Salte la navegación

Tag Archives: Finanzas públicas en Veracruz

Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

No es lo mismo el adeudo a empresarios que el no pago de salarios a los trabajadores. En el primer caso el tema es de carácter mercantil, en el segundo, es una flagrante y consentida violación a un mandato constitucional. Luego no se vale que los primeros, a río revuelto, pretendan se les meta en el mismo saco en la asignación de prioridades en el proceso de pago de adeudos del gobierno estatal.

Primero lo primero y, si alcanza, ya mañana dios dirá. Así de simple, puesto que el horno no está para bollos.

Y ya que se toca el tema del cuento de nunca acabar, vale señalar que si en nombre del orden y gobernabilidad se contempla reprimir a los trabajadores inconformes, el gobierno estatal debe pensarlo dos veces, toda vez que quién está violentando el espíritu de la ley y dando lugar al desorden, es el empleador omiso y no los asalariados. Creo que esto debe quedar claro para no confundir a una ciudadanía que se dice cansada de marchas, plantones y bloqueos y a la que el por ahora gobernador electo curándose en salud responde con un llamado a evitar desorden y caos en la entidad.

-ooo-

Hojas que se lleva el viento.

Más chingones que bonitos, tanto la desfondada Secretaría de  Finanzas y Planeación del gobierno estatal como el Congreso local, que por voz de sus personeros hacen gala de una simulación que ya no se corresponde con la dinámica social de una entidad federativa que, para bien o para mal, ya no es la de endenantes.  

La dependencia del ejecutivo, sin un clavo ni para papel higiénico, presenta a la LXIV Legislatura para su análisis y aprobación, en su caso, el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el 2017 que, en números redondos, supera los 100 mil millones de pesos, declarando la titular de Sefiplan, Clementina Guerrero García, que  “…el proyecto está elaborado con la metodología presupuestal basada en los estados y modelos preferentemente señalados por el Instituto Mexicano de la Competitividad”.

Por su parte, la presidenta de la mesa directiva de la Legislatura local, diputada María Elisa Manterola Sáinz, siguiéndole la corriente a Doña Clementina, expresa su beneplácito ante un proyecto de presupuesto “histórico”, puntualizando que “Se buscará una concordancia entre lo propuestado y el propio  Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018, que también analiza esa soberanía, toda vez que el gobernador electo, lo entregó en tiempo y forma”.

En ambos casos, se antepone protagonismo al sentido común, cayéndose en la vieja y manida fórmula del engaño y la manipulación mediática, considerándose que los veracruzanos se siguen chupando el dedo.

El proyectar un presupuesto de ingresos y egresos gubernamental, sea cual fuere la metodología seguida para su elaboración, no se puede sustentar sin una evaluación seria de la situación que guardan las finanzas públicas estatales para de ahí, como punto de partida, establecer la relación ingreso-gasto de la administración pública estatal para el periodo contemplado. Evaluación que, de acuerdo con lo declarado por la propia titular de SEFIPLAN, aún no concluye ni arroja resultados definitivos que puedan ponerse a consideración de la Secretaría de Hacienda para una negociación ulterior.

El sentido común, dada la situación que guarda una administración pública quebrada, obliga a pensar entonces que en orden de preeminencia debería jerarquizarse como prioritario primero el saber a ciencia cierta de que punto de partida estamos hablando. Más existiendo la incertidumbre respecto a la disponibilidad y montos de recursos frescos, que la federación está dispuesta a aportar como respaldo a una entidad federativa en condiciones de desastre.

En tanto la opinión pública no tenga claro lo anterior, no cabe echar las campanas al vuelo, sin conocer aún con cuanto se contará una vez descontado de los 100 mil millones presupuestados, el pago de deuda y su servicio, so pena de quedar en ridículo y seguir dándole vueltas a la noria.

