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Tag Archives: Reynaldo Escobar Pérez

Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

Cada partido, sobre todos los de mayor representatividad, cree aplicar métodos democráticos que sus adversarios observan contaminados porque son distintos a los propios. Y, en cualquier caso, ninguno resulta plenamente satisfactorio. “Nuestra democracia”: Rafael Loret de Mola

 Con el PAN “ni a la esquina”, parafraseando lo dicho por el ex secretario de gobernación y hoy espurio aspirante a senador, Manuel Bartlett, en relación al PRI, aclaramos. No comulgamos con el panismo y mucho menos con sus expresiones de ultraderecha pero, tampoco con la partidocracia en su totalidad que, secuestradora de nuestra incipiente democracia, hoy en nombre de ésta se rasga las vestiduras en un todos contra todos.

Ante los diversos métodos antidemocráticos adoptados por cada partido político para la selección de candidatos a cargos de elección popular, cada uno de éstos descalifica a sus adversarios, asumiéndose como blancas palomas cuando todos, sin excepción, con el mayor cinismo de espaldas a sus militancias, incurren en los mismos vicios.

¿O es acaso que el método adoptado por el PRI tiene mayor contenido democrático que el del PAN, el PRD o la morralla? No hay que ir muy lejos, la ciudadanía, lastimada y empobrecida tiene la respuesta. De todos los partidos políticos en México no se hace uno, como ninguno nos merece ya respeto y credibilidad.

Lo hemos reiterado en estas líneas. En el imaginario popular se percibe que el régimen político en México está en crisis y, por ende, el sistema electoral y de partidos políticos en que se sustenta nuestra deformada democracia representativa. Ni los partidos ni quienes emanan de los procesos electorales, representan a cabalidad la voluntad ciudadana, antes al contrario, se sirven de esta para medrar en pro de sus egoístas intereses personales y de grupo, haciendo de la democracia representativa un mito colosal.

En este marco, cuando un partido político o sus personeros hablan de atentados contra la democracia en referencia a métodos, procedimientos y resultados, en la selección interna de candidatos adoptados por los oponentes, no tenemos otra cosa que la materialización de aquella conseja que dice: “el burro hablando de orejas”.

¿O no suena así cuando el precandidato del PRI a la presidencia se desgarra las vestiduras por la intervención de Calderón Hinojosa en el proceso electoral, olvidando el negro historial de su partido?

¿O en nuestra próspera aldea cuando el aspirante a senador Héctor Yunes Landa, vocifera en contra de un proceso “antidemocrático” en la elección del abanderado, (hoy abanderada) panista a la presidencia? ¿Olvidó que es fruto político del “dedazo”?

El burro hablando de orejas. ¿O alguien se atreve a desmentir lo aquí expresado? Todos son iguales.

Si para el ex alcalde xalapeño, ex secretario de gobierno y ex procurador de justicia en Veracruz, hoy preseleccionado del PRI para contender por una diputación federal, Reynaldo Escobar Pérez, “el presidente de la República no le merece ningún respeto”, para el común de los mexicanos el IFE, los partidos políticos y la clase política en general, tiempo ha que dejaron de ser referentes de representatividad y democracia.

El sonido del hasta hoy silencio en el imaginario popular, es prueba fehaciente de ello. Ya llegará el momento del rescate de la democracia en México. Entonces el pueblo hará sentir su voz.

 

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De interés público

Emilio Cárdenas Escobosa

La salida de Reynaldo Escobar Pérez de la Procuraduría de Justicia de Veracruz por “razones personales”, fue recibida, como no se recuerda en la historia de los relevos burocráticos en la entidad, con beneplácito por amplios sectores sociales. 

Era casi unánime la duda sobre las razones que llevaron al gobernador a haberlo propuesto como procurador y luego a mantenerlo en esa responsabilidad. Muchos no se explicaban –o sí, pero no lo decían en voz alta- la permanencia en el cargo de Reynaldo tras los desatinos e incongruencias exhibidas, especialmente ante la cadena de hechos de sangre que catapultaron a las primeras planas de medios nacionales e internacionales el problema de la inseguridad en la entidad y pusieron contra las cuerdas a la imagen del gobierno estatal y del propio mandatario Javier Duarte.  

