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En Perspectiva

J. Enrique Olivera Arce

En una postura de absoluto desprecio a la opinión, justificada o no, de un buen número de profesores y estudiantes normalistas, Josefina Vázquez Mota, titular de la SEP, aseveró que el gobierno federal no dará marcha atrás en el objetivo de mejorar la calidad de la educación, haciéndole segunda a Elba Esther Gordillo. Actuando como caja de resonancia, connotados lectores de noticias en los medios electrónicos califican a las movilizaciones de profesores y estudiantes en diversas entidades federativas y en el Distrito Federal, como manifestaciones de revoltosos; llegando al extremo del oportunismo de colgarles la etiqueta de “secuestradores” de los derechos de los niños, con la clara intención de crear el vacío social a quienes se oponen a la cuestionada alianza por la calidad educativa que promueve el SNTE.

Así, lo que se inició como una cortina de humo para cubrir las ineficiencias del sistema educativo nacional, señaladas y calificadas internacionalmente, propiciando en paralelo la privatización de la educación pública, hoy para la SEC y la camarilla de Elba Esther en el SNTE toma visos de bola de nieve, que crece conforme pasan los días. Conformándose uno más de los escenarios de confrontación con la sociedad civil en los esfuerzos fallidos del ejecutivo federal de establecer un mínimo de legitimidad, que permita afianzar la deteriorada gobernabilidad del país.

No faltando las lecturas de analistas políticos y comentaristas de los medios nacionales, que interpretan la postura autoritaria de Vázquez Mota como un anticipo a la que asumirá el gobierno calderonista en pleno en el momento en que el PRI, PAN y la mitad de los legisladores federales del PRD, bajo la conducción de Jesús Ortega, aprueben las iniciativas de reforma a la industria petrolera nacional. Las que por cierto, en Nueva York, Calderón Hinojosa calificara la semana anterior como urgentes para hacer frente a la crisis económico-financiera de nuestros vecinos del norte que ya afecta a México.

Si esto es así, como se supone, el gobierno federal daría por concluido el debate nacional en torno al petróleo y cualquier manifestación, contraria a las iniciativas aprobadas, sería criminalizada y sujeta al escarnio público por parte de los medios, en especial los electrónicos. Bajo el también supuesto que ya maneja la reacción de que el PRD y el gobierno del Distrito Federal, adecuadamente maiceados, ya han desplazado al hombre de Nacajuca en la conducción del movimiento social y que AMLO, derrotado y ya sin base social de apoyo, se prepara para tomarse un obligado descanso, abandonando a su suerte a sus pocos seguidores.

Criminalizada la protesta social, poco podría esperarse de una oposición de izquierda, dispersa, frustrada, en su mayoría apartidista, frente a una mayoría ciudadana manipulada por los medios. Las condiciones de “paz social” y “legitimidad de las instituciones”, estarían dadas para un proceso electoral terso, pacífico y “democrático” en el 2009.

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