También, recurriendo al sentido común, no procede afirmar que se buscará la necesaria concordancia entre el proyecto de egresos y el llamado “Plan Veracruzano de desarrollo 2016-2018”, cuando el pleno de la actual Legislatura presumiblemente aún desconoce alcances, contenido y exigencias financieras de un instrumento legal a todas luces cuestionable y aún en proceso de estudio en comisiones.

La simple lógica formal indica que primero hay que conocer la disponibilidad real de recursos para, de ahí, validar o ajustar estrategias, objetivos y metas por alcanzar en el período proyectado. Esto lo conoce a la perfección cualquier ama de casa responsable de la administración del ingreso familiar, si no quiere fracasar en el intento. No se puede programar el gastar por anticipado un dinero cuya disponibilidad futura está en veremos, salvo endeudándose y, para el caso Veracruz, es algo así como imposible, no más deuda es el sentir en el imaginario colectivo.

Todo ello en un plazo límite de apenas siete días para que tanto el proyecto de leyes de ingresos y egresos como el llamado “Plan Veracruzano de Desarrollo” sean analizados y aprobados, en su caso, por el pleno de diputados para su promulgación y vigencia. Instrumentos que a su vez, para materializarse y puesta en práctica, requieren de un aparato gubernamental hoy por hoy, ineficaz y corrupto que debe ponerse a tono con propósitos, estrategias y estilo personal de gobernar de Yunes Linares.

Esto, en un escenario social de descontento, desconfianza y hartazgo, en el que el nuevo gobierno está obligado a caminar con pies de plomo para no resbalar.

No nos engañemos ni engañemos si de oxigenar el cotarro se trata. Ya lo decía la abuela pontificando: el que mal empieza mal acaba.

Xalapa, Ver., 24 de noviembre de 2016.

pulsocritico@gmail.com

http://pulsocritico.com

https://pulsocritico.wordpress.com

Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

El problema no es que los gobiernos se endeuden, lo grave es que los gobernantes se beneficien de ello saqueando al erario.

O de plano nos tienen a todos como incapaces de ver más allá de nuestra nariz ó es tal el desprecio por la inteligencia de los veracruzanos que nuestros políticos y algunos medios de comunicación que les sirven de comparsa, insisten en querer convencernos de que es mejor tragar el remedio que sufrir la enfermedad, sin parar mientes en que su credibilidad está ya por descontada para una opinión pública medianamente informada.

No es broma de mal gusto. Entre las noticias que en los últimos días ha publicado la prensa nacional y estatal alimentada por el boletín oficial del gobierno veracruzano que difunde la Sra. Gina Domínguez Colío, no obstante que son para morirse de risa, tanto el gobierno estatal como el priísmo trasnochado, se lo toman muy en serio. Habida cuenta de que con fines estrictamente electoreros, en su cortedad de miras pretenden que una mentira se vuelva verdad de tanto repetirse mediáticamente.

Como si los veracruzanos en su gran mayoría no supieran que dos mas dos es cuatro, cuando es público y notorio que la reestructuración de deuda pública, o más bien redocumentación en términos bancarios, por 10 mil millones de pesos e intereses no cubiertos en su oportunidad, sumados a 17 mil quinientos cincuenta millones de pesos a contratar para cubrir adeudos a proveedores varios de bienes y servicios que se arrastran del sexenio anterior, suman alrededor de 28 mil millones de pesos, a los que habría que agregar las obligaciones contraídas con la bursatilización fidelista. En lenguaje coloquial, la administración pública estatal está endeudada hasta el copete, si no es que en franca bancarrota por más que lo quiera disfrazar de otra cosa el Secretario de Finanzas.

A esta deuda el gobernador con la complicidad de la bancada priísta, pretende darse un respiro obteniendo un nuevo financiamiento bancario por 4 mil setecientos cincuenta millones de pesos, siempre con la garantía de las participaciones federales que corresponden anualmente a Veracruz.

