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Daily Archives: octubre 7th, 2011

De interés público

Emilio Cárdenas Escobosa

La salida de Reynaldo Escobar Pérez de la Procuraduría de Justicia de Veracruz por “razones personales”, fue recibida, como no se recuerda en la historia de los relevos burocráticos en la entidad, con beneplácito por amplios sectores sociales. 

Era casi unánime la duda sobre las razones que llevaron al gobernador a haberlo propuesto como procurador y luego a mantenerlo en esa responsabilidad. Muchos no se explicaban –o sí, pero no lo decían en voz alta- la permanencia en el cargo de Reynaldo tras los desatinos e incongruencias exhibidas, especialmente ante la cadena de hechos de sangre que catapultaron a las primeras planas de medios nacionales e internacionales el problema de la inseguridad en la entidad y pusieron contra las cuerdas a la imagen del gobierno estatal y del propio mandatario Javier Duarte.  

El septiembre negro veracruzano –como lo definiera el periodista Raymundo Riva Palacio- fue el Waterloo del gabinete de seguridad del gobernador Duarte. La ola delictiva presente desde hace años, agravada al iniciar su administración, y llevada al paroxismo con las masacres en Boca del Río, terminaron de horrorizar a la opinión pública nacional y llevar a analistas respetables y comunicadores de prestigio de todo el país a preguntarse ¿qué está pasando en Veracruz?  

Con la mira del país puesta en la entidad, la inercia y la escuela de los años recientes cuando se minimizaba cuanto hecho violento aconteciera en la entidad, ya no eran, bajo ningún punto de vista, funcionales. Y esa era -¿o sigue siendo?- justamente la tónica del gobierno estatal y sobre todo del ex procurador. 

Pero lo peor es que Javier Duarte se vio en serios predicamentos ante los malabares declarativos de Escobar, lo que según varias versiones los llevó a sostener ríspidos desencuentros en los días recientes -marcados por el desdén del subordinado a las instrucciones del superior- que tendrían su epílogo con la contundencia de la realidad siempre negada, que pulverizó los mensajes, discursos y proclamas triunfalistas, y, sobre todo, precipitó la decisión del gobernante. 

Sin embargo, no deja de extrañar que se señalen “razones personales” para justificar su cese y se diga que su salida nada tiene que ver con el saldo trágico de más de 70 cadáveres que se contabilizan ya en apenas dos semanas en Veracruz. 

Se entiende que el gobernador no se haya dejado presionar por los anuncios de la salida del Procurador que hicieron diversos medios informativos hace poco más de una semana, a partir de filtraciones de su entorno cercano -o como se señala con insistencia, por la exigencia del gobierno federal- y que con base en el “principio de autoridad” haya decidido retrasar la decisión, cuya tardanza solo hubo de sobreexponerlo a un durísimo golpeteo mediático.

Pero el hallazgo de 32 cadáveres en casas de seguridad en Boca del Río, el mismo día en que arrancó el operativo Veracruz Seguro, donde al parecer se les olvidó que el mando de las acciones lo tiene el gobierno federal, con la Secretaría de Marina al frente, fue la gota que derramó el vaso; y más con el contradictorio manejo informativo de la oficina de prensa del gobierno veracruzano en este caso.  

Por eso, antes de nuevas inconsistencias y dudas sobre las filiaciones de las víctimas, el curso de las indagatorias de la Procuraduría y demás datos, se adelantó la salida del fiscal, que era inminente y a todas luces necesaria. Pues, ineficiencias aparte, si alguien personificaba la sombra del ex mandatario Fidel Herrera sobre el joven gobernante era él. 

Escobar Pérez deja la fiscalía del estado luego de una polémica gestión donde se pueden citar varios episodios. 

El de los twiteros detenidos por causar alarma el pasado 25 de agosto en la conurbación Veracruz-Boca del Río, hecho que fue duramente cuestionado por usuarios de redes sociales, organizaciones internacionales, analistas políticos y periodistas nacionales y extranjeros, quienes demandaban al gobierno de Javier Duarte la liberación de los detenidos, lo que finalmente ocurrió al desistirse la Procuraduría de Veracruz de las acusaciones de terrorismo y sabotaje por las que se pedía una pena de 30 años de prisión. Este hecho, que llevó a la administración estatal a proponer al Congreso local adiciones al Código Penal del Estado para tipificar el delito de perturbación del orden público, con una penalidad máxima de 4 años y que beneficiaría a los inculpados, fue uno de los asuntos que marcaron la gestión de Escobar Pérez 

También en su expediente queda el caso de los ejecutados en Boca del Río durante la Cumbre de procuradores y presidentes de tribunales superiores de justicia del país que generó una oleada de señalamientos al fiscal veracruzano por la celeridad con que  estableció que los 35 asesinados tenían nexos con grupos delincuenciales; hecho que habría de ser refutado por el gobierno federal y que ocasionó que a estas fechas aún no se decida la atracción del caso por la Procuraduría General de la República. 

