GUADALAJARA, JALISCO (17/DIC/2011).- Después de que el único candidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto, anunciara por medio de Twitter sobre la supuesta muerte del ex presidente de México Miguel de la Madrid, varios ‘tuiteros’ reaccionaron en contra del político. Cerca de las 14:30 de la tarde el candidato publicó en su cuenta de twitter: «Lamento el fallecimiento del Ex Presidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado. Mis condolencias para su familia». Peña Nieto tardó 41 minutos en corregir la información que había publicado con un ‘tuit’ que decía: «Me informan que el Ex Presidente Miguel de la Madrid no ha fallecido. Se encuentra delicado de salud. Mi solidaridad con su familia».
Emilio Cárdenas Escobosa
De no suceder algo extraordinario este martes el Congreso del estado habrá de aprobar la iniciativa del gobernador Javier Duarte por el que se tipifica el delito de perturbación del orden público, salida legal al alud de críticas por los cargos con que se detuvo y sometió a proceso a dos personas que haciendo un uso libérrimo para unos o irresponsable para otros de las redes sociales, se dieron a la tarea de reproducir mensajes y alertas por unos supuestos hechos de violencia –que resultaron falsos- que amenazaban la seguridad de escolares y de la población de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río el pasado 25 de agosto.
Este episodio ha dado lugar a múltiples señalamientos en contra del acto de autoridad, de interpretaciones sobre los límites a la libertad de expresión, de justificaciones sobre el imperativo de publicitar sucesos que de otra forma son reservados y escondidos cual documento oficial, de explicaciones de abogados y penalistas sobre la necesidad de sancionar conductas que causaron alarma y pánico en paterfamilias y ciudadanos, de columnas y comentarios de comunicadores que critican acremente cualquier intento de regular lo que se dice en medios públicos como son las redes sociales.
El mar de posiciones que se han vertido al respecto, negativas las más para la imagen gubernamental, llevaron finalmente a la administración estatal a buscar la manera de atenuar la condena pública y buscar una salida jurídica a este embrollo. Salida que encontraron en la tipificación de un nuevo delito que tendrá una penalidad menor y por ende permitirá aplicarlo a los twitteros bajo proceso, quienes podrán solicitar su libertad bajo caución y por ende aceptar su culpabilidad en el hecho. Ello, desde luego, en el entendido que sus abogados decidan acogerse a la nueva norma y dejar de lado el camino seguido hasta ahora de buscar la protección de la justicia federal.
Lo relevante de esta sui géneris forma de sacar las castañas de la lumbre es que con la nueva tipificación penal, de la que han señalado con amplitud los voceros oficiales y oficiosos que no se trata en modo alguno de restringir o amenazar la libertad de expresión, nos remite a una historia que los mexicanos de la segunda mitad del siglo XX conocen muy bien: cuando existió el delito de disolución social, en el famoso artículo 145 del Código Penal mexicano que según diversos juristas fue utilizado para tipificar derechos como delitos.
Desde luego que la reforma que se propone al Código Penal veracruzano hace énfasis en que se imputará el delito de perturbación del orden social a quien cause alarma a través de afirmaciones falsas referentes a la existencia de situaciones como la colocación de bombas o explosivos, la realización de ataques con armas de fuego u otras similares que causan alarma, desasosiego, pánico o movilizaciones de personas de manera descontrolada y anárquica en virtud del temor de que ellas o sus seres queridos puedan ser víctimas de un atentado violento que ponga en peligro sus vidas o su integridad física. Y que se requiere además que la perturbación ocurra en los hechos, con lo cual queda claro que no se sanciona la expresión realizada, sino el efectivo daño causado, como señala la exposición de motivos.
No obstante, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Y eso es lo que pasó en el México de los años cuarenta cuando se estableció el delito de disolución social en un contexto y con objetivos muy distintos a los que habría de servir al final y que llevó a la persecución de cientos de disidentes del monolítico régimen político de aquellos tiempos.