De ahí que cuando leemos en la prensa que el Secretario de Hacienda declara que las medidas financieras adoptadas por el gobierno de Veracruz están bien encaminadas, poniendo al gobierno veracruzano como “ejemplo de orden”, asumiendo el gobernador Duarte de Ochoa “decisiones costosas en política pero fortaleciendo las finanzas”, no se sabe si reír o llorar, o las dos cosas acompañadas de sonora carcajada.

De un político que aspira a ser candidato de su partido a la presidencia de la República, se pueden esperar muchas cosas, con tal de ganar simpatía y apoyo pueden negar hasta a su madre si ello les es redituable. Luego las declaraciones de Cordero no tendrían mayor relevancia, si éstas no insinuaran que el apapacho al gobierno veracruzano y a quien lo encabeza, es resultado de un presunto acuerdo en lo oscurito entre las autoridades hacendarias y el Dr. Javier Duarte de Ochoa.

Esto último en el marco del rompimiento de una fracción de gobernadores y diputados  priístas encabezados por Beatríz Paredes con el Secretario de Hacienda y con la propia dirigencia nacional de su partido, “para llevar la fiesta en paz con Calderón Hinojosa pues el escándalo por los alcances de la deuda de Coahuila podría poner en riesgo la Presidencia de la República”.

¿A que se comprometería el gobernador veracruzano con el Secretario de Hacienda, y a cambio de qué? Es la pregunta obligada, aunque es obvio que se le da fácil acceso a las arcas de BANOBRAS a cambio de respaldo político, tanto al gobierno calderonista como al aspirante a candidato presidencial del PAN, ante las andanadas de palos de ciego de Humberto Moreira.

Pero el asunto lleva cola. Cuando el mismísimo Secretario de Hacienda dice a los veracruzanos que su gobierno va por buen camino con la política financiera adoptada, implícitamente acepta que el Dr. Duarte puede seguir endeudando a Veracruz para tapar la cloaca heredada de su antecesor.

Y para seguir disfrutando de la farándula, Marco Antonio Aguilar Yunes, Secretario de Trabajo Previsión Social y Productividad del gobierno estatal, declara a la prensa que se han creado 50 mil empleos en Veracruz en lo que va del año “Vamos por la ruta adecuada. El eje fundamental de la política de gobierno de Javier Duarte de Ochoa es el empleo y lo vamos cumpliendo”, consideró el funcionario. Eso no se lo cree ni mi mamá, que a sus 93 años es asidua lectora de las engañifas del boletín oficial del gobierno veracruzano que publica literal y puntualmente el Diario de la provincia.

Claro que Aguilar Yunes se abstiene de declarar, si es que lo sabe, cuantos negocios han cerrado en igual período y a cuanto ascienden los despidos en la economía formal, incluidos los burócratas y policias que el gobierno puso de patitas en la calle sin aún haberles cubierto su liquidación,  con el pretexto de poner orden adelgazando la administración.

De risa, si todo ello no implicara perjuicios graves para la vida económica y social de la entidad.

Y espérese amigo lector. Falta por ver como le está yendo a los Ayuntamientos Veracruzanos con las cuantiosas deudas heredadas, incluidas las obligaciones de la bursatilización que les fueran impuestas en el trienio anterior.

Si no se dispone otra cosa, vamos bien, el camino andado es el correcto en la farándula mediática con que se nos da circo porque para pan, simplemente no hay de donde.

Aunque en descargo al Dr. Duarte de Ochoa, francamente a nadie le gustaría estar en sus zapatos, hace lo que puede, pues peor sería que no hiciera nada para tratar de salvar al  gobierno de los veracruzanos.

pulsocritico@gmail.com

http://pulsocritico.com

https://pulsocritico.wordpress.com

http://www.gurupolitico.com

Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

 Para alimentar la ironía. Así como el Congreso local aprobara un “plan veracruzano de desarrollo” que no sugiere otra cosa que buenos deseos sobre un proceso económico y social que acusa profundos rasgos de rezago estructural, con el mismo entusiasmo e ignorancia señoras y señores diputados piden cárcel para los alcaldes que no cumplieran en tiempo y forma con la entrega de sus respetivos planes municipales de desarrollo, como lo hiciera público el diputado Américo Zúñiga Martínez.