El septiembre negro veracruzano –como lo definiera el periodista Raymundo Riva Palacio- fue el Waterloo del gabinete de seguridad del gobernador Duarte. La ola delictiva presente desde hace años, agravada al iniciar su administración, y llevada al paroxismo con las masacres en Boca del Río, terminaron de horrorizar a la opinión pública nacional y llevar a analistas respetables y comunicadores de prestigio de todo el país a preguntarse ¿qué está pasando en Veracruz?  

Con la mira del país puesta en la entidad, la inercia y la escuela de los años recientes cuando se minimizaba cuanto hecho violento aconteciera en la entidad, ya no eran, bajo ningún punto de vista, funcionales. Y esa era -¿o sigue siendo?- justamente la tónica del gobierno estatal y sobre todo del ex procurador. 

Pero lo peor es que Javier Duarte se vio en serios predicamentos ante los malabares declarativos de Escobar, lo que según varias versiones los llevó a sostener ríspidos desencuentros en los días recientes -marcados por el desdén del subordinado a las instrucciones del superior- que tendrían su epílogo con la contundencia de la realidad siempre negada, que pulverizó los mensajes, discursos y proclamas triunfalistas, y, sobre todo, precipitó la decisión del gobernante. 

Sin embargo, no deja de extrañar que se señalen “razones personales” para justificar su cese y se diga que su salida nada tiene que ver con el saldo trágico de más de 70 cadáveres que se contabilizan ya en apenas dos semanas en Veracruz. 

Se entiende que el gobernador no se haya dejado presionar por los anuncios de la salida del Procurador que hicieron diversos medios informativos hace poco más de una semana, a partir de filtraciones de su entorno cercano -o como se señala con insistencia, por la exigencia del gobierno federal- y que con base en el “principio de autoridad” haya decidido retrasar la decisión, cuya tardanza solo hubo de sobreexponerlo a un durísimo golpeteo mediático.

Pero el hallazgo de 32 cadáveres en casas de seguridad en Boca del Río, el mismo día en que arrancó el operativo Veracruz Seguro, donde al parecer se les olvidó que el mando de las acciones lo tiene el gobierno federal, con la Secretaría de Marina al frente, fue la gota que derramó el vaso; y más con el contradictorio manejo informativo de la oficina de prensa del gobierno veracruzano en este caso.  

Por eso, antes de nuevas inconsistencias y dudas sobre las filiaciones de las víctimas, el curso de las indagatorias de la Procuraduría y demás datos, se adelantó la salida del fiscal, que era inminente y a todas luces necesaria. Pues, ineficiencias aparte, si alguien personificaba la sombra del ex mandatario Fidel Herrera sobre el joven gobernante era él. 

Escobar Pérez deja la fiscalía del estado luego de una polémica gestión donde se pueden citar varios episodios. 

El de los twiteros detenidos por causar alarma el pasado 25 de agosto en la conurbación Veracruz-Boca del Río, hecho que fue duramente cuestionado por usuarios de redes sociales, organizaciones internacionales, analistas políticos y periodistas nacionales y extranjeros, quienes demandaban al gobierno de Javier Duarte la liberación de los detenidos, lo que finalmente ocurrió al desistirse la Procuraduría de Veracruz de las acusaciones de terrorismo y sabotaje por las que se pedía una pena de 30 años de prisión. Este hecho, que llevó a la administración estatal a proponer al Congreso local adiciones al Código Penal del Estado para tipificar el delito de perturbación del orden público, con una penalidad máxima de 4 años y que beneficiaría a los inculpados, fue uno de los asuntos que marcaron la gestión de Escobar Pérez 

También en su expediente queda el caso de los ejecutados en Boca del Río durante la Cumbre de procuradores y presidentes de tribunales superiores de justicia del país que generó una oleada de señalamientos al fiscal veracruzano por la celeridad con que  estableció que los 35 asesinados tenían nexos con grupos delincuenciales; hecho que habría de ser refutado por el gobierno federal y que ocasionó que a estas fechas aún no se decida la atracción del caso por la Procuraduría General de la República. 

El hallazgo del cuerpo de la joven Gabriela Arlene Benítez Ybarra, reportada como desaparecida por sus familiares, y que originó una intensa búsqueda a lo largo de la entidad, involucró también en la polémica al titular de la PGJE, pues al inicio de la denuncia del caso declaró que se trataba de un hecho de “violencia intrafamiliar”, sugiriendo que la infortunada joven de 17 años podría haber salido de casa por ese motivo. Situación evidentemente alejada de la realidad. 

