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Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

Veracruz, “estado próspero”, munipios pobres

Una de las más agudas contradicciones de la administración pública veracruzana, radica en la distribución regional de los presupuestos municipales. La polarización en la asignación de recursos destinados a obras y servicios a cargo de los Ayuntamientos, es evidente, recreándose año con año lo mismo marginación que desigualdad y pobreza microregional, gracias a la carencia de visión de Estado de la Legislatura local en turno.

Al perro más flaco se le cargan todas las pulgas, castigándose a la población más vulnerable a un proceso permanente de falta de oportunidades, en el que la dialéctica del subdesarrollo hace de la desigualdad denominador común irreversible,  en perjuicio de quienes menos tienen en todo el ámbito estatal. Los Ayuntamientos menos favorecidos presupuestalmente, marcan rumbo y destino de Veracruz.

Así, mientras se insiste en que el gobierno estatal da una batalla frontal contra pobreza y desigualdad, la distribución del presupuesto de egresos municipal indica que en realidad se propicia la profundización de tales flagelos.

El presupuesto de egresos para el 2012 asignado por la diputación local a los 212 Ayuntamientos, no indica otra cosa. Mientras que por un lado a los ocho municipios poblacionalmente más importantes de Veracruz, se les favorece en promedio con más de 463 millones de pesos para solventar las necesidades de sus respectivos programas anuales de gasto corriente e inversión, a los diez más pobres, también en promedio, se les asignan apenas 8 millones anuales, destacando el de Cuetzala con 6.9 millones de pesos.

A nadie en la diputación local se le ocurre siquiera pensar que la exclusión y falta de oportunidades en los Municipios pobres, habra de repercutir necesariamente en mayor desigualdad y pobreza en los Municipios con mayores privilegios. La migración de los bolsones de pobreza a los municipios más favorecidos en busca de empleo y oportunidades de sobrevivencia, incrementa a su vez las necesidades crecientes de obras, servicios públicos, gobernanza y paz social en éstos últimos, haciendo nugatorio propósitos y objetivos de crecimiento económico y desarrollo, presuntamente considerados en la asignación presupuestal desigual y focalizada con énfasis en los municipios con mayores índices de desarrollo relativo.

Si lo que se pretende es fortalecer polos de desarrollo específicos, a partir del presupuesto asignado a los diez Ayuntamientos más favorecidos, suponiendo que éstos derramarán beneficios compensatorios a los más pobres de su entorno regional y microregional, los resultados esperados actuarán en contrario, igualando pobreza y desigualdad en todo el estado.

El Sr. Doctor Duarte de Ochoa en uno de sus mensajes navideños declaró que: “El orden, la disciplina y la eficacia en el ejercicio presupuestal permitirán el desarrollo en todas las regiones del estado”, pidiendo  a las autoridades municipales “que apliquen estos criterios de la administración pública estatal para generar economías que permitan hacer más obras y acciones en beneficio de los veracruzanos”. Propósito sustentado en una lógica razonable, sin orden, disciplina y eficacia en el ejercicio de la función pública, no hay gobierno que salga adelante. No obstante, cuando se atiende a la distribución presupuestal en los 212 Ayuntamientos de la entidad, lo primero que salta a la vista es que aquellos con una asignación inferior a los 10 millones de pesos anuales por ejercer, están de hecho imposibilitados no solamente para ser eficaces, también para “generar  economías que permitan hacer más obras y acciones en beneficio de los veracruzanos”. Si no cuentan con recursos para contratar un policía de esquina, menos para mantener una administración eficiente.

Eso sin considerar que la mayoría de los Ayuntamientos pobres arrastran adeudos de las administraciones anteriores.

Así, con un presupuesto de egresos de supervivencia, poco o nada pueden aportar estos Ayuntamientos al desarrollo estatal, agudizando sí, las condiciones de desigualdad y pobreza microregional y regional cancelando oportunidades de crecimiento a sus gobernados.

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