Recordemos que esta norma surgió en una época muy compleja para la seguridad nacional del país como fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial, por lo que en el año de 1941 el entonces Presidente Manuel Ávila Camacho envía una iniciativa al Congreso de la Unión, que adicionaba el delito de espionaje en tiempos de paz y creaba, en el artículo 145 del Código Penal, el tristemente célebre delito de disolución social, que a la letra decía:
«Se aplicará prisión de dos a seis años, al extranjero o nacional mexicano, que en forma hablada o escrita o por cualquier otro medio realice propaganda política entre extranjeros o entre nacionales mexicanos, difundiendo ideas, programas o normas de acción de cualquier gobierno extranjero que perturbe el orden público o afecte la soberanía del estado mexicano.
Se perturba el orden público, cuando los actos determinados en el párrafo anterior, tiendan a producir rebelión, sedición, asonada o motín.
Se afecta la Soberanía Nacional cuando dichos actos puedan poner en peligro la integridad territorial de la República, obstaculicen el funcionamiento de sus instituciones legítimas o propaguen el desacato de parte de los nacionales mexicanos a sus deberes cívicos. . . »
Era evidente en el texto del artículo que la iniciativa de Ávila Camacho tenía como objetivo central preparar a la nación para la inminente conflagración mundial y la consecuente amenaza nazi-fascista en México.
No obstante, pasados los peligros de la amenaza externa, el delito de disolución otorgó a los funcionarios responsables de perseguir y juzgar los delitos de total discrecionalidad para sancionar conductas que son legales en toda sociedad. Así, en las décadas posteriores se echó mano de esa acusación para perseguir a la población por realizar actos pacíficos de resistencia civil o manifestaciones públicas para defensa de sus derechos sociales y colectivos.
Con esa arma, desde la segunda mitad de la década de los cincuenta el gobierno federal se dio a la tarea de combatir con toda la fuerza del estado los movimientos de médicos, electricistas, petroleros, telegrafistas, maestros, y a los protagonistas de la gran huelga ferrocarrilera de 1958-59, cuyos principales dirigentes, Demetrio Vallejo y Valentín Campa, fueron encarcelados y sentenciados a 16 años de prisión acusados, ¿sabe de qué?, pues del delito de disolución social.
De entre los mexicanos célebres por haber purgado penas por ese delito figuran, además de los líderes históricos del movimiento ferrocarrilero, el pintor David Alfaro Siqueiros y el periodista Filomeno Mata, condenados en 1960 a ocho años de cárcel y que habrían de ser indultados años después.
Escribe Carlos Monsiváis en un artículo publicado en El Universal en el año 2006 a propósito de las voces que alertaban de las intenciones del naciente gobierno de Felipe Calderón de revivir el delito de disolución social: “¿De qué se acusa en 1960 a Siqueiros y al periodista Filomeno Mata, ‘culpables’ de discursos demoledores, denuncias de la antidemocracia y exigencia de libertad de los presos políticos? La PGR los encausa por los delitos de disolución social, injurias contra agentes de la autoridad, resistencia de particulares, ataque peligroso y portación de arma prohibida. (Les falta añadir ‘pensamientos impuros no clasificados’)”.
En 1968 el movimiento estudiantil precisamente tuvo como una de sus demandas centrales la derogación de los Artículos 145 y 145 Bis del Código Penal. Y fue eso lo que llevó a la cárcel a decenas de estudiantes, acusados de una larguísima lista de delitos, entre ellos, el que pedían fuera derogado. No obstante, para diversos analistas, el Movimiento del 68 más allá de constituir el punto de partida de las posteriores transformaciones del régimen y de nuestra vida democrática, tuvo como uno de sus productos notables el trastocar el orden jurídico mexicano con la derogación, en 1970, de los artículos que comprendían la tipificación del delito de disolución social.
¿Cuál es la enseñanza de esta historia? Que el terreno que se pisa cuando se deja al arbitrio de la autoridad la interpretación de cuestiones subjetivas como alterar el orden, perturbar la paz pública o causar alarma entraña peligros reales para las libertades democráticas.
Lo menos que se debe preguntar es ¿quién va a decidir qué es o no una alarma o lo que estaría perturbando la convivencia? Si la realidad cotidiana es de por sí alarmante y perturba la tranquilidad de cualquiera, entonces hablar de esa realidad ¿será motivo para que se encarcele a cualquiera que reseñe, informe, twittee o haga la crónica espontánea de los días aciagos que vivimos? Lo mismo puede decirse del criterio que se aplicará para determinar cuándo un comentario o una noticia son alarmantes o cuando son realistas? Eso es lo que complicado y peligroso, en su caso.