Pasando por alto los “representantes populares” que si el plan estatal que aprobaran por unanimidad, carece de valor práctico, da lo mismo que existan o no 212 documentos similares. Reduciendo un  proceso técnico administrativo por principio complejo a un asunto legaloide  de mero trámite burocrático. ¡Vaya desperdicio, ganando lo que ganan señoras y señores diputados!

Pero no sólo eso. Hasta donde se sabe y partiendo del supuesto de que la mayoría de los Ayuntamientos veracruzanos atraviesan por explicables aunque no justificables carencias financieras, la diputación mide con el mismo rasero  a los 212 alcaldes. Sin parar mientes en que, en muchos casos, éstos no cuentan con el mínimo de conocimientos y recursos para cumplir con lo que la legislación les obliga, en tanto que otros, sin considerar la necesaria complementariedad, congruencia y quehacer gubernamental en materia de desarrollo económico y social, desvían cuantiosos  recursos para adornarse políticamente presentando en tiempo y forma verdaderos mamotretos, carísimos en su elaboración, sin pies ni cabeza y al margen del contexto regional en que se ubica su respectivo municipio.

El contenido del plan veracruzano de desarrollo no tiene carácter de secreto ni está blindado a los ojos de la ciudadanía. Es un instrumento de políticas públicas, abierto al análisis y consideración de todo el que esté interesado en conocerle y consultarle. Incluidos investigadores serios, de renombre nacional e internacional, que conocen un poco o un mucho más del paño que la diputación local y el común de los mortales.

¿Cómo ante éstos o sus Centros de Investigación, el gobierno estatal va a poder justificar que Veracruz marcha por “el camino correcto”? Cuando el todo y las partes del instrumental planificador resulta un verdadero rompecabezas, con 212 planes parciales que no guardan congruencia ni complementariedad con un a su vez incongruente Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, que no toma en cuenta la realidad presente de la entidad y el contexto nacional dentro del cual se inscribe, como ya en un primer análisis lo destaca la Fundación CEIDAS en nota divulgada en la prensa nacional.

Bastaría a los estudiosos el comparar lo dispuesto en el instrumento centralizador con el plan municipal de Xalapa, capital del estado, y este, a su vez, con el de los Ayuntamientos de Banderilla, San Andrés Tlalnehuayocan, Emiliano Zapata y Coatepec, para confirmarse tal carencia de racionalidad. Pues en tanto el primero se dice responde a objetivos y metas en un horizonte de 30 años, los demás escasamente atienden a demandas y disponibilidades a considerar en un trienio, dado el nivel desigual de desarrollo regional y municipal de Veracruz.

Bajo este supuesto, la pregunta obligada sería: ¿Quién debe ir a la cárcel? ¿Los alcaldes morosos o los diputados locales, empezando por Américo Zúñiga Martínez? Seguramente ninguno. Ante la proximidad del proceso electoral del 2012 resulta más conveniente para todos el no hacer olas. Luego para qué tanto grito y sombrerazo, que no sea una cortina de humo, un distractor más para ocultarle a la ciudadanía lo inocultable sobre el desempeño de la administración pública estatal y municipal en el pasado reciente.

¿O acaso ya se solventaron penalmente las irregularidades detectadas de los ahora ex alcaldes que saquearan arcas públicas  en el trienio anterior? ¿Y lo que falta por salir a la luz de la pésima y corrupta administración pública estatal de la fidelidad? No olvidemos que la revisión de la cuenta pública del 2010, corre a cargo de la actual Legislatura local.

