Salte la navegación

Tag Archives: Derechos humanos

Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

No es lo mismo el adeudo a empresarios que el no pago de salarios a los trabajadores. En el primer caso el tema es de carácter mercantil, en el segundo, es una flagrante y consentida violación a un mandato constitucional. Luego no se vale que los primeros, a río revuelto, pretendan se les meta en el mismo saco en la asignación de prioridades en el proceso de pago de adeudos del gobierno estatal.

Primero lo primero y, si alcanza, ya mañana dios dirá. Así de simple, puesto que el horno no está para bollos.

Y ya que se toca el tema del cuento de nunca acabar, vale señalar que si en nombre del orden y gobernabilidad se contempla reprimir a los trabajadores inconformes, el gobierno estatal debe pensarlo dos veces, toda vez que quién está violentando el espíritu de la ley y dando lugar al desorden, es el empleador omiso y no los asalariados. Creo que esto debe quedar claro para no confundir a una ciudadanía que se dice cansada de marchas, plantones y bloqueos y a la que el por ahora gobernador electo curándose en salud responde con un llamado a evitar desorden y caos en la entidad.

-ooo-

Hojas que se lleva el viento.

Más chingones que bonitos, tanto la desfondada Secretaría de  Finanzas y Planeación del gobierno estatal como el Congreso local, que por voz de sus personeros hacen gala de una simulación que ya no se corresponde con la dinámica social de una entidad federativa que, para bien o para mal, ya no es la de endenantes.  

La dependencia del ejecutivo, sin un clavo ni para papel higiénico, presenta a la LXIV Legislatura para su análisis y aprobación, en su caso, el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el 2017 que, en números redondos, supera los 100 mil millones de pesos, declarando la titular de Sefiplan, Clementina Guerrero García, que  “…el proyecto está elaborado con la metodología presupuestal basada en los estados y modelos preferentemente señalados por el Instituto Mexicano de la Competitividad”.

Por su parte, la presidenta de la mesa directiva de la Legislatura local, diputada María Elisa Manterola Sáinz, siguiéndole la corriente a Doña Clementina, expresa su beneplácito ante un proyecto de presupuesto “histórico”, puntualizando que “Se buscará una concordancia entre lo propuestado y el propio  Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018, que también analiza esa soberanía, toda vez que el gobernador electo, lo entregó en tiempo y forma”.

En ambos casos, se antepone protagonismo al sentido común, cayéndose en la vieja y manida fórmula del engaño y la manipulación mediática, considerándose que los veracruzanos se siguen chupando el dedo.

El proyectar un presupuesto de ingresos y egresos gubernamental, sea cual fuere la metodología seguida para su elaboración, no se puede sustentar sin una evaluación seria de la situación que guardan las finanzas públicas estatales para de ahí, como punto de partida, establecer la relación ingreso-gasto de la administración pública estatal para el periodo contemplado. Evaluación que, de acuerdo con lo declarado por la propia titular de SEFIPLAN, aún no concluye ni arroja resultados definitivos que puedan ponerse a consideración de la Secretaría de Hacienda para una negociación ulterior.

El sentido común, dada la situación que guarda una administración pública quebrada, obliga a pensar entonces que en orden de preeminencia debería jerarquizarse como prioritario primero el saber a ciencia cierta de que punto de partida estamos hablando. Más existiendo la incertidumbre respecto a la disponibilidad y montos de recursos frescos, que la federación está dispuesta a aportar como respaldo a una entidad federativa en condiciones de desastre.

En tanto la opinión pública no tenga claro lo anterior, no cabe echar las campanas al vuelo, sin conocer aún con cuanto se contará una vez descontado de los 100 mil millones presupuestados, el pago de deuda y su servicio, so pena de quedar en ridículo y seguir dándole vueltas a la noria.

También, recurriendo al sentido común, no procede afirmar que se buscará la necesaria concordancia entre el proyecto de egresos y el llamado “Plan Veracruzano de desarrollo 2016-2018”, cuando el pleno de la actual Legislatura presumiblemente aún desconoce alcances, contenido y exigencias financieras de un instrumento legal a todas luces cuestionable y aún en proceso de estudio en comisiones.

