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Tag Archives: Crisis del régimen político

Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

Sin el menor asomo de respeto a la inteligencia de los veracruzanos, gobierno, partidos políticos  y medios de comunicación afines, reducen el quehacer político a un pedestre ejercicio de intercambio de dimes y diretes, chismes y especulaciones sin sustento, privándole de propósitos, objetivos y tareas trascendentes.  Haciendo prevalecer el interés coyuntural de una minoría social por sobre el interés común de una sociedad lastimada, ofendida, harta de más de lo mismo, sin rumbo claro ni timonel, que día con día acusa mayor deterioro lo mismo en su percepción de inseguridad que en sus perspectivas de bienestar y sana convivencia entre diferentes.

Los obligados a dar seguridad, certeza y expectativas de progreso, han reducido a la vida política de la entidad a un lastimero, enfermo  y larvario estado de cosas, en el que la nota dominante de cada día está llamada a profundizar más y más  en el estercolero antes que el intentar buscar una salida medianamente racional a la crisis que tiene postrado a Veracruz.

Empero, la lumpen política no es privativa de la entidad jarocha. El país entero transita por el mismo empantanado detritus fruto de la corrupción, pérdida de rumbo y ausencia de un timonel con hechura de estadista. El bien común sometido a los intereses malsanos de pandillas sin escrúpulos. Reflejando, insisto por enésima vez, el punto de quiebre de un régimen obsoleto con fecha de caducidad vencida que se hace acompañar de un modelo económico y social agotado.

Perdidas las formas, pero sobre todo el mínimo respeto a la ciudadanía, el cinismo, descaro, simulación y corrupción en todas sus manifestaciones de la llamada clase política, se impone por sobre la razón de Estado. Correspondiéndole a la sociedad en su conjunto el pagar los platos rotos en tanto que la minoría favorecida con la lumpen política a modo, no teniendo llenadera se despacha a su antojo con la cuchara grande.

Para infortunio de las mayorías, empobrecidas material y moralmente, estas se niegan a ver más allá de su ombligo. Guardando silencio cómplice o siguiéndole el juego lo mismo a la llamada clase política, que a los medios de comunicación afines cuyo interés último es hacer negocio con el morbo popular, fruto de la ignorancia o el valemadrismo cuidadosamente sembrados en la sociedad por la misma lumpen política del régimen caduco.

Y es en este marco referencial en el que se ubican los procesos electorales del 2017 y 2018. Mientras la llamada clase política y medios de comunicación afines hace su agosto hurgando como distractor entre su propio estercolero, las mayorías, salvo contadas excepciones en resistencia, se aprestan a sufragar validando con su voto la supervivencia de un régimen que ya les es ajeno. ¿Hasta cuándo?

Hojas que se lleva el viento

El que tenga limpia la cola, con autoridad política y moral que lapide la casa del vecino, caso contrario calladito se vería más bonito. ¿O no es así gobernador Yunes Linares?

La deshonestidad intelectual también es corrupción.

Cd. Caucel, Yucatán, abril 26 de 2017

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Pulso crítico

Enrique Olivera Arce 

La información que en la semana en curso ha levantado ámpula, es la concerniente al conflicto que al interior de MVS, culminara con el despido de Carmen Aristegui y la salida del aire del programa informativo que conducía la destacada comunicadora e icono del periodismo independiente nacional.

Dado el clima de incredulidad y desconfianza para con todo lo que provenga del poder público que a nivel nacional prevalece, la primera reacción de la opinión pública fue de un justificado “sospechosismo” sobre una presunta intervención presidencial en la toma de la decisión adoptada por los propietarios de MVS, así como de un masivo respaldo a la conductora y su equipo de trabajo.

La percepción en el imaginario colectivo fue y sigue siendo la de un golpe más a la libertad de expresión y no un simple conflicto entre particulares como puntualiza la Segob,  considerándose que la argumentación para justificar el despido de Aristegui y su equipo de trabajo no pasa de ser un pueril pretexto tras el cual se oculta la mano presidencial.

En este nocivo clima que confronta al poder público con la ciudadanía, la opinión pública personaliza el affaire, colocando a los despedidos como víctimas de una manifestación autoritaria de un régimen político rebasado por la realidad e incapaz de recuperar confianza y credibilidad.