Lo relevante es, al final, que los nuevos tipos delictivos que se crean o los que estén en camino de establecerse dada la delicada situación que se vive en materia de seguridad pública no sirvan en lo absoluto para dar vestidura de legalidad a decisiones autoritarias presentes o futuras. Que no se parta de un objetivo que puede ser respaldado por muchos, como lo fue en 1941 el establecimiento del delito de disolución social ante la amenaza de la guerra, y termine, como en el periodo 1958-1969, en justificación legal para persecución y encarcelamiento de disidentes.
Lo ideal –siempre lo ideal- es pugnar en todo caso porque el gobierno amplíe el abanico de libertades, los espacios de expresión y se deje atrás la creencia de que lo mejor para el minusvalorado ciudadano es darle solo la “verdad oficial” y asegurarse por la vía de la amenaza legal de que no hay de otra.
La tolerancia con lo diverso, con otras voces, con las protestas e inconformidades sociales en las plazas públicas, en las redes sociales, en los medios de comunicación, que son naturales y explicables en un entorno de crisis institucional, de seguridades y certezas respecto al futuro amenazadas o canceladas, es siempre la mejor receta y el camino menos sinuoso para conectar con los gobernados.
La historia deja lecciones que deben rescatarse y experiencias que bajo ninguna circunstancia debemos repetir.
Solo la tolerancia, la verdad y la justicia sin artificios nos harán libres.
Xalapa, Ver.- La Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad exigió al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, la liberación de María de la Luz Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, presos acusados de «terrorismo equiparado y sabotaje» por difundir mensajes a través de las redes sociales.
«La caravana del Movimiento por la Paz y la Justicia junto con los ciudadanos de Xalapa le pedimos, le exigimos en nombre de la proporción democrática a Javier Duarte la liberación de estos muchachos. No puede amenazar de esta manera las libertades del país», dijo Sicilia al hacer uso de la voz.
El gobierno de Veracruz envió una iniciativa de ley al congreso de Veracruz para establecer el delito de «perturbación del orden público» y «atenuar» las acusaciones, según declaró Javier Duarte de Ochoa en días pasados.
Esa nueva ley será votada el martes próximo y de aprobarse, los «tuiteros» alcanzarían fianza para obtener su libertad bajo este hipotético nuevo marco legal, según declaró ente los medios de comunicación el secretario de gobierno, Gerardo Buganza Salmerón.
Esa iniciativa de ley fue duramente criticada por Javier Sicilia y la comparó al «crimen de sedición» que -afirmó- derivó en la represión de los estudiantes universitarios en 1968 en la Ciudad de México.
«La ley del perturbación del orden público es un abuso del control autoritario, es un eufemismo. Le pedimos a la cámara de diputados que no aprueben esa ley, hay que discutir las leyes con la ciudadanía, es una ley desde nuestro punto de vista absurda», declaró el activista.
Mexique; Deux utilisateurs de réseaux sociaux détenus et poursuivis pour «terrorisme» et «sabotage»
Por haber difundido mensajes vía Twitter y Facebook sobre posibles ataques del crimen organizado, dos usuarios de estas redes sociales se encuentran detenidos desde el 25 de agosto de 2011 en Jalapa, en el estado de Veracruz (este). Acusados formalmente de “terrorismo” y “sabotaje”, Gilberto Martínez Vera, de 35 años de edad, y María de Jesús Bravo Pagola, de 34 años, corren el riesgo de purgar una pena de 30 años de prisión, pagar una multa de 750 días de salario, así como de la suspensión de sus derechos políticos durante cinco años.
«Esta inculpación es delirante, pese a la imprudencia de algunos mensajes difundidos por los acusados. Pedimos que Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola sean puestos en libertad de forma inmediata. Según el Código Penal del Estado de Veracruz, la prisión preventiva es una medida excepcional, factible sólo en caso de que exista información sobre la presunta responsabilidad de los inculpados en tales actos. Ante la ausencia de pruebas sobre su intención de ‘perturbar la paz pública’, ‘menoscabar la autoridad del Estado’ o ‘trastornar gravemente la vida económica o cultural del Estado’, los dos twitteros no tienen nada qué hacer en prisión. Asimismo, la censura va acompañada de un abuso de autoridad”, declaró Reporteros sin Fronteras.
