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Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

Cuando el descontento y hartazgo de amplios sectores de la sociedad se tiñen de rojo, ni perdón ni olvido, es el mensaje a la nación que, en contrario a los llamados del presidente Peña, está moviendo a México.

La percepción que anidando en el imaginario colectivo se objetiviza en hechos concretos, cobra día con día más amplio consenso. La nave navega al garete en medio del desconcierto de un proceso mediático de construcción fallida de administración y control de daños. El gobierno de México en sus tres órdenes que le componen, no logra recuperar confianza y credibilidad entre las mayorías de una sociedad dolida e indignada. Antes al contrario, entre más se insiste en minimizar la crisis de Estado, mayor es la convicción de que el poder público carece, además de brújula, de la necesaria y urgente voluntad política para recomponer el tiradero, empezando por aceptar la gravedad de lo que se vive en el país entero.

Inmersos ya en el proceso electoral que desembocará en los comicios de junio próximo, falto de imaginación el caduco y superado régimen político lo más que alcanza a blandir como argumento justificatorio de su torpe y errática conducta, es que no pasando nada, cuando pasa es fruto de politización, manipulación y complot desestabilizador; partiendo siempre de la premisa de que el pueblo de México, además de ignorante y falto de entendimiento, es ciego y sordo, presa fácil de manipuladores e ideologías extra lógicas relacionadas con la izquierda electoral.

El país está de cabeza. Los caricaturistas críticos lo ilustran como un país en ruinas, y para allá vamos, en tanto que los responsables del desaguisado lavándose las manos, se preocupan y ocupan por dar vialidad a un proceso electoral de antemano cuestionado, pretendiendo que no hay relación alguna entre indignación y hartazgo social con objetivos y propósitos de la democracia representativa.

No sintiendo lo duro sino lo tupido, el Sr. Peña con el índice de aceptación por los suelos (El pantano mexicano), vuelve a exhortar al olvido de lo que lastima y ofende y sí a recordar y valorar lo positivo de los logros gubernamentales. Carpetazo con borrón y cuenta nueva, para retornar al clima de expectativas y esperanzas en las bondades de sus llamadas reformas estructurales. Insensibilidad y torpeza que a su vez da marco para alentar descalificación de la protesta y movilización social, autoritarismo y represión, como ya se observa en orquestado bombardeo mediático condenando y exigiendo se aplique todo el peso de la ley a quienes promuevan o participen en marchas y protestas.

Ni perdón ni olvido, es la respuesta de un cada vez mayor número de mexicanos.

¿Sabe gobernar el PRI?

“El PRI si sabe gobernar”, se decía hasta el cansancio en la elección presidencial que sacaría al PAN de Los Pinos en alusión al mal desempeño de Vicente Fox y Felipe Calderón. Hoy día el PRI no está en condiciones de refrendarlo y, para completar el escenario, ningún partido político de los que animan el cotarro como comparsa, tendría tamaños para construir un buen gobierno. Peor aún, ratificando que no saben de sus pequeñeces y limitaciones, PRI, PAN y morralla acompañante, lejos de asumir una autocrítica constructiva, insisten en seguir dándole vueltas a la noria, profundizando su crisis de representatividad y confianza en un duelo sin cuartel blandiendo la ya clásica bacinica rebosante de improperios y descalificaciones.

Cual convidados de piedra, los mexicanos observan, reflexionan y sacan conclusiones. A la luz del desastre, convencidos ya de que el PRI no sabe gobernar, tampoco encuentran opción válida en las llamadas izquierdas o derechas del espectro partidista. Dubitativos frente al bombardeo mediático, entre la incertidumbre y el ya basta, sin condiciones para construir un auténtico, legítimo y pacífico cambio desde abajo, están a la espera de un cambio desde arriba. Milagro este último no contemplado en las esferas del poder real y sueño inalcanzable para las mayorías.

Y en esas estamos.

Hojas que se lleva el viento

Mal de muchos, consuelo de tontos, reza la conseja popular, sirviendo de marco para que la administración pública veracruzana acelere su deslizamiento en el tobogán de la ineficiencia, ineficacia y saqueo impune. Veracruz no es Guerrero o Michoacán afirma ufana nuestra aldeana clase política, y al amparo de una descomposición política y social en la mayor parte del todo nacional, se pretende pase desapercibido el pésimo desempeño del poder público en la entidad. Todo a su tiempo dice la ciudadanía, en junio ante las urnas se cobrará la factura a un PRI cuyo principal capital político reside en la imagen mediática de un gobernador que no las trae todas consigo.

