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De interés público

Emilio Cárdenas Escobosa

La salida de Reynaldo Escobar Pérez de la Procuraduría de Justicia de Veracruz por “razones personales”, fue recibida, como no se recuerda en la historia de los relevos burocráticos en la entidad, con beneplácito por amplios sectores sociales. 

Era casi unánime la duda sobre las razones que llevaron al gobernador a haberlo propuesto como procurador y luego a mantenerlo en esa responsabilidad. Muchos no se explicaban –o sí, pero no lo decían en voz alta- la permanencia en el cargo de Reynaldo tras los desatinos e incongruencias exhibidas, especialmente ante la cadena de hechos de sangre que catapultaron a las primeras planas de medios nacionales e internacionales el problema de la inseguridad en la entidad y pusieron contra las cuerdas a la imagen del gobierno estatal y del propio mandatario Javier Duarte.  

El septiembre negro veracruzano –como lo definiera el periodista Raymundo Riva Palacio- fue el Waterloo del gabinete de seguridad del gobernador Duarte. La ola delictiva presente desde hace años, agravada al iniciar su administración, y llevada al paroxismo con las masacres en Boca del Río, terminaron de horrorizar a la opinión pública nacional y llevar a analistas respetables y comunicadores de prestigio de todo el país a preguntarse ¿qué está pasando en Veracruz?  

Con la mira del país puesta en la entidad, la inercia y la escuela de los años recientes cuando se minimizaba cuanto hecho violento aconteciera en la entidad, ya no eran, bajo ningún punto de vista, funcionales. Y esa era -¿o sigue siendo?- justamente la tónica del gobierno estatal y sobre todo del ex procurador. 

Pero lo peor es que Javier Duarte se vio en serios predicamentos ante los malabares declarativos de Escobar, lo que según varias versiones los llevó a sostener ríspidos desencuentros en los días recientes -marcados por el desdén del subordinado a las instrucciones del superior- que tendrían su epílogo con la contundencia de la realidad siempre negada, que pulverizó los mensajes, discursos y proclamas triunfalistas, y, sobre todo, precipitó la decisión del gobernante. 

Sin embargo, no deja de extrañar que se señalen “razones personales” para justificar su cese y se diga que su salida nada tiene que ver con el saldo trágico de más de 70 cadáveres que se contabilizan ya en apenas dos semanas en Veracruz. 

Se entiende que el gobernador no se haya dejado presionar por los anuncios de la salida del Procurador que hicieron diversos medios informativos hace poco más de una semana, a partir de filtraciones de su entorno cercano -o como se señala con insistencia, por la exigencia del gobierno federal- y que con base en el “principio de autoridad” haya decidido retrasar la decisión, cuya tardanza solo hubo de sobreexponerlo a un durísimo golpeteo mediático.

Pero el hallazgo de 32 cadáveres en casas de seguridad en Boca del Río, el mismo día en que arrancó el operativo Veracruz Seguro, donde al parecer se les olvidó que el mando de las acciones lo tiene el gobierno federal, con la Secretaría de Marina al frente, fue la gota que derramó el vaso; y más con el contradictorio manejo informativo de la oficina de prensa del gobierno veracruzano en este caso.  

Por eso, antes de nuevas inconsistencias y dudas sobre las filiaciones de las víctimas, el curso de las indagatorias de la Procuraduría y demás datos, se adelantó la salida del fiscal, que era inminente y a todas luces necesaria. Pues, ineficiencias aparte, si alguien personificaba la sombra del ex mandatario Fidel Herrera sobre el joven gobernante era él. 

Escobar Pérez deja la fiscalía del estado luego de una polémica gestión donde se pueden citar varios episodios. 

El de los twiteros detenidos por causar alarma el pasado 25 de agosto en la conurbación Veracruz-Boca del Río, hecho que fue duramente cuestionado por usuarios de redes sociales, organizaciones internacionales, analistas políticos y periodistas nacionales y extranjeros, quienes demandaban al gobierno de Javier Duarte la liberación de los detenidos, lo que finalmente ocurrió al desistirse la Procuraduría de Veracruz de las acusaciones de terrorismo y sabotaje por las que se pedía una pena de 30 años de prisión. Este hecho, que llevó a la administración estatal a proponer al Congreso local adiciones al Código Penal del Estado para tipificar el delito de perturbación del orden público, con una penalidad máxima de 4 años y que beneficiaría a los inculpados, fue uno de los asuntos que marcaron la gestión de Escobar Pérez 

También en su expediente queda el caso de los ejecutados en Boca del Río durante la Cumbre de procuradores y presidentes de tribunales superiores de justicia del país que generó una oleada de señalamientos al fiscal veracruzano por la celeridad con que  estableció que los 35 asesinados tenían nexos con grupos delincuenciales; hecho que habría de ser refutado por el gobierno federal y que ocasionó que a estas fechas aún no se decida la atracción del caso por la Procuraduría General de la República. 

El hallazgo del cuerpo de la joven Gabriela Arlene Benítez Ybarra, reportada como desaparecida por sus familiares, y que originó una intensa búsqueda a lo largo de la entidad, involucró también en la polémica al titular de la PGJE, pues al inicio de la denuncia del caso declaró que se trataba de un hecho de “violencia intrafamiliar”, sugiriendo que la infortunada joven de 17 años podría haber salido de casa por ese motivo. Situación evidentemente alejada de la realidad. 

En julio de este año, a raíz de la ejecución de la reportera del diario Notiver, Yolanda Ordaz, el rotativo pidió en un duro editorial la renuncia de Escobar Pérez por presumir posibles nexos de periodistas con el narcotráfico. En ese texto se condenaba enérgicamente las declaraciones hechas por el funcionario en las que descartó a priori que el asesinato de la reportera pudiera estar relacionado con su profesión y señaló al narcotráfico como la única línea de investigación, además de indicar que se investigaría a comunicadores. 

El ex alcalde de Xalapa y secretario de gobierno en la administración de Fidel Herrera Beltrán deja una procuraduría en su punto más bajo de credibilidad y duramente cuestionada por propios y extraños. Ya tendrá oportunidad el gobernador Javier Duarte de sacar la lámpara de Diógenes para buscar a quien habrá de sucederlo. 

¡Y pensar que el Congreso local reformó la Constitución Política del Estado y otros ordenamientos especialmente para que él, Reynaldo Escobar, pudiera ser electo por los diputados como fiscal! ¡Quién iba a imaginar entonces lo que se vendría! 

Ahora no se sabe si, como ha ocurrido con otros funcionarios removidos de sus cargos, será  reubicado como “asesor” del gobernante, pero lo que sí es seguro, es que como Procurador pocos, muy pocos, lo extrañarán.  

jecesco@hotmail.com

www.cronicadelpoder.com

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