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Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

Con el ánimo y prisa de dejar atrás en el imaginario popular el aún inconcluso y cuestionado proceso electoral federal, gobierno y partidos políticos en Veracruz “afinaron” la iniciativa que turnada al Congreso local por el Sr. Dr. Javier Duarte de Ochoa propone un nuevo Código Electoral

“La propuesta de ley se enriquece con el esfuerzo y talento de los legisladores del Congreso del estado, así como de diversos actores políticos y sociales de la entidad”, señaló el mandatario veracruzano tras reunirse con legisladores y dirigentes de PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Cardenista y Alternativa Veracruzana, haciendo un reconocimiento a la “aportación y riqueza de ideas de los protagonistas de los procesos electorales”, según reza el boletín oficial.

Considerando que por principio la iniciativa del gobernador fuera todo un bodrio siendo rechazada lo mismo por los partidos políticos que por diversos estudiosos y analistas en tanto atentaba contra la libertad de expresión y coartaba  derechos democráticos de la ciudadanía, se considera un avance el que previa modificación de 118 artículos y la supresión de 4, se lograra el consenso necesario para que un día después la Legislatura local aprobara en “Fast track” las reformas de marras. Hasta ahí lo positivo del encuentro del gobernante con las diversas expresiones políticas representadas en el Congreso.

 No obstante queda en el aire la idea de que si bien el consenso se diera entre la clase política veracruzana, facilitando el que sin mayor discusión se aprobara al vapor y por unanimidad el nuevo ordenamiento, el electorado como protagonista sustantivo cual mirón de palo no fue consultado.

Como ya es costumbre, la diputación local respondió a los intereses de sus respectivos partidos políticos y estos a conveniencia de sus dirigencias. Así, un instrumento de vital importancia en la construcción de ciudadanía y democracia en la entidad, queda inscrito en la  telaraña de intereses copulares de espaldas al electorado.

Lo que ya no es extraño es que los partidos de la llamada izquierda,  que a nivel nacional dicen secundar el Programa de Defensa de la Democracia y Dignidad propuesto por Andrés Manuel López Obrador, se presten de buen grado tanto a la cortina de humo auspiciada por el gobierno priísta de Veracruz como sin pudor alguno den su aval al ahora prácticamente nuevo Código Electoral veracruzano,  aprobado con el desconocimiento pleno de su contenido por una ciudadanía no consultada.

Aunque esto último responde a la lógica del maiceo tan común en la relación entre el gobierno estatal y los partidos políticos, en forma y contenido peca de una desvergonzada incongruencia que, ni tardo ni perezoso, el gobernador Duarte de Ochoa capitaliza en provecho propio y, de paso, pone en bandeja de plata al PRI la oportunidad de asumirse como un instituto político democrático de avanzada, cuando en todo el país  se le juzga por autoritario, antidemocrático y falaz.

Llegará el momento en que las reformas al Código electoral veracruzano operen en contra de los intereses de los partidos opositores. Entonces estos  habrán de desgarrarse las vestiduras y llamar al pueblo a clamar justicia electoral, arando en el desierto. Sin autoridad moral y política que esgrimir, el electorado les dará la espalda.

Palo dado ni Dios lo quita, las reformas al Código Electoral están aprobadas y no obstante carecer de legitimidad de inmediato serán promulgadas para su aplicación n el 2013. Ojala y más que fuere a posteriori, la clase política veracruzana se tome la molestia de difundir ampliamente el articulado aprobado para que, cuando menos, el electorado sepa a que atenerse en los próximos comicios locales.

Una raya antidemocrática más en el lomo de la partidocracia. Ni hablar.

Lo que queda aún en duda, es si el artificio de una unidad política comprada será suficiente para que el Sr. Dr. Duarte de Ochoa logre remontar en el corto plazo los efectos colaterales de su reciente derrota electoral, logrando darle rumbo certero a su cuestionada administración. Mérida, Yuc. Agosto 1 de 2012.

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