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Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

“Pude concretar tres promesas expresadas al llegar al poder: primero voy a hacer lo necesario, después lo posible y, cuando menos lo imagine, estaré haciendo lo imposible. Quedó probado que es factible crecer distribuyendo riqueza”. Luiz Inacio Lula da Silva

La “Comisión Plural Nacional De Preservación del Entorno político de Equidad en la competencia Electoral”, creada como instrumento del Consejo Rector del llamado Pacto por México para entre los diversos partidos políticos cuidarse unos a otros, habla por sí del clima de descomposición que priva en la partidocracia, así como de la necesidad de generar nuevas reglas del juego que restablezcan certeza y confianza tanto en los procesos como en las instituciones comiciales.

En el actual escenario de nuestra tan incipiente como deformada democracia representativa, en tanto no se actualicen las reglas del juego electoral, adecuándolas legal y operativamente al México plural de hoy día, equidad y competencia entre las diversas fuerzas político electorales serán tema permanente de cuestionamiento de legitimidad democrática.

Lo grave de esta situación que pareciera ser insoluble, es que la administración y control del conflicto político resultando insuficiente e ineficaz, arrastra al resto de la vida económica y social del país, frenando crecimiento económico y bienestar de la población.

Frente a ello, no hay pacto o comisión que con visión de largo aliento ordene y arbitre el quehacer político en un régimen desgastado y evidentemente obsoleto,  en tanto el contexto general acuse profundización de descomposición, corrupción e impunidad en todos los órdenes de la vida política nacional.

Pacto y crecimiento

Como es dable observar, un pacto nacional sustentado en acuerdos políticos cupulares, sin base social de apoyo, que de facto sustituye al Congreso de la Unión en la toma de las grandes decisiones que a su vez son respuesta a recomendaciones externas, más que contribuir a las tareas del desarrollo propicia confusión e incertidumbre en la planta productiva, así como malestar entre los sectores más vulnerables de la población. El resultado, cuando menos en el corto plazo,  es el crecimiento “del Producto Interno Bruto, a niveles insatisfactorios” a decir del presidente Peña, así como una creciente tendencia a la protesta ciudadana organizada en torno a movimientos sociales contestatarios que se multiplican como hongos.

Preocupante que la tasa de evasión tributaria sobre el impuesto a la renta empresarial de acuerdo con indicadores del BID, alcance ya alrededor de 48 por ciento (La Jornada 19/05/2013), lo que a su vez lleva aparejada la evasión de responsabilidades de seguridad social, en un país en el que empleo, masa salarial, consumo y crecimiento económico de la mano se soportan en la micro, pequeña y mediana empresa, cuyo deterioro es evidente no obstante generar el 53% del PIB (Vanguardia 19/05/2013).

Esto en el marco de políticas públicas que inercialmente privilegian un modelo de crecimiento económico y distribución del ingreso que no se corresponde con la obvia necesidad de fortalecer un mercado interno deprimido. La creciente pauperización de grandes sectores de clase media que se suman a los pobres de siempre; la precarización del empleo y el congelamiento del salario, así como el incremento galopante de la economía informal, interactúan sobre la oferta y la demanda de bienes y servicios, castigándose al consumo y, por ende, a una la fábrica nacional estancada y ya en franco retroceso.

La OCDE y la inviabilidad de lo imposible

Ya en enero pasado comentaba que la paradoja existente entre fortaleza macroeconómica y la microeconomía que descansa en el bolsillo de los mexicanos, es una ecuación no resuelta que limita los márgenes de maniobra del nuevo gobierno. 

Hoy dos noticias alarmantes lo confirman: la revisión a la baja por parte de la Secretaría de Hacienda de la tasa de crecimiento estimada para el presente año, y la advertencia de la misma dependencia federal de que de persistir el bajo índice de crecimiento se verá afectado el ingreso fiscal y, por ende, la disponibilidad presupuestal para atender los compromisos gubernamentales.

Anuncio que pone sobre la mesa la necesidad de revisar y recortar metas en los compromisos asumidos por el Sr. Peña, tanto en su discurso de campaña como en la temática de propósitos y objetivos del llamado pacto por México. La paradoja persiste y el margen de maniobra se reduce tanto en lo político como en lo económico, con repercusiones en lo social.

Situación propicia para que la OCDE recomiende al gobierno de México profundizar en los procesos de privatización de recursos energéticos, educación y salud, así como en la política fiscal eliminando la tasa cero en el IVA para alimentos y medicinas para fortalecer finanzas públicas.

Lo inquietante de este ramillete de recomendaciones es que en el seno del “Consejo Rector” del llamado pacto por México, el gobierno federal y la partidocracia las hagan suyas, como hasta ahora se ha caminado en el tema de las reformas presuntamente estructurales ya aprobadas por el Congreso de la Unión, cuya iniciativa no surge premeditadamente del presidente Peña sino de organismos internacionales como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y la OCDE.

Renunciando de facto el gobierno de México a políticas públicas redistributivas del ingreso y abatimiento de la desigualdad, para atender requerimientos sistémicos internacionales de incremento de plusvalía y tasa de ganancia del capital como “blindaje” frente a la crisis globalizada. No siendo circunstancial que el secretario de hacienda a su vez llame a la “democratización de la productividad” para socializar las pérdidas y privatizar las utilidades, como también lo recomienda la OCDE para acelerar el crecimiento.

Políticas sociales

De persistir tal situación, el hilo habrá de reventarse por lo más delgado: la cruzada nacional contra el hambre. El énfasis de la acción de gobierno en un clima nacional de privatizaciones, se pondrá en la creación de infraestructura e  inversión productiva para reactivar la economía. La justicia social, como siempre, no traspasará los límites del asistencialismo público y privado, persistiendo desigualdad y pobreza en espera de mejores tiempos.

Si para Luiz Inacio Lula en Brasil la tónica de su gobierno fue: primero lo necesario, después lo posible y, cuando menos se imaginara, estaría  haciendo lo imposible,  para el régimen a cargo del Sr. Peña, la tónica a seguir será el someter lo deseable a lo posible ante la inviabilidad de lo imposible. Lo necesario ante la escasez de recursos y la obligatoriedad de atender recomendaciones externas, quedará fuera de agenda.

“El logro de un Estado eficaz para una democracia de resultados” no ha caminado más allá del slogan de campaña. El ímpetu con el que inicia el Sr. Peña su gobierno, se ve frenado por una terca realidad que lo mismo en lo político que en lo social y económico, no sabe de pactos, treguas y acuerdos cupulares. El divorcio entre política y economía es evidente, la justicia social es la que hoy y siempre paga el pato. Cd. Caucel, Yuc., mayo 19 de 2013.

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