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Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

No es lo mismo el adeudo a empresarios que el no pago de salarios a los trabajadores. En el primer caso el tema es de carácter mercantil, en el segundo, es una flagrante y consentida violación a un mandato constitucional. Luego no se vale que los primeros, a río revuelto, pretendan se les meta en el mismo saco en la asignación de prioridades en el proceso de pago de adeudos del gobierno estatal.

Primero lo primero y, si alcanza, ya mañana dios dirá. Así de simple, puesto que el horno no está para bollos.

Y ya que se toca el tema del cuento de nunca acabar, vale señalar que si en nombre del orden y gobernabilidad se contempla reprimir a los trabajadores inconformes, el gobierno estatal debe pensarlo dos veces, toda vez que quién está violentando el espíritu de la ley y dando lugar al desorden, es el empleador omiso y no los asalariados. Creo que esto debe quedar claro para no confundir a una ciudadanía que se dice cansada de marchas, plantones y bloqueos y a la que el por ahora gobernador electo curándose en salud responde con un llamado a evitar desorden y caos en la entidad.

-ooo-

Hojas que se lleva el viento.

Más chingones que bonitos, tanto la desfondada Secretaría de  Finanzas y Planeación del gobierno estatal como el Congreso local, que por voz de sus personeros hacen gala de una simulación que ya no se corresponde con la dinámica social de una entidad federativa que, para bien o para mal, ya no es la de endenantes.  

La dependencia del ejecutivo, sin un clavo ni para papel higiénico, presenta a la LXIV Legislatura para su análisis y aprobación, en su caso, el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el 2017 que, en números redondos, supera los 100 mil millones de pesos, declarando la titular de Sefiplan, Clementina Guerrero García, que  “…el proyecto está elaborado con la metodología presupuestal basada en los estados y modelos preferentemente señalados por el Instituto Mexicano de la Competitividad”.

Por su parte, la presidenta de la mesa directiva de la Legislatura local, diputada María Elisa Manterola Sáinz, siguiéndole la corriente a Doña Clementina, expresa su beneplácito ante un proyecto de presupuesto “histórico”, puntualizando que “Se buscará una concordancia entre lo propuestado y el propio  Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018, que también analiza esa soberanía, toda vez que el gobernador electo, lo entregó en tiempo y forma”.

En ambos casos, se antepone protagonismo al sentido común, cayéndose en la vieja y manida fórmula del engaño y la manipulación mediática, considerándose que los veracruzanos se siguen chupando el dedo.

El proyectar un presupuesto de ingresos y egresos gubernamental, sea cual fuere la metodología seguida para su elaboración, no se puede sustentar sin una evaluación seria de la situación que guardan las finanzas públicas estatales para de ahí, como punto de partida, establecer la relación ingreso-gasto de la administración pública estatal para el periodo contemplado. Evaluación que, de acuerdo con lo declarado por la propia titular de SEFIPLAN, aún no concluye ni arroja resultados definitivos que puedan ponerse a consideración de la Secretaría de Hacienda para una negociación ulterior.

El sentido común, dada la situación que guarda una administración pública quebrada, obliga a pensar entonces que en orden de preeminencia debería jerarquizarse como prioritario primero el saber a ciencia cierta de que punto de partida estamos hablando. Más existiendo la incertidumbre respecto a la disponibilidad y montos de recursos frescos, que la federación está dispuesta a aportar como respaldo a una entidad federativa en condiciones de desastre.

En tanto la opinión pública no tenga claro lo anterior, no cabe echar las campanas al vuelo, sin conocer aún con cuanto se contará una vez descontado de los 100 mil millones presupuestados, el pago de deuda y su servicio, so pena de quedar en ridículo y seguir dándole vueltas a la noria.

También, recurriendo al sentido común, no procede afirmar que se buscará la necesaria concordancia entre el proyecto de egresos y el llamado “Plan Veracruzano de desarrollo 2016-2018”, cuando el pleno de la actual Legislatura presumiblemente aún desconoce alcances, contenido y exigencias financieras de un instrumento legal a todas luces cuestionable y aún en proceso de estudio en comisiones.