La simple lógica formal indica que primero hay que conocer la disponibilidad real de recursos para, de ahí, validar o ajustar estrategias, objetivos y metas por alcanzar en el período proyectado. Esto lo conoce a la perfección cualquier ama de casa responsable de la administración del ingreso familiar, si no quiere fracasar en el intento. No se puede programar el gastar por anticipado un dinero cuya disponibilidad futura está en veremos, salvo endeudándose y, para el caso Veracruz, es algo así como imposible, no más deuda es el sentir en el imaginario colectivo.

Todo ello en un plazo límite de apenas siete días para que tanto el proyecto de leyes de ingresos y egresos como el llamado “Plan Veracruzano de Desarrollo” sean analizados y aprobados, en su caso, por el pleno de diputados para su promulgación y vigencia. Instrumentos que a su vez, para materializarse y puesta en práctica, requieren de un aparato gubernamental hoy por hoy, ineficaz y corrupto que debe ponerse a tono con propósitos, estrategias y estilo personal de gobernar de Yunes Linares.

Esto, en un escenario social de descontento, desconfianza y hartazgo, en el que el nuevo gobierno está obligado a caminar con pies de plomo para no resbalar.

No nos engañemos ni engañemos si de oxigenar el cotarro se trata. Ya lo decía la abuela pontificando: el que mal empieza mal acaba.

Xalapa, Ver., 24 de noviembre de 2016.

pulsocritico@gmail.com

http://pulsocritico.com

https://pulsocritico.wordpress.com

Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

No nos hagamos bolas, si recordamos como se cocinó el llamado “pacto por México”, tenemos que entender que a partir del domingo siete de junio la derecha con el PRIAN y sus satélites tienen el sartén por el mango; impulsará una mayor profundización en las políticas públicas reformistas privatizadoras, y pugnará por consolidar el modelo neoliberal de país que auspician e imponen los organismos financieros internacionales, en detrimento de la soberanía nacional, el bienestar de la gente y el futuro para las nuevas generaciones. De ahí la necesidad de construir un frente amplio de la izquierda auténtica en torno a Morena, si es que se está por un cambio verdadero por la vía electoral… Y a otra cosa mariposa.

Una de las tantas contradicciones por las que transita la sociedad veracruzana, es la que atañe a los medios de comunicación de masas. La mayoría de los medios informativos, siempre prestos a denunciar injusticias, entuertos y componendas, impunemente violentan tanto le legislación laboral vigente como los más elementales derechos humanos de los trabajadores intelectuales, técnicos y manuales que, a su servicio, hacen posible la existencia del medio y el enriquecimiento de sus propietarios.

Empresarios ricos y reporteros jodidos, señala el comunicador Luís Velázquez, destacando esta contradicción, y así es en efecto. Ya en los inicios de mi desempeño como reportero en los diarios El Imparcial de Xalapa y El Tiempo, en la capital veracruzana, lo viví en carne propia como algo inaceptable, obligándome, primero, a sumarme a la organización y puesta en marcha de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa y, más tarde, a independizar mi trabajo incursionando en el entonces incipiente periodismo alternativo con el Boletín Diario de Noticias “Correo de la Noche” buscando otros horizontes.

Transcurridos casi 50 años, con un mayor número de medios y salvo contadas y honrosas excepciones nada ha cambiado en la relación laboral entre empresas periodísticas y sus trabajadores ni los periodistas cuentan con una organización gremial sólida y unitaria que vele por sus intereses El imbricado maridaje entre medios de comunicación y poder político no sólo niega el cumplimiento de la legislación laboral por parte de las empresas atentando contra los derechos de los trabajadores, también da lugar a la simulación y perversa práctica del “chayote” o “embute” que permite a reporteros, fotógrafos y columnistas, el redondear por debajo del agua sus magros ingresos para poder sobrevivir y sostener a la familia.

