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Proceso

JALAPA, Ver. (apro).- El Juzgado Segundo de Distrito dio entrada hoy a un recurso de amparo promovido por la defensa legal de los “tuiteros” María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, acusados por el gobierno estatal de los presuntos delitos de terrorismo y sabotaje por difundir mensajes en las redes sociales sobre presuntos atentados del crimen organizado en escuelas de la entidad.

El acuerdo fue publicado en estrados el pasado miércoles 7, bajo el expediente 1231/2011, informó el abogado Fidel Ordóñez Solana, quien agregó que el Poder Judicial citó a las partes involucradas -el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Reynaldo Escobar Pérez, y a los acusados-, a la audiencia constitucional que se llevará a cabo a las 14:00 horas del 23 de septiembre próximo.

Asimismo, emplazó a las autoridades señaladas como responsables de violar las garantías constitucionales de los acusados, a entregar “informes justificados” en un término de tres días, que acrediten la existencia del acto reclamado y aquellas que sirvieron de base para emitirlo.

En caso de no cumplir o hacerlo de manera extemporánea, subrayó, “al resolver el fondo del asunto, les será impuesta multa por el equivalente a 30 días de salario mínimo general vigente en la zona geográfica”, con fundamento en diversos artículos de la Ley de Amparo.

El pasado lunes 5, la defensa jurídica interpuso el recurso de amparo a favor de los acusados de haber difundido el 25 de agosto, a través de Twitter y Facebook, textos que alertaban sobre supuestos atentados en centros escolares. Luego de esa acción, fueron detenidos y consignados por la PGJE, días después una juez del fuero común dictó auto de formal prisión en su contra.

El amparo fue interpuesto por la defensa de los cibernautas contra el auto de formal prisión, por considerar que fue violado el derecho a la libertad de expresión por haber expresado algunas ideas en sus cuentas de Twitter y Facebook, explicó Ordóñez Solana, que calificó la detención de sus defendidos como un “exceso de autoritarismo” de parte del gobierno de Javier Duarte.

En este sentido, la defensa jurídica reclama la violación “flagrante e inminente”  a la libertad de expresión que protege la Constitución mexicana, así como los artículos 7 y 19, y demás relativos al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscritos por el gobierno mexicano en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Lo que hizo el gobierno del estado con esta medida, dijo el abogado, fue lanzar un mensaje con la detención de estas personas para que los ciudadanos dejen de expresar sus puntos de vista e informen, a través de las redes sociales, lo que realmente está pasando en el tema de la violencia ante la presencia del crimen organizado en Veracruz.

Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

“El miedo y la democracia son incompatibles. El miedo limita la libertad, restringe las ideas, y uniforma lealtades de manera perversa. Hoy vivimos sobre el miedo. Miedo al fracaso, a la pobreza, a la inseguridad, a la exclusión, a los delincuentes, a perder el trabajo, a perder la vivienda, a perder a un ser querido. Manlio Fabio Beltrones

 Con todo respeto, por su investidura y confianza en el depositada por los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Veracruz, el Procurador de Justicia, Lic. Reynaldo Escobar Pérez, presuntamente presenta síntomas de demencia senil, debiendo ser inhabilitado por tal razón, para desempeñarse en el cargo que ostenta.

 Sólo así se le podría ocurrir declarar a los medios informativos (Milenio), “que ya está en manos de los jueces y serán ellos quienes determinen si los acusados de generar psicosis masiva entre estudiantes y padres de familia el pasado 25 de agosto en Veracruz, son culpables o inocentes

 

 Ya para el Sr. Procurador no sólo los 2 twitteros presos son presuntos responsables de “terrorismo y sabotaje”, sino que ahora les responsabiliza de enloquecer a cerca de 100 mil personas que según afirman las autoridades, fueron víctimas de un rumor difundido en las redes sociales de la internet.

 Se la pone fácil el Lic. Reynaldo Escobar a los jueces. Estos tendrán que recurrir a cuando menos un ciento de experimentados psiquiatras para que, tras exhaustiva revisión, diagnostiquen psicosis a cada una de las presuntas víctimas del malhadado rumor. O en su defecto, determinar cuantas espantadas personas que padeciendo dicho mal, actuaron al unísono en forma masiva, tras enterarse de que se vivía una emergencia derivada de la violencia criminal, pan de todos los días en la conurbación Veracruz-Boca del Río.

 Si no es demencia senil el presunto padecimiento del Sr. Procurador, entonces podría diagnosticársele en los establecimientos del Seguro Popular, simplemente un estado de paranoia política temporal. Lo cual se acerca más a lo que se vive en la administración pública veracruzana.

 Esto último, reviste especial gravedad. Estaríamos hablando entonces de que los twitteros permanecerán en la carcel tanto tiempo como sea necesario, con el carácter de presos políticos. Lo cual es más fácil de dictaminar, ya no por expertos en psiquiatría sino por los organismos de derechos humanos, locales, nacionales e internacionales, así como por la opinión pública, incluidos quienes participan en las redes sociales.

 Vistas así las cosas, lo más lógico y deseable es que el Sr. Gobernador le ponga fin a dimes y diretes y, como parte acusadora, desistirse de lo demandado. Salvo que esté de acuerdo que su imagen y la de su gobierno, anden de aquí para allá en (literalmente) todo el mundo, por permitir al Sr. Procurador abrir la caja de Pandora, como ya lo señalamos en artículo anterior, en un arranque no razonado de autoritarismo, con la intención obvia de dar un escarmiento a los rumorólogos y críticos de acá y de acullá, que hablan mal sin tener los pelos de la burra en la mano.

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