Pulso crítico
J. Enrique Olivera Arce
La diferencia quizá radique en que la corrupción oficial se exhibe con desverguenza en el aparador público, en tanto que la privada se oculta tras la cortina de la hipocresía y la simulación.
En el marco del ya tortuoso camino que desembocará en la elección federal de julio próximo, mientras los partidos políticos rasgándose las vestiduras se pierden en una inacabable espiral de acusaciones y reclamos mutuos, México se hunde; la incertidumbre crece, la violencia desborda y la pobreza toca a la puerta de las clases medias. La respuesta a una crisis palpable es la indiferencia sustentada en el flagelo histórico de la corrupción.
Los últimos acontecimientos en el penal de Apodaca, Nuevo León, hablan por sí mismos del nivel de deterioro de la sociedad mexicana. Más allá de la culpabilidad personal o gubernamental de la masacre que ahí tuviera lugar, lo que sale a flote como verdad insoslayable es el dominio de la corrupción en todos los ámbitos de la vida nacional.
Sin combatirle, empezando por vencer a la deshonestidad intelectual que nos niega la posibilidad de valorar causa y efecto, la guerra contra todo aquello que se opone a crecimiento económico, desarrollo y bienestar para todos, de antemano está perdida y, peor aún, se pone en condiciones de alto riesgo a la gobernabilidad republicana justificando hasta sus últimas consecuencias la tesis del Estado fallido.
En este pesimista escenario, la guerra contra la violencia delincuencial que necia y reiteradamente pone en primer plano Calderón Hinojosa, nació muerta. Como ya lo dejara entrever el general secretario, sus resultados conducen a un doble poder en el que extensas regiones del país están controladas por la delincuencia.
Podrán argumentarse cualquier tipo de justificaciones respecto a los lamentables hechos ocurridos en Apodaca, la cruda verdad es que apenas constituye un pálido reflejo de la realidad nacional. Por sobre cualquier otra consideración, el denominador común que corroe hasta el tuétano a la sociedad mexicana es la corrupción imperante. Sin la presencia de esta no se daría tal estado de cosas.
No es posible ya seguir por este equívoco camino. La amenaza del desastre está a la vista de todos. La corrupción anida desde los niveles más humildes de los hogares mexicanos hasta los más encumbrados de la vida política y empresarial del país, sin que se haga nada al respecto. De ahí que el flagelo de la corrupción se haga acompañar lo mismo de de la simulación y la impunidad que de la indiferencia ciudadana.
“La corrupción somos todos”, aseveró el ex presidente José López Portillo, e independientemente del sentido e intencionalidad justificatoria de su apreciación, tenía razón. Por comisión u omisión lo mismo peca el que mata la vaca que el que le agarra la pata. Comisión y omisión se interactúan y retroalimentan, así como se retroalimentan causa y efecto en una sociedad enferma que se niega a reconocer lo avanzado de la enfermedad.
Nadie está a salvo. Todos incurrimos en menor o mayor medida tanto en auspiciar corrupción e impunidad, como en tolerarla, sin tomar conciencia de que si su enquistamiento en la clase política y el servicio público es consecuencia histórica de un dejar hacer, dejar pasar desde los remotos tiempos del México colonial, es porque aceptándola todos nos beneficiamos de ella en múltiples sentidos. Cómodo es ver la paja en el ojo ajeno, lo intolerable es aceptar la presencia de la viga en el propio.
La diferencia quizá radique en que la corrupción oficial se exhibe con desverguenza en el aparador público, en tanto que la privada se oculta tras la cortina de la hipocresía y la simulación.
Ninguna guerra se gana con tanques y cañones sin el sustento de una base social que respalde la acción emprendida. Combatir la delincuencia sin la aceptación tácita por parte de la sociedad de que el enemigo principal está en nuestras propias filas, augura la más estruendosa de las derrotas. En tanto la sociedad en su conjunto no tome conciencia del como las causas últimas de la proliferación de la violencia criminal se retroalimentan con las diversas manifestaciones de corrupción pública y privada y se actúe en consecuencia, las batallas que se libran para abatir lo mismo inseguridad que pobreza y desigualdad, de antemano están perdidas, aunque Calderón Hinojosa afirme lo contrario.
Acusaciones, reclamos, dimes y diretes entre la clase política, es el anuncio anticipado de la derrota. Del doble poder a la ingobernabilidad sólo hay un paso, la elección de julio en la que se disputará el poder formal no es la solución para un Estado fallido si no va acompañada de un compromiso a fondo de sanear a la Nación.-
Xalapa, Ver., 29 de febrero de 2012
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