno nacional en el que el vacío de poder, combinado con ausencia de rumbo y pérdida de la brújula, de un inepto titular del poder ejecutivo federal, tiene al país al garete y ofertándose al mejor postor.

Si alguna virtud podemos señalarle a la democracia norteamericana, es la de la honestidad de algunos funcionarios del más alto nivel que, como  Judd Gregg, ahora ex secretario de comercio, quien siguiendo los pasos de Bill Richardson prefirió renunciar al cargo antes que comprometerse con las políticas públicas diseñadas por Barack Obama para paliar la crisis de la economía real. Virtud que contrasta con el cinismo de un secretario de Estado en México que, sorprendido in fraganti como mentiroso y desleal, se niega a renunciar tras haber aceptado su desliz al haber acusado, sin pruebas legalmente aceptables, al ex presidente Carlos Salinas de Gortari de haberse robado la mitad de la «partida secreta» asignada a la presidencia de la República.

Sin duda Luís Téllez, secretario de comunicaciones y transportes, con su afirmación grabada y difundida, no descubrió el hilo negro. Para el pueblo de México existe la convicción de que Salinas de Gortari saqueó al país, a más de reducir al Estado a su mínima expresión, atendiendo a la receta del llamado «Consenso de Washington. Sin embargo, por su cargo actual y el de primer nivel desempeñado al lado del ex presidente Ernesto Zedillo, la sola sospecha de su deslealtad y el hecho comprobado y por el aceptado de que el contenido de la grabación difundida es verídico, bastaría para que de inmediato presentara su renuncia. En igual forma, Felipe Calderón estaría obligado a cesarlo sin mayor contemplación. Lo cual no ha tenido lugar.

Obligado estaría también Acción Nacional para descalificarle, en tanto ya es público que el alto funcionario afirmó que «extrañaba al PRI», su partido de origen. Lo cual tampoco se ha dado, antes al contrario, desde la cúpula panista se le exculpa y se le protege, en tanto la grabación de marras no constituye prueba legal ante un tribunal.

Pero de que podemos sorprendernos en un país de leyes en el que los mayormente obligados a cumplirlas y hacerlas cumplir, se las pasan por lo más pando, contando para ello con la protección y complicidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  Un escándalo más que quedará impune y sujeto al olvido de un pueblo que parece no tener memoria. Cabría preguntarse: ¿se tiene razón el desgarre de vestiduras cuando desde el norte funcionarios de primer nivel afirman que México es un Estado fallido?

¿Cuánto tiempo aguantaremos nadando de a muertito entre las agitadas olas de la mierda? Sociedad masoquista al fin, esperaremos que sea el tiempo el que ofrezca la respuesta.

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Iglesia y Estado: encubridores

Por: Gabriela Rodríguez

Es lamentable constatar que la Iglesia católica y el Estado están traicionando su misión; dos instituciones creadas para defender los derechos humanos se han convertido en lo contrario: encubridoras de violadores.

Dos hechos actuales muestran un mismo estilo de manejar el poder: la aparición de una hija del fundador de los Legionarios de Cristo y la investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las víctimas de San Salvador Atenco. Múltiples violaciones y abusos sexuales perpetrados por personal eclesial y policial (e involucrado en drogas) han sido denunciadas públicamente y las víctimas reciben silencio e impunidad como respuesta de las más altas autoridades: el Papa, el gobernador del estado de México, el jefe de la Policía Federal Preventiva prefieren encubrir a los agresores y culpar a las víctimas, a fin de proteger «la imagen institucional». En el primer caso se llegó a hablar de un complot contra el Vaticano (¡duro!, casi suena como el complot de AMLO) contra las instituciones democráticas; en el segundo, hay presos políticos.

El caso de los Legionarios es paradigmático. A fines de los años 90, una docena de seminaristas denunciaron ante los medios haber sido víctimas de abuso sexual de su líder religioso cuando eran púberes, tras enfrentar más de 20 años el silencio y la impunidad como respuesta a sus denuncias dentro del sistema jurídico de la Iglesia. Sin embargo, el papa Juan Pablo II nunca dejó de considerar a Marcial Maciel líder ejemplar para la juventud y, junto con los cardenales y el pontífice actual, bloquearon durante años el juicio contra él; «es mejor que ocho hombres inocentes sufran injusticia y no que miles de fieles pierdan la fe» (Fernando M. González, Marcial Maciel, Tusquets, 2006).

Ya como sumo pontífice en 2006, Benedicto XVI hizo válidas hasta cierto punto el sinnúmero de acusaciones de pederastia y toxicomanía, invitando a Maciel «a una vida reservada de oración y penitencia, renunciando a todo ministerio público». Maciel no fue sometido a un proceso canónico ni secular como corresponde a cualquier delincuente, ahí actuó la lógica de proteger a la institución, ante todo, y amparar a los más leales, así sea necesario denigrar a las víctimas.

Los Legionarios apenas reconocieron por primera vez los crímenes de su fundador ante la prueba viviente de los abusos sexuales: una hija. La misma que ha amenazado con publicar un libro sobre su vida y la de su padre, a quien a veces le gustaban las niñas, y sobre su madre, violada a los 15 años por Maciel, quien entonces tenía 68 años.

El portavoz de la orden en Roma, Paolo Scarafoni, admitió: «estamos sorprendidos, entristecidos y desconcertados. No podemos negar la existencia de esos hechos, pero no deseamos entrar en más detalles por respeto a la privacidad de las personas afectadas».

Ninguna referencia a los anteriores escándalos y es indignante que hasta la fecha, ni el Papa ni el actual director general de la orden ni Norberto Rivera ni Juan Sandoval Íñiguez hayan pedido perdón por haber calumniado tan gravemente a José Barba Martín, Juan José Vaca, H.A., José Antonio Pérez Olvera, Arturo Jurado, Alejandro Espinoza Alcalá, Félix Alarcón, Saúl Barrales, Miguel Díaz Rivera, Francisco González Parga, a tantos que sufrieron heridas en lo más íntimo de su masculinidad, y que se tragaron la vergüenza para hablar ante los medios y tratar de frenar los crímenes de la red de pederastas de ese ejército de soldados de Cristo, enfrentando a quien todavía concentraba todo el poder y los privilegios de las elites eclesiales, empresariales y políticas.

Esperamos que los ministros de la SCJN no encubran a los violadores de derechos humanos ni las agresiones sexuales a 31 mujeres de Atenco. De otra manera confirmarán la tesis de Roderic Camp (Cruce de espadas: política y religión en México, Siglo XXI, 1998), quien encontró que la influencia más importante del catolicismo en las sociedades latinoamericanas se produce en el ámbito de los valores y de la tradición orgánico estatista: «promueve un cierto estilo de educación política divulgando valores aprendidos en la interacción entre las autoridades laicas y las eclesiásticas, que comprenden la deferencia, la obediencia y el respeto a la jerarquía […] Otra área de influencia potencial es la educación de la elite a través de las preparatorias e instituciones universitarias, llega a una comunidad dirigente pequeña, pero influyente»; citada en el mismo texto, Larisa Lomnitz: «Asuntos como la moralidad familiar, la posición de los individuos dentro de la familia, la autoridad, la economía y la ideología política sólo se pueden entender y explicar adecuadamente desde el punto de vista del catolicismo».

El encubrimiento termina deteriorando «la imagen institucional» o ¿quién cree hoy en la jerarquía eclesiástica, en los partidos políticos, en el Instituto Federal Electoral?

gabriela_afluentes@prodigy.net.mx

La Jornada 13/02/09