La simple lógica formal indica que primero hay que conocer la disponibilidad real de recursos para, de ahí, validar o ajustar estrategias, objetivos y metas por alcanzar en el período proyectado. Esto lo conoce a la perfección cualquier ama de casa responsable de la administración del ingreso familiar, si no quiere fracasar en el intento. No se puede programar el gastar por anticipado un dinero cuya disponibilidad futura está en veremos, salvo endeudándose y, para el caso Veracruz, es algo así como imposible, no más deuda es el sentir en el imaginario colectivo.

Todo ello en un plazo límite de apenas siete días para que tanto el proyecto de leyes de ingresos y egresos como el llamado “Plan Veracruzano de Desarrollo” sean analizados y aprobados, en su caso, por el pleno de diputados para su promulgación y vigencia. Instrumentos que a su vez, para materializarse y puesta en práctica, requieren de un aparato gubernamental hoy por hoy, ineficaz y corrupto que debe ponerse a tono con propósitos, estrategias y estilo personal de gobernar de Yunes Linares.

Esto, en un escenario social de descontento, desconfianza y hartazgo, en el que el nuevo gobierno está obligado a caminar con pies de plomo para no resbalar.

No nos engañemos ni engañemos si de oxigenar el cotarro se trata. Ya lo decía la abuela pontificando: el que mal empieza mal acaba.

Xalapa, Ver., 24 de noviembre de 2016.

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Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

Como dice la canción: “… esta flor ya no retoña, tiene muerto el corazón.”

Pudiera entenderse que toda reforma en la vida institucional del Estado mexicano se inscribe en un proyecto viable que respondiendo a necesidades concretas para avanzar en el azaroso e incierto camino del desarrollo, ésta debe a su vez atender en sus propósitos y objetivos a condicionantes también concretas, tanto en lo económico como en lo social del entorno en el que habrán de operar.

A mi juicio, estas condicionantes a considerar, a groso modo y salvo la mejor opinión de expertos y estudiosos podrían sintetizarse en:

Entorno global como contexto externo;
Condiciones internas económicas, políticas y sociales;
Confianza, credibilidad y certeza sobre la bondad de las reformas;
Respaldo consensuado de la población;
Capacidad operativa de las entidades encargadas de su implementación.

Si esto es así, cabe entonces preguntarse si tanto el proyecto de nación como las reformas neoliberales presuntamente estructurales que impulsa el presidente Peña, atienden a estas premisas para una tersa implementación, o bien, si se han pasado por alto atendiéndose únicamente a un afán voluntarista y autoritario.

A la luz de lo que la realidad ofrece en los tiempos que corren, es de considerarse que los aprendices de brujo desde la presidencia de la república, partiendo de la certeza del qué, cómo, dónde, con cuánto y con quién se contaba para sacar adelante el paquete de reformas legislativas, no dudaron en arrojarlas en cascada y casi de manera simultánea, atendiendo más a lo deseable que a su factibilidad, topándose con pared.

En lo externo, el entorno global inmerso en una crisis aún no superada, es del todo negativo y escasamente favorable; el respaldo social está muy lejos de sustentarse en un amplio consenso, antes al contrario, la sola aprobación de las reformas planteadas polarizó a la sociedad y generó malestar y rechazo, incrementándose desconfianza y credibilidad, así como duda en torno a la certeza sobre la bondad de las medidas adoptadas por el gobierno del Sr. Peña. Observándose que existe más audacia mediática e improvisación que capacidad operativa real de la administración pública en los tres órdenes de gobierno para su implementación.

A ello habría que agregarle condimentos no previstos, fruto del deterioro histórico del tejido social y de la dinámica inercial de un régimen político caduco, infiltrado hasta el tuétano por la corrupción impune.

El resultado a dos años de distancia del asalto a la presidencia de la república por el Sr. Peña, su grupo de amigos y colaboradores cercanos, así como de su partido, está a la vista. La realidad real del entorno global y del Estado-nación en lo interno, han pesado más que la intencionalidad de un proyecto de futuro sustentado a reformas que, lejos de apuntar a resolver añejos problemas estructurales como desigualdad, pobreza, corrupción e impunidad, les han profundizado a niveles críticos, agudizándose las condiciones de subdesarrollo y dependencia del exterior en que se históricamente se debate la sociedad mexicana.