Si tomamos en consideración lo declarado por el secretario veracruzano de finanzas, el proyecto de presupuesto de la administración pública estatal y municipal para el 2012 se elaborará bajo la modalidad de “presupuesto base cero”, o “presupuesto por programas”, es de imaginarse entonces que en su momento la propuesta del ejecutivo le pasará de noche a la Legislatura, habida cuenta de que para la representación “popular” el Proyecto de Presupuesto 2012 será un rompecabezas más de programas fuera de contexto, acompañado de un verdadero galimatías de proyectos y estudios de factibilidad elaborados al vapor.

 No hay que quebrarse la cabeza. Diputadas y diputados aprobarán también por unanimidad, sin chistar y sin conocimiento de causa previo, lo que pomposamente habrá de denominarse “Ley de Egresos 2012”.

Lo que mal empieza mal acaba. Sin considerar que el presupuesto del 2012 se aplicará a cubrir compromisos del 2011 y el aprobado para el presente año fiscal, a pendientes y adeudos heredados de la administración de la fidelidad.

No cabe duda de que calladitos se verían más bonitos. ¿O no, diputado Américo Zúñiga Martínez?

pulsocritico@gmail.com

http://pulsocritico.com

https://pulsocritico.wordpress.com

http://www.gurupolitico.com

Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

Javier Duarte

En efecto. Es aún muy temprano, apenas cien días, para calificar el desempeño de la administración pública ahora a cargo del Dr. Javier Duarte de Ochoa. Los elementos hasta ahora visibles se aprecian difusos e inciertos. Más allá de golpes mediáticos  cuyo impacto inmediato se diluye en unos cuantos días, el panorama no es nada claro, percibiéndose parálisis y, peor aún, ausencia de estrategia para controlar la crisis financiera que tiene atado al gobierno estatal, así como a gran parte de los Ayuntamientos.

Pero si bien no hay elementos para juzgar el temprano desempeño, si los barruntos de tormenta son indicadores valiosos para estimar que el beneficio de la duda que se le otorga al joven gobernante, va en picada.

Conforme pasan los días, lejos de convencer sobre sus intenciones de conducir la nave a puerto seguro, el gobernador genera dudas y escepticismo. Al grueso de la población no le inquieta el saber si en el mediano plazo se generarán miles de empleos, en su mayoría en el sector servicios y, por ende, mal pagados, como tampoco le conmueve conocer de si el PRI está o nó en el camino correcto para dar la pelea en el 2012. Más que declaraciones que soslayan la problemática específica por la que se atraviesa, la población pide resultados en relación a rezagos, ya no históricos, sino de coyuntura en la atención a promesas no cumplidas de la anterior administración.

No hay dinero, se dice en las dependencias gubernamentales, haciéndose de ello eco los medios de comunicación, mientras el número de manifestaciones de descontento están a la orden del día. Si no son los pobladores de comunidades afectadas por los fenómenos naturales, son los jubilados, empleados gubernamentales, o los contratistas y proveedores que no saben para cuando se hará efectiva la promesa de pago. No hay dinero, es la respuesta aunada a la promesa de que en abril se restablecerá la liquidez.

Sin hacer de lado que el lento ritmo de  generación de nuevos empleos se frena y el desempleo real y el comercio informal se incrementan, a partir de cierres de pequeñas y medianas empresas incapaces de sobrevivir en medio de un mercado interno contraído y a la baja.

Las presuntamente esperanzadoras ofertas de apoyo a los productores agrícolas, pecuarios y pesqueros, no impactan en la medida de lo deseable. Pesa más saber que no hay fecha para su cumplimiento cuando a la par trasciende que el gobierno estatal se gastó 10 mil millones de pesos, sin haber resuelto la demanda de auxilio de los afectados por el mini huracán y la tormenta tropical el año anterior, con sus correspondientes secuelas de inundaciones y pérdida de infraestructura, hogares, enseres domésticos, cultivos y ganado.