Observándose, sobre todo en las redes sociales, que la población percibe que más allá de  la simpatía, y solidaridad que la destacada periodista y su programa informativo concitan, está presente y es motivo de preocupación colectiva un hecho de la mayor relevancia, como una más y obvia escalada de un autoritarismo gubernamental en contra de la libertad de expresión y de la libertad de información como derechos inalienables del pueblo de México.

Escalada que no se daría en el vacío. Estaría encuadrada a mi juicio en la pérdida de confianza del poder público en una ciudadanía que el mismo presidente considera estorba por incrédula y obstáculo para el terso aterrizaje de sus reformas y consolidación del modelo de país que, cupularmente, se estima panacea idónea para abandonar las canchas del subdesarrollo.

Si esto es así, tanto el Sr. Peña como los intereses particulares que representa, no contaban para sus propósitos con el despertar de una sociedad cansada, lastimada y harta de corrupción y expoliación. Carmen Aristegui, en su carácter de mensajero, reflejando tal descontento social resulta incómoda para quienes se niegan a ver y escuchar el sonoro caminar de una realidad que ya no se puede ocultar con un dedo. Había que salir a parar y que mejor que recurrir a la manida fórmula de conflicto de intereses mercantiles entre una empresa periodística y sus subordinados.

La información periodística tiene dos puntas, la emisión y la recepción del mensaje. Es obvio que con la cancelación de un programa informativo, crítico tanto por su contenido como por su amplia cubertura a nivel nacional e internacional, se afecta a ambos extremos del mecate. Eliminado el mensajero, emisión y recepción se pliegan a los intereses del régimen. Vulnerándose de un solo tajo lo mismo la libertad de expresión que el derecho de la ciudadanía a estar bien informada, como bien lo apuntara Andrés Manuel López Obrador al meter basa en el conflicto, sugiriendo se resuelva el diferendum por medio del diálogo, ya que los espacios independientes son muy pocos en México.

Luego la supresión del programa informativo líder en MVS, va más allá de un conflicto empresarial de intereses en la que la primera perjudicada es Aristegui. Creo que así debe entenderse, como también creo debe entenderse que el pretexto aducido por la empresa de medios no es otra cosa que un mensaje por interpósita persona del gobierno peñista a la prensa nacional (como bien lo sospecha la opinión pública), acotando lo mismo el quehacer del periodismo que el ejercicio de la crítica y descalificación de la actuación gubernamental por una ciudadanía cada vez más propensa a expresar públicamente descontento, hartazgo y resistencia.

La impotencia manifiesta del régimen político para revertir incredulidad y desconfianza en favor de los propósitos y objetivos gubernamentales, habla por sí de la no aceptación de más crítica que azuce el avispero. Más si este talante crítico trasciende las fronteras nacionales y obtiene eco en el marco internacional, proyectando una imagen que pone en entredicho cualitativa y cuantitativamente desempeño y alcances reformistas del gobierno de México en su afán de apertura a la inversión extranjera y entrega del bien público al capital privado.  

MVS, Aristegui y en general la amplia audiencia que ha seguido el programa informativo en cuestión, pierden pero mayor daño acusa el ya de si deteriorado clima de incertidumbre de un México titubeante que no encuentra rumbo.

La pregunta obligada es si no estando el horno para bollos, la medida presidencial a tras mano se revertirá o no en contra del afán reformista neoliberal.

La respuesta a esta interrogante está en el aire. Empero, la ciudadanía ya suma lo que considera una afrenta,  al acumulado que Ayotzinapa pusiera al desnudo.

Libertad de expresión y libertad de empresa

Adicionalmente a todo esto que ventilado mediáticamente ya está en la calle, el conflicto de intereses que se vive al interior de MVS también pone en evidencia la confrontación entre libertad de prensa (de empresa) y libertad de expresión. La crisis por la que atraviesa el país ya no da cabida a la conciliación entre uno y otro derecho constitucional. La libertad de prensa garantiza aunque acotado por la ley, el ejercicio del periodismo como un negocio mercantil lucrativo más en la vida económico-empresarial del país, en tanto que la libertad de expresión es un derecho universal que transversalmente atañe a todos por igual, teóricamente en la vida en democracia no tiene acotación alguna,  y cuyo precio no se tasa en dinero.