En julio de este año, a raíz de la ejecución de la reportera del diario Notiver, Yolanda Ordaz, el rotativo pidió en un duro editorial la renuncia de Escobar Pérez por presumir posibles nexos de periodistas con el narcotráfico. En ese texto se condenaba enérgicamente las declaraciones hechas por el funcionario en las que descartó a priori que el asesinato de la reportera pudiera estar relacionado con su profesión y señaló al narcotráfico como la única línea de investigación, además de indicar que se investigaría a comunicadores. 

El ex alcalde de Xalapa y secretario de gobierno en la administración de Fidel Herrera Beltrán deja una procuraduría en su punto más bajo de credibilidad y duramente cuestionada por propios y extraños. Ya tendrá oportunidad el gobernador Javier Duarte de sacar la lámpara de Diógenes para buscar a quien habrá de sucederlo. 

¡Y pensar que el Congreso local reformó la Constitución Política del Estado y otros ordenamientos especialmente para que él, Reynaldo Escobar, pudiera ser electo por los diputados como fiscal! ¡Quién iba a imaginar entonces lo que se vendría! 

Ahora no se sabe si, como ha ocurrido con otros funcionarios removidos de sus cargos, será  reubicado como “asesor” del gobernante, pero lo que sí es seguro, es que como Procurador pocos, muy pocos, lo extrañarán.  

jecesco@hotmail.com

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Veracruz en Red

Xalapa,Ver 7-Oct-11(VRed).- La vocera del Gobierno de Veracruz, Gina Domínguez confirmó la renuncia del Procurador de justicia del estado Reynaldo Escobar Pérez en su lugar queda como encargado de despacho el subprocurador de la zona centro, Marco Antonio Lezama Moo.

El gobernador Javier Duarte de Ochoa aceptó este viernes la renuncia que por motivos personales le presentó el licenciado Reynaldo Escobar Pérez al cargo de Procurador General de Justicia del Estado de Veracruz. 

El mandatario veracruzano designó como Encargado de Despacho al Suprocurador Marco Antonio Lezama Moo, quien estará al frente de la Procuraduría General de Justicia del Estado hasta que la LXII Legislatura del Estado analice y apruebe la propuesta que envíe el Ejecutivo estatal. 

Tal y como lo marca el artículo 33, fracción XX y el artículo 53, de la Constitución Política de Veracruz; el artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia son atribuciones del Congreso del Estado ratificar la propuesta de Procurador presentada por el Gobernador. 

El gobernador Javier Duarte de Ochoa reconoce y agradece el trabajo realizado por el licenciado Reynaldo Escobar Pérez.

Pulso crítico

 J. Enrique Olivera Arce

 En alguien tenía que caber la prudencia. Que bueno que el gobernador Duarte de Ochoa haciendo uso del buen juicio, determinara valorar en su exacta dimensión el problema que le creara el Procurador Escobar Pérez, pretendiendo fueran juzgados como terroristas y saboteadores los irresponsables twitteros que, en un afán protagónico, presuntamente hicieran mal uso de las redes sociales en perjuicio de la sociedad veracruzana, fue lo que pensé al leer el anuncio hecho por el secretario general de gobierno, Ing. Gerardo Buganza Salmerón.

 Con la determinación de proponer al Congreso local la modificación al Código Penal de Veracruz, el gobernador estaría sentando un precedente de tolerancia y mesura; los criterios sustentados en la exposición de motivos de la iniciativa del Dr. Duarte de Ochoa, serían más que suficientes para aceptar que es la legislación la que debe adecuarse a las nuevas realidades y no estas a ordenamientos ya obsoletos e improcedentes, orientando así a los juzgadores a ponderar el alcance del Articulado del Código Penal en que se basa el encarcelamiento de los “ciberterroristas”, propiciando con ello su inmediata libertad.

 Una segunda lectura de lo expresado por Buganza Salmerón me sacó del error. No siendo abogado, dicho señor no midió sus palabras, simplemente pretendió vendernos la idea de la magnanimidad del gobierno estatal al decir: Que esta iniciativa muestra a un gobernador que sabe escuchar lo mismo las voces de los familiares de los acusados que de los organismos estatales, nacionales e internacionales “y de la propia Iglesia Católica que ayer emitió un comunicado solicitando benevolencia y leyes más justas”.