Los funcionarios estatales se lavan las manos. El gobierno federal no abre la llave, los recursos federales no bajan, dicen. Al mismo tiempo que el gobierno calderonista, por lo consiguiente, afirma haber cumplido en tiempo y forma. Mientras el gobernador se exhibe mediáticamente como un acertado y efectivo gestor que recompone la relación perdida con el gobierno central.

Esperanzas y expectativas de cambio, alimentadas por un presunto cambio en el estilo de gobernar, se desmoronan. El combate a la corrupción al interior de la administración estatal y de los Ayuntamientos, tiene más contenido mediático que efectividad. La impunidad domina y está a la vista de todos, mientras que el gobernador declara no tener intenciones de provocar una ruptura con su amigo y antecesor, ocupado como está en salvar su relación con su partido y pesar en la toma de aquellas decisiones que habrán de desembocar en la designación del candidato priísta a la presidencia de la República. Lo sustantivo es el partido y la elección del 2012, lo accesorio es Veracruz. No porque así lo desee el gobernante, estimo de buena fe, sino porque frente a la incapacidad para administrar la crisis financiera derivada de cuantiosos adeudos heredados, requiere de la operación política para mantener en paz y trabajando a la entidad.

Si no hay dinero suficiente en las arcas públicas, el circo substituye al pan, mientras en el grueso de la población la falta de pan actúa como pésimo consejero. ¡Vaya enredo! Cuando lo que menos interesa en este momento a la mayoría de los veracruzanos, fuera del diario chacoteo sobre el tema, es el considerado aún lejano proceso electoral.

Se dio el cambio en  la presidencia del CDE del PRI, ¿y? ¿A quién le interesa si se designo de un dedazo a fulano o a sutano? Eso no resuelve en lo más mínimo la intranquilidad social y sí, paradójicamente, lejos de fortalecer al partido en el gobierno, le debilita, constatando la opinión pública que el PRI en Veracruz en lugar de evolucionar como se estableciera como compromiso ineludible desde el 2002, involuciona, a la par que se agudiza la pugna entre los anquilosados clanes regionales; dificultando esto último la conducción política a cargo del “gran elector” en turno, frente a la que el nuevo dirigente estatal del tricolor se lava las manos declarándose simple peón de estoque del gobernador, ante el asombro de sus correligionarios.

Efectivamente, no hay elementos suficientes de peso como para juzgar el desempeño del Dr. Duarte de Ochoa en sus primeros cien días de gobierno. Es aún demasiado temprano en medio del caos. Sin embargo, la percepción se agudiza al paso de los días; ante la ausencia y/ o insuficiencia de elementos válidos de juicio las tendencias cuentan en el imaginario popular, y estas se manifiestan ya en contra de la esperanza en el joven gobernante.

pulsocritico@gmail.com

http://pulsocritico.com

https://pulsocritico.wordpress.com

http://www.gurupolitico.com

Pulso critico

J. Enrique Olivera Arce

Javier Duarte aplica una justicia selectiva, fraguada en los sótanos de la ética política. Busca delitos en quienes ejercieron recursos minúsculos y exime de culpa, sin más argumento que el de la complicidad, al régimen fidelista.

Mussio Cárdenas Arellano

Considerando una vieja y justificada demanda de adelgazamiento del aparato administrativo gubernamental, el anuncio de un plan de austeridad y ahorro en la administración pública en Veracruz cae en tierra fértil, debería merecer reconocimiento de la población al mismo tiempo que interpretarse como señal de voluntad de cambio por parte del titular del ejecutivo.

Más, para los que saben de la diferencia entre gasto corriente y gasto de inversión, que estiman la medida como correcta y plausible el privilegiar inversión por sobre gasto improductivo. Gastar menos para hacer lo mismo, o un plus de ser posible,  en el manejo de la administración gubernamental, a la par que invertir un mayor caudal de recursos en bienes de capital, como podría ser obra pública o apoyos al aparato productivo implicando efectos multiplicadores, tanto en la dinámica económica y social de la entidad como en las finanzas gubernamentales.