«Incluso si la información difundida por estas dos personas pudiera parecer dudosa o exagerada, procesar a los usuarios de redes sociales por actos de terrorismo constituye un exceso procesal”, agregó la organización. Por otra parte, el estado de la libertad de informar en Veracruz es cada vez más alarmante. A los numerosos casos de intimidación y amenazas se suma el hecho de que desde el inicio del año han sido asesinatos tres periodistas en el territorio: Yolanda Ordaz de la Cruz, Miguel Ángel López Velasco y Noel López Olguín (http://es.rsf.org/mexico-con-el-asesinato-de-una-periodista-27-07-2011,40703.html).
El 25 de agosto de 2011 Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola difundieron alertas sobre posibles ataques contra una escuela de Veracruz. Ese mismo día fueron arrestados, después de que la policía identificara sus cuentas. El 27 de agosto pasado el Ministerio Público del Estado de Veracruz señaló en un comunicado oficial que los detenidos “tenían la intención de provocar perturbaciones en la vida social, económica y educativa del estado”, así como “reacciones de angustia y temor entre los padres”. Acusación confirmada con la decisión tomada el 1 de septiembre. Otros quince usuarios de redes sociales también fueron objeto de una investigación.
Según información del Grupo Fórmula, durante el interrogatorio los dos detenidos habrían padecido presión psicológica para obligarlos a que se declararan culpables (http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=194190). No habrían tenido acceso a un abogado durante más de sesenta horas. Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola se declararon inocentes y denunciaron haber recibido malos tratos por parte de las autoridades.
Este episodio ilustra un poco más la fisura del Estado de Derecho a medida que se infla el balance humano de la ofensiva federal contra el narcotráfico, que ha dejado mas de 45.000 muertes desde diciembre de 2006 (http://es.rsf.org/mexique-campana-basta-de-sangre-no-sangre-11-02-2011,39527.html).
Mexique
Deux utilisateurs de réseaux sociaux détenus et poursuivis pour «terrorisme» et «sabotage»
Pour avoir diffusé des messages sur de possibles attaques du crime organisé via Twitter et Facebook, deux utilisateurs de ces réseaux sociaux sont détenus depuis le 25 août 2011, à Xalapa, dans l’Etat de Veracruz (Est). Formellement accusés de «terrorisme» et de «sabotage», Gilberto Martínez Vera, 35 ans, et María de Jesús Bravo Pagola, 34 ans, risquent de trois à trente ans de prison assortis d’une amende de 750 jours de salaire et la suspension de leurs droits politiques pendant cinq ans.
«Cette inculpation est délirante malgré l’imprudence de certains messages postés par les accusés. Nous demandons la libération immédiate de Gilberto Martínez Vera et María de Jesús Bravo Pagola. Selon le code pénal de l’État de Veracruz, la détention préventive est une mesure exceptionnelle, envisageable seulement s’il existe une information quant à la responsabilité présumé des inculpés dans de tels actes. En l’absence de preuve de leur intention de ‘perturber la paix publique’, ‘affaiblir l’autorité de l’État’ ou ‘troubler gravement la vie économique ou culturelle de l’État’, les deux usagers de twitters n’ont rien à faire en prison. La censure se conjugue ici à l’abus d’autorité», a déclaré Reporters sans frontières.
«Même si l’information diffusée par ces deux personnes a pu sembler douteuse voire exagéré, poursuivre des utilisateurs des réseaux sociaux pour des actes de terrorisme constitue un excès procédurier», a ajouté l’organisation. L’état de la liberté d’informer dans l’État de Veracruz est d’ailleurs de plus en plus alarmant. Outre de nombreux cas d’intimidation et menaces, le territoire compte à lui seul trois journalistes assassinés depuis le début de l’année : Yolanda Ordaz de la Cruz, Miguel Ángel López Velasco et Noel López Olguín (http://fr.rsf.org/mexique-avec-l-assassinat-d-une-27-07-2011,40702.html).
