Pulso crítico
J. Enrique Olivera Arce
Gobernador de Veracruz
Para el Dr. Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz, “Cualquier hombre, mujer, niño, compatriota o extranjero, debe tener la certeza de que en nuestro territorio se respeta el Estado de Derecho y los derechos humanos de todos, porque la sociedad no está sola en su búsqueda de justicia”. Retóricamente y como un buen deseo del gobernante suena bien, sin embargo entre la población se percibe que en la entidad ni se respeta lo primero ni se atiende lo segundo.
A la vigencia plena del estado de derecho se le cuestiona cuando se observa la realidad que prevalece en la procuración y aplicación de la justicia, a la par que las autoridades, en los tres órdenes de gobierno se manifiestan poco proclives a respetar aquello que legalmente les obliga como mandatarios de la voluntad popular. De hecho, son muchos los preceptos constitucionales que impunemente se transgreden. La población, por lo que a ella toca, incluso desconoce la mayoría de los ordenamientos legales que norman nuestra vida en sociedad, si no es que todos.
Por cuanto al respeto a los derechos humanos, esto no pasa más allá de un sueño de verano, tanto que las comisiones, federal y estatal, responsables de velar por los derechos inalienables de la persona humana, a más de estar politizadas y partidizadas, carecen de facultades para hacer valer la ley frente a constantes violaciones a la integridad física, patrimonio, garantías y libertades de los ciudadanos. Prevaleciendo la ley del más fuerte.
Para empezar, en la integración de las Comisiones de Derechos humanos los ciudadanos no tienen vela en el entierro, quedando la elección de quienes las presiden al libre arbitrio del ejecutivo, con la sumisión y aval de un poder legislativo que, en los hechos, carece de representatividad y legitimidad en una democracia representativa en crisis regresiva.
Temas como el respeto a la vida, autonomía, inclusión y atención a las necesidades básicas de los pueblos originarios, es apenas un ejemplo de ello. Vida y muerte de los pueblos indígenas les son ajenos tanto a las autoridades como a las Comisiones de Derechos Humanos y, peor aún, a una sociedad insensible que no supera prejuicios de intolerancia, discriminación y racismo.
El derecho universal a una vida digna, el acceso a un empleo con salario remunerativo, a la alimentación, vivienda y salud, así como el respeto y amor por nuestro entorno ambiental, son letra muerta en extensos sectores de la población nacional y, en lo específico, de Veracruz. Luego donde queda el respeto a los derechos humanos. La demagogia y la simulación se imponen por sobre éste.
Pero la culpa no la tiene el indio, sino el que le hace compadre. Dejamos hacer, dejamos pasar; gatopardismo por un lado y masoquismo por el otro, son consecuencia de una sociedad que se niega a avanzar por los caminos de un estado de derecho pleno. El rezago económico, social y cultural que arrastramos parece ser superior a todo sano intento por cambiar el estado de cosas que nos agobia.
Nos lastima la inseguridad pública, pero seguimos aferrados a alimentar el caldo de cultivo que se niega a la paz y a la vida en armonía. Pobreza, miseria extrema y desigualdad, nos son indiferentes en tanto que nos dolemos del crecimiento exponencial de la delincuencia. ¡Vaya incongruencia!
Buenas intenciones, malos gobiernos y pésimo sentido de civilidad y ciudadanía, chocan entre sí frente al imperio de la ley y el respeto a los derechos inalienables del ser humano. Un mínimo de congruencia debería obligarnos a no hacer o esperar del discurso de ocasión, palanca de transformación y cambio. Tras las palabras que el viento se lleva, queda la terca realidad que no sabe de retóricas razones.
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