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Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

Hay tiempos para llorar y tiempos para reír. El movimiento contestatario del magisterio ríe y el gobierno de Veracruz carga con la derrota, si no de la guerra si de una de las tantas batallas agendadas por los mentores  en rebeldía.

Así se percibe desde la calle. La estrategia para enfrentar el conflicto magisterial en la entidad, además de incongruente resultó fallida desde sus inicios. Hoy la administración pública veracruzana está rebasada e incapacitada para frenar un movimiento social que no “sabe de razones”.

No le cae el veinte. Se sigue pensando y, en consecuencia actuando con auxilio de la prensa oficialista, a partir de la idea de que la movilización magisterial infiltrada por activistas oaxaqueños se reduce a un grupo minoritario de profesores revoltosos, y que a la opinión pública se le puede engañar con expresiones infantiles de arte escénico, como la protesta de “terceros afectados”, beligerancia de padres de familia, mesas de diálogo con liderazgos cuestionados, o bien,  la farsa mediática montada por el secretario de gobierno en la toma de la presa Yuribia para su posterior y oportuna solución por la vía del diálogo, muy al estilo del viejo PRI.

Las cosas no son tan así de simples.

Mar de fondo

El movimiento magisterial sigue  haciendo lo suyo en todo el país. Quienes simpatizan con los mentores, aprenden el camino. Nada con las reformas neoliberales. Y las autoridades se niegan a escuchar, optando por el camino cómodo de la descalificación y  represión.

Luego no cabe echar las campanas al vuelo por el hecho de que la mayoría de los mentores en la entidad, considerados dóciles y bien portaditos, regresan a cumplir con su tarea en las aulas ante las amenazas de descuentos y despidos, cuando todo indica que en la coyuntura el retorno parcial a clases en la entidad tiene mar de fondo, no dejando de ser un estudiado retroceso táctico y no derrota de un  movimiento magisterial que se reagrupa, fortalece su organización, depura liderazgos, en el camino gana más adeptos, afina estrategias de lucha  y se prepara para nuevas batallas.

Razón de más para preocuparse, el hecho de que con fundamento en la reforma educativa, al gobierno de Veracruz se le priva de recursos frescos con el retorno al viejo esquema centralizado del pago de la nómina magisterial y retención de cuotas sindicales. Perdiendo capacidad de control y de maniobra para mantener la iniciativa frente a la movilización social del profesorado.

Y esto no es todo. Si se pensó en su momento -y así se orquestó en una mayoría de medios de comunicación- que la movilización del profesorado era en contra de “la evaluación” que contempla  la reforma educativa en sus leyes secundarias, al paso de días y semanas ha quedado claro que las banderas agitadas por los mentores rebasan el ámbito de los trabajadores de la educación, para ubicarse en un nivel superior de reivindicaciones y demandas ciudadanas  que, ante el ramillete de reformas presuntamente estructurales que promueve el gobierno federal a cargo del Sr. Peña, justificadamente vienen cobrando presencia en la calle.

Otros movimientos sociales de obreros, campesinos, indígenas y de una clase media empobrecida se radicalizan y velan armas, dispuestos en una coyuntura que les es favorable a sumarse en la entidad al movimiento de los mentores inconformes.

Esto último, razón más que suficiente para entender que son tiempos de llorar y no de soberbio triunfalismo.

Balance

Si se entendiera en su contexto más amplio, el gobierno de Veracruz tendría que aceptar que en un combate de escaramuzas, planeado y bien organizado, el retroceso táctico es señal inequívoca de que por ahora si bien el magisterio movilizado no ganó la guerra, si hasta ahora ha ganado sus primeras batallas.

El frágil estado de derecho ha sido puesto a prueba, exhibido y cuestionado en Veracruz. Todo el peso de la ley a los mentores en protesta, impunidad y premiación a los delincuentes que en contubernio implícito y explícito con autoridades, traficando con plazas y manejo en beneficio propio de cuotas sindicales, son exhibidos por la misma prensa que se desgarra las vestiduras satanizando a los mentores movilizados.

La legitimidad de la democracia representativa en el Congreso local ha sido derrotada. La aptitud y actitud de los diputados frente al magisterio movilizado ha sido exhibida como ineficaz y ajena a los intereses populares, por decir lo menos.

Y con ello la representatividad de partidos políticos y liderazgos caciquiles espurios, rebasados por una realidad inobjetable de participación y búsqueda de democratización desde las bases; el control clientelar ejercido desde el PRI-gobierno y el SNTE sobre  los mentores veracruzanos, está deteriorado y en vías a perderse.

Y ni qué decir del PRD,  con su renuncia tácita a rescatarse a sí mismo como referente de la izquierda electoral al dar la espalda al proceso democratizador del magisterio.