O bien, propiciando la proliferación de “texto servidores”, mercenarios que se doblegan sirviendo la más de las veces a no muy claros intereses en los círculos del poder formal y fáctico.

Nada es nuevo bajo el sol en México. No hay reproche. El no contar con un salario profesional digno y remunerativo, así como con las prestaciones de ley que dan acceso a la seguridad social individual y familiar, dobla a cualquiera. La necesidad obliga y la vocación queda.

A últimas fechas, se da otro fenómeno derivado de lo mismo: Los dueños de los medios de comunicación acumulan riqueza, prebendas y canonjías y los reporteros ponen los muertos.

En este escenario se celebra año con año en el mes de junio el “Día de la Libertad de Expresión”; fecha en la que el poder político formal refrenda jugosos convenios económico financieros con los propietarios de los medios y obsequia palmaditas y migajas a los periodistas de a pie.

Y en el marco de esta contradicción es que, como un hecho paradigmático, se presenta el no esperado fallecimiento del reportero gráfico y comentarista Noé Valdés. Hombre de bien, esposo y padre ejemplar, amigo entrañable de todos y con un singular cariño para Veracruz, muere al margen de la seguridad social desprovisto de derechos laborales que constitucionalmente deberían ampararle.
Toda una vida dedicada al desempeño del periodismo en diversos medios informativos, autodidacta, discípulo de otro amigo y colega en los viejos tiempos que se nos adelantara en el camino, el recordado reportero gráfico Saúl Sánchez.

Noé destacó como talentoso y sensible artista de la lente obsequiándonos imágenes invaluables del paisaje y vida comunitaria de un Veracruz que no todos aprecian. Y al final de su fructífera existencia, los gastos de la atención hospitalaria a su quebrantada salud, servicios funerarios y un modesto respaldo post mortem a sus deudos, habrán de solventarse en parte con la aportación solidaria del gremio gracias a la colecta que promueve el también comunicador Gustavo Cadena.

“¿Dormiste bien?”, era su saludo cotidiano. Hoy le decimos, Noé, duerme bien y descansa en paz.

Paradójicamente, quienes defienden con su trabajo la plena vigencia del Estado de Derecho, culminan su paso por el terrenal camino como víctimas de la injusticia impune. Llevándose como único consuelo la palabra solidaria de los amigos y compañeros que fieles a su vocación de servicio a la sociedad, comparten infortunio.

En los festejos del Día de la Libertad de Expresión, para los trabajadores de la prensa, nada que celebrar en Veracruz y sí un sentido reconocimiento a su entrega y compromiso con una vocación y una labor no valorada por la sociedad.

El discurso hueco de un gobernador fallido que reparte lo mismo mayor enriquecimiento para unos que limosna para los más, no puede ocultar u opacar el hecho inobjetable de que para al periodista de a pie la justicia está negada. ¿Hasta cuándo?

Hojas que se lleva el viento

Siendo la grilla electorera en Veracruz un continuum, o cuento de nunca acabar, para nuestra clase política y sus adláteres en un solo paquete se inserta la conclusión de la elección federal intermedia, las pre campañas de quienes aspiran a la candidatura a la gubernatura de la entidad en el 2016, y el salto a la palestra de quienes aspiran a una diputación local o a una alcaldía. Esto sin dar tiempo a que se presente y apruebe la iniciativa de reforma al Código Electoral de la entidad que el Sr. Duarte de Ochoa sacará de su chistera como aggiornamento para la elección de gobernador de dos años.

Lo curioso del caso es que todos, aspirantes y suspirantes, toman como plataforma de lanzamiento para sus sueños guajiros los resultados de la elección del domingo siete, como si estos fueran algo más que un triunfo pírrico de la partidocracia y no simple acceso de unos cuantos al botín. Deterioro y estancamiento de la economía veracruzana, desempleo, pérdida del poder adquisitivo y seguridad social de los asalariados así como la percepción de un despeñadero preñado de privatización y saqueo del patrimonio público, ni motivan preocupación ni quitan el sueño a los muchos tiradores que se apuntan, y los que surjan. Mucho menos, tiene cabida en su morral lo que la población inconsulta piense al respecto. Mala señal para el futuro inmediato.