Las reformas propuestas y aprobadas por el Congreso de la Unión, están quedando en el papel, en tanto que sus artífices son conducidos por la opinión pública a la picota del descrédito, destacando la vertiginosa caída del nivel de aceptación del Sr. Peña Nieto tanto en el exterior como en el entorno nacional. Si éste último en su mejor momento le fuera funcional a los poderes fácticos, hoy estorba siendo objeto de serias descalificaciones en las que va de por medio su autoridad moral y política, amén de su integridad personal como servidor público.

Tomados por sorpresa, aprendices de brujo y partidos políticos que les respaldan, el castillo de naipes se les derrumba. No estando el horno para bollos en la economía mundial, en lo interno la abrupta caída del precio del petróleo sobre el que descansa economía y finanzas públicas, echa por tierra la bondad de la panacea soñada, poniendo a México en franca indefensión, a la par que exhibe imprevisión y torpeza en el reducido cónclave de los artífices ya no de las reformas presuntamente estructurales, sino de un desastre más que anunciado.

El Congreso de la Unión se lava las manos tras aprobar la cauda de medidas económicas propuestas por la presidencia de la república. No ve, no escucha y hace de su silencio cómplice cómoda instancia para mantenerse al margen, sin el menor viso de interés por corregirle la plana al Sr. Peña y retomar el camino perdido.

Y es en este escenario en el que la partidocracia privilegia sus intereses por sobre los de la nación entera, dedicada a lo suyo, intentando mantener y acrecentar privilegios y prebendas hoy en riesgo, impulsando un proceso electoral contra corriente en el que se ignora el clima de descontento, hartazgo y resistencia de una sociedad en la que amplios y de lo más diversos sectores de antemano retiran confianza y credibilidad en partidos y candidatos. No siendo circunstancial el que por doquier surjan candidatos independientes que al margen del espectro partidista, con respaldo de la ciudadanía estén dispuestos a enfrentar la maquinaria oficial.

Esto último, en el marco de las reglas del juego político electoral. Más allá, trascendiendo los límites de la legislación electoral vigente, movimientos sociales de diversa composición, intencionalidad y reivindicaciones, proliferan a lo largo y ancho del país en franco rechazo y resistencia a institucionalidad y autoridades, poniendo en jaque a un régimen político que, como en el caso de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, se manifiesta incapaz y rebasado para manejar y controlar la fuerza de la resistencia social.

Esto, observando la punta del iceberg. Lo que no se ve o no es destacado mediáticamente, es lo que se cocina en las profundidades de una sociedad en proceso de transformación y cambio a la que la estructura actual del Estado mexicano y concomitantemente el régimen político vigente, ya no le es funcional.

Y en este caldo de cultivo de hartazgo y resistencia teñido de violencia criminal, la partidocracia confía en sus añejas estructuras y añosas mañas para sacar adelante un proceso electoral que legitime el secuestro de la democracia participativa; y tan convencida está, que sin distingo del color de la camiseta oferta a la ciudadanía un ramillete de aspirantes y candidatos para la elección de junio próximo, que siendo los mismos de siempre le apuestan al más de lo mismo.

Estando la moneda en el aire y no habiendo más que de dos sopas, la incertidumbre se apodera de la ciudadanía. Si la única salida viable al descontento y al hartazgo está en las urnas, como bien afirma López Obrador, ¿por quién votar? ¿Por los partidos y sus candidatos, o por los candidatos independientes?

La respuesta está en un proceso serio de reflexión a lo largo del escaso período de precampañas y campañas, siendo el tiempo y a tiempo el que en su momento aclare el panorama.

Hoy por hoy, de lo que se puede estar seguro es que el magro desempeño económico y el deterioro del tejido social modifican la correlación de fuerzas políticas en México, fortaleciéndose una creciente resistencia social que tomando protagonismo viene por lo suyo.- Cd. Caucel, Yucatán. Enero de 2015

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Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

2012 quedará señalado en la historia de México como el año de la miseria moral de un régimen político caduco y corrupto que marcha de espaldas a la historia.