Por encima de la falsa y monolítica unidad de la clientela, se ha impuesto el carácter plural, ideológico, político y social del sector educativo. La lucha de clases no está muerta,  se hace presente entre el profesorado.

Las clases medias por voz de micro y pequeños empresarios, maestros universitarios y burócratas, ya hablan por sí y al margen de los organismos cupulares que identificándose con objetivos y propósitos gubernamentales, se muestran  como ajenos al interés más general de sus agremiados.

Paso en falso

Como el que ve llover y no se moja, el gobierno de Veracruz no se hinca al paso de la procesión, dando por ganado lo perdido. Sólo así se explica el que se persista en imponer a Juan Nicolás Calleja como líder del Congreso local en la próxima Legislatura del estado. Sin entender que ello es provocación innecesaria e inoportuna, así como paso en falso frente a un movimiento que le rebasa en iniciativa y propósitos socialmente democratizadores y, aún peor, ante el presidente Peña que ya no quiere queso, buscando salir de su propia ratonera.

No se quiere entender que el Veracruz de hoy no es el mismo de cuyas vivencias al ejecutivo alimentan cortesanos y asesores. Son otros tiempos, tiempos para llorar y no de reír y vanagloriarse ante batallas perdidas a las que seguirán en adelante otras no menos cruentas.

Tiempos para el magisterio también, no de triunfalismo y soberbia, dos pasos atrás son propicios para la reflexión consecuente del camino andado, de la autocrítica y humilde aceptación de errores y aciertos, limitaciones y excesos, con visión de futuro.

No está de más recordar que del plato a la boca suele caerse la sopa.

Xalapa, Ver., Octubre 20 de 2013

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Luis Hernández Navarro / La Jornada

 Angel Aguirre Rivero y el gobierno federal se vistieron de gloria. A las 12 horas del 12 de diciembre estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa organizaron un bloqueo en la salida de la autopista de Chilpancingo a Acapulco. Pedían una audiencia con el gobernador. La policía lo rompió a balazos. El saldo provisional es de dos muchachos muertos, Gabriel Echeverría de Jesús, de 20 años, y Jorge Alexis Herrera, de 21, varios heridos graves, otros más desaparecidos y, al menos, 50 detenidos.

Los jóvenes estudiantes campesinos de Ayotzinapa exigían la solución a un pliego petitorio que presentan cada año. Sus demandas son relativamente sencillas de resolver. Piden que los 35 pesos diarios por muchacho que se asignan cada día para que realicen las tres comidas, se incrementen. Demandan que se reparen los baños, los dormitorios y las instalaciones de la escuela, que tienen ocho años sin mantenimiento. Solicitan que la matrícula anual de 140 alumnos de nuevo ingreso aumente a 170. Exigen que el promedio mínimo aprobatorio para los alumnos que recién entran sea de siete. Requieren becas para los egresados.

Por pedir una entrevista con el mandatario Ángel Aguirre Rivero para solucionar estas demandas los balacearon, golpearon, persiguieron, asesinaron, hirieron, detuvieron y torturaron. El gobernador Ángel Aguirre y el gobierno federal pueden sentirse orgullosos.

El requisito más importante para ingresar a Ayotzinapa es la falta de recursos económicos. Cada año, se organiza una selección en que participan tanto las autoridades educativas como los estudiantes. Ellos vigilan que los alumnos de nuevo ingreso sean hijos de campesinos pobres y que sepan trabajar el campo. Cada muchacho que entra a la escuela tiene el consentimiento de la sociedad alumnos.

En Guerrero hay nueve escuelas normales públicas. Ayotzinapa es la única rural. Fue fundada hace 83 años. Allí comenzaron sus estudios de normalismo Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y Othón Salazar. La matrícula escolar es de cerca de 500 alumnos, todos de extracción humilde. Son hijos de campesinos pobres de la Montaña, Sierra y Costa Chica de Guerrero, y de comunidades rurales de Chiapas, Puebla, Morelos, Veracruz y Sonora.

El rezago educativo en la entidad es enorme. Según el Censo de Población de 2010, de los 3.4 millones pobladores que tiene Guerrero, 680 mil no están alfabetizados y 1.3 millones no concluyeron la primaria o la secundaria. Es tan grave el problema que el noveno considerando de la Ley Educativa de la entidad reconoce: estamos rezagados en alfabetización, en educación prescolar, en primaria y en secundaria.