-ooo-

Y si de malas nuevas y señales se trata, hay que ir poniendo las barbas en remojo. Gracias al resultado de la elección del domingo siete, la privatización del agua en México es amenaza real anunciada. En Veracruz ya prácticamente es un hecho presuntamente irreversible que, parafraseando al Sr. Peña, a pesar de las resistencias, toma a los veracruzanos con los pantalones a las corvas. Después vendrán los impuestos por ventanas, jardines y mascotas, sin nada que lo impida.

Xalapa, Ver., junio 17 de 2015.

pulsocritico@gmail.com
http://pulsocritico.com
https://pulsocritico.wordpress.com

Proceso

MÉXICO, D.F. (apro).- El representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Javier Hernández Valencia, reprobó la compra masiva de la edición 1821 de la revista Proceso que, en su portada, lleva la imagen de algunos de los 35 cuerpos tirados en calles de Boca del Río, Veracruz. El funcionario de la ONU calificó la acción contra la revista de “un acto deliberado que viola el derecho a la libertad de información”.

Hernández Valencia aclaró que “cualquiera podría decir que qué pierde Proceso si de cualquier forma empresarialmente la revista gana de forma inmediata los recursos que de otra forma le llegarían tiempo después, pero el objetivo es clarísimo de que el contenido no se lea, lo que afecta a todos los posibles lectores”.

El responsable de la OACNUDH señaló lo anterior durante la presentación del Diagnóstico sobre la situación del derecho a la libertad de expresión en la Ciudad de México, elaborado por la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

Gobernador de Veracruz

Para el Dr. Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz, “Cualquier hombre, mujer, niño, compatriota o extranjero, debe tener la certeza de que en nuestro territorio se respeta el Estado de Derecho y los derechos humanos de todos, porque la sociedad no está sola en su búsqueda de justicia”. Retóricamente y como un buen deseo del gobernante suena bien, sin embargo entre la población se percibe que en la entidad ni se respeta lo primero ni se atiende lo segundo.

A la vigencia plena del estado de derecho se le cuestiona cuando se observa la realidad que prevalece en la procuración y aplicación de la justicia, a la par que las autoridades, en los tres órdenes de gobierno se manifiestan poco proclives a respetar aquello que legalmente les obliga como mandatarios de la voluntad popular. De hecho, son muchos los preceptos constitucionales que impunemente se transgreden. La población, por lo que a ella toca, incluso desconoce la mayoría de los ordenamientos legales que norman nuestra vida en sociedad, si no es que todos.

Por cuanto al respeto a los derechos humanos, esto no pasa más allá de un sueño de verano, tanto que las comisiones, federal y estatal, responsables de velar por los derechos inalienables de la persona humana, a más de estar politizadas y partidizadas, carecen de facultades para hacer valer la ley frente a constantes violaciones a la integridad física, patrimonio, garantías y libertades de los ciudadanos. Prevaleciendo la ley del más fuerte.

Para empezar, en la integración de las Comisiones de Derechos humanos los ciudadanos no tienen vela en el entierro, quedando la elección de quienes las presiden al libre arbitrio del ejecutivo, con la sumisión y aval de un poder legislativo que, en los hechos, carece de representatividad y legitimidad en una democracia representativa en crisis regresiva.

Temas como el respeto a la vida, autonomía, inclusión y atención a las necesidades básicas de los pueblos originarios, es apenas un ejemplo de ello. Vida y muerte de los pueblos indígenas les son ajenos tanto a las autoridades como a las Comisiones de Derechos Humanos y, peor aún, a una sociedad insensible que no supera prejuicios de intolerancia, discriminación y racismo.