Gilberto Martínez Vera et María de Jesús Bravo Pagola ont diffusé, le 25 août 2011, des alertes sur de possibles attaques contre une école de Veracruz. Ils ont été arrêtés le jour même, après identification de leurs comptes par la police. Le ministère public de l’État a déclaré, le 27 août dernier, dans un communiqué officiel, que les détenus «avaient l’intention de provoquer des troubles à la vie sociale, économique et éducative de l’État» ainsi que des «réactions d’angoisse et la crainte chez les parents». Accusation confirmée avec la décision du 1er septembre. Quinze autres utilisateurs de réseaux sociaux font également l’objet d’une enquête.
D’après une information de l’agence de presse Grupo Formula, les deux détenus auraient suivi des pressions psychologiques pendant l’interrogatoire pour les obliger à plaider coupable (http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=194190). Ils n’auraient pas eu accès à un avocat pendant plus de soixante heures. Gilberto Martínez Vera et María de Jesús Bravo Pagola se sont déclarés innocents et auraient dénoncé des mauvaises traitements de la part des autorités.
Cet épisode illustre un peu plus la faillite de tout état de droit à mesure qu’enfle le bilan humain de l’offensive fédérale contre le narcotrafic, qui a fait plus de 45 000 morts depuis décembre 2006 (http://fr.rsf.org/mexique-campagne-basta-de-sangre-no-sangre-11-02-2011,39536.html).
Amnistía Internacional señaló que a la periodista María de Jesús Bravo Pagola y al maestro Gilberto Martínez Vera se les ha negado acceso a un proceso judicial justo.
Ciudad de México • Amnistía Internacional consideró injusto y violatorio de la libre expresión la detención de María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera en Veracruz, por cargos de terrorismo, relacionados con publicaciones en redes sociales.
Luego de que un juez consideró este miércoles que sí hay elementos para iniciarles proceso, el capítulo mexicano de AI señaló que es preocupante que se detenga a dos personas, por lo publicado en Twitter y Facebook.
En un posicionamiento sobre el tema, el organismo internacional de derechos humanos también señaló que a ambas personas se les ha negado acceso a un proceso judicial justo.
Recordó que la periodista Bravo Pagola y el maestro Martínez Vera, fueron detenidos el viernes en el Puerto de Veracruz, acusados de circular (el día anterior) rumores de que delincuentes atacarían escuelas, lo que desencadenó reacciones de pánico por parte de padres de familia.
Conforme al Código Penal del estado, se les acusó de terrorismo y sabotaje, para después ser trasladadas a Xalapa, donde se les mantuvo incomunicados por 60 horas, además de que se les presionó para admitir delitos que ellos dicen no haber cometido.
“No existe aparentemente evidencia de que ambos estuvieran involucrados o fueran cómplices en actos de terrorismo o sabotaje”, señala Amnistía.
El organismo internacional justificó que, ante la creciente violencia en Veracruz, los rumores que circulan por las redes sociales, “son parte del intento de las personas por protegerse a sí mismas, ya que existe muy poca información fidedigna”.
Además, señaló que es responsabilidad de las autoridades difundir información correcta y confiable sobre las medidas que están tomando para proteger a la población.
Ante el escándalo suscitado por el auto de formal prisión dictado por un juez contra dos twitteros que propagaron mensajes sobre posibles atentados en centros escolares de la entidad, el gobierno del estado argumentó que no se está limitando la libertad de expresión, «sino juzgando a dos delincuentes». A través del secretario de gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, el gobierno de Javier Duarte aseguró que con el fallo dictado por la juez Beatriz Rivera Hernández contra María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, «no se está juzgando a twitteros sino actos delictivos que atentan contra el orden social». E-Consulta
Emilio Cárdenas Escobosa
La psicosis está instalada entre nosotros. Y no es para menos: la sucesión de hechos violentos, sobre todo en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, con un saldo notable de muertos y heridos entre sicarios, elementos de seguridad y ciudadanos inocentes, así como la puesta en marcha de aparatosos operativos de vigilancia de las fuerzas castrenses, tienen a la gente con el Jesús en la boca. Por eso la rumorología desatada este jueves en aquella zona de la entidad encontró campo fértil y causo estragos en el ánimo colectivo.