Las normas rurales son una de las pocas vías de movilidad social al alcance de los jóvenes en el mundo campesino. En ellas se tiene acceso a educación, hospedaje, alimentación y, posteriormente, con suerte, trabajo calificado. Los niveles de escolaridad y de vida existentes en estas escuelas son muy precarios. La contradicción entre escasez de medios materiales y pujanza juvenil y espíritu de superación provoca que dentro de estas instituciones prosperen las actitudes y posiciones políticas radicales. Las expectativas de ascenso social no son solamente un hecho individual, sino que involucran a las familias de los estudiantes y con frecuencia, a sus poblados de origen. El destino que tengan los muchachos con sus estudios afecta la vida de sus comunidades. Lo que sucede con sus escuelas no es un hecho ajeno a ellas.

Las normales rurales son una herencia de la escuela rural mexicana y del cardenismo. De las 36 instalaciones que funcionaron en el país hoy sólo sobreviven 16. Muchas de ellas fueron cerradas a raíz del movimiento estudiantil de 1968. Otras, como resultado de la huelga general que protagonizaron entre julio y agosto de 1969.

Los estudiantes están organizados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Sus objetivos originales pueden resumirse en: proporcionar una educación democrática; participar en la vida económica de las escuelas, sobre todo en el manejo correcto de los dineros destinados a la alimentación; mejorar la salud, vestuario y alimentación; respetar, conservar y usar adecuadamente los edificios, talleres, equipos de dormitorio, comedor y bienes destinados por el gobierno federal para uso de los alumnos; respetar el funcionamiento de las sociedades de alumnos, y, la selección del personal, especialmente de los catedráticos.

Gobernadores, autoridades educativas de todos los niveles y dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se han propuesto acabar con las normales rurales. Especialmente, Elba Esther Gordillo las detesta. El 5 de agosto de 2010, al participar en el seminario La nueva sociedad: una nueva educación y una nueva política, sentenció: “Hemos planteado muchas veces a las autoridades –dijo– que si se cierran algunas de las normales rurales va haber mucho alboroto de los jóvenes. No se olviden que las normales rurales han sido semilleros de guerrilleros, pero si no hacemos esto van a seguir con lo mismo”.

Formalmente, durante dos sexenios Guerrero ha estado gobernado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que declara defender la educación pública. Sin embargo, su mandatario hasta 2011, Zeferino Torreblanca, quiso reducir la matrícula escolar de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y acabar con la alumnocracia y el desorden, que, según él, privan en la institución escolar. Se negó a dar empleo a alumnos egresados de esa institución porque –dijo– son vándalos.

El gobernador actual, Ángel Aguirre, visitó la escuela en septiembre de este año, se tomó la foto y se comprometió a resolver las demandas estudiantiles. Allí dijo que el recurso para la dieta, que es utilizado para la elaboración de los alimentos diarios, hoy se los incrementamos a 50 pesos porque no era posible que comieran con 10 pesos al día. Pero no cumplió sus promesas y los jóvenes comenzaron a movilizarse nuevamente a comienzos de noviembre.

Cansados de que no se les hiciera caso, los normalistas tomaron la carretera, como han hecho tantos otros grupos sociales a los que el gobierno no escucha. Como respuesta fueron baleados. Esa es la democracia guerrerense, así es la democracia mexicana.

De interés público

Emilio Cárdenas Escobosa 

De no suceder algo extraordinario este martes el Congreso del estado habrá de aprobar la iniciativa del gobernador Javier Duarte por el que se tipifica el delito de perturbación del orden público, salida legal al alud de críticas por los cargos con que se detuvo y sometió a proceso a dos personas que haciendo un uso libérrimo para unos o irresponsable para otros de las redes sociales, se dieron a la tarea de reproducir mensajes y alertas por unos supuestos hechos de violencia –que resultaron falsos-  que amenazaban la seguridad de escolares y de la población de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río el pasado 25 de agosto.

Este episodio ha dado lugar a múltiples señalamientos en contra del acto de autoridad, de interpretaciones sobre los límites a la libertad de expresión, de justificaciones sobre el imperativo de publicitar sucesos que de otra forma son reservados y escondidos cual documento oficial, de explicaciones de abogados y penalistas sobre la necesidad de sancionar conductas que causaron alarma y pánico en paterfamilias y ciudadanos, de columnas y comentarios de comunicadores que critican acremente cualquier intento de regular lo que se dice en medios públicos como son las redes sociales.

El mar de posiciones que se han vertido al respecto, negativas las más para la imagen gubernamental, llevaron finalmente a la administración estatal a buscar la manera de atenuar la condena pública y buscar una salida jurídica a este embrollo. Salida que encontraron en la tipificación de un nuevo delito que tendrá una penalidad menor y por ende permitirá aplicarlo a los twitteros bajo proceso, quienes podrán solicitar su libertad bajo caución y por ende aceptar su culpabilidad en el hecho. Ello, desde luego, en el entendido que sus abogados decidan acogerse a la nueva norma y dejar de lado el camino seguido hasta ahora de buscar la protección de la justicia federal.

