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Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

Pidiéndole a Dios en días de guardar… y que les dan de palos.

Las adecuaciones a la Ley General de Educación de Veracruz son cuestiones de “semántica” y la apoyan los 19 sindicatos de trabajadores del magisterio en el estado, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Nicolás Callejas Arroyo (La Jornada Veracruz 16/04/14).

Con ello justificó el ignominioso acto de sumisión del poder legislativo al ejecutivo y de este último al presidencialismo en retorno.

Si partimos de la idea de que lo que el término semántica significa, la justificación de marras es más que simbólica, expresando el nivel de desvergüenza que hoy alcanza una pseudo representación popular ajena a lo que semánticamente deberíamos entender por democracia representativa. Sin embargo, da pie también a preguntarse si el sainete legislativo contribuye por sí mismo al objetivo de una educación de calidad en Veracruz o, significativamente apunta en sentido contrario contribuyendo al clima de hartazgo de una sociedad que ya no ve lo duro sino lo tupido.

Para quien esto escribe, ni diputado ni pedagogo, simple observador y comentarista de lo que percibe en el entorno, cabe pensar que la farsa “semántica” tiene otra lectura que va más allá de lo anecdótico,  la referida a la situación que vive México con el cuestionado e ilegítimo arribo de Peña Nieto a la presidencia de la república y, por lo consiguiente, sus reformas a bote pronto y en cascada que por desconocimiento de la historia nacional o mala fe, el Sr. Peña califica como estructurales; marco de referencia para medianamente entender la actitud servil del Congreso de Veracruz.

Para nadie es  ya un secreto que una de las condicionantes a que se enfrenta  el presidente para llevar adelante su proyecto neoliberal de despojo del capital social de los mexicanos, es, por un lado, el peso inercial de una sociedad que le  ha retirado al poder público su confianza y credibilidad, así como el comportamiento errático de una economía que no crece haciendo nugatorias las hasta ahora en el papel bondades de las susodichas reformas y, por el otro, la resistencia de gobiernos, clase política y poderes fácticos locales a las modificaciones a un statu quo afín a sus aldeanos intereses. Estas condicionantes, entre otras que sesudos analistas podrían agregar,  se combinan y retroalimentan entre sí en la mayor parte del territorio nacional, restándole capacidad de maniobra al gobierno federal.

De ahí la necesidad del Sr. Peña de priorizar el reconstruir el carácter centralista del régimen de gobierno, acotando tanto el poder como el  quehacer político, económico y social que la llamada transición democrática pusiera en manos de los gobernadores.  

Rescatar el presidencialismo otrora hegemónico como razón de Estado y el autoritarismo como medio para lograrlo, es  propósito y estrategia; aterrizar reformas y profundizar en el modelo neoliberal al costo social que sea,  el objetivo.

Para el cuestionado presidente, a mi juicio parece ser que no hay otro camino viable frente a una realidad nacional política y social que se le resiste y que objetivamente, se ve reflejada en el estancamiento económico, crisis del régimen político  y malestar de la gente.

Tarea nada fácil. En las condiciones actuales del país tanto el presidente de la república como los gobernadores se necesitan entre sí para asegurar gobernanza y gobernabilidad. Más cuando ambos órdenes de gobierno se enfrentan hoy día a la amenaza de una ola delincuencial  que a ratos les rebasa. El problema en sí es que ni uno ni otros parecen estar dispuestos a ceder en sus diferencias, generando lo mismo simulación que confusión entre órdenes de gobierno y entre poderes constitucionales, en detrimento del  mínimo de unidad nacional requerido para salir del bache.

Podría decirse que el Sr. Peña tiene razón al reclamar el fortalecimiento de un centralismo autoritario, ya que los gobiernos estatales no han estado a la altura de sus responsabilidades, antes al contrario, a lo largo de más de doce años de libertinaje han auspiciado el recrudecimiento de la corrupción, desvío de recursos, endeudamiento injustificado, pésima administración y hartazgo de la población en la mayoría si no es que en todas las entidades federativas.

Los gobiernos locales, por su parte, podrían argumentar a su favor temas de soberanía, independencia y autonomía estatal, enmarcados en el pacto federal, pero sin tener cara para negar la presunción probada del presidente de la república, como es el caso Veracruz.

Y en eso estamos, los tres órdenes de gobierno estiran la soga, tirando cada quién para su santo llevando agua a su molino respectivo, sin que los cambios legales aprobados y promulgados  logren poner pie a tierra. Lo grave es que esta situación se da al margen de una ciudadanía que pareciera no tener vela en el entierro.

Consecuencia de este estira y afloja entre federación y entidades federativas -al que la población, insisto, asiste como mirón de palo-, es un evidente retroceso en la vida política del país, pagando los platos rotos nuestra incipiente y balbucéante democracia; trayéndose hoy a colación el eterno debate nunca superado en los hechos entre federalismo y centralismo como forma de gobierno en México. Retroceso de facto que cuestiona y vulnera tanto el pacto social en que se sustenta el Estado-nación como el necesario equilibrio entre centro y periferia del poder formal en el quehacer económico y control político.

A mi modesto entender, es en este escenario que habría que ubicar la farsa legislativa que en Veracruz deja mal parado a un gobernador que se ha colocado entre la espada y la pared; obligado de dientes para afuera a someterse al mandato autoritario del centro,  deberá a su vez enfrentar localmente a una movilización magisterial exacerbada por la interpretación “semántica” de la mayoría de los diputados de lo que conviene a Veracruz en materia educativa.

Como corolario, ante la opinión pública el Sr. Dr. Javier Duarte de Ochoa no queda bien con Peña Nieto ni con la gran familia veracruzana. Su carencia de oficio político le exhibe como incapaz de entender a que juega el presidente de México y que esperan de él los veracruzanos, al precipitarse vulnerando de facto la división de poderes y autonomía estatal no está ni con dios ni con el diablo como se pudo observar el pasado lunes en el puerto jarocho.

Hojas que se lleva el viento

“Enemigo de la familia veracruzana” es la nueva etiqueta que se le cuelga al Sr. Dr. Javier Duarte de Ochoa. Una más al darle la espalda al pueblo que dice gobernar cediendo ante la demanda del pulpo camionero de incrementar el pasaje en el servicio de transporte público urbano y suburbano.

Lo señalamos en artículo anterior, en la relación ingreso-gasto de los trabajadores el primero ya no alcanza para atender lo segundo. El equilibrio está roto, la capacidad real de acceso de las mayorías a la llamada canasta básica, es deficitaria. El ingreso familiar es insuficiente para satisfacer todas las necesidades básicas y en este marco el gasto mensual por transporte tiene un peso significativo.

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