El cómputo distrital de la elección confirma el triunfo de Enrique Peña Nieto en la elección presidencial.  Ello debería bastar para dar vuelta a la página. No obstante y con la salvedad de que aún falta solventar la etapa de impugnaciones para que se le expida constancia de mayoría al mexiquense, son más los que protestan que los que festejan, percibiéndose un clima de incertidumbre igual o más complejo que el que se viviera en el 2006 con el apretado triunfo de Calderón Hinojosa avalado por el PRI.

Dimes y diretes van y vienen,  más sin embargo las evidencias confirman en el imaginario popular la sospecha si no de un fraude, cuando menos de un proceso electoral carente de pulcritud y apego a la norma legal, que deja a la ciudadanía un amargo sabor de boca,  abriéndose la puerta a conflictivos sucesos post electorales.

Las reglas del juego son claras, en la guerra como en el amor todo se vale, cuanto más en nuestra incipiente democracia tan afanosamente vulnerada. Este es el mensaje que el régimen político prevaleciente nos trasmite conforme se van acumulando elementos probatorios de que, si no legalmente aceptados si hablan de un burdo escamoteo  más de la voluntad ciudadana, así como de un evidente desprecio a la inteligencia de la mayoría de los mexicanos.

A estas alturas ya no es creíble para nadie que la elección del pasado domingo primero de julio fuera la más limpia y transparente de la historia, como afirma el Instituto Federal Electoral (IFE). Tampoco son creíbles los resultados de los comicios.

La duda supera a la legalidad y certeza de la elección, así como al exceso de triunfalismo anticipado de Enrique Peña Nieto y los partidos que le postularan como candidato a la presidencia de la república. Se exacerba la desconfianza y enojo en millones que confiaran en la fuerza del voto como instrumento de cambio. El sospechosismo tiende a generalizarse poniéndose en duda la legitimidad del proceso electoral y, de paso, a la actuación del “arbitro” de la contienda.

En la democracia a la mexicana de hoy se gana o se pierde por un voto, aun cuando el ganador de la contienda no alcance el 50 % más uno del total de los sufragios emitidos. En eso se está de acuerdo, no hay de otra, más no en que se gane a la mala, reviviéndose las viejas prácticas antidemocráticas presuntamente superadas.

“El PRI nunca pierde y, cuando pierde arrebata”, se decía en mis años mozos. Hoy, ostensiblemente perdió y arrebató con la connivencia de la mayoría de los gobernadores priístas y el disimulo del IFE. Siendo paradigmática la masiva compra de votos. No pasó nada, la impunidad se impuso venciendo a la buena fe de un electorado que hoy rumia su impotencia e indignación.

El triunfo del abanderado priísta es irreversible. Así debemos entenderlo conforme a derecho. La anulación de una elección presidencial en México no se concibe. Habría que preguntarse entonces si para el imaginario popular frente a un triunfo mal habido, lo es también dejar atrás rechazo, frustración e indignación  Si conforme a las reglas del juego electoral para el IFE y el TRIFE el triunfo de Peña Nieto es legal, para la ciudadanía una vez más como en el 2006 la elección se juzga  ilegítima y espuria.

Ganó México, rezan anuncios espectaculares sembrados por el PRI en todo el territorio nacional. Para la gran mayoría de los ciudadanos, por el contrario,  una vez más pierde la institucionalidad republicana. Lejos de avanzar en la construcción de una auténtica democracia representativa, la elección del pasado domingo anuncia singular retroceso. México pierde al iniciarse una nueva etapa de polarización maniquea y desencuentros entre diferentes, de la que no se puede culpar al candidato de las llamadas izquierdas; el partido tricolor y su verde satélite presuntamente ecologista, arrebataron sin decoro alguno. A estos la ciudadanía juzga como responsables al darse por burlada con el “madruguete”, avalado por la mayoría de los medios de comunicación y la propia primera autoridad del país.