 Ofertando gato por liebre, pues a continuación dijo: “…con este artículo se buscará que el delito, con el que se ha señalado a estas personas, no fuese manejado como terrorismo, en el que alcanzarían una pena de tres a 30 años sino de “perturbación del orden público” en donde se impondrá prisión de uno a cuatro años o multa de 500 a mil días de salario”. Es decir, no se pretende liberar a los indiciados, sino que únicamente podrían alcanzar una pena de uno a cuatro años, y no de tres a 30 como lo establece el Código Penal para el estado de Veracruz vigente.

 No solo constituye un engaño a la opinión pública, sino que exhibe ignorancia y mala fe por parte del Secretario de Gobierno de la entidad, puesto que no existiendo en México la retroactividad jurídica, la reforma al Código Penal propuesta por el gobernador del estado no sería aplicable al caso de María de Jesús Bravo Pagola y su coacusado Gilberto Martínez Vera. Luego el gobierno de Veracruz se mantiene firme en su decisión de considerar a los indiciados como presuntos “terroristas y saboteadores”.

 Así que lejos de hablar bien del gobernador, Buganza Salmerón lo ha exhibido como intolerante y autoritario. Debiéndose esperar entonces la continuidad de la política de: “cartucheras al cañón, quepan o no quepan”, en la que el procurador de justicia basó su acusación y no, necesariamente de la adecuación y modernización del sustento jurídico que norma la conducta individual y social de los veracruzanos.

 Lástima que la ignorancia de la asesoría jurídica y el deseo expreso del Gobernador de no mostrar debilidad, tomara políticamente el rumbo equivocado. Se esperaba tolerancia y magnanimidad tras el error de confrontar a los internautas de todo el mundo, y se sale con “un domingo siete”. Esperemos ahora que el Congreso local se tome la molestia de  estudiar lo dispuesto por nuestra Carta Magna y considerar en consecuencia el alcance de la iniciativa del gobernador, ya que se corre el riesgo de criminalizar una manifestación en la vía pública o la libre expresión de las ideas, por estimarse a juicio de las autoridades que “se altera el orden público”.

  Mientras tanto, reitero, el rumor está en la carcel y los villanos andan sueltos.

 xxx

 Quienes se han quedado colgados de la brocha ante la reacción internacional por el encarcelamiento de los twitteros, son los servidores públicos, políticos y texto servidores, que a priori juzgaran y condenaran a los dos cibernautas presos, sin mayores elementos a considerar que con ello respaldaban al gobernador Duarte de Ochoa; exigiendo todo el peso de la ley para los “terroristas” irresponsables que presuntamente propiciaran zozobra entre  padres de familia y conductores de vehículos en la conurbación de Veracruz-Boca del Río.

 En igual tesitura quedan quienes a nombre de “la razón políticamente correcta”, pontificaran sobre la necesidad de regular desde nuestra aldea a las redes sociales y, por extensión, a la red de redes. Resultando más papistas que el Papa, quienes se tomaran la libertad de recomendar responsabilidad y buen comportamiento en el uso y disfrute de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s), a partir de la experiencia que se vive con los dos twitteros aún presos en Veracruz. Exigiendo o recomendando a los internautas respeto a las buenas costumbres y comportamiento ético y moral para no dañar los intereses de terceros, ni vulnerar la buena imagen de las sagradas instituciones que se ha dado la sociedad.

 Esto último, un verdadero contrasentido. ¿Quién de nuestra excelsa academia pueblerina, tiene la calidad moral suficiente para exigir a las nuevas generaciones respeto al convulso mundo que les estamos heredando?

 ¿Quién de nuestra ramplera, corrupta y acomodaticia clase política, tiene cara y calidad para exigir a los usuarios de la internet un comportamiento ético y moral del que ésta adolece? No puede exigir o recomendar aquello de lo cual carece.

 Más que pontificar y recomendar, lo justo es preguntar a las nuevas generaciones ¿que esperan aún de nosotros? Su respuesta posiblemente sería un rotundo tapón de boca. ¿O no lo cree así, estimad@ lector?

 1.      La Constitución General de la República establece en el Artículo 14 que: “a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

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Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

“El miedo y la democracia son incompatibles. El miedo limita la libertad, restringe las ideas, y uniforma lealtades de manera perversa. Hoy vivimos sobre el miedo. Miedo al fracaso, a la pobreza, a la inseguridad, a la exclusión, a los delincuentes, a perder el trabajo, a perder la vivienda, a perder a un ser querido. Manlio Fabio Beltrones

 Con todo respeto, por su investidura y confianza en el depositada por los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Veracruz, el Procurador de Justicia, Lic. Reynaldo Escobar Pérez, presuntamente presenta síntomas de demencia senil, debiendo ser inhabilitado por tal razón, para desempeñarse en el cargo que ostenta.