El derecho universal a una vida digna, el acceso a un empleo con salario remunerativo, a la alimentación, vivienda y salud, así como el respeto y amor por nuestro entorno ambiental, son letra muerta en extensos sectores de la población nacional y, en lo específico, de Veracruz. Luego donde queda el respeto a los derechos humanos. La demagogia y la simulación se imponen por sobre éste.

Pero la culpa no la tiene el indio, sino el que le hace compadre. Dejamos hacer, dejamos pasar; gatopardismo por un lado y masoquismo por el otro, son consecuencia de una sociedad que se niega a avanzar por los caminos de un estado de derecho pleno. El rezago económico, social y cultural que arrastramos parece ser superior a todo sano intento por cambiar el estado de cosas que nos agobia.

Nos lastima la inseguridad pública, pero seguimos aferrados a alimentar el caldo de cultivo que se niega a la paz y a la vida en armonía. Pobreza, miseria extrema y desigualdad, nos son indiferentes en tanto que nos dolemos del crecimiento exponencial de la delincuencia. ¡Vaya incongruencia!

Buenas intenciones, malos gobiernos y pésimo sentido de civilidad y ciudadanía, chocan entre sí frente al imperio de la ley y el respeto a los derechos inalienables del ser humano. Un mínimo de congruencia debería obligarnos a no hacer o esperar del discurso de ocasión, palanca de transformación y cambio. Tras las palabras que el viento se lleva, queda la terca realidad que no sabe de retóricas razones.

pulsocritico@gmail.com

http://pulsocritico.com

https://pulsocritico.wordpress.com

http://www.gurupolitico.com

La resolución de la Corte confirma por enésima ocasión que en este país las instituciones están al servicio de los poderes fácticos y los intereses político-económicos. Lo que algunas voces ya habían advertido, por desgracia se cumplió ayer.


En una resolución ruin e injusta la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieron exclupar de cualquier responsabilidad en los sucesos de Atenco, del 3 y 4 de Mayo de 2006, al gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto y al Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, quien en ese entonces era titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.


La resolución de la Corte confirma por enésima ocasión que en este país las instituciones están al servicio de los poderes fácticos y los intereses político-económicos, y que en los hechos el tan taído y llevado Estado de Derecho sigue siendo en México una utopía o aspiración inalcanzable para el común de los mortales.


Sin embargo, en el fondo la resolución de los Ministros no puede sorprender a nadie, pues lo extraño hubiese sido que señalaran al menos por su nombre a los responsables del atropello brutal a los derechos humanos y constitucionales de centenares de personas inocentes, cuyo mayor crimen fue exigir a las autoridades estatales y federales diálogo y voluntad política para resolver los problemas de la comunidad atenquense.


De los 11 ministros que integran el máximo tribunal, únicamente el ministro Genaro Góngora Pimentel solicitó que al gobernador y al procurador se les declarara responsables de la violencia registrada en Atenco “por la omisión de vigilar” lo que hicieron las fuerzas públicas.


Nota completa en: Milenio.com

Coinciden los ministros en que en Atenco era necesario emplear la fuerza pública, pero que por la manera en que se desarrollaron los hechos pudo constatarse que se registraron violaciones graves a diversas garantías


El Universal; Carlos Avilés Allende. Ciudad de México 10 de febrero de 200919:03


La mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó a la conclusión de que sí se registraron violaciones graves a las garantías de la población en los enfrentamientos registrados en la comunidad de Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, durante el segundo día de análisis en torno a este caso.


Aunque a lo largo de la discusión hubo coincidencias en el sentido de que se violaron los derechos a la vida, a la libertad sexual, a la no discriminación por género y a no ser torturado, a la integridad personal, al debido proceso legal, a la justicia, a la igualdad ante la ley, a no ser detenido arbitrariamente, a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad de trabajo y de expresión, dejaron pendiente, para la sesión de mañana, precisar cuáles fueron los derechos de los pobladores que se violaron.


Para la sesión de mañana también se espera que el Pleno de la Corte comience a revisar qué autoridades estuvieron involucradas en estos hechos.

A %d blogueros les gusta esto: