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Tag Archives: Carestía

leon@jornada.com.mx


El gobierno ha tratado, ya en varias ocasiones desde que se desató la actual crisis, de estimular a la economía para contrarrestar los efectos adversos de la fuerte recesión productiva y la pérdida de empleos.


No obstante, los resultados del primer semestre del año son bastante negativos, con grandes caídas del nivel de producción, del consumo y de la inversión.


El sector de las manufacturas, otrora el motor del crecimiento por la vía de las exportaciones, ha registrado una fuerte contracción y sigue dependiendo casi por completo de la demanda de Estados Unidos. La producción de petróleo está de capa caída.


El decrecimiento de la economía ha tenido, igualmente, un gran efecto negativo en las finanzas públicas, y con la disminución de los ingresos tributarios –incluyendo los petroleros– se ha abierto un déficit fiscal grande que hay que contener.


Se ha anunciado recientemente otro paquete de medidas de estímulo a la producción y al empleo. No se conoce el resultado de los anteriores paquetes aplicados desde octubre del año pasado. Este último conjunto de diez medidas no es muy distinto a los anteriores.


El piso de las posibles acciones del gobierno a estas alturas ha sido claramente expuesto por el subsecretario de Hacienda, Alejandro Werner. No queda mucho espacio más que contraer fuertemente el gasto público y aumentar los impuestos.


La política económica tiene dos grandes características para que se acreciente su efectividad y son: la oportunidad y la mezcla de los instrumentos que se utilizan. Por supuesto que detrás de ello debe haber una suficiente claridad de lo que se quiere lograr y de las fricciones políticas que se provocan.


No hay manera de evitar el surgimiento de conflictos cuando aumentan los costos de la intervención pública derivados de la reasignación de los recursos. Es decir, primero en cuanto a su redistribución entre el sector privado y el gobierno y, luego, de su redistribución entre las empresas y las familias.


Estamos precisamente en esa situación en la que dichos conflictos no se pueden ni siquiera tratar de encubrir, sino que se van a manifestar de manera muy evidente.


Hay, por cierto, mucho de dónde cortar el gasto público y reducir la ineficiencia gubernamental. Esto no sólo en cuanto a la operación corriente en todos sus niveles, sino también en cuanto a la desviación de recursos para mantener arreglos políticos que este país ya no resiste.


No es claro que existan, sin embargo, los incentivos para que esto ocurra, pues la estructura de las relaciones de poder no los crea. Ahí están, y sólo como botones de muestra: el sector educativo, Pemex, el Poder Judicial y el Congreso, aunque la lista es muy larga.


El subsecretario Werner señala de modo expreso el problema de la mezcla de políticas. Estímulos a la producción y al empleo, por un lado; restricción al consumo y más carga sobre el ingreso mediante impuestos más altos, por el otro.


Es un cóctel cuyo resultado puede ser muy distinto al esperado, debido, sobre todo, al frágil estado en el que se encuentra la economía. Los precios de los bienes producidos por empresas públicas subirán también y será más difícil mantener los niveles actuales de la inflación.


Con respecto a la oportunidad, lo que en inglés llaman el timing, lo que se puede decir es que a estas alturas no hay mucho espacio para dónde hacerse. Las condiciones financieras se están deteriorando rápidamente.


Las calificadoras de riesgo bajan el rango de calidad de la deuda pública, el mercado cambiario reacciona al alza casi de inmediato, se siguen usando reservas para apoyar al peso y, pronto, las tasas de interés tendrán que empezar subir. La cada vez más precaria estabilidad no podrá sostenerse ni por la vía de la recesión, como ha ocurrido hasta ahora.


La recuperación económica en Estados Unidos va a ser muy lenta. La tasa de desempleo volvió a subir en agosto, aunque el decrecimiento del producto se ha frenado. Todo ello con un gasto público enorme y una gran acumulación de deuda.


Si se reconoce que el margen de maniobra aquí es muy estrecho. Los estímulos deben ser más audaces en un marco de fuerte restricción como el que prevalece. Si estos estímulos son menores a las restricciones que se derivan de la política fiscal, saldremos más castigados.


Las cargas del ajuste en curso tienen que negociarse mediante una acción política más decisiva. No es tiempo de preciosismos sobre la eficacia de las medidas tributarias y fiscales en general.


Distribuir los costos en un escenario de gran desigualdad social es irremediable, y la experiencia reciente como fue el caso del Fobaproa-IPAB y el salvamento de los bancos en 1995, con nuevas modalidades ahora más evidentes, no puede seguirse repitiendo sin contención alguna.