MVS lo deja establecido muy claro, haciéndose eco del sentir de la industria de la comunicación y entretenimiento: la libertad de expresión termina cuando vulnera el carácter mercantil de la libertad de prensa, atentando contra los negocios e intereses de la empresa.

Conversando sobre el tema con el propietario de un medio de comunicación local que difunde el sueño duartista de que aquí no pasa nada, vamos bien, éste fue claro y contundente: “La actitud asumida por MVS en contra de Carmen Aristegui está plenamente justificada. Ningún subordinado debe o puede atentar contra los intereses de su fuente de trabajo, sin atentar contra su derecho y obligación de llevarles el pan a sus hijos. La periodista sobrepasó los límites generalmente aceptados de una sana y recíproca relación entre el poder y la prensa por lo que no le queda hacerse la mártir”. Así como también me expresara que “… eso de coartar el derecho de la población a estar bien informada es relativo cuando el programa de Aristegui sólo ha interesado a intelectuales trasnochados  o a seguidores de López Obrador”.

De esta manera, mi aldeano interlocutor plenamente consciente del terreno en que se mueve y medra, sintetiza la confrontación entre los intereses de unos cuantos por sobre los intereses más generales de la población.

En la misma tesitura estimo se encuentra la mayoría de los empresarios de la comunicación de masas en México y,  particularmente en Veracruz, entidad federativa en la que la empresa periodística tiene como fuente primaria de financiamiento al convenio propagandístico con los gobiernos estatal y municipales. Reduciéndose la libertad de expresión de los tundeteclas de a pie, reporteros y comentaristas, a lo que el poder público quiere escuchar.

Como corolario, a mi juicio considero que el “conflicto de intereses entre particulares” que nos ocupa, lleva cola y aún hay más. Lo que acontece al interior de MVS es apenas la punta de lanza en la presunta escalada. El régimen político y los poderes fácticos que mecen la cuna no cesarían en su propósito de acallar por la vía del autoritarismo la voz ciudadana de protesta y resistencia, generalizando el uso del tapaboca por todos los medios a su alcance. Que lo logren es otro cantar.

Hojas que se lleva el viento

En los círculos políticos y periodísticos cobra fuerza la idea de que el próximo gobernador de dos años en Veracruz será -contra la opinión e intereses de Fidel Herrera Beltrán y el duartismo-, un Yunes. Y en torno a esto la elección de junio próximo en la que es de esperarse que los veracruzanos se manifiesten en contra del más de lo mismo, se desdibuja por irrelevante, dando paso a un incierto futuro sobre lo que serán los procesos electorales del 2016 y 2018 en la entidad. Mucha crema a los tacos en torno a lo superfluo cuando lo sustantivo que es el derrumbe de la economía veracruzana se ignora o se pasa por alto. Por cierto, un Yunes o Juan de los Palotes, no son garantía de que en tiempo y forma se recoja oportunamente el tiradero acumulado de 10 años de pésimo gobierno. Frente a la perversa maquinaria electoral partidista, la realidad seguirá imponiéndose al aquí no pasa nada.

-ooo-

Atinado mi comentario vertido el día que el diario  “La Jornada Veracruz” iniciara su aventura saliendo a la luz pública por vez primera. Con su presencia en el cotarro el periodismo veracruzano se oxigena, dejando atrás el obsoleto y rancio ejercicio que por décadas mantuviera a la población desinformada y manipulada. A partir de un antes y un después de la prensa veracruzana, como un parte aguas en sus ediciones impresa y digital este diario conducido con responsabilidad y profesionalismo por Tulio Moreno Alvarado, alienta el apostarle a un periodismo decente con elevadas miras en pro de los intereses más generales de la población, como es posible observarlo ya en publicaciones digitales alternativas que se ganan a pulso aceptación y simpatía de la audiencia veracruzana en la Internet.

Xalapa, Ver., marzo 17 de 2015.

