J. Enrique Olivera Arce
Se ha empleado mucha tinta lo mismo en atacar y descalificar que en defender los motivos por los que el magisterio se opone a la llamada reforma educativa y sus leyes secundarias generando un movimiento que, rebasado ya su carácter gremial, incursiona en los terrenos de una movilización social de mayor amplitud, contenido e impacto político.
Hasta ahora, a mi entender, el debate si es que se le puede llamar así a un maniqueo enfrentamiento entre lo que es justo o injusto tanto en lo asentado en la reforma constitucional y sus leyes secundarias como en las demandas del magisterio, se ha centrado en los alcances de una modificación al marco jurídico con la que presuntamente se pretende impulsar a la educación en México.
Maniqueísmo en el que se ampara otra dicotomía: la procedencia o improcedencia de la libertad ciudadana de manifestarse causando “daño a terceros” a consecuencia de marchas, plantones y bloqueos -como los que ha dado lugar la protesta magisterial-, siendo ello pretexto para que con el aval y simpatía de los poderes fácticos, la autoridad haciendo valer el monopolio de la fuerza, tome partido presuntamente en defensa de los derechos de terceros afectados.
Todo enmarcado en una premisa, justificada por unos y combatida por otros.
El Estado debe recuperar la rectoría del proceso educativo y si el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a la vista de todos es el principal obstáculo para avanzar en el logro de propósitos de eficiencia y calidad, adelante a cualquier costo con reformas legales que apunten en esa dirección, afecte o no los derechos sociales y laborales del gremio magisterial.
A ello se circunscribe la postura del gobierno federal. Dándosele al conflicto el carácter explícito de una confrontación entre propósito del Estado mexicano e intereses gremiales del magisterio, que atañe por tanto únicamente a este último.
No obstante, a mi juicio se pasa por alto que tras lo explícito de un conflicto de intereses y conveniencias, está latente otro no explícito, de mayor envergadura e intensidad que no se quiere ver y que debería ocupar el primer plano en la atención y preocupación de la sociedad, como lo es el que la movilización magisterial, su persistencia y su hasta ahora autonomía, exhibe y es catalizador y canalizador de la frustración, descontento y hartazgo de la mayoría empobrecida de este sufrido país.
El movimiento magisterial no habría alcanzado su actual nivel sin una base social de apoyo, ni la Coordinadora Nacional de trabajadores de la Educación (CNTE) habría rebasado los límites de su lucha por la democratización del gremio más allá del estado de Oaxaca, si lo que reivindican en sus demandas no calara en otros sectores mayoritarios de la población, que ven reflejadas en la movilización magisterial viejas reivindicaciones no atendidas de orden económico, político o social, que tienen que ver con necesidades reales y sentidas no satisfechas y si anidadas en el caldo de cultivo de un país con más del cincuenta por ciento de su población en condiciones de pobreza y pobreza extrema y, colateralmente con un presidente de la República que cargando con el estigma de haber llegado al cargo mediante trampas y corruptelas, no logra legitimarse ante el pueblo que gobierna.
Las mayorías abren los ojos
Así, mientras los reflectores están puestos en un conflicto manifiesto y explícito referido a lo específico –justo o no- de la demanda magisterial, el conflicto latente no explícito crece, se asoma tímidamente a la superficie y ya va por lo suyo.
Como respuesta al “no hay marcha atrás en las reformas” del presidente Peña, lo que se puede observar en las crecientes muestras de solidaridad y respaldo a los mentores movilizados por parte de diversos y disímbolos sectores de la población aparentemente ajenos a las reivindicaciones particulares agitadas por los maestros, es la concordancia y confluencia de descontento y protesta social en torno a la posibilidad de un amplio frente cívico popular en contra de políticas públicas de ajuste -llamadas estructurales- que impulsa el régimen del Sr. Peña.
Los tiempos cambian y la sociedad también. Las circunstancias que permitieran a Calderón Hinojosa eliminar de un plumazo a la Compañía de Luz y Fuerza y al Sindicato Mexicano de Electricistas ya no son las mismas, las mayorías abren los ojos y actúan en consecuencia.
No se vale, dicen los priístas, fuerzas oscuras ajenas al magisterio atizan la hoguera; no se debe permitir la injerencia de agitadores y movimientos ajenos en las filas magisteriales; debe aplicarse todo el peso de la ley a quienes actúan en perjuicio de terceros. Descalificando lo mismo a “los hijos de Morena”, que a las diversas organizaciones que se suman al movimiento magisterial, a sabiendas o sin entender el que y cómo de un conflicto latente y profundo que viniendo de muy atrás cuestiona estructuras económicas y sociales que no se corresponden con el deseable bienestar de las mayorías y, entre otras cosas, demanda colocar al PRI en el basurero de la historia.
A este conflicto latente y no explícito, es al que hay que poner atención, nos atañe a todos.
La protesta gremial del magisterio es coyuntural, el otro que ya aflora tiene carácter estructural actuando sobre las relaciones sociales y modificando la correlación real y equilibrio de las fuerzas políticas; apuntando a cambios profundos que nada tienen que ver con la simulación y gatopardismo de un régimen corrupto que marcha de espaldas a la Nación.
Hojas que se lleva el viento
Lamentables los efectos del impacto de “Manuel” e “Ingrid” en suelo mexicano. Nada más doloroso que la pérdida de vidas y las magras haciendas de los que menos tienen, sea cual fuere el motivo, causa o razón. Lo vergonzoso del caso es que las autoridades “satanicen” lo mismo a la naturaleza que a las víctimas de la perturbación climática, para pretender ocultar improvisación, corrupción y una absoluta falta tanto de previsión como de sensibilidad social y política como lo evidenciara el Sr. Dr. Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz, al montar en cólera frente a demandas de ciudadanos afectados cuando lo que esperaba eran aplausos al hacerse presente en las zonas siniestradas.- Xalapa, Ver., septiembre 21 de 2013.
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