¿Quién parará la ola de indignación que anima a una mayoría respetable de ciudadanos a lo largo y ancho del país?. Si la primera autoridad ya antes del cómputo oficial diera por sentado que se tenía un ganador en la persona de Enrique Peña Nieto. Si Calderón Hinojosa perdió su oportunidad de amansar las aguas hoy revueltas, quién o que autoridad dará cauce al justificado enojo. Eh ahí la incógnita que se percibe en el aire. Las marchas de protesta crecen y se multiplican con el riesgo de radicalizarse, no hay consenso nacional en torno a los resultados evidentemente ilegítimos. Peña Nieto asumiéndose ya como presidente electo y los partidos que le postularan permitiéndolo, ocupan lugar prominente en el banquillo de los acusados. No pueden ser juez y parte para acallar la protesta.

México salió perdiendo no porque López Obrador y su movimiento ciudadano sean los derrotados. Ya sabrán estos levantarse de entre las cenizas.

A diferencia de elecciones anteriores la participación ciudadana en las urnas alcanzó más del 65 por ciento del padrón electoral. La participación de un  electorado confiado en la fuerza de su voto venció al abstencionismo pero, justo es decirlo, terminó perdiendo una vez más frente a la corrupción y  criminal prostitución de conciencias y voluntades entre aquellos que menos tienen. La inducción perversa y la compra masiva del voto, quedarán impunes como marca indeleble de lo que para la democracia pudo haber sido y no fue.

Hojas que se lleva el viento

En nuestra próspera aldea del aquí no pasa nada, para algunos que desde el closet no movieron un dedo a favor de López Obrador, hoy se lamentan y juzgan como equívoca su candidatura responsabilizando de la derrota de las sedicentes izquierdas al político tabasqueño. Hubiera sido diferente con Marcelo Ebrard como candidato, dicen. A estos les digo: Si el PRI hubiera postulado a Manlio Fabio Beltrones, otro gallo cantaría a los tricolores. Parafraseando al escritor Rafael Junquera Maldonado, si el presente también es pasado, este no deja de ser un pasado que no tiene regreso. Lo hecho, hecho está y eso es lo que cuenta aunque las apariencias digan lo contrario.

En mi tránsito hacia el sureste,  pude observar ostentosos espectaculares del PRI con la leyenda “Ganó Veracruz”. Curioso consuelo en una entidad federativa en la que los números oficiales del IFE apuntan que en la elección presidencial los veracruzanos dieron el triunfo en las urnas a la candidata del PAN. Entendible, no hay que olvidar que el primer priísta de Veracruz, el que manda, dicen, no alcanza a ver más allá de su ombligo; entretenido como está jugando su propia batalla virtual en el Nintendo no se enteró que en su ciudad natal ganó Josefina

Arribo a Yucatán, entidad en la que la política  se cocina diferente guardándose una prudente distancia con la federación, encontrándome a un pueblo en su mayoría satisfecho con los resultados electorales locales. Con el voto diferenciado ganó el PRI la gubernatura y el PAN la alcaldía de Mérida, ciudad de la paz que con sus municipios conurbados aloja aproximadamente al 50% de la población yucateca. Habrá un sano equilibrio político-administrativo con beneficios en lo económico y social para todos, me aseguran.-  Mérida, Yuc., Julio 7 del 2012.

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Pulso crítico

 J. Enrique Olivera Arce

 Junio 15 de 2011

 Las absurdas declaraciones del secretario de hacienda en torno a la pobreza, además de generar indignación y rechazo a las políticas públicas puestas en práctica por el gobierno calderonista, ponen en el tapete de la discusión el tema de la precarización de las llamadas clases medias, cuyas expectativas de movilización y ascenso en la escala social se contemplan no sólo frenadas, sino también acusando una franca tendencia a un inesperado descenso. Lo cual genera frustración y una creciente irritación que se ve hoy reflejada en la confluencia de movimientos sociales en torno a objetivos políticos comunes.

 No es por ello circunstancial que las movilizaciones que reclaman en principio el freno a la violencia desatada por la guerra declarada por Calderón Hinojosa a las diversas manifestaciones delincuenciales, no solo crecen haciéndose más evidentes ganándose la simpatía de amplios sectores de clase media, sino que concitan a la unidad de las corrientes de izquierda en torno a reivindicaciones tales como la democracia participativa, el pleisbicito, o la revocación del mandato. Cuestionando el actual estado de cosas en manos de una clase política insensible, corrupta y ajena al sentir popular.