Lo relevante de esta sui géneris forma de sacar las castañas de la lumbre es que con la nueva tipificación penal, de la que han señalado con amplitud los voceros oficiales y oficiosos que no se trata en modo alguno de restringir o amenazar la libertad de expresión, nos remite a una historia que los mexicanos de la segunda mitad del siglo XX conocen muy bien: cuando existió el delito de disolución social, en el famoso artículo 145 del Código Penal mexicano que según diversos juristas fue utilizado para tipificar derechos como delitos.

Desde luego que la reforma que se propone al Código Penal veracruzano hace énfasis en que se imputará el delito de perturbación del orden social a quien cause alarma a través de afirmaciones falsas referentes a la existencia de situaciones como la colocación de bombas o explosivos, la realización de ataques con armas de fuego u otras similares que causan alarma, desasosiego, pánico o movilizaciones de personas de manera descontrolada y anárquica en virtud del temor de que ellas o sus seres queridos puedan ser víctimas de un atentado violento que ponga en peligro sus vidas o su integridad física. Y que se requiere además que la perturbación ocurra en los hechos, con lo cual queda claro que no se sanciona la expresión realizada, sino el efectivo daño causado, como señala la exposición de motivos.

No obstante, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Y eso es lo que pasó en el México de los años cuarenta cuando se estableció  el delito de disolución social en un contexto y con objetivos muy distintos a los que habría de servir al final y que llevó a la persecución de cientos de disidentes del monolítico régimen político de aquellos tiempos.

Recordemos que esta norma surgió en una época muy compleja para la seguridad nacional del país como fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial, por lo que en el año de 1941 el entonces Presidente Manuel Ávila Camacho envía una iniciativa al Congreso de la Unión, que adicionaba el delito de espionaje en tiempos de paz y creaba, en el artículo 145 del Código Penal, el tristemente célebre delito de disolución social, que a la letra decía:

“Se aplicará  prisión de dos a seis años, al extranjero o nacional mexicano, que en forma hablada o escrita o por cualquier otro medio realice propaganda política entre extranjeros o entre nacionales mexicanos, difundiendo ideas, programas o normas de acción de cualquier gobierno extranjero que perturbe el orden público o afecte la soberanía del estado mexicano.

Se perturba el orden público, cuando los actos determinados en el párrafo anterior, tiendan a producir rebelión, sedición, asonada o motín.

Se afecta la Soberanía Nacional cuando dichos actos puedan poner en peligro la integridad territorial de la República, obstaculicen el funcionamiento de sus instituciones legítimas o propaguen el desacato de parte de los nacionales mexicanos a sus deberes cívicos. . . ”

Era evidente en el texto del artículo que la iniciativa de Ávila Camacho tenía como objetivo central preparar a la nación para la inminente conflagración mundial y la consecuente amenaza nazi-fascista en México.

No obstante, pasados los peligros de la amenaza externa, el delito de disolución otorgó a los funcionarios responsables de perseguir y juzgar los delitos de total discrecionalidad para sancionar conductas que son legales en toda sociedad. Así, en las décadas posteriores se echó mano de esa acusación para perseguir a la población por realizar actos pacíficos de resistencia civil o manifestaciones públicas para defensa de sus derechos sociales y colectivos.

Con esa arma, desde la segunda mitad de la década de los cincuenta el gobierno federal se dio a la tarea de combatir con toda la fuerza del estado los movimientos de médicos, electricistas, petroleros, telegrafistas, maestros, y a los protagonistas de la gran huelga ferrocarrilera de 1958-59, cuyos principales dirigentes, Demetrio Vallejo y Valentín Campa, fueron encarcelados y sentenciados a 16 años de prisión acusados, ¿sabe de qué?, pues del delito de disolución social.

De entre los mexicanos célebres por haber purgado penas por ese delito figuran, además de los líderes históricos del movimiento ferrocarrilero, el pintor David Alfaro Siqueiros y el periodista Filomeno Mata, condenados en 1960 a ocho años de cárcel y que habrían de ser indultados años después.

Escribe Carlos Monsiváis en un artículo publicado en El Universal en el año 2006 a propósito de las voces que alertaban de las intenciones del naciente gobierno de Felipe Calderón de revivir el delito de disolución social: “¿De qué se acusa en 1960 a Siqueiros y al periodista Filomeno Mata, ‘culpables’ de discursos demoledores, denuncias de la antidemocracia y exigencia de libertad de los presos políticos? La PGR los encausa por los delitos de disolución social, injurias contra agentes de la autoridad, resistencia de particulares, ataque peligroso y portación de arma prohibida. (Les falta añadir ‘pensamientos impuros no clasificados’)”.

