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Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

Lejos de asumir una actitud autocrítica, ajustando discurso y quehacer a la cada vez mayor exigencia y reclamo democratizador de una ciudadanía harta y desencantada, la partidocracia, curándose en salud ante lo que se viene en la elección de julio próximo, a instancias de la bancada del PRI en San Lázaro está por aprobar la obligatoriedad del sufragio así como sanciones en caso de incumplimiento. Medida cómoda de endilgarle a la llamada sociedad civil la crisis del régimen político en México.

 Tal reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), tendría plena vigencia a partir de la elección federal de presidente, senadores y diputados en julio próximo, buscándose de acuerdo a lo declarado por el diputado priísta David Sánchez Guevara, que el voto no sólo sea un derecho sino una obligación,  como aporte a la democracia.

 “El voto voluntario ha debilitado el sistema de representación política y ha elevado los costos de la democracia”, afirmó el legislador del PRI. Reflejando el miedo de los partidos políticos que, en su conjunto, han sido incapaces de generar credibilidad y confianza en una ciudadanía que les ve más como un estorbo a la democratización de la vida pública de México que como catalizadores de la voluntad popular.

 No es circunstancial el que hoy en la Cámara baja del Congreso de la Unión se discuta y esté por aprobarse la reforma citada. Es público y sabido que al no merecer confianza y credibilidad tanto partidos políticos como sus candidatos a cargos de elección popular, crece la tendencia en amplias capas de la sociedad al abstencionismo y, en el mejor de los casos, al voto en blanco o nulo. Tendencia que la partidocracia contempla como amenaza real a la legitimación de la elección presidencial.

 Tampoco es circunstancial que la credencial para votar que expide el IFE, sea considerada por los mexicanos más como instrumento de identificación para la vida cotidiana que como herramienta para ejercer en democracia el derecho al voto.

 No obstante los números frios de los resultados de las últimas elecciones federales y locales en el país, los partidos políticos con mayor apego a intereses personales y de grupo que a ganarse la confianza de la gente, no han hecho nada para revertir la tendencia, antes al contrario, la estimulan insistiendo en ofertar más de lo mismo a una ciudadanía harta de simulación, corrupción e impunidad en todos los órdenes de la vida política nacional.

 De ahí que, lejos de asimilar la nueva realidad del país, la partidocracia pretenda, con medidas autoritarias, más que enriquecer nuestra incipiente democracia, imponer el ejercicio del voto como una obligación; forzando a la ciudadanía a acatar a rajatabla lo que bien a bien conviene a los partidos políticos, como si cuantitativamente a mayor número de sufragios se enriqueciera cualitativamente un sistema de representación política que, de facto, tiene secuestrada tanto a la ciudadanía como a las vida pública de México, incluidas las instituciones nacionales y el Estado de Derecho.

 Así que la obligatoriedad del voto propuesta por el PRI, criminalizando la abstención y pervirtiendo la intencionalidad del ejercicio de un derecho constitucional, se suma a los diversos factores que negativamente inciden en el proceso electoral federal en marcha, contribuyendo a su atipicidad y agudizando el rechazo de aquellos, mayoría por cierto, que consideran que la elección de presidente de la República, Senadores y diputados, sirve para maldita la cosa, salvo para mantener un statu quo que propicia atraso y retroceso en todos los órdenes de la vida nacional.

 Los partidos políticos tendrían que dar respuesta, con ánimo autocrítico, a la interrogante que bulle en el ánimo del electorado: ¿Elecciones para qué?

 Desafortunadamente, la autocrítica y la voluntad de actuar en consecuencia, no cabe en un régimen político decadente, obsoleto y bueno para nada, que tiempo ha dejara de ser paradigma de representación de la voluntad popular y sí, una carga demasiada onerosa en la construcción de la balbuceante democracia.

 El alto costo de los procesos electorales, se pretende justificar ampliando el número de votantes obligados y no enriqueciéndoles a partir de la participación libre, consciente y consecuente de la ciudadanía. Fórmula simplista de una clase política sin imaginación y sin vergüenza, para un pueblo al que se le sigue considerando menor de edad. ¡Vaya ofensa a la inteligencia popular!

Xalapa, Ver.-

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