 Como es el caso de la Marcha por la paz, con justicia y dignidad”, promovida por el poeta neo zapatista Javier Sicilia; el movimiento “no más sangre”, que agrupa a destacados intelectuales, y “Morena”, movimiento nacional encabezado e impulsado por Andrés Manuel López Obrador. Movimientos sociales en los que confluyen en avalancha las clases medias empobrecidas.

 Como tampoco es circunstancial el que lo que se iniciara como protesta ciudadana ante el estado de cosas prevaleciente, hoy confluya desde distintas posiciones de la izquierda como exigencia de un nuevo pacto social, superando los objetivos buscados por la inconclusa Reforma Política impulsada desde la cúpula partidista de una clase política que ha perdido rumbo y brújula.

 A la descomposición de la vida política y social de México y el deterioro creciente de la partidocracia, se opone hoy un principio de desobediencia civil, cuyo nivel de politización habla ya de una toma de conciencia que nos remite a la década de los setenta, cuando frente al agotamiento del llamado “desarrollo estabilizador” en México, se diera un ascenso de masas con la correspondiente respuesta gubernamental, que culminara con la brutal represión del 10 de junio de 1971.

 Confluencia no necesariamente de los sectores más “jodidos” de la población, como muchos piensan, minimizando –peyorativamente- el reacomodo de las fuerzas políticas en marcha. Son las clases medias, frustradas e indignadas, las que alimentan y enriquecen las actuales movilizaciones sociales, volcando en éstas su desencanto y frustración generado por la pérdida de expectativas a futuro y su creciente malestar por el deterioro presente de los niveles de vida y bienestar. Lo que nos acerca a la idea de que las elecciones del 2012 para el recambio de estafeta en la presidencia de la República, habrán de tener lugar en un escenario de cólera popular que los partidos políticos no podrán controlar y canalizar.

 Los tres órdenes de gobierno actúan reactívamente, tarde y mal. Pretendiendo ahora con un despliegue ostentoso de los diversos cuerpos de seguridad, estatales y municipales, a instancias de la “Conago-I”, frenar a la delincuencia y así calmar un descontento creciente. Sin parar mientes que la reivindicación por la paz social y la no violencia, ha sido rebasada en la plaza pública por reivindicaciones estrictamente políticas. Del “no más sangre”, se ha pasado a “nuevo pacto social”, “democracia participativa, “transparencia y revocación de mandato”. El mensaje popular es claro: “si no pueden, que renuncien”.

 En nuestra aldeana realidad política, el gobierno de Veracruz pretende tapar el sol con un dedo, como se observara en el recule del Rector de la Universidad Veracruzana a pedido del Procurador Gral. De Justicia. “Nada de manifestaciones”, así sean silenciosas y al interior del campus universitario con pretexto del fatal y cruento deceso de un destacado maestro e investigador veracruzano. Cuando el problema que incita a la protesta del magisterio universitario, es la amenaza de desaparición del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) para el 2013, al no ser ya sostenible su operación financiera. Amenaza que de hacerse efectiva, impactaría, cuando menos en la capital del estado que ya es decir mucho, en los ingresos de un amplio segmento de servidores públicos,  generando mayor pobreza entre las clases medias. 

 El recule público del Rector de la UV, no impidió la manifestación. Antes al contrario, concito la desobediencia, coincidiendo y unificando la protesta de académicos y jóvenes universitarios con la expresión local de la “Marcha por la paz, con justicia y dignidad”. La terca realidad terminó por imponerse.

 Las respuestas que exige del gobierno la clase media empobrecida, ya no son solamente de corte policiaco, de procuración expedita de justicia, o de honestidad en la aplicación de la ley ante la percepción de los altos niveles de inseguridad e impunidad. Son estrictamente políticas, encabezando las reivindicaciones un explícito deseo de cambio que, conjuntamente Calderón Hinojosa y la partidocracia, no desean escuchar. Antes al contrario, lejos de atender la demanda popular, le ponen más leña al fuego, como es el caso de las declaraciones del secretario de Hacienda o las presidenciales en contra del PRI, cuando ya se velan armas con vías a la confrontación partidista del 2012.