En 1968 el movimiento estudiantil precisamente tuvo como una de sus demandas centrales la derogación de los Artículos 145 y 145 Bis del Código Penal. Y fue eso lo que llevó a la cárcel a decenas de estudiantes, acusados de una larguísima lista de delitos, entre ellos, el que pedían fuera derogado. No obstante, para diversos analistas, el Movimiento del 68 más allá de constituir el punto de partida de las posteriores transformaciones del régimen y de nuestra vida democrática, tuvo como uno de sus productos notables el trastocar el orden jurídico mexicano con la derogación, en 1970, de los artículos que comprendían la tipificación del delito de disolución social.

¿Cuál es la enseñanza de esta historia? Que el terreno que se pisa cuando se deja al arbitrio de la autoridad la interpretación de cuestiones subjetivas como alterar el orden, perturbar la paz pública o causar alarma entraña peligros reales para las libertades democráticas.

Lo menos que se debe preguntar es ¿quién va a decidir qué es o no una alarma o lo que estaría perturbando la convivencia? Si la realidad cotidiana es de por sí alarmante y perturba la tranquilidad de cualquiera, entonces hablar de esa realidad ¿será motivo para que se encarcele a cualquiera que reseñe, informe, twittee o haga la crónica espontánea de los días aciagos que vivimos? Lo mismo puede decirse del criterio que se aplicará para determinar cuándo un comentario o una noticia son alarmantes o cuando son realistas? Eso es lo que complicado y peligroso, en su caso.

Lo relevante es, al final, que los nuevos tipos delictivos que se crean o los que estén en camino de establecerse dada la delicada situación que se vive en materia de seguridad pública no sirvan en lo absoluto para dar vestidura de legalidad a decisiones autoritarias presentes o futuras. Que no se parta de un objetivo que puede ser respaldado por muchos, como lo fue en 1941 el establecimiento del delito de disolución social ante la amenaza de la guerra, y termine, como en el periodo 1958-1969, en justificación legal para persecución y encarcelamiento de disidentes.

Lo ideal –siempre lo ideal- es pugnar en todo caso porque el gobierno amplíe el abanico de libertades, los espacios de expresión y se deje atrás la creencia de que lo mejor para el minusvalorado ciudadano es darle solo la “verdad oficial” y asegurarse por la vía de la amenaza legal de que no hay de otra.

La tolerancia con lo diverso, con otras voces, con las protestas e inconformidades sociales en las plazas públicas, en las redes sociales, en los medios de comunicación, que son naturales y explicables en un entorno de crisis institucional, de seguridades y certezas respecto al futuro amenazadas o canceladas, es siempre la mejor receta y el camino menos sinuoso para conectar con los gobernados.

La historia deja lecciones que deben rescatarse y experiencias que bajo ninguna circunstancia debemos repetir.

Solo la tolerancia, la verdad y la justicia sin artificios nos harán libres.

jecesco@hotmail.com

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José Luis Sierra

Atrapada en la ineficacia por encabezar un equipo de incapaces, asfixiada por el dispendio y por las deudas, sumida en la corrupción, agarrada como naufrago al madero de la ficción mediática, la Ñora del Justam no tiene otra respuesta a las críticas y a las expresiones de descontento que la represión.

En cuatro días tres hechos preocupantes, tres, han ocurrido en Yucatán y que tienen que ver con el ejercicio de las libertades: primero, el martes 7, la irrupción violenta de un comando de seis encapuchados, pistola en mano, a la peña La Casa de Todos, justo cuando terminaba una reunión del Kolectivo El Rebelde convocada para preparar, como cada año lo acostumbran, El Grito de los Libres (http://a7.com.mx/reportajes/4531-cateo-de-posibles-policias-en-la-casa-de-todos.html). El fin de semana, concretamente el domingo 5, la amenaza de aplicarle la llave “Gaby la quebradora” a otro reportero, esta vez del semanario Artículo 7 –y, al través de él, a su director-, amenaza expresada por el Oficial Mayor de Gobierno, quien estaba acompañado por Jaime Zetina, sí, el personaje que se desempeñó como Secretario de Fomento de la Violencia Intrafamiliar (http://a7.com.mx/reportajes/4508-amenazan-a-reportero-de-a7.htm). Finalmente (al menos por ahora y para fines de este recuento), ayer miércoles, la clausura definitiva del noticiero matutino de SIPSE, que conducía con ligereza y talento Gonzalo Navarrete, uno de los cronistas institucionales de la ciudad de Mérida. Los empresarios de la filial yucateca de TELEVISA no se anduvieron por las ramas, le hicieron saber al empeñoso cronista que la razón de su cese eran las opiniones vertidas, por él o por sus invitados en el programa. Se suma esta clausura a los programas radiofónicos de Sylvia Centeno y de Blanca Estrada, silenciados meses atrás, así como la exclusión de Gina Villagómez del programa El Columnista Radio