Así que por principio de cuentas, bienvenida la iniciativa del gobernador en su por ahora tempranero propósito de aplicar honestidad, austeridad y racionalidad como prioridad en su administración.

Lo que no se dijo y quizá sea lo más relevante, es que al mismo tiempo el plan de austeridad debería contemplar el establecer estándares e indicadores de eficiencia y eficacia que, en cada una de las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública estatal, permitan evaluar desempeño y transparencia en resultados medibles y cuantificables que den cuenta del avance en el hacer más con menos.  Punto de partida para entonces si hablar de honestidad, rendición de cuentas y credibilidad en la acción de gobierno.

No obstante, partiendo de experiencias previas recientes y el desconocimiento del aún pendiente Plan Estatal de Desarrollo, el ambicioso anuncio del gobernador tiene diversas aristas a considerar para su cabal aceptación y, en su caso, plena credibilidad por parte de una población en su mayoría legos en materia administrativa y financiera. Pues una cosa es querer y otra materializar un buen propósito que incida en equidad y bienestar para los veracruzanos.

En primer término, a mi modesto entender, no se habla de una límpia a fondo que libere a la administración de una corrupción enquistada que a no dudar se encargaría de dar al traste con los buenos propósitos del gobernador. Tampoco queda claro a cuanto ascienden los montos destinados a pago de nómina de los burócratas de los niveles más bajos del escalafón, por cierto mayoría, y cuanto es lo que se eroga en pago de sueldos u honorarios, compensaciones, bonos de productividad, viáticos, pasajes, vehículos, y minucias dispendiosas como gastos diversos sin comprobar, entre otras cosas, de la alta burocracia.

Habría que aclararlo, pues ahí está el pero que obliga a pensar que lo deseable se enfrenta a lo imposible.

En segundo término, no queda claro a que se destinará el ahorro estimado de 6 mil millones de pesos. Quedando la impresión en una opinión pública desinformada que el destino prioritario final de la inversión se aplicaría a la “reconstrucción” derivada de las afectaciones de los dos mini huracanes que golpearan a la entidad en el 2010.

No obstante, no se detalla a cuanto asciende el daño a cubrir por parte del gobierno federal, el  estatal, y los sectores privado y social. Un adecuado desglose sería pertinente a favor de la certeza y transparencia de una medida en principio correcta en su intención, sin que se preste a malos entendidos; habida cuenta de que en el imaginario popular lo que implícitamente se busca es pagar deudas y sanear arcas públicas en bancarrota, puesto que el metódico y  sistemático saqueo del erario bajo la administración de Fidel Herrera Beltrán se dio previamente a los fenómenos naturales que, habiendo afectado a la entidad, se tomaran como pretexto para justificar lo injustificable.

no podemos hacer de lado que también es del dominio público que el gobernador Duarte de Ochoa hereda un estado inercial de cosas en el que  entre los diversos rubros que integran el gasto corriente, el mayor peso específico recae en el amiguismo, el despilfarro, la injustificada presencia en nómina de varios cientos de seudo servidores públicos que conocidos como “aviadores”, “comisionados”, o “asesores externos”, no sólo jamás han dado golpe en las dependencias a las que nominalmente están asignados, sino que incluso, adicionalmente a los  altos emolumentos que se les asignan, obtienen al paso de los años el beneficio de una jugosa jubilación.

Se dice de una conocida e  influyente familia que hasta sus nietos no natos ya figuran en el organigrama de la administración pública veracruzana.

Ejemplos sobran. Bastaría con señalar el buen número de agraciadas jovencitas que, sin más mérito que su proclividad a la liviandad, prestaran sus servicios carnales a cambio de figurar en la nómina gubernamental con escandalosos ingresos y prebendas económicas y políticas. Nada de esto dejó de percibirse por la opinión pública a lo largo de los últimos seis años.

