El colapso del bicentenario

Porfirio Muñoz Ledo

El Universal. 28 de agosto de 2009

La magnitud de la crisis no podría ser encubierta por un falso debate centrado en el salvamento fiscal. Exige una reforma hacendaria de grandes proporciones y un cambio drástico de paradigma económico, que suponen modificar las relaciones de poder e instaurar un gobierno capaz de conducirlas.

El agujero de las finanzas públicas —a más de la anemia del sistema fiscal— tiene como origen inmediato el descenso de la actividad económica: 10.3% del PIB. Caída sin expectativas de recuperación, ya que los factores determinantes continuarán a la baja por largo tiempo, mientras no se creen las condiciones productivas y financieras que promuevan el crecimiento.

Hacienda ha reconocido que nuestra economía “no participará en la recuperación global pronosticada para 2010”. Cabría preguntarse si con la estrategia prevaleciente, podría remontar después, o como asegura el profesor Arturo Huerta en su libro El colapso de la economía mexicana, nos acercamos a una quiebra productiva, en insólita celebración del bicentenario.

Nada hace pensar en una elevación de los ingresos petroleros, las remesas, el turismo o la maquila. Tampoco en el ensanchamiento del mercado interno, de la inversión extranjera, las exportaciones o los empleos formales; sólo los ingresos por lavado de dinero van al alza en detrimento creciente del poder del Estado.

Mientras en el mundo se intentan reducir los privilegios de la especulación financiera, aquí acudimos a créditos desorbitados para mantener artificialmente la sobrevaluación de la moneda, abaratando las importaciones y dañando aún más nuestra balanza comercial. En tiempos idos defendimos el peso “como perros”, ahora lo hacemos como ratones.

El régimen —o lo que queda— carece de imaginación para sumarse a los vientos estatistas que soplan por doquier e insiste en quemar los últimos cartuchos del neoliberalismo. Ante el rechazo a la privatización energética pretende profundizar los impuestos regresivos, y en ausencia de proyectos de gran aliento propone recortes en infraestructura e inversión social, mientras mantiene un dispendioso gasto corriente.

El salvamento a que nos invitan es el de los espacios oligárquicos: aquellos que impiden democratizar el Estado, reconstruir la economía y la defensa del patrimonio nacional. El Congreso debiera responder con propuestas articuladas en dirección inversa y repudiar el chantaje clientelista de incrementar impuestos a cambio de baratijas presupuestales.

Ese es el sentido de las propuestas presentadas por la izquierda parlamentaria. Los recursos faltantes habrían de tomarse, como antes se decía, “de donde los haya”. En este caso, las grandes empresas, mediante la abrogación del impuesto consolidado y la depreciación acelerada de activos; la banca desnacionalizada, a través de una moratoria del Fobaproa; la reducción de los gastos desmesurados de la alta burocracia y la utilización prudencial de los fondos ociosos.

Repudiar desde luego la sugerencia de los actores hegemónicos que pretenden incrementar abusivamente el déficit fiscal: después de mí, el diluvio. Estructurar enseguida los egresos conforme a las prioridades del futuro y emprender una cirugía mayor de la administración pública, el control de su ejercicio y la rendición de cuentas. El debate debiera comprender: la política monetaria y el control del sistema bancario, las políticas industriales y agropecuarias, el régimen de salarios y utilidades, la disolución de los monopolios, la revisión del TLC, el impulso a la educación, la ciencia y la tecnología, y la remodelación del marco institucional.

Tareas enormes para un gobierno minúsculo. La capacidad de propuesta se ha trasladado al Poder Legislativo. Iniciamos en los hechos un sistema parlamentario. Debiéramos asumirlo con responsabilidad y diseñarlo creativamente en la Constitución.

Partidos políticos. La prueba del ácido

Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

En la democracia representativa la prueba del ácido para los partidos políticos son los procesos electorales. El sufragio ciudadano determina el ser o no ser de todo partido político. El  proceso electoral del pasado cinco de julio, con un abstencionismo de un poco más del 60 por ciento, puso de manifiesto que en términos prácticos, ninguno de los ocho partidos nacionales paso la prueba. La ausencia de representatividad, credibilidad y congruencia del sistema de partidos políticos en México es más que evidente. Habiendo dejado de responder a las necesidades de participación política y representatividad electoral de la enorme mayoría de los mexicanos en edad de votar, estos, en una escala de 0 a 10 calificaron con 4 al conjunto del sistema de partidos, arrastrando consigo a una legislación electoral federal  inoperante.