Con los tres eventos más recientes, grave cada uno de ellos, se confirma que la soberbia de la Seño de los Afeites es la que marca el rumbo y el ritmo de su gobierno. Que no hay nadie entre sus colaboradores alguno capaz de evitar o hacer contrapeso a sus arranques autoritarios. Lo que en sus tres primeros años de gobierno fue eventual (no olvidar la demanda interpuesta por Gabriela López contra el reportero Hansel Vargas con la infantil acusación de “vouyerismo” y hostigamiento sexual y, antes, el “hackeo” de varias páginas de internet) ahora no sólo es cotidiano, sino dominante y extensivo al desempeño del “círculo íntimo”.

Quienes crecimos y fuimos formados en el ejercicio de las libertades tenemos nuevas y más difíciles tareas en Yucatán: la de enfrentar a un gobierno autoritario que, a falta de talento y de oficio, echará mano a cualquier forma de represión. Para quienes hemos seguido de cerca la evolución del gobierno que encabeza Ivonne Ortega resulta incontrovertible que no le interesa y que no tiene manera de trabajar por la legitimación social porque no sabe y no puede construir consensos, así que la etapa que sigue es avanzar por los caminos de la coerción, de la represión, como principal si no es que única respuesta.

Así que, ni maneras, como se dice en Yucatán, habremos de redoblar lo que sabemos hacer: resistir, oponernos al autoritarismo, enfrentar la represión construyendo alternativas incluyentes, respetuosas, fincadas en la participación de los que quieran, en el ejercicio de las libertades.

javier-lozanoMe tiene sin cuidado la demanda de juicio político

Como había anticipado el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, la dependencia a su cargo determinó negar la toma de nota a Martín Esparza Flores como secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y alertó, incluso, que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) probablemente en unas semanas más declarará nulas las elecciones de esta organización.


En una conferencia de prensa en la que Lozano sostuvo que la resolución que tomó la dependencia se debió a las inconsistencias y deficiencias en la información entregada, aseguró además que le tiene totalmente sin cuidado la demanda de juicio político presentada en su contra por el comité central encabezado por Martín Esparza pues, dice, no ha violado la autonomía sindical.


Nota completa en: La Jornada 06/10/09

Gobierno de facto emite decreto que permite suspender a medios

Tegucigalpa. El gobierno de facto de Honduras emitió un decreto que permite suspender a los medios de comunicación que “atenten contra la paz y el orden público” tras el golpe militar que derrocó hace tres meses al presidente Manuel Zelaya.


Un funcionario de alto rango del gobierno de facto dijo el domingo que el decreto, al que Reuters tuvo acceso y que prohíbe además la libertad de asociación y circulación durante 45 días, ya está vigente.


El ministro del Interior, Oscar Matute, dijo que la libertad de expresión puede ser restringida para preservar la seguridad nacional.”No se trata de coartar la libertad de expresión, sino que si hay un medio que está incitando al odio y la violencia, es un deber ponerle un alto”, dijo en una entrevista telefónica.


La emisora Radio Globo y la televisión Cholusat Sur, los dos únicos medios hondureños que no apoyaron el golpe militar del 28 de junio, fueron sacados del aire en varias ocasiones desde entonces.


“Hay un par de medios de comunicación que (…) lo que ha hecho es sembrar la discordia (…) Eso nos parece que debe ser regulado”, dijo Matute.


El decreto también prohíbe las reuniones no autorizadas por las fuerzas de seguridad y les permite hacer detenciones sin una orden escrita. Medidas similares fueron decretadas tras el golpe militar.


El decreto podría limitar las acciones del Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe que reclama la restitución de Zelaya, que regresó clandestinamente el lunes a Honduras y está refugiado en la embajada de Brasil.

La Jornada On Line. 22/04/2009 20:17


Cananea, Son. Andrés Manuel López Obrador informó que se creará un Comité Nacional de Defensa y Solidaridad con los Trabajadores Mineros de Cananea para apoyar con víveres y medicinas a los aproximadamente mil 200 mineros y sus familias.


El “presidente legítimo” hizo una convocatoria general para participar en dicho comité, el cual también buscará la solidaridad internacional con otras organizaciones obreras, sociales y de derechos humanos.