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Pulso crítico

Enrique Olivera Arce

Si para amplios sectores de la población el presidente Peña no se hace merecedor a confianza y credibilidad, y lo mismo podría decirse de los gobernadores, procuración y administración de justicia y partidos políticos, la pregunta obligada, a tres meses escasos de las elecciones del 2015, es ¿por qué sí se debe creer y confiar en el Instituto Nacional Electoral?

¿Es acaso entre todas las instituciones republicanas la joya de la corona, hoy fuera del alcance de la simulación y corrupción impune? ¿O es una pieza más en el juego perverso de la partidocracia en el afán de esta por mantener secuestrada y bajo control a nuestra incipiente democracia representativa?

El reto para el organismo, ya encarrilado el proceso electoral sería demostrar que efectivamente es digno de confianza y credibilidad para que, en su papel de organizador y árbitro de los comicios venideros justifique ante el pueblo de México la razón de su existencia.

Y esto, a mi juicio, por lo que se alcanza a percibir en las crónicas periodísticas, está en chino. La descomposición del régimen político conforme pasan los días se observa transita montada en un tobogán sin control, reflejándose en un estira y afloja al interior del INE en el que los partidos políticos, cada uno por su lado, pretenden imponer lo que mejor conviene a sus intereses de coyuntura, trasladando su crisis de representación a una institución presuntamente ciudadana. Poniéndose en evidencia el cada vez mayor divorcio entre la clase gobernante y las subordinadas.

La brecha se amplía y no se observan los necesarios puentes para acotarla y achicarla, antes al contrario, lo que se percibe es un conjunto de puentes rotos que entre acuerdos en lo oscurito, medias verdades y medias mentiras, acompañados de hechos concretos en la vida cotidiana de la población, no ofrecen seguridad alguna de que el divorcio en el corto plazo llegue a buen término.

Credibilidad y confianza en el régimen político e instituciones se dan por perdidas e incluso, el gobierno de Peña Nieto por conducto de su secretario de hacienda, reconoce que sin éstas no hay forma de aterrizar y concretar objetivos y metas del proyecto de país pensado y diseñado en Los Pinos. Para la cúpula empresarial esto es mala señal y ya exigen claridad y mano dura para enderezar el rumbo del país.

Entre la población el dilema entre votar y no votar en los próximos comicios, se alimenta de esta falta de confianza y credibilidad y, en el mejor de los casos, el debate deriva a los terrenos del por quién votar, cuando frente a la oferta partidocrática no hay opción; cada partido selecciona a sus candidatos de manera vertical, de arriba hacia abajo, sin consulta previa con sus bases y menos con los millones de votantes llamados a sufragar. En este escenario antidemocrático Morena no es la excepción, con una auténtica vacilada que le iguala con sus adversarios irresponsablemente recurre a “la tómbola” como fórmula de selección, supeditando la democracia partidista a pedestre lotería.

Tocaría al Instituto Nacional Electoral el poner orden y reencauzar el proceso electoral por el sendero de una auténtica democracia representativa. Y no es así. Luego el reto de muy corto plazo de restaurar confianza y credibilidad para unos comicios exitosos, parece serle inalcanzable al organismo electoral. La partidocracia impone su crisis y arrastra por un conflictivo rumbo a lo que debería ser instrumento al servicio de los votantes. Malo para México, pésimo para las aspiraciones democráticas de millones de mexicanos.

Hojas que se lleva el viento

El forcejeo en el Senado de la República para sacar adelante la ley anticorrupción, refleja una pugna sin cuartel en la que cada partido ahí representado pretende imponer su propia visión e intereses en un tema de la mayor relevancia para el país. Hasta este momento, vía negociaciones en lo oscurito parece que la discusión en comisiones está llegando a su término con un aparente consenso que deberá ser ratificado en el pleno. El acuerdo, en congruencia con las condiciones generales que se viven en el país, parece estar sustentado en una expresión más de gatopardismo que se concretará en una ley sin dientes que dejará incólume a no dudar una lacra histórica que no se acabará por decreto. Borrón y cuenta nueva, no se barrerá para atrás y todos felices y contentos.