Irregularidades, dispendio y criminal saqueo, que por cierto el Congreso local se ha negado a reconocer en el análisis de la Cuenta Pública del período 2004-2008. No es nada circunstancial que por disposición del ex gobernador Herrera Beltrán se “blindara” la información sobre el gasto larvario de la promoción mediática del gobierno de la fidelidad.

No hay que ir muy lejos para trasmitir confianza y credibilidad en los buenos propósitos de un plan por principio plausible. Bastaría con clarificar donde y por qué, figuran en la nómina gubernamental tanto una “clase” política parasitaria, como “líderes sociales”, periodistas, amigos, ministros de culto y hasta mágicos gurús yerbateros, que medran a la sombra del poder en turno,  y entonces sí, actuar en consecuencia; tomándose las medidas pertinentes para corregir y adelgazar el gasto corriente socialmente oneroso con honestidad transparencia y buen juicio.

Pero antes que cancelar la oportunidad de los humildes al acceso a un modesto empleo gubernamental, es imprescindible aceptar con objetividad que, en las quebradas finanzas públicas estatales y municipales, por comisión u omisión, la corrupción en los mandos superiores  y no el número y presunta displicencia de la burocracia menor, es la responsable. ¿Es ello posible?

Pretender ocultar la realidad a los ojos de los mandantes, no es honesto ni merece credibilidad. Tampoco se modifica la percepción de que el pretendido cambio en propósitos y objetivos en la administración  pública veracruzana,  no deja de ser simple gatopardismo. La corrupción e intereses políticos diversos, mata buenos propósitos de inicio de gestión.

Por último, entre otras consideraciones, para no seguir aburriendo a mis tres lectores,  estimo que la honestidad en los servidores públicos, efectivamente no debería ser “un discurso”, como afirmara el gobernador Duarte. Se sustenta en la honestidad intelectual para aceptar que lo prioritario es el mandato popular expresado en las urnas y no caprichos coyunturales, excesos mediáticos y conductas ética y moralmente impropias de quienes están obligados a servir con honradez, eficiencia y eficacia en su desempeño.

Si nos atenemos al anuncio en cuestión del joven gobernante, la credibilidad en el propósito se gana con frugalidad y racionalidad en el ejercicio del gasto corriente, equilibrado manejo de las finanzas públicas y un combate frontal a la corrupción, como norma de conducta de un gobierno honesto dispuesto a romper con un pasado lamentable. ¿Podrá entonces el Dr. Duarte frenar la inercia heredada y revertir la tendencia al saqueo que aún tiñe de rojo a su administración?

Insisto de manera reiterada. Hechos concretos, no palabras que no modifican la realidad, legitimarán a la recién estrenada conducción de la administración pública veracruzana.

Mientras a la inercia heredada no se le ponga un hasta aquí, honestidad en el servicio público no pasará de ser eso, “discurso” sobre las mejores intenciones del gobernador de Veracruz. Perseguir penalmente a ediles y funcionarios de municipios de la menor relevancia, por presunta deshonestidad en el manejo del erario público, no basta. Se alborota a los ratones y se consienten a las ratas.

El gasto de inversión es otro rollo. En este renglón tan urgente como necesario es poner también freno al alto nivel de negocios que, con cargo al erario,  tienen lugar mediante el tráfico de influencias, evidente corrupción e impunidad en el ámbito de mandos medios y superiores. Los casos del “Negro” Rafael Cruz, y el “hermano incómodo” de Fidel Herrera Beltran, diputados que se desempeñaran como alcaldes y alcaldes ahora diputados o funcionarios del primer círculo del gobierno estatal, son paradigmáticos. Esto, por ahora, no viene al caso comentar pero está presente en el imaginario popular.

pulsocritico@gmail.com

http://pulsocritico.com

https://pulsocritico.wordpress.com

http://www.gurupolitico.com

A %d blogueros les gusta esto: