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Crónica del poder

Este sábado, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, informó que en seguimiento a la Investigación Ministerial 340E/2011, consignaron al juzgado en turno a los ciudadanos Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola como probables responsables de los delitos de Terrorismo y Sabotaje, previstos y sancionados en los numerales 311 y 314 del Código Penal vigente de la entidad.

Dos cibernautas fueron consignados ante un juez como probables responsables de los delitos de terrorismo y sabotaje, pues son señalados por el Gobierno de Veracruz de generar rumores falsos en las redes sociales que provocaron temor el pasado miércoles en las ciudades de Veracruz y Boca del Río.

El Ministerio Público consideró tener suficientes pruebas contras los dos cibernautas, entre ellos una ex funcionaria del anterior gobierno, por lo que decidió consignarlos ante un juez, quien decidirá si son culpables o inocentes.

Las dos personas son señalas de haber iniciado rumores el pasado miércoles sobre presuntos ataques del narcotráfico en contra de escuelas públicas de la zona turística de Veracruz y Boca del Río.

Los rumores generaron que miles de padres de familia acudieran a escuelas a recoger a sus padres y que decenas de estudiantes se refugiaran en escuelas ante supuestamente un inminente ataque.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia, se trata de Gilberto “N” y María de Jesús “N”, esta última ex directora de Actividades Artísticas y Culturales de la Secretaría de Educación de Veracruz, quienes se encuentran recluidos en el penal de Pacho Viejo, acusados de los delitos de terrorismo y sabotaje, previstos en el Código Penal del Estado.

La Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) logró ubicar las cuentas y usuarios iniciales que generaron estas actividades y que propagaron los falsos mensajes.

La dependencia establece que llevó a cabo diligencias periciales de química forense, perfil psicológico, informática forense, dactiloscopía y dictamen de información de teléfonos celulares y equipos de cómputo “los cuales se tienen como prueba plena de que los indiciados enviaron mensajes desde estas unidades”.

“En la presentación correspondiente, los indiciados confesaron y aceptaron haber incurrido en el envío de información alarmista a través del twitter y facebook”, señala un boletín oficial.

La Procuraduría establece que de las constancias de la indagatoria, se acredita que los detenidos tenían la intención de trastornar la vida social, económica y educativa del Estado.

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