A corto plazo la carestía será sumamente costosa y esto en un entorno de decrecimiento de los ingresos de la gran mayoría de las familias y de un mayor endeudamiento. La presión social será demasiado grande. Estamos en el filo de la navaja.

La Jornada. México. 07/09/09

Los usuarios domésticos pagan tres veces más que las fábricas y productores de gran nivel

Patricia Muñoz Ríos. La Jornada 30/12/08

Llegan hasta casi 50 por ciento las reducciones tarifarias que recibirán los industriales mexicanos del país en el pago del servicio de energía eléctrica, según el acuerdo que autorizó la Secretaría de Hacienda para la restructuración de los costos de suministro y venta de energía, determinada desde noviembre pasado.

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) señaló ayer lo anterior y expresó que, si de por sí los industriales pagan ya tarifas menores que los usuarios de consumo doméstico y comercial, ahora saldrán todavía más beneficiados. Señaló que fue la Secretaría de Energía, a instancias de la Comisión Federal de Electricidad, la que propuso a Hacienda restructurar las tarifas que rigen este servicio, así como la modificación de las disposiciones complementarias al costo del suministro y venta de luz.

Ello con el fin de favorecer a los industriales de altos consumos, para los cuales se estableció la denominada “H-SF”, tarifa horaria especial para servicio general de alta tensión, la cual tendrá “cargos fijos” que se aplicarán a estos empresarios de todo el país.

Carlos Fernández-Vega: México SA

Incumple el personaje que prometió bajar el precio de la luz a “los más necesitados”


La Jornada. 30/12/08

Allá por los dorados tiempos de la campaña electoral, un candidato chaparro, pelón y de lentes (Manuel Espino dixit) aseguraba que “lo que no le cobren a la gente a través de tarifas se lo van a cobrar a través de más impuesto, o a través de más inflación, o a través de más deuda, que también son más impuestos a final de cuentas; la clave está en desenmascarar ese engaño”.

Más de dos años después, ese candidato, impuesto como inquilino de Los Pinos, a esa misma gente le ha cobrado más impuestos, le ha incrementado la deuda, le ha duplicado, cuando menos, la tasa inflacionaria comprometida y, para redondear, no se ha cansado en eso de aumentar precios. Es el mismo personaje que en campaña prometió reducir tarifas eléctricas a “los más necesitados” (“los que menos tienen” era una frase de la competencia).

Pues bien, para no ser tan estrictos hay que decir que cumplió esa promesa de campaña, aunque con un pequeño desvío de objetivo: no ha reducido tarifas eléctricas a “los más necesitados”, sino a quienes más tienen, o lo que es lo mismo a los grandes industriales del país, los que menor empleo generan, pero se quedan con la gran tajada. “No se trata de sacarle a la gente de una bolsa para metérsela en la otra”, decía en campaña. Y también cumplió, con el matiz de que “la otra” bolsa pertenece al gran capital industrial, que suele serlo, también, de las finanzas y los servicios.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Energía, los consumidores de energía eléctrica que dan cuerpo a la gran industria no pasan de 700, o lo que es lo mismo, 0.002 por ciento del universo. A quienes en tiempos de campaña prometió reducirles las tarifas eléctricas no les ha cumplido, por mucho que represente, cerca de 90 por ciento de dicho universo.

La empresa mediana, según la misma estadística, consumidora de energía eléctrica agrupa a 223 mil establecimientos, 0.7 por ciento del citado universo, con el agravante de que este sector es un gran generador de empleo, junto con la mediana y pequeña empresa.

Si se atiende el “argumento” de campaña, 99.998 por ciento de los consumidores de energía eléctrica en el país no son candidatos a que el ahora inquilino de Los Pinos cumpla su promesa de campaña. En cambio, 0.002 por ciento sí, y lo es tanto que el gobierno decidió -sin utilizar el aparato propagandístico, como suele hacerlo con sus “obras para que vivamos mejor”- retirar subsidios a los consumidores domésticos para rencauzarlos a los siempre democráticos barones de la industria.

