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Pulso crítico

 J. Enrique Olivera Arce

 En alguien tenía que caber la prudencia. Que bueno que el gobernador Duarte de Ochoa haciendo uso del buen juicio, determinara valorar en su exacta dimensión el problema que le creara el Procurador Escobar Pérez, pretendiendo fueran juzgados como terroristas y saboteadores los irresponsables twitteros que, en un afán protagónico, presuntamente hicieran mal uso de las redes sociales en perjuicio de la sociedad veracruzana, fue lo que pensé al leer el anuncio hecho por el secretario general de gobierno, Ing. Gerardo Buganza Salmerón.

 Con la determinación de proponer al Congreso local la modificación al Código Penal de Veracruz, el gobernador estaría sentando un precedente de tolerancia y mesura; los criterios sustentados en la exposición de motivos de la iniciativa del Dr. Duarte de Ochoa, serían más que suficientes para aceptar que es la legislación la que debe adecuarse a las nuevas realidades y no estas a ordenamientos ya obsoletos e improcedentes, orientando así a los juzgadores a ponderar el alcance del Articulado del Código Penal en que se basa el encarcelamiento de los “ciberterroristas”, propiciando con ello su inmediata libertad.

 Una segunda lectura de lo expresado por Buganza Salmerón me sacó del error. No siendo abogado, dicho señor no midió sus palabras, simplemente pretendió vendernos la idea de la magnanimidad del gobierno estatal al decir: Que esta iniciativa muestra a un gobernador que sabe escuchar lo mismo las voces de los familiares de los acusados que de los organismos estatales, nacionales e internacionales “y de la propia Iglesia Católica que ayer emitió un comunicado solicitando benevolencia y leyes más justas”.

 Ofertando gato por liebre, pues a continuación dijo: “…con este artículo se buscará que el delito, con el que se ha señalado a estas personas, no fuese manejado como terrorismo, en el que alcanzarían una pena de tres a 30 años sino de “perturbación del orden público” en donde se impondrá prisión de uno a cuatro años o multa de 500 a mil días de salario”. Es decir, no se pretende liberar a los indiciados, sino que únicamente podrían alcanzar una pena de uno a cuatro años, y no de tres a 30 como lo establece el Código Penal para el estado de Veracruz vigente.

 No solo constituye un engaño a la opinión pública, sino que exhibe ignorancia y mala fe por parte del Secretario de Gobierno de la entidad, puesto que no existiendo en México la retroactividad jurídica, la reforma al Código Penal propuesta por el gobernador del estado no sería aplicable al caso de María de Jesús Bravo Pagola y su coacusado Gilberto Martínez Vera. Luego el gobierno de Veracruz se mantiene firme en su decisión de considerar a los indiciados como presuntos “terroristas y saboteadores”.

 Así que lejos de hablar bien del gobernador, Buganza Salmerón lo ha exhibido como intolerante y autoritario. Debiéndose esperar entonces la continuidad de la política de: “cartucheras al cañón, quepan o no quepan”, en la que el procurador de justicia basó su acusación y no, necesariamente de la adecuación y modernización del sustento jurídico que norma la conducta individual y social de los veracruzanos.

 Lástima que la ignorancia de la asesoría jurídica y el deseo expreso del Gobernador de no mostrar debilidad, tomara políticamente el rumbo equivocado. Se esperaba tolerancia y magnanimidad tras el error de confrontar a los internautas de todo el mundo, y se sale con “un domingo siete”. Esperemos ahora que el Congreso local se tome la molestia de  estudiar lo dispuesto por nuestra Carta Magna y considerar en consecuencia el alcance de la iniciativa del gobernador, ya que se corre el riesgo de criminalizar una manifestación en la vía pública o la libre expresión de las ideas, por estimarse a juicio de las autoridades que “se altera el orden público”.

  Mientras tanto, reitero, el rumor está en la carcel y los villanos andan sueltos.

 xxx

 Quienes se han quedado colgados de la brocha ante la reacción internacional por el encarcelamiento de los twitteros, son los servidores públicos, políticos y texto servidores, que a priori juzgaran y condenaran a los dos cibernautas presos, sin mayores elementos a considerar que con ello respaldaban al gobernador Duarte de Ochoa; exigiendo todo el peso de la ley para los “terroristas” irresponsables que presuntamente propiciaran zozobra entre  padres de familia y conductores de vehículos en la conurbación de Veracruz-Boca del Río.

 En igual tesitura quedan quienes a nombre de “la razón políticamente correcta”, pontificaran sobre la necesidad de regular desde nuestra aldea a las redes sociales y, por extensión, a la red de redes. Resultando más papistas que el Papa, quienes se tomaran la libertad de recomendar responsabilidad y buen comportamiento en el uso y disfrute de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s), a partir de la experiencia que se vive con los dos twitteros aún presos en Veracruz. Exigiendo o recomendando a los internautas respeto a las buenas costumbres y comportamiento ético y moral para no dañar los intereses de terceros, ni vulnerar la buena imagen de las sagradas instituciones que se ha dado la sociedad.

 Esto último, un verdadero contrasentido. ¿Quién de nuestra excelsa academia pueblerina, tiene la calidad moral suficiente para exigir a las nuevas generaciones respeto al convulso mundo que les estamos heredando?

 ¿Quién de nuestra ramplera, corrupta y acomodaticia clase política, tiene cara y calidad para exigir a los usuarios de la internet un comportamiento ético y moral del que ésta adolece? No puede exigir o recomendar aquello de lo cual carece.

 Más que pontificar y recomendar, lo justo es preguntar a las nuevas generaciones ¿que esperan aún de nosotros? Su respuesta posiblemente sería un rotundo tapón de boca. ¿O no lo cree así, estimad@ lector?

 1.      La Constitución General de la República establece en el Artículo 14 que: “a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

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