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Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

Las telecomunicaciones y la Internet deben ser vistas como un mecanismo de emparejamiento entre las regiones, como un nivelador social”. Javier Duarte de Ochoa 

Parece contradictorio que por una parte el gobierno de Veracruz exprese paranoia ante la “libertad de expresión” en la Internet y, por otro, auspicie el acceso a este importantísimo medio de comunicación como derecho universal, destinando recursos para fortalecer una herramienta comunicacional que permita el que todos se incorporen a la sociedad del conocimiento.

A mi juicio no hay tal contradicción. Una cosa va aparejada a la otra, retroalimentándose, en tanto que lo que está en juego no es la “libertad de expresión”, como podrían considerar los ya famosos e “irresponsables” tuiteros veracruzanos y algunos comunicadores. Más bien la contradicción se da entre el concepto tradicional de lo que conocemos como libertad de expresión, con los objetivos últimos de la comunicación de masas en la democracia de mercado.

Quitando toda la paja demagógica del discurso del Dr. Duarte de Ochoa, pronunciado durante la inauguración del Centro de Operaciones de la Red Estatal de Educación, Salud y Gobierno, lo que a mi juicio de sustantivo se rescata es el propósito de adecuar el uso de la Internet en la entidad a las necesidades globales del mercado, amén de contar con un instrumento de control político que, como en su caso la televisión, fortalezca afanes de legitimación ideológica, enajenación social y gobernanza neoliberal.

Si la intención fuera otra, antes que pensar en el acceso a la aún utópica sociedad del conocimiento se actuaría, primero, a favor de reducir los índices de desigualdad, pobreza, exclusión y abandono que aún subsisten entre la gran familia veracruzana, antes que pretender que las condiciones económicas y sociales existentes en la entidad estén dadas para el acceso universal a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s) como medio para “igualar el desarrollo”.

Partiéndose de la premisa de lo que debemos entender por desarrollo en un país que no logra superar los límites del subdesarrollo.

Provocar a internautas desinformados para después a partir de ello dorarnos la píldora con un esfuerzo modernizador, parece ser la tónica seguida; advirtiendo Duarte de Ochoa que: “La Internet sirve para unir, no para desunir. La Internet y las nuevas herramientas de comunicación deben servir para poder desarrollar con mayor oportunidad a una sociedad; son instrumentos de construcción, no de destrucción, y por esas razones la administración que me honro encabezar, va a realizar los esfuerzos más importantes, va a canalizar los recursos que permitan a los veracruzanos estar mejor comunicados”. Mensaje con el que suele justificarse el interés de las poderosas transnacionales de la comunicación que, oponiéndose al control gubernamental de la red de redes en nombre de la “libertad de expresión”, en realidad abogan a favor de la libertad de mercado en el globalizado mundo virtual del ciberespacio.

El objetivo último es privatizar la educación, la salud, la infraestructura y servicios públicos, poniéndoles al servicio del gran capital. Si el Estado es incapaz por sí mismo de asegurar el derecho universal a una vida digna, el sector privado entra en su auxilio, bajo los cánones del capital y con el herramental tecnológico más idóneo a sus intereses.  Eh ahí el mensaje.

Releyendo a Armand Mattelart (La hipnosis de la nueva economía y el progreso), me encuentro un párrafo en el que el autor advierte que: “El sistema democrático peligra en la sociedad de la información”, aduciendo “… existe tal riesgo por la sumisión a las tecnologías y al mercado más allá de cualquier proyecto social y político, aunado a la ofensiva con el concepto de democracia de mercado de los grandes lobbys empresariales, usando siempre el argumento de que cualquier regulación en el ámbito de la comunicación es censura”. Así, “… en defensa de sus intereses, sostienen que el consumidor debe ser el único juez, concepción con la que se liquida la política pública”. Resultando, por tanto, que para la gran empresa la “libertad de expresión” en la red, como fenómeno comunicacional, es un medio para los fines del mercado y no un derecho social en sí a reivindicar por la sociedad.

En otro párrafo, el autor señala que: “Hay una invasión y, a la vez, una cesión de los Estados de su propia soberanía. La expansión de la comunicación se hace a costa de la privatización de espacios previamente públicos y esa desregulación alcanza en ocasiones la privatización de derechos fundamentales, se pone en juego la libertad de expresión, el derecho a la información de los ciudadanos y muchos valores que están en la médula de lo cívico”.

Como tema vigente en nuestros días, valdría la pena entonces que la academia pudiera interesarse en profundizar lo  mismo en el fenómeno de las TIC´s y la sociedad del conocimiento, que en los alcances de los “propósitos modernizadores” del gobierno de Veracruz, si acaso lo explicitado por el gobernador tuviera algún sustento teórico más allá de su interés político coyuntural.

Para el caso que nos ocupa, desafortunadamente, lo referente a la sociedad del conocimiento y el carácter igualador del desarrollo que el Dr. Duarte de Ochoa le atribuye a las nuevas herramientas de la comunicación, sólo son frases hechas, salpicando a modo el discurso triunfalista.

Para los veracruzanos de a pié,  francamente no tiene sentido el escudriñar los propósitos neoliberales implícitos, no vale la pena ocuparse o preocuparse por ahora en un tema por demás complejo. De antemano sabemos que no hay dinero en las arcas públicas para emprender en Veracruz una tarea de tal magnitud, como el asegurar el acceso universal a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Lo que sí  debería preocuparnos como contribuyentes es el por qué y para qué una antena madre en un “tele puerto”, cuando la administración pública veracruzana no tiene ni pies ni cabeza, ni se explicita oficialmente lo que para el gobierno de Veracruz debemos entender como sociedad del conocimiento y que beneficios acarrearía ésta a una población que, en el marco del subdesarrollo, arrastra a más del 40 por ciento de sus miembros en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

Igualmente debería preocuparnos el costo de lo proyectado, así como el beneficio privado que se derivaría de la compra de tecnología de punta, asesoría, capacitación y equipos para satisfacer las buenas intenciones del gobernador. Y, por obvio, a cuanto ascendería el diezmo de rigor.

No es que no se confíe a priori en la administración pública, lo que pasa es que la burra no era arisca…

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