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Se pide reducción en el precio del diesel. Así como un alto al cobro del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU)


Corresponsales – Jueves 19 de febrero (17:37 hrs.)


Veracruz, 19 de Febrero.- La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) se unirá a la protesta del transporte público para exigir la reducción en los precios del diesel así como un alto al cobro del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), adelantó el delegado del organismo, Marcos Julián Muñoz.


La movilización se realizaría el próximo martes en las principales ciudades de país para pedir una definición al gobierno federal ante la crítica situación financiera que atraviesan la mayoría de las empresas ligadas al comercio internacional.


En conferencia de prensa, Muñoz Sandoval aseguró que mientras el transporte público realizaba el paro de actividades para pedir que se incluyera al diesel entre los combustibles subsidiados, la Canacar envió un pliego petitorio a Los Pinos sobre los factores que amenazan la estabilidad del sector, y hasta ahora no hay respuesta. Dijo que el pliego se basa en la disminución y congelamiento en el precio del diesel, la suspensión del IETU hasta que se supere la crisis económica, el alto definitivo a la importación de “chatarra” estadounidense y la reducción del costo de las casetas de peaje.


“Reconocemos que el gobierno necesita cada vez mayor cantidad de recursos para cumplir con sus funciones sustantivas pero nos oponemos a toda política fiscal que pretenda que unos cuantos paguemos lo que corresponde proporcionalmente a todos”, apuntó.


Adelantó que el martes de la próxima semana se unirán a las protestas con camiones de carga, camiones y tráiler, que harían plantones en las principales 42 ciudades de país como es el caso de Xalapa en Veracruz, y los puertos de Veracruz y Mazatlán fueron exentos de la movilización para no afectar los festejos de Carnaval que se realizan en ambas localidades.


Aclaró que no hay ningún trasfondo político en este movimiento sino de recibir atención del gobierno para salvar de la quiebra a muchas empresas, “porque escuchamos algunas declaraciones por parte del coordinador de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Julen Rementería, pero es totalmente falso”.


Muñoz Sandoval advirtió que las manifestaciones podrían recrudecerse en caso de que el gobierno federal mantenga su postura de no tomarlos en cuenta, y se unirían otras organizaciones que resultan afectados con combustibles caros.


(Con información de Oved Contreras/Finsat/RSC). El Financiero el Línea. 19/02/09

Frenar millonario “robo” a ahorros obreros, exigen

megamarcha

Miles de trabajadores, campesinos e integrantes de la sociedad civil marcharon ayer del Ángel de la Independencia al Zócalo en demanda de un cambio de rumbo en la política económica del país. Advirtieron que la crisis viene más profunda, que nunca se trató de un simple “catarro” y exigieron al gobierno federal que impida ya el desfalco a los fondos de pensiones de los trabajadores que se ha convertido en un “robo” millonario de los ahorros obreros.


Las organizaciones obreras independientes anunciaron en esta megamarcha que presentarán una iniciativa ante el Congreso de la Unión, para que se “nacionalicen” los fondos de ahorro de los trabajadores, a fin de que no se sigan saqueando sus recursos.


Desde la mañana, ayer los campesinos empezaron la protesta ya que se manifestaron en la Secretaría de la Reforma Agraria, en la de Agricultura y frente a la embajada de Estados Unidos; incluso en diversos estados llevaron a cabo movilizaciones. Pero la mayor protesta inició al filo de las 5 de la tarde, cuando marcharon juntas estas organizaciones del campo con sindicatos como los de electricistas, universitarios, tranviarios, telefonistas y maestros disidentes, entre muchos otros gremios que se unieron en una sola protesta.


Las organizaciones hicieron patente que los trabajadores no están dispuestos a que una vez más se les cargue el peso de la crisis sobre sus hombros y alzaron la voz para pedir “¡que sean los banqueros, los empresarios y los gobiernos que la generaron, los que la paguen!”


México. La Jornada 31/01/09

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