El hallazgo del cuerpo de la joven Gabriela Arlene Benítez Ybarra, reportada como desaparecida por sus familiares, y que originó una intensa búsqueda a lo largo de la entidad, involucró también en la polémica al titular de la PGJE, pues al inicio de la denuncia del caso declaró que se trataba de un hecho de “violencia intrafamiliar”, sugiriendo que la infortunada joven de 17 años podría haber salido de casa por ese motivo. Situación evidentemente alejada de la realidad. 

En julio de este año, a raíz de la ejecución de la reportera del diario Notiver, Yolanda Ordaz, el rotativo pidió en un duro editorial la renuncia de Escobar Pérez por presumir posibles nexos de periodistas con el narcotráfico. En ese texto se condenaba enérgicamente las declaraciones hechas por el funcionario en las que descartó a priori que el asesinato de la reportera pudiera estar relacionado con su profesión y señaló al narcotráfico como la única línea de investigación, además de indicar que se investigaría a comunicadores. 

El ex alcalde de Xalapa y secretario de gobierno en la administración de Fidel Herrera Beltrán deja una procuraduría en su punto más bajo de credibilidad y duramente cuestionada por propios y extraños. Ya tendrá oportunidad el gobernador Javier Duarte de sacar la lámpara de Diógenes para buscar a quien habrá de sucederlo. 

¡Y pensar que el Congreso local reformó la Constitución Política del Estado y otros ordenamientos especialmente para que él, Reynaldo Escobar, pudiera ser electo por los diputados como fiscal! ¡Quién iba a imaginar entonces lo que se vendría! 

Ahora no se sabe si, como ha ocurrido con otros funcionarios removidos de sus cargos, será  reubicado como “asesor” del gobernante, pero lo que sí es seguro, es que como Procurador pocos, muy pocos, lo extrañarán.  

jecesco@hotmail.com

www.cronicadelpoder.com

Veracruz en Red

Xalapa,Ver 7-Oct-11(VRed).- La vocera del Gobierno de Veracruz, Gina Domínguez confirmó la renuncia del Procurador de justicia del estado Reynaldo Escobar Pérez en su lugar queda como encargado de despacho el subprocurador de la zona centro, Marco Antonio Lezama Moo.

El gobernador Javier Duarte de Ochoa aceptó este viernes la renuncia que por motivos personales le presentó el licenciado Reynaldo Escobar Pérez al cargo de Procurador General de Justicia del Estado de Veracruz. 

El mandatario veracruzano designó como Encargado de Despacho al Suprocurador Marco Antonio Lezama Moo, quien estará al frente de la Procuraduría General de Justicia del Estado hasta que la LXII Legislatura del Estado analice y apruebe la propuesta que envíe el Ejecutivo estatal. 

Tal y como lo marca el artículo 33, fracción XX y el artículo 53, de la Constitución Política de Veracruz; el artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia son atribuciones del Congreso del Estado ratificar la propuesta de Procurador presentada por el Gobernador. 

El gobernador Javier Duarte de Ochoa reconoce y agradece el trabajo realizado por el licenciado Reynaldo Escobar Pérez.

Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

Las telecomunicaciones y la Internet deben ser vistas como un mecanismo de emparejamiento entre las regiones, como un nivelador social”. Javier Duarte de Ochoa 

Parece contradictorio que por una parte el gobierno de Veracruz exprese paranoia ante la “libertad de expresión” en la Internet y, por otro, auspicie el acceso a este importantísimo medio de comunicación como derecho universal, destinando recursos para fortalecer una herramienta comunicacional que permita el que todos se incorporen a la sociedad del conocimiento.

A mi juicio no hay tal contradicción. Una cosa va aparejada a la otra, retroalimentándose, en tanto que lo que está en juego no es la “libertad de expresión”, como podrían considerar los ya famosos e “irresponsables” tuiteros veracruzanos y algunos comunicadores. Más bien la contradicción se da entre el concepto tradicional de lo que conocemos como libertad de expresión, con los objetivos últimos de la comunicación de masas en la democracia de mercado.

Quitando toda la paja demagógica del discurso del Dr. Duarte de Ochoa, pronunciado durante la inauguración del Centro de Operaciones de la Red Estatal de Educación, Salud y Gobierno, lo que a mi juicio de sustantivo se rescata es el propósito de adecuar el uso de la Internet en la entidad a las necesidades globales del mercado, amén de contar con un instrumento de control político que, como en su caso la televisión, fortalezca afanes de legitimación ideológica, enajenación social y gobernanza neoliberal.