 Sólo así se le podría ocurrir declarar a los medios informativos (Milenio), “que ya está en manos de los jueces y serán ellos quienes determinen si los acusados de generar psicosis masiva entre estudiantes y padres de familia el pasado 25 de agosto en Veracruz, son culpables o inocentes

 

 Ya para el Sr. Procurador no sólo los 2 twitteros presos son presuntos responsables de “terrorismo y sabotaje”, sino que ahora les responsabiliza de enloquecer a cerca de 100 mil personas que según afirman las autoridades, fueron víctimas de un rumor difundido en las redes sociales de la internet.

 Se la pone fácil el Lic. Reynaldo Escobar a los jueces. Estos tendrán que recurrir a cuando menos un ciento de experimentados psiquiatras para que, tras exhaustiva revisión, diagnostiquen psicosis a cada una de las presuntas víctimas del malhadado rumor. O en su defecto, determinar cuantas espantadas personas que padeciendo dicho mal, actuaron al unísono en forma masiva, tras enterarse de que se vivía una emergencia derivada de la violencia criminal, pan de todos los días en la conurbación Veracruz-Boca del Río.

 Si no es demencia senil el presunto padecimiento del Sr. Procurador, entonces podría diagnosticársele en los establecimientos del Seguro Popular, simplemente un estado de paranoia política temporal. Lo cual se acerca más a lo que se vive en la administración pública veracruzana.

 Esto último, reviste especial gravedad. Estaríamos hablando entonces de que los twitteros permanecerán en la carcel tanto tiempo como sea necesario, con el carácter de presos políticos. Lo cual es más fácil de dictaminar, ya no por expertos en psiquiatría sino por los organismos de derechos humanos, locales, nacionales e internacionales, así como por la opinión pública, incluidos quienes participan en las redes sociales.

 Vistas así las cosas, lo más lógico y deseable es que el Sr. Gobernador le ponga fin a dimes y diretes y, como parte acusadora, desistirse de lo demandado. Salvo que esté de acuerdo que su imagen y la de su gobierno, anden de aquí para allá en (literalmente) todo el mundo, por permitir al Sr. Procurador abrir la caja de Pandora, como ya lo señalamos en artículo anterior, en un arranque no razonado de autoritarismo, con la intención obvia de dar un escarmiento a los rumorólogos y críticos de acá y de acullá, que hablan mal sin tener los pelos de la burra en la mano.

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Crónica del poder

Este sábado, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, informó que en seguimiento a la Investigación Ministerial 340E/2011, consignaron al juzgado en turno a los ciudadanos Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola como probables responsables de los delitos de Terrorismo y Sabotaje, previstos y sancionados en los numerales 311 y 314 del Código Penal vigente de la entidad.

Dos cibernautas fueron consignados ante un juez como probables responsables de los delitos de terrorismo y sabotaje, pues son señalados por el Gobierno de Veracruz de generar rumores falsos en las redes sociales que provocaron temor el pasado miércoles en las ciudades de Veracruz y Boca del Río.

El Ministerio Público consideró tener suficientes pruebas contras los dos cibernautas, entre ellos una ex funcionaria del anterior gobierno, por lo que decidió consignarlos ante un juez, quien decidirá si son culpables o inocentes.

Las dos personas son señalas de haber iniciado rumores el pasado miércoles sobre presuntos ataques del narcotráfico en contra de escuelas públicas de la zona turística de Veracruz y Boca del Río.

Los rumores generaron que miles de padres de familia acudieran a escuelas a recoger a sus padres y que decenas de estudiantes se refugiaran en escuelas ante supuestamente un inminente ataque.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia, se trata de Gilberto “N” y María de Jesús “N”, esta última ex directora de Actividades Artísticas y Culturales de la Secretaría de Educación de Veracruz, quienes se encuentran recluidos en el penal de Pacho Viejo, acusados de los delitos de terrorismo y sabotaje, previstos en el Código Penal del Estado.

La Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) logró ubicar las cuentas y usuarios iniciales que generaron estas actividades y que propagaron los falsos mensajes.