Junto con los 17 senadores del PRD, PT y Convergencia que lo acompañaron de visita a la mina, el político tabasqueño aclaró que brindará su apoyo a los trabajadores en huelga, “sin ninguna condición de tipo partidista o electoral”.


Agregó que viajará hasta esta ciudad las veces que sean necesarias para respaldar al gremio minero.


López Obrador confió en que la intervención de los senadores del Frente Amplio Progresista contribuirá a hallar una solución definitiva a las demandas de los mineros en huelga desde hace 21 meses. “En tanto eso sucede, el Comité Nacional en Defensa y Solidaridad trabajará con empeño para ayudarles a seguir resistiendo”, enfatizó.


Y añadió: “Esta lucha significa defender las conquistas laborales que se han alcanzado con mucho sacrificio a lo largo de nuestra historia”.


López Obrador estuvo acompañado por los senadores Arturo Núñez Jiménez, Arturo Herviz, Dante Delgado, Francisco Xavier Berganza Escorza, Francisco Javier Castellón Fonseca, Jesús Garibay García, José Guadarrama, José Luis Lobato Campos, José Luis Máximo García Zalvidea, Lázaro Mazón, Luis Maldonado Venegas, María Rojo e Inchaustegui, Ricardo Monreal Ávila, Rosalinda López Hernández, Rosario Ibarra de Piedra, Salomón Jara Cruz y Yeidckol Polevnsky.

La resolución de la Corte confirma por enésima ocasión que en este país las instituciones están al servicio de los poderes fácticos y los intereses político-económicos. Lo que algunas voces ya habían advertido, por desgracia se cumplió ayer.


En una resolución ruin e injusta la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieron exclupar de cualquier responsabilidad en los sucesos de Atenco, del 3 y 4 de Mayo de 2006, al gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto y al Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, quien en ese entonces era titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.


La resolución de la Corte confirma por enésima ocasión que en este país las instituciones están al servicio de los poderes fácticos y los intereses político-económicos, y que en los hechos el tan taído y llevado Estado de Derecho sigue siendo en México una utopía o aspiración inalcanzable para el común de los mortales.


Sin embargo, en el fondo la resolución de los Ministros no puede sorprender a nadie, pues lo extraño hubiese sido que señalaran al menos por su nombre a los responsables del atropello brutal a los derechos humanos y constitucionales de centenares de personas inocentes, cuyo mayor crimen fue exigir a las autoridades estatales y federales diálogo y voluntad política para resolver los problemas de la comunidad atenquense.


De los 11 ministros que integran el máximo tribunal, únicamente el ministro Genaro Góngora Pimentel solicitó que al gobernador y al procurador se les declarara responsables de la violencia registrada en Atenco “por la omisión de vigilar” lo que hicieron las fuerzas públicas.


Nota completa en: Milenio.com

Los labriegos, que bloqueaban los 3 accesos carreteros a Minatitlán, se defendieron con machetes y piedras.

Andrés Timoteo Morales, corresponsal. Publicado: 20/01/2009 16:41


Jalapa, Ver. Al menos 30 personas heridas y 40 detenidas fue el saldo de un desalojo de unos 500 campesinos que mantenían bloqueados los tres accesos carreteros a la ciudad de Minatitlán por policías municipales y estatales.


Entre los lesionados hay varios efectivos policiacos debido a que los labriegos se defendieron de los uniformados con machetes, palos y piedras. Hasta la tarde de este martes decenas de campesinos se mantenían reunidos en el malecón ribereño de Minatitlán y amenazaban con tomar las instalaciones del palacio municipal. Los agentes policiacos se concentraron en el zócalo para repeler cualquier andanada.


Desde el lunes pasado los campesinos provenientes de diversas congregaciones rurales se apostaron en las carreteras Costera del Golfo, Nuevo Teapa-Cosoleacaque y Minatitlán-Coatzacoalcos interrumpiendo el tráfico. Demandan de la ejecución de diversas obras por parte del gobierno del estado y del ayuntamiento que encabeza la alcaldesa priísta Guadalupe Porras David.


El bloqueo ocasionó pérdidas millonarias en diversas empresas y la detención de cientos de camiones de carga, incluyendo carros cisternas de distribución de combustible propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex). La línea comercial de pasajeros ADO informó que fueron canceladas 600 corridas al centro y sureste del país.


Los manifestantes también exigían que el gobierno estatal ejecute las obras comprometidas para el saneamiento y rehabilitación de caminos y poblaciones afectadas con las inundaciones del año 2008.


La Jornada. Ultimas Noticias  20/01/09

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