-ooo-

Frente a la tormenta que azota a la administración pública veracruzana, calladito se vería más bonito el Sr. Dr. Duarte de Ochoa, dejando que el área técnica de la secretaría de planeación y finanzas haga su trabajo en el arduo compromiso de justificar lo que a todas luces parece injustificable. El anticiparse expresando con optimismo que las observaciones puntuales de la Auditoría Superior de la Federación a su gobierno serán solventadas en forma y fondo a la mayor brevedad, sin realmente contarse con elementos fiables de que así será, más agita el cotarro. Y por cierto, es de llamar la atención el que no exista al interior del gobierno estatal una voz con autoridad moral y política que salga en defensa del ahora vapuleado gobernante que, en su rostro al aparecer ante los medios de comunicación afirmando que las finanzas públicas veracruzanas gozan de cabal salud, da la impresión de que para sus adentros quisiera gritar: “No me lo dejen sólo…”.- Xalapa, Ver. 26/02/2015

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J. Enrique Olivera Arce

No es un asunto menor ni manida y frívola idea de lealtad a la camiseta.  En las actuales condiciones del país, con un régimen político en crisis y frente a la elección presidencial de julio próximo, es un asunto de la mayor relevancia el mantener y sostener con valentía la congruencia entre el pensar y el quehacer en las lides políticas.

Manuel Bartlett, ex secretario de gobernación y ex gobernador de Puebla, lo ha dicho todo: es un tema de conciencia, así como de coincidencias con las izquierdas y con Manuel López Obrador, cuando afirma que con el tricolor “ni a la esquina”. No se puede ser leal a la camiseta cuando no se está de acuerdo con el rumbo que ha tomado el partido en el que se milita.

Para el ex senador del PRI en la pasada Legislatura, es la hora de las definiciones: o se está por el más de lo mismo o se está por el tan necesario como urgente cambio de brújula, rumbo y timonel. Como seguramente también para muchos priístas honestos, el modelo neoliberal impuesto por los últimos gobiernos priístas y continuado por los de Vicente Fox y Felipe Calderón, tras haber empobrecido a México y orillarle al borde del desastre, no puede ni debe continuar.

Ni Peña Nieto ni los aún aspirantes del PAN a la presidencia de la República, ofertan en sus propuestas nada que indique modificación alguna al modelo económico y social dominante. Antes al contrario, proponen mantenerle y profundizarle hasta sus últimas consecuencias, como en el caso de la privatización del petróleo, la energía eléctrica, la educación y  la salud, a las que se ha venido oponiendo Manuel Bartlett y otros distinguidos priístas, coincidiendo con las tesis de Andrés Manuel López Obrador en congruencia con el nacionalismo revolucionario que diera vida al PRI y hoy abandonado por el tricolor.

Lo que está en juego es el futuro de México. Prebendas, canonjías, intereses creados,  y el ansia del poder por el poder mismo de los partidos contendientes, es secundario y cuestionable. No cabe la lealtad a la camiseta y el remordimiento por “patear el pesebre”, cuando pragmáticamente en nombre de tales frivolidades se subordina el interés superior de la Nación. Se está con México o no se está, es la determinación a que se tendrá que llegar con un sentido claro de honestidad intelectual sobre lo que hoy tenemos como país y el que deseamos heredar a las nuevas generaciones.

Muchos priístas, panistas o perredistas jóvenes  o de la vieja guardia, necesariamente tendrán que tomar tal determinación, inclinando la balanza a favor del cambio o a favor del más de lo mismo. Los dictados de su conciencia, dirán la última palabra frente a las urnas el primero de julio próximo.

Esto último conlleva un ajuste en la correlación de fuerzas tanto al interior de la partidocracia como en el conjunto de la vida política del país, que podría dar lugar a nuevas escisiones en los partidos mayoritarios; tanto entre encumbrados actores como en la base militante. Sumándole  ingredientes adicionales al ya atípico proceso electoral en marcha en el que la polarización de fuerzas entre la derecha y el centro izquierda parece ser la constante.