Leemos en La Jornada de ayer: “en forma subrepticia, el gobierno federal modificó en el último bimestre de este año las tarifas del servicio eléctrico para beneficiar a los grandes industriales y mayores consumidores del país y darles mejores condiciones de pago, e incluso está trasladando a los empresarios subsidios que tenían los usuarios domésticos, mientras para los ciudadanos en 2009 las tarifas de luz se incrementarán en forma mensual… En cuanto a la modificación de las tarifas a escala nacional, información de las secretarías de Hacienda y Energía revela que desde la última semana de noviembre se cambió el esquema tarifario para ‘eliminar el efecto de la volatilidad de los precios de los combustibles y (evitar) que las variaciones inflacionarias’ afectaran a los industriales del país que tienen elevados consumos. Según Hacienda, se trata de ‘atenuar’ el impacto del mayor costo de la energía para los grandes productores del país -nacionales como extranjeros-, ampliar las opciones de pago y adoptar un esquema de cargos fijos para los usuarios industriales de alta tensión… Para el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, de nueva cuenta se trata de beneficiar a las empresas privadas y darles mejores condiciones de pago, e incluso se trasladan subsidios que tenían los usuarios domésticos a los industriales. Sin embargo, para los consumidores domésticos durante 2009 seguirá incrementándose el costo de la energía eléctrica, ya que los cobros se determinan tomando como referente el costo de la unidad de medición del gas internacional y no el costo de producción nacional” (nota de Patricia Muñoz).

En dos años de “continuidad”, siempre según la Secretaría de Energía, los hogares consumidores de energía eléctrica se incrementaron alrededor de 8 por ciento; los comerciales cerca de 7 por ciento; los agrícolas 3.6 por ciento; los de la empresa mediana casi 14 por ciento y los pertenecientes a la gran industria cero por ciento; es decir, son los mismos quienes, un año sí y el siguiente también, son receptores de un beneficio que en tiempos de campaña fue comprometido para el grueso de los mexicanos. Y tiene razón: no es lo mismo el voto de los habitantes de casi 28.5 millones de hogares, que los de 700 grandes empresarios; tampoco los tiempos son iguales: una vez instalado en Los Pinos, los importantes son los segundos, y los primeros que arreen.

Mientras a unos les reducen las tarifas eléctricas, al resto se las incrementan, porque de alguna parte hay que sacar los recursos para que la gran industria -igual de grande cuando de financiamiento de campañas políticas se trata, no sin olvidar su grueso altero de facturas bajo el brazo- sea “estimulada” y pueda alcanzarse el objetivo de “atenuar” el impacto inflacionario (Hacienda dixit).

De acuerdo con el Banco de México, desde que el gobierno federal registró, así sea en silencio, que el “catarrito” carstensiano (de Agustín Carstens) tenía dimensiones de pulmonía doble, el crecimiento del índice de precios en electricidad ha sido superior a 34 por ciento (junio-noviembre), una proporción soberanamente alejada de aquella promesa de campaña sobre la reducción de tarifas.

Lo mejor del caso es que ya se aproxima una nueva etapa electoral, y el único consuelo que queda a los mexicanos es pasar la factura a los candidatos y partidos políticos incumplidores de promesas de campaña. De ser así, el problema resultante es que México se quedaría sin unos y otros.

En la eventualidad de que el Congreso de la Unión fijara un techo a las tasas de interés, se estaría desconociendo la forma en que operan las instituciones de crédito, dijo Castillo Sánchez-Mejorada.


México.- Lo que busca el Congreso de la Unión en materia de tasas de interés va más allá del aspecto bancario, porque se trata de fijar un control de precios al costo del dinero y eso no sería constructivo, ni en éste ni en ningún sistema financiero; sería anticonstitucional y antieconómico, dijo Enrique Castillo Sánchez-Mejorada, presidente de la Asociación de Bancos de México, al rechazar la propuesta.

Nota completa en:  milenio.com


La inflación, en el punto más alto de los últimos 7 años


Alzas notables en tarifas de bienes y servicios, energéticos y víveres. Se ubica 2% arriba del promedio de los aumentos salariales.

El crecimiento de los precios en noviembre se elevó 1.14 por ciento, con lo que de manera anualizada acumula ya un alza de 6.23 por ciento, la más alta de los últimos siete años.

En su reporte sobre inflación correspondiente a noviembre, el Banco de México (BdeM) dio a conocer que el aumento de precios fue impulsado por las alzas en tarifas de bienes y servicios administrados, gasolina, electricidad y gas, particularmente, así como por el precio de frutas y verduras.

Nota completa en: La Jornada


La industria automotriz pide crédito para resistir


La venta de automóviles en México cayó 19.6 por ciento durante noviembre con un total de 78 mil 553 unidades comercializadas, mientras que en el acumulado de los primeros 11 meses reportó un decremento de 5.1 por ciento con un total de 924 mil 223 vehículos. La industria en general enfrenta problemas de liquidez debido a la contracción en el otorgamiento de crédito por parte de las financieras de marca, que son aquellas que inyectan recursos tanto para la venta al público, como a las propias armadoras en el país.

Por ello, según Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), el sector está solicitando un préstamo de tres mil millones de dólares al gobierno federal a través de Nacional Financiera (Nafin), que les ayudaría a sortear la situación en los próximos seis meses.

Nota completa en:  Excélsior.com.mx

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