Padres de familia aterrorizados que corrían a recoger a sus hijos a la escuela; directivos y maestros cancelando actividades y dejando salir a los educandos, incluso de las universidades; usuarios de redes sociales haciendo eco de un sinfín de versiones disparatadas, no hacían sino dar forma al fantasma que roba el sueño a los veracruzanos. Y ese fantasma, construido con retazos de las escasas notas de prensa que abordan la violencia criminal, con rumores y comentarios de boca a boca de ciudadanos que en un afán de autoprotección intentan alertar a otros de los peligros que se ciernen en las calles y terminan por alimentar una espiral de desinformación, con el zigzagueante discurso oficial que un día dice que el crimen organizado está entre nosotros y se le combatirá con toda la fuerza del estado y al otro señala que vivimos en paz y que aquí no pasa nada, se nos apareció, o más bien se le manifestó con crudeza al gobierno de Veracruz.
La combinación del sentimiento de vulnerabilidad de la gente y la notable crisis de credibilidad gubernamental en el tema de la inseguridad dieron por resultado el caos vivido este jueves que llevó a la Procuraduría de Justicia del Estado a echar mano del delito de terrorismo para iniciar indagatorias contra los usuarios de las redes sociales que difundían versiones de atentados en escuelas, coches bomba o balaceras.
Con todo y los comunicados de prensa y declaraciones, lo mismo del Secretario de Educación Adolfo Mota que del propio gobernador Javier Duarte, enfatizando que está garantizada la seguridad de los alumnos en las escuelas del estado, en las redes sociales el pánico se alimentó y se sigue atizando con versiones diversas. Incluso el anuncio del inicio de acciones legales en contra de los twitteros que iniciaron la bola de nieve desinformativa, ha sido tomado con ironía, como una manera de salir al paso de la crisis, o disuadir a los cibernautas más críticos, dejando intocados a los verdaderos causantes de la situación de inseguridad, tal y como puede uno leer en comentarios de muchos, muchísimos usuarios, que bajo la lógica conspirativa también tendrían que ser investigados.
El problema central de todo esto es la falta de credibilidad de la población al discurso oficial. El desaparecer la información de los enfrentamientos y demás hechos violentos en los medios de comunicación, sea por censura o autocensura, ha convertido a las redes sociales como Facebook y Twitter en los vehículos de información de la mayoría de la gente, que -asustada, y con razón por la ola de criminalidad- cree a pie juntillas lo que ahí, responsable o irresponsablemente, se difunde.
El problema de comunicación gubernamental en este caso es muy serio. No debe perderse de vista que en tiempos de incertidumbre lo común es que los rumores se extiendan como reguero de pólvora y más cuando en la sociedad moderna las redes sociales juegan un papel fundamental en la comunicación al instante, en tiempo real, de lo que ocurre. Por lo que ante la carencia casi absoluta de credibilidad de lo que informan los medios convencionales de comunicación, un comentario o muchos reportes de los cibernautas pueden adquirir proporciones enormes y dañinas, independientemente de su veracidad.
Sabemos que el ciudadano es desinformado por tradición y que la confirmación de los sucesos era tomada por buena siempre que la diera la prensa escrita o el famoso conductor los noticiarios televisivos o radiofónicos, pero ante el quiebre de la confiabilidad de éstos queda un vacío informativo que es llenado justamente por los “reporteros” de las redes sociales.
Ante una realidad de violencia que ahí está por más que se le quiera ocultar, y la falta de información de la gente derivada del hartazgo ante el idílico panorama que pintan los diarios locales, con sus loas al gobernante y a todo lo que diga o haga, o las intrascendentes notas de los noticiarios televisivos locales, lo que digan en las redes sociales hay que creerlo, “porque ahí está la verdad que nos ocultan”. Si la crisis de credibilidad en el gobierno es notable, la de los medios de comunicación veracruzanos ya toca fondo.
En materia de comunicación, al igual que en política, los vacíos se llenan. Con versiones disparatadas, malintencionadas o producto del miedo de la gente, pero se llenan.
La ausencia de una eficaz política de información en tiempos de crisis está dejando espacio a otras voces, a múltiples versiones de lo que los medios no pueden o no quieren ya decir. Es el precio de una errática comunicación gubernamental y no únicamente de “terroristas” informáticos.
Tan fácil que sería monitorear las redes sociales, reaccionar a tiempo, liberar a los medios de comunicación cautivos y alentar la libertad de expresión. Sin eso, por más comunicados de prensa o declaraciones que se emitan y aparezcan en primera plana, ya pocos les creen.
Univisión. Últimas Rebelión
Pulso Crítico en Veracruz 