Hoy asistimos al  funeral legal del Partido Social Demócrata que no alcanzando el mínimo de votos que le asegurara su supervivencia, no pasó la prueba de aceptación por parte de la voluntad popular. A partir de esta descalificación, surge con ello la pregunta obligada: ¿Cual sigue? ¿Cuándo tendrán  lugar las próximas exequias partidistas frente a la profunda crisis de un sistema nacional de partidos políticos que avanzando a pasos acelerados hacia un nefasto bipartidismo, refleja su incapacidad para afrontar los retos de un país en quiebra técnica?

El próximo examen a nivel federal habrá de aplicarse en el 2012, con la elección presidencial y la renovación del Congreso de la Unión. De continuar la actual tendencia del electorado, con el agravante de la percepción mayoritaria de que los tres órdenes de gobierno manifiestan su incapacidad para frenar el deterioro de la vida económica y social del país, la calificación podría ser aún más baja que la obtenida en el presente año.

Pensando un poco a la antigüita, y bajo la óptica de un análisis simplista, podríamos estar de acuerdo con quienes afirman que no todas las elecciones son iguales, diferenciando a las llamadas intermedias de la sustantiva de cada seis años con una también desigual tendencia de participación y abstencionismo. Sin embargo, en las actuales condiciones que se viven en México, lo que echa por tierra tal tesis es que de aquí para adelante lo que determinará el resultado de todo proceso electoral, será la circunstancia económica y social que prive en el momento de la elección; arrastrando consigo a un sistema de partidos políticos cuya crisis aún no toca fondo y que, por lo consiguiente, no afronta el reto de actualizarse poniéndose a tono con una ciudadanía que le ha rebasado.

Fuera de la ciudad de México, todo es Cuautitlan, reza la vieja conseja con la que al mismo tiempo que los “capitalinos” menospreciaban a “la provincia” se descalificaba a la  ingente necesidad de revertir el centralismo mediante un movimiento renovador que planteaba el caminar de la periferia al centro. Hoy parece que sigue privando tal añeja conseja. La vida política, económica y social se concentra en el Distrito Federal y zonas conurbadas aledañas de las entidades federativas que comparten espacios con la gran urbe. El resto del país, no obstante la tendencia a la feudalización regional y hacer pesar a los gobernadores en la toma de decisiones, el centralismo y el desdén por “la provincia”, se mantiene incólume. El trato de la prensa nacional para con las entidades federativas y las consecuencias sobre las finanzas públicas estatales y municipales como resultado del pésimo desempeño del gobierno federal, lo confirman.

Tal fenómeno no solamente se refleja, también se repite en el sistema nacional de partidos políticos. Los gobernadores podrán, pesar, influir y  ser factor determinante en sus respectivas entidades federativas de la vida misma de los partidos políticos nacionales  en los que a su jurisdicción compete. No obstante, las decisiones sustantivas recaen en el ámbito centralizado de las dirigencias nacionales que, entre otras cosas, administran lo mismo el reacomodo de la correlación de fuerzas en juego que los intereses de los poderes fácticos, poder real del país en su conjunto. Todo esto tiene como corolario el que en  la vida interna de los partidos políticos la posibilidad de renovación y democratización resulte inviable. A más de que en una acción suicida se da la contradicción en la que los intereses partidistas del centro se confrontan con los que legítimamente respondan a la correlación de fuerzas e intereses fácticos de “provincia”. Existiendo ya de hecho una fragmentación en la que cada partido político está dividido en tantas partes como entidades federativas, incluido el D.F., coexisten en la vida republicana de México. Así, la unidad nacional de cada uno de los partidos sobrevivientes, resulta ser una entelequia.

Conforme tal contradicción se profundice con las exigencias de los gobernadores de una mas equitativa distribución de la hacienda pública federal y un mayor poder de decisión en materia de políticas públicas a nivel local, confrontando a las dirigencias nacionales con el gobierno federal, la fragmentación partidista será mayor y con un mayor grado de conflictividad, en el seno de una sociedad también dividida conforme la desigualdad y la pobreza reviven a la presuntamente muerta lucha de clases.

El tiempo avanza sin respuestas claras y contundentes a la crisis del sistema de partidos y, en Veracruz, se nos echó encima. La elección del 2010 se dará en tal escenario y no es extraño el escuchar comentar al ciudadano común,  que en esta ocasión se reprobará  una vez más a los partidos políticos, sometiéndoles a la prueba del ácido  y que, de sufragar, será a favor o en contra de aquellos personajes que merezcan mayor o menor confianza para el electorado, independientemente del color de  la camiseta que ostenten o del calor que reciban del gobernador del estado.

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