Más que el amor interesado o no a la camiseta, serán la conciencia de una sociedad informada y las coincidencias con el PRI y el PAN o con las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, las que determinarán el sentido del voto. La postura asumida por el priísta Manuel Bartlett cae en tierra fértil, esperemos el fruto de su determinación. Xalapa, Ver.-

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J. Enrique Olivera Arce

Lejos de asumir una actitud autocrítica, ajustando discurso y quehacer a la cada vez mayor exigencia y reclamo democratizador de una ciudadanía harta y desencantada, la partidocracia, curándose en salud ante lo que se viene en la elección de julio próximo, a instancias de la bancada del PRI en San Lázaro está por aprobar la obligatoriedad del sufragio así como sanciones en caso de incumplimiento. Medida cómoda de endilgarle a la llamada sociedad civil la crisis del régimen político en México.

 Tal reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), tendría plena vigencia a partir de la elección federal de presidente, senadores y diputados en julio próximo, buscándose de acuerdo a lo declarado por el diputado priísta David Sánchez Guevara, que el voto no sólo sea un derecho sino una obligación,  como aporte a la democracia.

 “El voto voluntario ha debilitado el sistema de representación política y ha elevado los costos de la democracia”, afirmó el legislador del PRI. Reflejando el miedo de los partidos políticos que, en su conjunto, han sido incapaces de generar credibilidad y confianza en una ciudadanía que les ve más como un estorbo a la democratización de la vida pública de México que como catalizadores de la voluntad popular.

 No es circunstancial el que hoy en la Cámara baja del Congreso de la Unión se discuta y esté por aprobarse la reforma citada. Es público y sabido que al no merecer confianza y credibilidad tanto partidos políticos como sus candidatos a cargos de elección popular, crece la tendencia en amplias capas de la sociedad al abstencionismo y, en el mejor de los casos, al voto en blanco o nulo. Tendencia que la partidocracia contempla como amenaza real a la legitimación de la elección presidencial.

 Tampoco es circunstancial que la credencial para votar que expide el IFE, sea considerada por los mexicanos más como instrumento de identificación para la vida cotidiana que como herramienta para ejercer en democracia el derecho al voto.

 No obstante los números frios de los resultados de las últimas elecciones federales y locales en el país, los partidos políticos con mayor apego a intereses personales y de grupo que a ganarse la confianza de la gente, no han hecho nada para revertir la tendencia, antes al contrario, la estimulan insistiendo en ofertar más de lo mismo a una ciudadanía harta de simulación, corrupción e impunidad en todos los órdenes de la vida política nacional.

 De ahí que, lejos de asimilar la nueva realidad del país, la partidocracia pretenda, con medidas autoritarias, más que enriquecer nuestra incipiente democracia, imponer el ejercicio del voto como una obligación; forzando a la ciudadanía a acatar a rajatabla lo que bien a bien conviene a los partidos políticos, como si cuantitativamente a mayor número de sufragios se enriqueciera cualitativamente un sistema de representación política que, de facto, tiene secuestrada tanto a la ciudadanía como a las vida pública de México, incluidas las instituciones nacionales y el Estado de Derecho.

 Así que la obligatoriedad del voto propuesta por el PRI, criminalizando la abstención y pervirtiendo la intencionalidad del ejercicio de un derecho constitucional, se suma a los diversos factores que negativamente inciden en el proceso electoral federal en marcha, contribuyendo a su atipicidad y agudizando el rechazo de aquellos, mayoría por cierto, que consideran que la elección de presidente de la República, Senadores y diputados, sirve para maldita la cosa, salvo para mantener un statu quo que propicia atraso y retroceso en todos los órdenes de la vida nacional.

 Los partidos políticos tendrían que dar respuesta, con ánimo autocrítico, a la interrogante que bulle en el ánimo del electorado: ¿Elecciones para qué?

 Desafortunadamente, la autocrítica y la voluntad de actuar en consecuencia, no cabe en un régimen político decadente, obsoleto y bueno para nada, que tiempo ha dejara de ser paradigma de representación de la voluntad popular y sí, una carga demasiada onerosa en la construcción de la balbuceante democracia.

 El alto costo de los procesos electorales, se pretende justificar ampliando el número de votantes obligados y no enriqueciéndoles a partir de la participación libre, consciente y consecuente de la ciudadanía. Fórmula simplista de una clase política sin imaginación y sin vergüenza, para un pueblo al que se le sigue considerando menor de edad. ¡Vaya ofensa a la inteligencia popular!

Xalapa, Ver.-

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