Si la intención fuera otra, antes que pensar en el acceso a la aún utópica sociedad del conocimiento se actuaría, primero, a favor de reducir los índices de desigualdad, pobreza, exclusión y abandono que aún subsisten entre la gran familia veracruzana, antes que pretender que las condiciones económicas y sociales existentes en la entidad estén dadas para el acceso universal a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s) como medio para “igualar el desarrollo”.

Partiéndose de la premisa de lo que debemos entender por desarrollo en un país que no logra superar los límites del subdesarrollo.

Provocar a internautas desinformados para después a partir de ello dorarnos la píldora con un esfuerzo modernizador, parece ser la tónica seguida; advirtiendo Duarte de Ochoa que: “La Internet sirve para unir, no para desunir. La Internet y las nuevas herramientas de comunicación deben servir para poder desarrollar con mayor oportunidad a una sociedad; son instrumentos de construcción, no de destrucción, y por esas razones la administración que me honro encabezar, va a realizar los esfuerzos más importantes, va a canalizar los recursos que permitan a los veracruzanos estar mejor comunicados”. Mensaje con el que suele justificarse el interés de las poderosas transnacionales de la comunicación que, oponiéndose al control gubernamental de la red de redes en nombre de la “libertad de expresión”, en realidad abogan a favor de la libertad de mercado en el globalizado mundo virtual del ciberespacio.

El objetivo último es privatizar la educación, la salud, la infraestructura y servicios públicos, poniéndoles al servicio del gran capital. Si el Estado es incapaz por sí mismo de asegurar el derecho universal a una vida digna, el sector privado entra en su auxilio, bajo los cánones del capital y con el herramental tecnológico más idóneo a sus intereses.  Eh ahí el mensaje.

Releyendo a Armand Mattelart (La hipnosis de la nueva economía y el progreso), me encuentro un párrafo en el que el autor advierte que: “El sistema democrático peligra en la sociedad de la información”, aduciendo “… existe tal riesgo por la sumisión a las tecnologías y al mercado más allá de cualquier proyecto social y político, aunado a la ofensiva con el concepto de democracia de mercado de los grandes lobbys empresariales, usando siempre el argumento de que cualquier regulación en el ámbito de la comunicación es censura”. Así, “… en defensa de sus intereses, sostienen que el consumidor debe ser el único juez, concepción con la que se liquida la política pública”. Resultando, por tanto, que para la gran empresa la “libertad de expresión” en la red, como fenómeno comunicacional, es un medio para los fines del mercado y no un derecho social en sí a reivindicar por la sociedad.

En otro párrafo, el autor señala que: “Hay una invasión y, a la vez, una cesión de los Estados de su propia soberanía. La expansión de la comunicación se hace a costa de la privatización de espacios previamente públicos y esa desregulación alcanza en ocasiones la privatización de derechos fundamentales, se pone en juego la libertad de expresión, el derecho a la información de los ciudadanos y muchos valores que están en la médula de lo cívico”.

Como tema vigente en nuestros días, valdría la pena entonces que la academia pudiera interesarse en profundizar lo  mismo en el fenómeno de las TIC´s y la sociedad del conocimiento, que en los alcances de los “propósitos modernizadores” del gobierno de Veracruz, si acaso lo explicitado por el gobernador tuviera algún sustento teórico más allá de su interés político coyuntural.

Para el caso que nos ocupa, desafortunadamente, lo referente a la sociedad del conocimiento y el carácter igualador del desarrollo que el Dr. Duarte de Ochoa le atribuye a las nuevas herramientas de la comunicación, sólo son frases hechas, salpicando a modo el discurso triunfalista.

Para los veracruzanos de a pié,  francamente no tiene sentido el escudriñar los propósitos neoliberales implícitos, no vale la pena ocuparse o preocuparse por ahora en un tema por demás complejo. De antemano sabemos que no hay dinero en las arcas públicas para emprender en Veracruz una tarea de tal magnitud, como el asegurar el acceso universal a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Lo que sí  debería preocuparnos como contribuyentes es el por qué y para qué una antena madre en un “tele puerto”, cuando la administración pública veracruzana no tiene ni pies ni cabeza, ni se explicita oficialmente lo que para el gobierno de Veracruz debemos entender como sociedad del conocimiento y que beneficios acarrearía ésta a una población que, en el marco del subdesarrollo, arrastra a más del 40 por ciento de sus miembros en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

Igualmente debería preocuparnos el costo de lo proyectado, así como el beneficio privado que se derivaría de la compra de tecnología de punta, asesoría, capacitación y equipos para satisfacer las buenas intenciones del gobernador. Y, por obvio, a cuanto ascendería el diezmo de rigor.

No es que no se confíe a priori en la administración pública, lo que pasa es que la burra no era arisca…

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