La dependencia establece que llevó a cabo diligencias periciales de química forense, perfil psicológico, informática forense, dactiloscopía y dictamen de información de teléfonos celulares y equipos de cómputo “los cuales se tienen como prueba plena de que los indiciados enviaron mensajes desde estas unidades”.

“En la presentación correspondiente, los indiciados confesaron y aceptaron haber incurrido en el envío de información alarmista a través del twitter y facebook”, señala un boletín oficial.

La Procuraduría establece que de las constancias de la indagatoria, se acredita que los detenidos tenían la intención de trastornar la vida social, económica y educativa del Estado.

Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

Dios los hace y ellos se juntan. Como si no fuera suficiente el que los sufridos habitantes de la capital veracruzana tengamos que soportar el desfile de cuerpos y almas desnudas de un conglomerado de desclasados sin dignidad ni vergüenza, otro individuo no menos nefasto, Reynaldo Escobar Pérez, secretario de Gobierno, nos receta, sin más trámite, que la administración pública veracruzana, atenta a los reclamos de los “cuatrocientos pueblos” que administra otro sujeto, vividor de igual o peor condición, promoverá la integración  de una “comisión de la verdad” que investigue presuntas violaciones a derechos humanos por parte del  ex gobernador Patricio Chirinos y de su ex secretario de gobierno, Miguel Ángel Yunes Linares.

Es común que el gobierno estatal desprecie e insulte la inteligencia de la ciudadanía, no debería asombrarnos que lo haga una vez más, pero el contubernio con fines estrictamente electorales entre el secretario de gobierno y los encuerados de Cesar del Angel, de plano no tiene nombre.

Si tanto es el interés por hurgar entre la basura de la historia, el buen juez por su casa empieza. Si ha de investigarse la violación de derechos humanos, represión de campesinos, corrupción y enriquecimiento inexplicable, tendría que empezarse por poner a Cesar del Angel y a Reynaldo Escobar Pérez bajo la mira de las autoridades. En el entendido de que la sociedad veracruzana ya prejuzgó desde tiempo atrás al par de vivales y al ejército de desnudistas y, basada en su percepción de hechos objetivos, los declara culpables de corrupción, indignidad y desvergüenza.

En igual forma, ante el burdo cochupo, la sociedad veracruzana no requiere de más elementos para juzgar a la tal “comisión de la verdad”, como un acto desesperado de la administración pública veracruzana por desbancar a Miguel Ángel Yunes Linares de la candidatura panista al gobierno de la entidad. Una escalada más en la profundización de la guerra sucia instrumentada en contra de quienes no comulgando con el régimen de la fidelidad, obstaculizan la pretensión de Javier Duarte de Ochoa de gobernar a Veracruz.

Si de impedir en buena ley el que Miguel Ángel Yunes Linares, o cualquier otro aspirante que se le oponga al “delfín”, llegue a ocupar la titularidad del poder ejecutivo estatal se trata, corresponde a las autoridades electorales negar el registro de su candidatura si no cumple con los requisitos legales o, en su caso,  a la ciudadanía en las urnas el impedir concrete sus aspiraciones, pero de ninguna manera es aceptable y justificable en la vida en democracia que el poder formal estatal, auspicie el que el secretario de gobierno, o quien “mece la cuna”, desde las cloacas sepulte en el lodo a  una aspiración legítima de un ciudadano con sus derechos a salvo.

Como tampoco es aceptable y justificable el que la sociedad xalapeña sea víctima de los enjuagues del poder, soportando manifestaciones simuladas de protesta civil en sus espacios públicos, que a más de poner  en evidencia el bajísimo nivel alcanzado en el ejercicio de la política veracruzana, ensucien, ofendan e insulten a nuestra ciudad capital.

Aclaro que no comulgo con el panismo de hoy y de siempre; estoy en contra de las políticas públicas implementadas por esta expresión de la ultraderecha en el gobierno espurio de Calderón Hinojosa y, de ninguna manera considero que Miguel Ángel Yunes Linares sea la persona indicada para gobernarnos. Pero de eso a aceptar sin más la guerra sucia electoral instrumentada en contra del virtual candidato panista a costillas de los habitantes de nuestra ciudad capital, hay mucho trecho. Alguien debe mandar a parar la guerra de lodo e insisto, no puede ser otro que el responsable de la conducción de la vida política y social de Veracruz.

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