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Centro Independiente de Noticias

Evitan protesta ante informe del gobernador

[méxico][medios][la jornada]

Andrés Timoteo Morales (Corresponsales)


Jalapa, Ver., 12 de noviembre. Unos 3 mil indígenas totonacos y huastecos, entre ellos mujeres, niños y ancianos, se enfrentaron con policías de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, cuando pretendían llegar a Jalapa para instalar un plantón frente a las oficinas del gobernador Fidel Herrera Beltrán.

Apoyados con perros de ataque y gases lacrimógenos, los policías interceptaron, sobre las carreteras Gutiérrez Zamora-Veracruz y la autopista Cardel-Jalapa, a los 20 autobuses en que viajaban de los campesinos, integrantes del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci).

Catarino Torres, dirigente estatal del comité, informó que mil comuneros están retenidos cerca del Agrocentro Siglo XXI, ubicado sobre la autopista Cardel-Jalapa, mientras que otros 2 mil fueron interceptados por la caseta de peaje del puente de Nautla, sobre la carretera Gutiérrez Zamora-Veracruz.


La intención de los labriegos es instalar campamentos en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, frente a las oficinas de Herrera Beltrán, y en los alrededores del Congreso local, donde el gobernador rendirá su cuarto Informe de labores.


Los manifestantes reclaman el cumplimiento de dos minutas firmadas, en las que el gobierno se comprometió a dotar de terrenos, obra pública y servicios básicos a unas 3 mil familias que habitan zonas de alta marginación.


Destaca la adquisición de 10 mil hectáreas que serían dotadas a 2 mil familias indígenas de la región totonaca, la costa norte y la huasteca alta de Veracruz y la solución a conflictos por la tenencia de la tierra para 5 mil indígenas chinantecos y mazatecos de Oaxaca reubicados a Veracruz por la construcción de las presas Cerro de Oro y Temazcal.


Tampoco se han otorgado 500 plazas a docentes bilingües para zonas indígenas, obras de infraestructura básica y transporte rural; además de la indemnización por la agresión ocurrida el 19 de mayo pasado, cuando policías golpearon a indígenas que se dirigían a la capital del estado.

Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

Pasada la media noche del viernes 12 de los corrientes, al amparo de las sombras de la noche, como apunta Carlos de Jesús Rodríguez en “gobernantes.com”, la bancada priísta en el Congreso local autorizó al titular del Poder Ejecutivo contratar servicios complementarios privados para la prestación del servicio público de salud en los hospitales a cargo de la administración pública veracruzana.

Independientemente del albazo de los amanuenses al servicio del Poder Ejecutivo que se ostentan como diputados y, por ende, cuestionados representantes de la voluntad popular, lo grave es que con tal mayoriteo en Veracruz se da un importante paso en el proceso de privatización de los servicios de salud pública, en atención a las directrices del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Contrastando con el discurso de José Yunes Zorrilla, presidente estatal del tricolor, quien afirmara que “(…) al PRI se le debe entender como una corriente histórica que toma paradigmas del país, que tiene el compromiso de abanderar la justicia social y que ha sido aliado de los ciudadanos para dotarlos de mejores condiciones de vida”.

Nada más alejado del gastado discurso de un servidor más del Poder Ejecutivo estatal, cuando en los hechos desde la llamada representación popular, se opta por lo contrario; insistiéndose en la aplicación de directrices neoliberales que además de ineficaces, debilitan al Estado-Nación, atentan contra la soberanía nacional y transfieren recursos públicos a una minoría pudiente, doméstica y extranjera en perjuicio de las mayorías.

Frente a la débil y deshilvanada protesta de los diputados de la oposición, que no alcanzaron a ver más allá de la presunción de un negocio de miles de millones de pesos con cargo al erario estatal, que ya cuenta previamente con beneficiario, el Maestro Fidel Herrera Beltrán, Gobernador de Veracruz se concretó mediáticamente a afirmar que.” “En Veracruz nadie está haciendo negocios ni cuadrados ni redondos”.

Vaya afirmación, cuando es ya del dominio público que tras el proceso de privatización del patrimonio de la Nación y en este caso específico del patrimonio de todos los veracruzanos, se pactan jugosos negocios de los que se derivan beneficios económicos, lo mismo para los empresarios involucrados que para servidores públicos deshonestos que los propalan. Mientras exista consenso en torno a la prevalencia de la corrupción, opacidad e impunidad en las esferas gubernamentales, la privatización de los servicios complementarios en la prestación privada de servicios de salud pública, no puede considerarse sino como una manifestación más de negocios cuadrados, redondos y de todo tipo, a la sombra del poder.

En el mismo tenor que la llamada “tercera vía” en materia petrolera, con la que se propusiera la privatización simulada de un recurso estratégico de la Nación, lo aprobado por la diputación priísta en materia de salud pública, no puede entenderse sino como un paso más en la intención gubernamental de desentenderse de una obligación que le compete poniéndola en manos privadas. Eso sí, disfrazándola de medida tendiente a dotar a la ciudadanía de “mejores condiciones de vida”.

pulsocritico@gmail.com

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